Inseguridad pública

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo este hecho más que unificar divide a los diferentes órdenes de Gobierno.


Hechos

El 6 de agosto, el presidente Felipe Calderón hace un llamado a todos los gobiernos a colaborar en materia de seguridad pública y dedicarse a los problemas que afectan a la población “y no a actividades políticas que dividen a la sociedad”, en clara alusión a la consulta ciudadana realizada por el GDF sobre el tema del petróleo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard responde que un tema no tiene que ver con el otro, y que del tema de la inseguridad no debe “sacarse raja política”.
Al día siguiente, el Ejecutivo federal presenta un mensaje en el cual lamenta el secuestro y asesinato de Fernando Martí, y plantea la necesidad de purgar a todas las policías. Más tarde, envía una iniciativa en la que pide cadena perpetua para secuestradores, cuando pertenezcan a alguna corporación policiaca, cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima, cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. Por su parte, el jefe de Gobierno del DF rechaza que falte coordinación entre las dependencias federales y locales encargadas de la seguridad pública, e informa que el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, se encargará personalmente de los casos de secuestro en la ciudad.

El 9 de agosto, la SSP federal anuncia que la policía federal pondrá en operación unidades especiales (300 elementos que operarán 24 horas los 365 días del año, apoyados con vehículos terrestres y aeronaves) para combatir el secuestro en el país. El día 11 Marcelo Ebrard anuncia 20 acciones para combatir la inseguridad, entre las que destacan: una nueva policía investigadora que reemplaza a la Policía Judicial; una Red de Protección Ciudadana, conformada por vecinos; una fuerza Antisecuestro a cargo de la PGJDF; y un paquete de reformas legislativas.

El día 12, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo-Loza, considera que pueden contribuir las medidas tomadas por el Gobierno federal y por el Gobierno del DF para combatir la inseguridad, pero señala que es necesario acabar con la impunidad aprobando leyes en materia y justicia penal. También dice que son causas de la delincuencia la falta de crecimiento económico y la generación de empleos. Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, califica los niveles de inseguridad como “insostenibles”, y dice que el problema ha frenado las inversiones.

El día 13, Marcelo Ebrard envía una carta a la dirigente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, en la que propone la realización de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, y titulares de la PGR, SSP, Sedena, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conferencia de prensa, junto con el empresario Alejandro Martí, exigen que se reúnan el presidente Felipe Calderón con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los gobernadores, para escuchar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, responsabiliza al Congreso de la Unión de la inseguridad en el país; al conocer las declaraciones diputados del PRI y el PRD señalan al presidente Calderón como el responsable directo de la seguridad en el país. El día 14, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para reunirse el 21 de agosto y definir una estrategia integral para combatir a la delincuencia. Más tarde, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propone que sea la Conago, la que convoque a la cumbre nacional en seguridad pública que había propuesto. El día 15, Marcelo Ebrard confirma que asistirá a la reunión del CNSP. Finalmente, el día 18, AMLO dice que la pobreza y el desempleo son los detonantes de la inseguridad pública en el país, y que mientras continúe el predominio de una “mafia política” no se podrán solucionar.


Análisis

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. En esta quincena, se dieron las primeras reacciones de los tres órdenes de Gobierno, en este sentido, y en lo que aparenta ser una respuesta enérgica e inmediata el presidente Felipe Calderón envía una iniciativa de ley que contempla el castigo de cadena perpetua a secuestradores, pero que no contempla una profunda reorganización del sistema judicial ni garantiza la correcta impartición de justicia; además el Ejecutivo federal critica al GDF por la falta de coordinación y de depuración policiaca.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anuncia sus 20 acciones contra la inseguridad y ordena al procurador de Justicia del DF que atienda personalmente los casos de secuestro, de igual forma entra al enfrentamiento con el presidente Calderón, al querer organizar una reunión por encima del Ejecutivo federal y sus secretarios encargados de la seguridad. Parece complicado que la iniciativa presidencial y las acciones del GDF tengan resultados inmediatos, lo que aparentemente le da la razón a las críticas de la CNDH sobre la iniciativa presidencial; otro factor que interviene y opaca los resultados son los enfrentamientos entre ambas administraciones, principalmente el Gobierno federal y el del DF. Por si fuera poco, el deslinde de responsabilidades también se dio entre otros órdenes de Gobierno, la SCJN acusa a los legisladores de no actuar al respecto y hacerlo sólo cuando la presión de la sociedad es exhaustiva, y por su parte, el Legislativo señala como principal responsable al presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que se debe aclarar es la función de cada institución responsable de la seguridad en el Gobierno. Ante este vacío en asumir responsabilidades de nueva cuenta se suman las organizaciones sociales con propuestas y exigencias. Sin embargo, estos reclamos generalmente quedan en el papel ante la imposibilidad de realizarlos o de plano ante la indiferencia de las autoridades. Un primer logro de estas organizaciones es haber conseguido, al menos en la agenda, participar en la reunión con todos los niveles de Gobierno involucrados, y tener voz en dicho encuentro; sin embargo, aunque esto no garantiza tener resultados inmediatos, es importante para la democracia mexicana, la participación de los ciudadanos en un órgano tan importante como el CNSP, y que sean escuchados por los responsables de las instituciones de Gobierno.

Por último, otro punto que se manejó en el caso particular del joven Martí fueron las negociaciones que se sostuvieron con los secuestradores; resulta obvio que si la familia cuenta con los recursos haya optado por realizar negociaciones entre los delincuentes y un particular, y teniendo asumida una postura de que la labor policial podría entorpecer el rescate. Y no sólo eso, sino con plena desconfianza en las autoridades. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados y ahora sí se recurre a las autoridades para demandarles mejor respuesta, ante una intervención que no tuvieron, pero de la cual sí son responsables.

LEER COMPLETO

Cemex Venezuela

En esta quincena se vence el plazo fijado por la ley para la nacionalización de la industria cementera. La Guardia Nacional de Venezuela toma control de una de la planta de la empresa Cemento de Mexicanos (Cemex) ubicada en la ciudad de Maracaibo como parte del proceso de expropiación (realizada desde abril) de la industria cementera, la Guardia es acompañada por cuatro jueces para la legalización empresa.


Hechos

En esta quincena se vence el plazo fijado por la ley para la nacionalización de la industria cementera. La Guardia Nacional de Venezuela toma control de una de la planta de la empresa Cemento de Mexicanos (Cemex) ubicada en la ciudad de Maracaibo como parte del proceso de expropiación (realizada desde abril) de la industria cementera, la Guardia es acompañada por cuatro jueces para la legalización empresa. Este hecho, se presenta al no llegar a un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la empresa mexicana. La diferencia es por la negativa de Cemex de aceptar la indemnización propuesta por el gobierno, por lo que las negociaciones se rompen. El conflicto es por el valor de la acciones, para la empresa sus acciones valen 1,300 millones de dólares, en cambio para el ministro de finanzas de Venezuela Alí Rodríguez las calcula en 400 mdd

En este contexto, el gobierno anuncia que por su parte, las empresas francesa Lafarge y la suiza Holcim aceptan la indemnización que ofrece el gobierno por sus acciones. Con la primera pacta una cantidad de 267 millones de dólares, que es la mayor cementera del mundo, y por la suiza 552 millones. Pero la mexicana es la mayor productora y exportadora de cemento en ese país, con tres plantas y una capacidad de 4,6 millones de toneladas anuales. Mientras que las otras dos empresas tiene una producción anual de 3,7.

Ante la acción del gobierno venezolano de marginar a Cemex, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México emite una nota diplomática en la que pide que se mantenga el diálogo, que continúen las negociaciones conforme al marco legal aplicable que todo sea favorable para ambas partes.

En estimaciones sobre este conflicto la correduría Morgan Stanley estima que Cemex podría recibir mil millones de dólares de indemnización por sus activos o en el peor escenario podría recibir 500 millones, esta última estimación es realizada por el monto que ofrece a las otras empresas.


Análisis


El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías desde que llegó al gobierno ha estado implementado lo que ha llamado el Socialismo del siglo XXI, parte de este nuevo socialismo, su actual estrategia consiste en la nacionalización de empresas consideradas estratégicas para el país, como son las industrias del petróleo, de comunicaciones, la electricidad, etc.

La “nacionalización” de las empresas por parte del gobierno chavista no ha sido total, sino únicamente obtener la mayoría de las acciones de las empresas y así tener el control financiero y de decisión, es decir, el 50% mas 1, y así conjuntamente trabajar con las empresas privadas, en una relación de contrato mixto donde la mayor parte la obtiene el Estado. De hecho para el caso de la industria cementera Chávez crea la Corporación de Cementos de Venezuela que estará adscrita a la vicepresidencia de la República.

Es en este contexto donde la empresa mexicana Cemex, quien es la tercera empresa cementera más grande el mundo se niega a recibir la indemnización que el gobierno venezolano le está proponiendo, esperando que el gobierno mexicano interceda por ella y logre obtener mayores recursos para la empresa.

Cabe señalar que la empresa mexicana, tiene una gran deuda fiscal con el Estado venezolano de 37.4 millones de dólares de impuestos sobre la renta en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007, además de que el porcentaje de ventas de Cemex en Venezuela es de apenas el 3% del total de la compañía.

La justificación del Presidente Hugo Chávez acerca de la compra “forzosa” de Cemex es que la empresa no ha reinvertido en acciones para proteger al ambiente, contaminando toda la vegetación, animales, playa, etc. de un “polvillo”, y sólo ha “saqueado las riquezas del país”.

Se planea la continuidad operacional de la compañía con el apoyo de los actuales trabajadores, que no serán afectados ya que previamente se negoció con los sindicatos de la empresa.

Aunque Cemex fue la primera empresa cementera en entrar en negociaciones sobre su compra, es la compañía con más dificultades para acceder a su compra, y esto debido en gran parte a los empresarios mexicanos que han sido prepotentes y retando en las conversaciones al gobierno venezolano.


Horizontes


La controversia entre Cemex y Venezuela puede generar una situación incomoda en el proceso de mejorar las relaciones bilaterales del gobierno mexicano con el gobierno de Hugo Chávez, aunque también existe la posibilidad de que no van a empeorar ni mejorar las relaciones bilaterales entre México y Venezuela, sino que se mantendrán en el mismo tono y sólo habrá por parte del gobierno mexicano una nota diplomática de “dialogo entre las partes como lo hizo Relaciones Exteriores”.

Por otro lado, la cementera mexicana va a aprovechar la situación para obtener el mayor beneficio a través de diversos medios como el gobierno mexicano o tribunales internacionales; no obstante s muy probable que no prospere.

A pesar del conflicto, la nacionalización de las cementeras y la creación den la Corporación de Cementos de Venezuela, el gobierno venezolano seguirá promoviendo el socialismo del siglo XXI, con el reimpulso al programa “fábrica adentro” que es la reindustrialización del país con empresas mixtas.

LEER COMPLETO

Reforma energética

En la presente quincena continuó el debate en torno a la propuesta para la reforma energética. El PAN defendió la propuesta del Ejecutivo, el PRI presentó la suya y el PRD realizó la consulta petrolera. Hasta el fin de la quincena no se tomaron decisiones terminantes y más bien los actores centrales del debate perfilaron sus posiciones en distintos temas, delineando, muy pausadamente, los pisos y techos de negociación.



Hechos

El 24 de julio la diputada perredista Ruth Zavaleta asegura ante los medios que la consulta ciudadana del Distrito Federal es “para medir qué opina la gente” y parece estar inducida; aún así asegura que no es representativa para el país ni puede ser vinculante para la decisión que tome el Congreso de la Unión en la materia. Señala que aunque es posible que la reforma se discuta en el siguiente periodo de sesiones del Congreso, no hay que olvidar que “existe un grupo que amaga con no permitir absolutamente ninguna reforma en este tema”, refiriéndose claramente al grupo de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas señala que las preguntas de la consulta no resultan del todo claras y parecen estar mal planteadas, no obstante, se muestra optimista en que el Congreso apruebe una reforma que beneficie a Petróleos Mexicanos.

Por su parte, el PRI, a través de su coordinador en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, presenta su propia propuesta de Reforma Energética, que califica de modernizadora sin pretender privatizar ni abierta ni simuladamente y sin vulnerar la Constitución, principalmente contempla la autonomía fiscal de Pemex y el uso de petrobonos.

El proyecto de reforma energética del PRI permite la inversión privada, a través de contratos, para exploración en aguas profundas. Sin embargo estos están acotados en relación con la propuesta de Felipe Calderón, debido a que deberán ser registrados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y difundidos públicamente. De manera paralela a la propuesta del Ejecutivo, la propuesta del PRI permite contrataciones sin licitación mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos de “innovaciones tecnológicas” u otras justificaciones técnicas. También, la propuesta determina que ante posibles controversias con las empresas extranjeras, Pemex se someterá a la jurisdicción de “tribunales arbitrales nacionales o internacionales”.

Una de las consideraciones más importantes en la propuesta del PRI es la modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, correspondiente al ramo petrolero. La modificación facultaría al Ejecutivo Federal para formar, por decreto, “organismos descentralizados con carácter estratégico, filiales de Pemex”, que podrán subcontratar y terciarizar obras y servicios para la refinación de crudo, construcción de ductos y para el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados. En relación con la propuesta presidencial, para Beltrones, la propuesta del PRI “nada tiene de parecido; por el contrario, corrige en buena parte lo que él planteaba y llena las insuficiencias”.

Ante esta iniciativa, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, asegura que hay más coincidencias que divergencias en torno a la propuesta de Calderón. Mientras que el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, afirma estar “lleno de optimismo y de entusiasmo” al saber que el PRI presentó una propuesta que “enriquece la discusión”. Germán Martínez, presidente nacional del PAN, sostiene que existen coincidencias en la iniciativa del gobierno federal y la que presentó el PRI. En esta misma tesitura el Partido del Trabajo indica que ve con “buenos ojos” la iniciativa de reforma energética presentada por el PRI y que espera trabajar conjuntamente con ese partido con la finalidad de diseñar una iniciativa que beneficie a la nación. También, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, el perredista Graco Ramírez califica como no privatizadora “en lo esencial” la propuesta del PRI. Asimismo señala que en comparación con la propuesta panista, “sí le creo al PRI”.

Un día después de la presentación de la propuesta, el Senador perredista Pablo Gómez, afirma que no se puede “eximir a supuestos organismos nuevos que se crearían en materia de refinación y ductos del imperio del artículo 134 de la Constitución, que obliga a licitar las compras y los contratos de servicios; se propone que se ignore el texto constitucional” y manifiesta su “preocupación por la desintegración de la industria petrolera”. Para el Senador los temas del financiamiento (relativo a los bonos petroleros), así como del régimen de deuda, en la propuesta del PRI, son inconstitucionales. Finalmente remata sus críticas a la propuesta del PRI advirtiendo que “no es por la puerta de atrás, proponiendo cosas que lesionan la Constitución, como se puede avanzar en la reforma para Pemex. En todo caso que presenten iniciativas de reforma constitucional”.

Por su parte, desde Jalisco y en el marco de su gira para impulsar el movimiento en defensa del petróleo, el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, advierte que hay que estar alertas con vistas a “las bondades” de la propuesta del PRI, la cuál pretende rescatar la de la Presidencia. Afirma que con su propuesta, el PRI le hace el “trabajo sucio” a Felipe Calderón y que los miembros de ese partido solo son “alcahuetes” del PAN. También rechaza que las preguntas de la consulta estén mal orientadas y que sean una manipulación.

Otra voz contraria a la propuesta del PRI fue la del Obispo de Saltillo Raúl Vera, quien consideró que si los legisladores actúan con responsabilidad, ética, inteligencia y preparación deben rechazar las iniciativas de reforma energética tanto del Ejecutivo Federal, como la del “tricolor”, porque de lo contario México no sólo perderá un recurso natural estratégico, sino también su dignidad.

Entretanto, el 25 de julio los líderes del PRI, PAN y PRD, Beatriz Paredes, Germán Martínez y Guadalupe Acosta respectivamente, se reúnen y se comprometen a que no habrá albazos legislativos ni dictámenes unilaterales o procedimientos fast track durante el proceso de discusión de las diversas iniciativas de reforma energética.
En otro ámbito, AMLO y los partidos que integran el Frente Amplio Progresista acuerdan crear un comité de movilizaciones que tendrá la tarea de preparar la estrategia de la resistencia civil pacífica en “una nueva etapa” del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo.

El 28 de julio, en voz de Manuel Camacho, coordinador de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, se dan a conocer los resultados de la misma y se califica el ejercicio como un “éxito”, toda vez que participaron, según sus datos, más de millón y medio de ciudadanos con un porcentaje muy superior a favor de la “no” privatización. Luego de conocer estos resultados, los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, llamaron al PRD a presentar su propuesta y amenazaron con comenzar el debate con las que ya se encuentran presentes. Sobre la consulta, la Secretaria de Energía, afirma que es sólo información adicional a la mucha con que se cuenta.

Por otra parte, Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, señala que un acuerdo con el PAN solo se puede cristalizar si éste pasa por revisar de fondo la corrupción en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirige el priísta Carlos Romero Deschamps.
Finalmente, el presidente Calderón, junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, defiende de nueva cuenta su propuesta de reforma energética y asevera que con las reformas que no se han podido hacer desde hace diez años, modernizar a Pemex “es el camino correcto”.


Análisis

El sinuoso camino que ha seguido la reforma energética continuó en la presente quincena dejando constancia de que todavía faltan varios episodios que culminen en la reforma del sector y en la modernización de Pemex.

El juego político de tres bandas, encabezado por los tres principales partidos políticos, complica cualquier acuerdo posible y alarga irremediablemente la toma de decisiones estratégicas que se deben tomar para el desarrollo del país. Si bien el inédito proceso de debate y deliberación que se ha dado en torno a la reforma energética es alentador en términos de nuevas prácticas parlamentarias en detrimento de viejos procedimientos como el albazo o el llamado fast track, es de llamar la atención la lentitud con la que se ha discutido el tema en cuestión. Sí hay premura por una reforma energética en la medida en que no hay posicionamientos claros de parte del gobierno mexicano con respecto a la explotación de pozos en las fronteras internacionales, particularmente con Cuba y los EUA. También hay premura debido a que la producción se mantiene baja y no se están aprovechando cabalmente los precios internacionales del petróleo actuales, que no necesariamente seguirán tan altos por mucho tiempo. Finalmente, también hay premura porque es insostenible e injustificable la precariedad financiera y técnica con la que opera Pemex el día de hoy.

Bajo estas condiciones, el Congreso de la Unión tiene la obligación de aprobar una reforma que dote a la paraestatal de los recursos y capacidades necesarias para modernizarse y ponerse a la altura de las grandes empresas petroleras del mundo. Sin embargo, esto no parece que vaya a ocurrir muy pronto (o simplemente que vaya ocurrir), en tanto no haya un acuerdo parlamentario entre los tres partidos y en tanto el PRD no presente su propuesta de reforma.

Probablemente lo que más ha entrampado la discusión y la toma de decisiones ha sido el hecho de que tanto el PAN como el PRI, no quieren pagar la factura político-electoral de una propuesta de modernización del sector que, prácticamente sea la que sea, será tildada de privatizadora y entreguista por AMLO y su grupo-movimiento. Sin embargo, hay voces en el PRD, como la del senador Graco Ramírez, que señalan que la propuesta priísta no es un intento de privatización. La división del PRD entre los grupos de Jesús Ortega y de AMLO, se hace evidente e impide que dicho partido político presente una postura unitaria en torno al tema energético o, al menos, que demoren mucho más tiempo para generar una postura de unidad.

Sin embargo, la cercanía de las propuestas de PRI (aunque este partido se ha tratado de desmarcar lo más posible de la propuesta del Ejecutivo Federal) y PAN no parece ser suficiente para que los dos partidos se aventuren en aprobar, con la mayoría que conforman en el Congreso, una reforma que permita la subcontratación de empresas para hacer servicios múltiples a Pemex. En este sentido, parece que sigue fresco el conflicto postelectoral del 2006 y el temor a un nuevo enfrentamiento que polarice a la sociedad. Ahora bien, ciertas o no, las acusaciones de AMLO sobre que la propuesta del PRI fue negociada con el PAN y de que sirvió para corregir los errores que la propuesta del Ejecutivo contenía, parce que han sido útiles al PRD para imponer el ritmo en las negociaciones.

Obligaron a todos los actores a esperar la realización de la consulta en materia energética organizada por el PRD y el Gobierno del Distrito Federal y los han forzado a esperar a que el equipo de especialistas de dicho partido trabaje en su propuesta de reforma, la cuál, a fines de la presente quincena todavía no ha sido dada a conocer.
Por otro lado, el escenario de la negociación y de la conformación de una propuesta única entre los tres partidos se abrió en esta quincena, pero no parece tener mucho futuro, debido a que el PRD ya señaló el piso mínimo: revisar la relación del Sindicato Petrolero con la empresa y los escándalos de corrupción en que se ha visto involucrada su dirigencia, en particular, su líder Carlos Romero Deschamps; con lo que el PAN podría estar de acuerdo pero a lo cuál el PRI se negará con toda fuerza.

El triángulo PRI-PAN-PRD tiene estancado (o semiparalizado) el debate de la reforma, el PAN está dispuesto a negociar con el PRI porque encuentra mayor cercanía ideológica, sin embargo este último se trata de distanciar del primero y del Gobierno Federal. Por su parte el PRD, divido en dos grupos, no parece tener prisa para presentar su propuesta de reforma aunque parece dispuesto a negociar con el PAN un acuerdo que contemple la revisión de los casos de corrupción del sindicato petrolero. No obstante, estaría por verse si el grupo de AMLO acepta un acuerdo como ese o si se va “por la libre” en la estrategia de movilización y presión política, con toma de tribuna del Congreso incluida. Si por el contrario, se avanza en el acuerdo político y se intenta la configuración de una propuesta única (recordemos que hay más de diez iniciativas en el Congreso), también se abre la posibilidad de una reforma sin pies ni cabeza similar a la última reforma fiscal. Con lo que, incluso en el escenario de negociación y acuerdo, tampoco está asegurada una “buena” reforma energética.

En todo caso, en cualquier escenario, lo que sí parce evidente, es que con el reconocimiento de algunos funcionarios del Gobierno Federal y de sectores panistas a la propuesta del PRI, la iniciativa de Felipe Calderón recibió una declaración de defunción anticipada. Es claro que no será aprobada por el Congreso, al menos en los términos en que fue presentada.


Horizontes

No es posible, con lo ocurrido en la presente quincena, determinar con claridad cuál será el final de un debate (y posible conflicto) en torno a uno de los puntos más importantes para el desarrollo del país: el tema energético. Hay varios escenarios posibles, pero casi ninguno alentador. Se percibe lejana la posibilidad de una reforma que modernice el sector energético del país debido a que los intereses de las distintas fuerzas políticas se contraponen con fuerza. Probablemente, lo único positivo en todo este largo debate es la apertura de espacios de deliberación en los que se vieron incluidos más actores sociales que los que tradicionalmente están vinculados con la toma de decisiones políticas.

LEER COMPLETO

Alianza por la calidad de la educación

En la presente quincena el SNTE y la SEP dieron a conocer las directrices y lineamientos generales de la Alianza por la Calidad de la Educación en la que destaca la asignación de las nuevas plazas docentes a través de un concurso de oposición. Esta iniciativa ha genera polémica y escepticismo, sobre todo debido a los cuestionamientos que pesan sobre el sindicato de profesores y en especial sobre su líder Elba Esther Gordillo.



Hechos

En esta quincena como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer los lineamientos de la convocatoria para presentar el examen de oposición para “ocupar” las plazas “nuevas y vacantes” de profesores en el nivel básico a nivel nacional. Mediante este proceso, por primera vez en México, se otorgarán algo menos de 7 mil plazas docentes a través de un procedimiento de esta naturaleza, pero se calcula que a lo largo del ciclo escolar 2008-2009 lleguen hasta 25 mil.

El 28 de Julio, en la entrega de los originales de los exámenes de oposición a los Talleres Gráficos de la Nación, están presentes Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación; y Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La Secretaria de Educación señala que la intención del examen de oposición es trasparentar el proceso de asignación en el otorgamiento de plazas. Por su parte, Gordillo considera que el examen de oposición representa el fin del “amiguismo”, “compadrazgos” y “situaciones vergonzosas” en la asignación de plazas y agrega: “que nadie piense que es por debilidad de una organización sindical que estamos perdiendo conquistas”.
Se informa que en los concursos de oposición, se evaluarán tres aspectos: “habilidades intelectuales específicas”, es decir, la capacidad de los docentes para redactar y comprender lo que leen; “dominio de contenidos programáticos” de los planes de estudio y “competencias didácticas”, además de un anexo por estado con reactivos específicos sobre temáticas locales. También se notifica que cuando estén los resultados de los exámenes, la SEP y el SNTE, de manera conjunta, entregarán los resultados a cada gobierno estatal y los resultados serán inapelables.

Se comunica que los exámenes de oposición se aplicarán entre el 7 y el 14 de agosto y se abre un periodo de registro de aspirantes previo a esa fecha, el cual tiene que ser ampliado el 1 de agosto por fallas técnicas en la página electrónica habilitada para tal efecto. También, el motivo del retraso se debió a la falta de acuerdo con varias de las representaciones sindicales estatales, en buena medida debido a que los representantes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán se negaron a ceder sus plazas al concurso de oposición.

En este contexto, la secretaria de Educación señala que la nueva forma de asignación de plazas podría generar desempleo en la base magisterial del país, pero a cambio, sostiene que es necesario que el mérito regrese a las aulas para promover un mejor desempeño educativo. De igual manera, afirma que con la líder del SNTE tiene una buena relación de respeto y que lo que hay entre la dependencia a su cargo y el sindicato de profesores son exclusivamente acuerdos para la educación, establece que la profesora no manda ni gobierna en la SEP. Con ello, aprovecha para desmentir al ex líder del PAN, Manuel Espino, quien recientemente ha señalado que en la SEP se hacen demasiadas concesiones a Elba Esther Gordillo: “Mientras se respeten las reglas institucionales tenemos que considerar acuerdos transparentes”.

Por su parte, Silvia Luna, coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, el 4 de agosto, señala que no se ha visto que Josefina Vázquez Mota tenga clara una planeación estratégica en el sector educativo: “Se requiere una visión de Estado para asumir que la educación debe tener esos compromisos. Sin ellos vamos a hacer que se transite como si fuera un barco a la deriva la educación en este país”. Señaló que es un problema la falta de planeación del ingreso a las Normales, ya que la SEP ha incumplido con la puesta en marcha de los cinco centros regionales de excelencia educativa. Advirtió que “lo que veremos es un desempleo terrible”.

Por otro lado, el día 29 de julio, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y Antonio Ortega Martínez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión, denuncian desviación de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) a pagos de empleados comisionados al SNTE en 20 entidades del país, a pesar de tener licencia con goce de sueldo.

Un día después, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentan un punto de acuerdo para crear un grupo de trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores que se encargue de dar seguimiento a la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto debido a que para ellos no queda clara la participación del SNTE en la definición de la política de infraestructura educativa que es una atribución exclusiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

También durante la quincena las voces opositoras a la Alianza Educativa se expresaron: Por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria en el valle de México, consideró que este proyecto solo tiene como propósito “lavarle la cara a Elba Esther Gordillo e incluso a la propia SEP para decir que ahora ya no existen las corruptelas sino que de verdad” hay un proceso limpio para obtener una plaza. Sin embargo, atajó, “la maquinaria de corrupción, que se da en cadena, seguirá porque hay todo un negocio en torno a las plazas por jubilación, permisos sin goces de sueldo, defunción. Estas plazas se venden, se trafican y se utilizan para el chantaje”. En tanto, dirigentes del sindicato magisterial en entidades del norte y centro del país afirmaron que el acuerdo con los gobiernos estatales es que “lo único que estaría sujeto a concurso de oposición son las plazas de nueva creación, que en el mejor de los casos no llegan a 200 lugares por entidad”, por lo que calificaron de una “tomadura de pelo” el que se informe a la ciudadanía que “todas van a concurso”.

Por su parte, maestros de la sección 16 de Jalisco aseguraron que con la aplicación del examen, Gordillo “busca recuperar el poder total en la asignación de plazas, pues enfrenta una situación muy difícil en los comités seccionales en el país, donde los elbistas ya no son mayoría”.


Análisis

En el tema de la Alianza por la Educación impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública lo que originalmente parecía un proyecto plausible de modernización y ordenación del sector y mejor planeación de las políticas educativas en el nivel básico ha derivado en una compleja madeja de intereses, posiciones políticas y declaraciones que pudieran poner en entredicho no solo su éxito, sino la política educativa del gobierno de Felipe Calderón.

No es un secreto para nadie las históricamente irregulares condiciones de acceso a las plazas de enseñanza pública básica a nivel nacional. Producto y componente fundamental del régimen autoritario definido por el corporativismo y el clientelismo, el magisterio nacional formó parte de las estructuras de control priístas con una formidable clientela, erigiéndose como el sindicato más grande de América Latina. En este contexto, uno de los mecanismos de control más importantes del gremio fue la asignación de las plazas. Esto explica la importancia del proyecto de renovación de dicho mecanismo presentado con bombo y platillo por el Ejecutivo Federal como la Alianza por la Calidad de la Educación. Se trata, al menos en el proyecto, de la eliminación de uno de los elementos de control más importantes en el esquema de dominación corporativa que quedó como una herencia (y lastre) del ancient regime. En esencia, se trata de reemplazar mecanismos poco menos que discrecionales por procedimientos abiertos y públicos en los que la designación ya no depende, en ninguna fase, de los líderes sindicales ni de los funcionarios públicos, lo que ya de suyo, es plausible.

Sin embargo, varias situaciones en torno a la propuesta, nos hacen pensar que el éxito del proyecto no está para nada asegurado: Primero porque el proyecto se pone en marcha en un contexto de franca división y creciente enfrentamiento entre las autoridades responsables del sector educativo y el sindicato que representa al Magisterio Nacional, ambos, actores fundamentales para su correcta operación. En este sentido, toma importancia analítica la fuerza y poder que ha acumulado Elba Esther Gordillo en los últimos años, como líder del SNTE. La “profesora” ha sabido colocarse como un actor en el sistema político con un buen margen de maniobra, sobre todo después del apoyo fundamental que dio al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón, en la parte final de la cerrada contienda presidencial del 2006. Así, para el gobierno de Calderón, la relación con la polémica líder vitalicia del SNTE, es una necesidad, digamos, un mal necesario. Y en este contexto, la Secretaria de Educación, Vázquez Mota, media entre la lógica de la necesidad y la lógica de la legitimidad que por momentos parecen contraponerse en este caso.

Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si bien la buena relación con un sindicato como el SNTE es políticamente conveniente (o para decirlo mejor, obligatoria), esto no deja de acarrear ciertos problemas de legitimidad: En general, el movimiento sindical en el país se ha visto cuestionado en los últimos años debido a que no ha conseguido dejar atrás prácticas corporativas aún cuando en el país el desarrollo de la democracia a nivel electoral ha tenido avances muy significativos. En ese contexto, el SNTE es uno de los sindicatos más cuestionados en la medida en que, para muchos (inclusive al interior del propio sindicato), es manejado como un botín político más que como una agrupación encargada de velar por los intereses del gremio de profesores a nivel nacional. Incluso aunque la relación del Gobierno Federal con el sindicato es funcional y necesaria, algunas voces en el PAN como la del Senador Fernando Elizondo, señalan que en realidad éste ya no es un sindicato sino un partido político. Así, el hecho de que el SNTE sea uno de los dos actores centrales en la aplicación y operación del programa puede ser (y ya lo está siendo) cuestionable por diversos sectores de la sociedad.

En tercer lugar creemos que conviene discutir las diversas lecturas que se pueden hacer del propio proyecto y ya no sólo señalar que ha generado polémica. Para unos sectores, en especial el Gobierno Federal (que lo ha impulsado institucionalmente), algunos grupos empresariales, la cúpula del SNTE, el PAN y otros sectores cercanos a la elite gobernante, la Alianza es un paso adelante para hacer más transparente la asignación de plazas y, más en general, una iniciativa para mejorar el sector educativo nacional. Del otro lado, actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos sectores del PRD (en particular la corriente que encabeza López Obrador), entre otros, han señalado que la iniciativa tiene como objetivo fundamental recuperar el control de la asignación de plazas por parte del grupo de Elba Esther Gordillo, quien, según algunos grupos disidentes al interior del SNTE ha perdido la hegemonía en numerosas secciones. Por lo que en términos del avance de la educación en México, la propuesta no tiene ningún significado. Lo importante, creemos, es que en todo caso, entre ambas posiciones hay un espectro en el que los diversos actores del sistema político se van posicionando.


Horizontes

Si bien hoy no hay posiciones ni grupos que nos hagan pensar que la Alianza por la Educación esté en peligro y que eventualmente pudiera abortar, sí es necesario considerar que a su alrededor hay una serie de posiciones que cuestionan las motivaciones y nuevos procedimientos que se pretenden echar a andar en la asignación de plazas para el Magisterio Nacional. Esto genera “ruidos” y “cortos” en un programa que, en principio, no debería ocasionar mayor controversia, puesto que, al menos en el discurso oficial, descansa en la idea del mejoramiento del aparato educativo nacional; sin embargo, la polémica puede incrementarse y las posiciones opositoras fortalecerse en la medida en que no se controlen o disminuyan los efectos secundarios que un proyecto así puede ocasionar, como por ejemplo el aumento del desempleo entre los profesores.

LEER COMPLETO

Destitución de Santiago Creel y reforma petrolera

La destitución de Creel como líder del senado aporta poco a la imagen democrática del PAN y no colabora con la campaña a favor de la propuesta de reforma petrolera del presidente Calderón.


Hechos

El 11 de junio, los periódicos anuncian la sorpresiva destitución de Santiago Creel, quien se desempeñaba como coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. El responsable de la decisión es Germán Martínez, presidente del partido, quien al parecer anuncia oficialmente la medida después de una difícil reunión con los senadores panistas Madero, quien, según analistas, se perfila, además, como candidato del PAN a gobernador por el estado de Chihuahua. Madero asume de inmediato la defensa de las reformas a la legislación petrolera propuestas por el Gobierno del presidente Calderón y declara, en los primeros días de su nuevo encargo, que el Gobierno debería tener posibilidad de hacer oír su voz ante el Senado --adicionalmente a las opiniones expresadas por los representantes de su partido-- y que a la bancada panista le bastarían once votos del PRI para la aprobación de las reformas.

Por su parte, en su primera visita por España, el presidente Felipe Calderón, en conferencia conjunta con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, responde a la pregunta expresa de uno de los reporteros sobre el debate de la reforma energética que se realiza en la Cámara de Senadores y afirma que “ese debate ha sido enormemente benéfico para el país [...] porque se han escuchado todas las voces y todos los puntos de vista”. Añade, sin embargo, que en su opinión, no se han disputado “elementos centrales” de su propuesta, tales como el aumento de la producción petrolera y la generación de reservas. Su parecer es que “se han discutido cosas ideológicas, se han discutido cosas histórica […] incluso se regresa al proyecto original del Presidente Cárdenas que sí preveía inversión complementaria para Pemex de empresas especializadas”. La declaración origina fuertes críticas por parte de los senadores de la oposición que califican la declaración de contradictoria y falta de sentido democrático. Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, señala que no hay congruencia cuando Calderón dice por un lado que es un debate ideologizado, y por otro, que las reuniones son enormemente útiles. A su vez, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD y Dante Delgado, coordinador de los senadores del partido Convergencia califican de “indignantes” las críticas del Presidente, aseguran que sus asesores no le están pasando adecuadamente las tarjetas. Gustavo Madero interviene para fortalecer la opinión del Presidente y declara que es preciso que se escuche en el Senado la voz del Gobierno y que el PAN debe ser “más enfático” en difundir la situación técnico-operativa que tiene Pemex, así como explicar la urgencia impostergable de hacerle cambios a la ley orgánica de Pemex, a la ley reglamentaria del 27 (constitucional) y a la Comisión Reguladora de Energía.

Un día después, Calderón se refiere nuevamente al tema en una reunión con empresarios y banqueros españoles, a quienes asegura que “el Senado de la República en México, lleva a cabo, un debate verdaderamente enriquecedor para la vida nacional, un debate abierto donde se han escuchado todas las voces y todos los puntos de vista. Ayer lo manifesté y hoy lo refrendo. Y mi balance es que las mayores diferencias han estado en aspectos ideológicos o políticos --y eso es válido, desde luego-- pero en aspectos técnicos, la verdad es que es difícil encontrar discrepancias mayores”.

En México, Andrés Manuel López Obrador, sin comentar nada sobre la propuesta energética, aprovecha para minimizar la importancia de la buena recepción de Calderón en España y señalar que la visita a ese país beneficia exclusivamente a un grupo de empresarios españoles ligados a la derecha.


Análisis

La sorpresiva destitución de Creel da lugar a numerosas especulaciones sobre las verdaderas razones y posibles consecuencias para el PAN y para la política presidencial. Una primera tiene que ver con una de las razones aparentemente argumentadas por el propio presidente del partido: la mala relación de Creel con los medios televisivos que lo habían suprimido de las pantallas desde su apoyo a la reforma electoral que afectó a las televisoras y a una pendiente ley de medios a la que las mismas se oponen. De ser así, la remoción de Creel habría dejado por una parte un camino relativamente más libre a las empresas mediáticas para avanzar algunas de sus propuestas o contrapropuestas y, por otra parte, habría garantizado una mejor cobertura en televisión del proyecto energético propuesto por el presidente que se discute en el Senado. Siempre y cuando, por supuesto, las televisoras estuvieran contentas con una medida que no les garantiza la eliminación de las restricciones impuestas hace unos meses por la ley electoral.

La otra explicación tiene que ver con la que se ha calificado como una pobre defensa del proyecto energético por parte de la bancada panista. En su momento, hubo críticas a los expertos invitados por Creel que no apoyaron incondicionalmente la propuesta presidencial. Si esta segunda razón, también aparentemente invocada por Germán Martínez (según un reporte del Universal), es cierta, estaríamos ante una reedición de la postura monolítica que hace unos cuantos años le costó a Vicente Fox la derrota de su propia propuesta de reforma energética. La declaración triunfalista de Calderón en España contribuye a reforzar esta posición inflexible y a molestar innecesariamente a sus opositores. Cierto que la propuesta de Calderón es diferente y remite, por un lado a consideraciones técnicas y, por otro a un esquema de participación que permitiría diversificar las fuentes de financiamiento, pero sus posibilidades de rebasar la oposición parlamentaria consiste, precisamente, en flexibilizar la posición del PAN para permitir que los otros partidos hagan modificaciones y ajustes de tal manera que la ley sea producto de un proceso deliberativo y no del triunfo de una posición política sobre las demás, como lo deja traslucir la desafortunada primera declaración del flamante coordinador de la bancada panista, cuando hace descansar el posible triunfo de la ley en el reducido número de senadores del PRI a los que hay que convencer.

Ello, cuando el propio PRI, en voz del senador Francisco Labastida ha declarado que se presentarán propuestas en julio para modificar tanto la Ley Orgánica de PEMEX como el artículo 27 en un sentido relativamente diferente al propuesto por Calderón.

En cualquier caso, la separación de Creel no aporta una buena referencia democrática ni al funcionamiento del PAN, cuyo Presidente nacional toma la decisión unilateralmente, sin consulta previa con los senadores a los que informa del hecho con posterioridad, ni al propio Presidente Calderón, quien, a pesar de no encontrarse en el país, es señalado como el origen de la medida, explicada por las diferencias políticas que se remontan a la campaña de ambos políticos panistas por la presidencia de la república. No colabora tampoco una velada campaña de desprestigio semanas antes que obligó a Creel a aceptar la paternidad de la hija de una conocida actriz. Todo ello remite, en lugar de a una reorganización partidaria, a un golpe de mano en contra de un colaborador antagónico, a un respaldo indirecto a las posiciones de las televisoras, a la vuelta a una posición más intransigente en la reforma energética e incluso - ¿por qué no? –a una medida moralizadora que exige impecables vidas privadas por parte de los principales políticos panistas. Por otro lado, la decisión, aunada a las declaraciones presidenciales, coloca una nube innecesaria que oscurece el celebrado viaje del Presidente por España.


Horizontes

Si quiere salvar la reforma petrolera propuesta por Calderón, el nuevo líder panista en el senado deberá favorecer un dialogo amplio que incluya nao solamente al PRI sino al resto de los partidos de oposición, lo cual requiere un proceso de negociación que posiblemente incluya concesiones políticas diversas.

LEER COMPLETO

Alianza Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps

En la actual democracia mexicana persisten herencias del autoritarismo que ponen en riesgo la construcción de una democracia de calidad. La alianza Gordillo-Romero Deschamps es un claro ejemplo de prácticas corporativas que sobreviven en un contexto democrático. En esta quincena se presentan acontecimientos que involucran a los sindicatos magisterial y petrolero a través de sus dirigentes, quienes buscan mediar entre ellos y el Gobierno federal para sobrellevar la actual crisis alimentaria y económica.


Hechos

El 30 de mayo, Fidel Samaniego del diario El Universal da a conocer la alianza a la que habrían llegado la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps. Los líderes sindicales pretenden organizar un frente, coalición o alguna otra modalidad que haga frente a la crisis alimentaría que “abiertamente atenta contra el interés de los trabajadores”; para esto convocan a organizaciones de trabajadores, expertos y grupos académicos; asimismo, advierten que ya se han sumado más de 30 sindicatos a la alianza y que en los próximos días podrían sumarse otros.

Otro aspecto que persigue este frente es la recuperación de espacios para el sindicalismo y, de esta manera, una participación directa en la toma de decisiones económicas, pues afirman que es necesario que México “retome el rumbo del crecimiento económico”. En resumen, pretenden constituir un foro de discusión y análisis sobre temas económicos y sociales y con todo ello, un sindicalismo fuerte y renovado. No obstante, señalan fuentes del mismo diario, no existiría una ruptura entre la lideresa del SNTE y el presidente Calderón; ni, por el otro lado, entre el gremio petrolero y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Trascendió también que el coordinador y vocero de esta alianza sería el dirigente de la Federación de Trabajadores de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, quien también ha sido cetemista y ex gobernador.

En respuesta a esta convocatoria, dirigentes de otros sindicatos, entre ellos del Frente Sindical Mexicano (FSM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), ponen en duda las verdaderas intenciones de la alianza Gordillo-Deschamps. Francisco Farina, vocero del FSM, expresa que “esa mancuerna tiene doble cara”, pues aparentemente los intereses de la alianza no buscan el beneficio de los trabajadores, sino de sus dirigentes, quienes podrían estar buscando darle “un empujoncito a la reforma a la Ley Federal del Trabajo”. Empero, el vocero del FSM reconoce que en las condiciones actuales urge una alianza que beneficie a los trabajadores y “si es necesario que sea con el diablo” habría que analizarlo.

Por su parte, Francisco Hernández, uno de los presidentes colegiados de la UNT, declara que es necesaria la “unificación del sindicalismo, independientemente de la filiación partidista” por lo que la alianza sindical le parece adecuada. Finalmente, fuentes de la CTM, advierten que la convocatoria es “un llamado a misa, el que quiere va” y sugieren que si es algo político hay que tomarlo con reservas; además aclaran que no existe una fractura en la CTM sólo porque el STPRM forme parte de ella, pues cada sindicato tiene autonomía.


Análisis

La alianza representa una forma de defender los intereses corporativos, lo que deja ver que a once años (1997) de instaurarse el gobierno dividido y a ocho (2000) de la alternancia política, en la democracia mexicana aún persisten herencias del régimen autoritario, encarnadas en grupos de poder; prácticas, estructuras, valores e identidades de carácter corporativo que permitieron al régimen anterior controlar a los diversos grupos, así como canalizar sus demandas mediante una estructura rígida. Lo anterior representa un desafío y un obstáculo para la construcción de una democracia de calidad porque el poder se concentra en unas cuantas manos y hacen falta mecanismos de rendición de cuentas que trasparenten las actividades sindicales.

La alianza sindical entre Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps es recibida con desconfianza entre líderes sindicales, analistas e investigadores, tal parece que obedece a la forma de control corporativo que han practicado en sus respectivos sindicatos. La interpretación de la alianza se ha dado, por un lado, para ayudar al gobierno de Felipe Calderón a sacar adelante la reforma laboral. Y por otro, responde —según Graciela Bensusán— a un acto defensivo contra la reforma educativa y energética que podrían minar la forma de sindicalismo que practican. Otra probable lectura sugiere que las intenciones de la lideresa con Romero Deschamps, a un año de las elecciones legislativas, apuntan a la posibilidad de que el Partido Nueva Alianza (Panal) vaya en coalición con el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional.

Para entender esta capacidad de negociación, sobre todo la de Elba Esther Gordillo, es necesario recurrir a ciertos momentos en la vida política de la lideresa; desde su ascenso ha intervenido en forma directa o indirecta para evitar que se concretaran reformas a la educación que afectaran los intereses y las redes corporativas del sindicato. Por ejemplo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se planteó el Programa de Modernización Educativa (1989) que contempló la descentralización a través de organismos para cada estado y el DF, de esta forma se entregó a los gobernadores la gestión administrativa; también se estableció la reforma al currículo académico, la creación de la carrera magisterial y el desarrollo de indicadores para medir la eficacia docente; al final solo se logró la descentralización.

De igual forma, Vicente Fox Quesada fundó, el 8 de agosto de 2002, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, órgano que se encargaría de evaluar el desempeño de los estudiantes dejando de lado la evaluación de los docentes lo que sin duda podría afectar la imagen de los maestros y por supuesto del SNTE. En este sentido, la quincena pasada se anunció la Alianza por la calidad de la educación, en la cual, a diferencia de las reformas anteriores, que fueron impulsadas por el ejecutivo, Elba Esther Gordillo asumió un papel protagónico y fue la principal hacedora de los lineamientos generales de esta reforma. No obstante, lo que resulta sospechoso es que el acuerdo se dio entre el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo mediante un proceso que nadie conoce, en consecuencia, no existe algún otro actor político que sirva como contrapeso al poder político de la profesora, como se puede notar con los gobernadores estatales, quienes no han proferido opiniones a favor o en contra de dicho documento, a pesar de que actualmente la educación se encuentra descentralizada.

En este contexto, el logro de un pacto con otro sindicato importante y numeroso de nuestro país no debería sorprender a nadie, lo que resulta ajeno a la sociedad y a los propios trabajadores de estos sindicatos son los verdaderos fines que persiguen los dirigentes de estos organismos. Asimismo, la carencia de documentos o declaraciones oficiales en torno a este pacto crea un vacío de información que da lugar a todas estas conjeturas y, de la misma forma, evidencia la falta de transparencia al formar sociedades entre particulares que representan a un amplio sector de la población.

Por último, las adhesiones y desmarcaciones de otros organismos similares han puesto de manifiesto la capacidad camaleónica del actual corporativismo mexicano, aspecto diferente al del antiguo régimen, en el cual había una clara línea política y las decisiones partidistas eran seguidas de igual forma por los trabajadores sindicalizados. En esta ocasión, hubo algunos que atendieron el llamado, bajo la consigna de proteger a los agremiados y hubo otros que abiertamente señalaron el desacuerdo de opiniones con Gordillo, pero que aún así manifiestan disposición dadas las condiciones actuales a pactar “con el diablo”. Aparentemente, es mejor tenerla de aliada que estar en la esquina contraria.


Horizontes

Ha transcurrido tiempo desde este análisis y hemos comprobado que el tema no se ha mantenido en la agenda nacional. Es probable que en unos meses, de lograrse el pacto, se den a conocer las medidas que pretenden tomar; asimismo, se prevé que las demandas se amplíen y pueda llegar a consolidarse como un peso político estratégico o en ese sentido, proporcionar mayores argumentos a sus creadores en busca de alguna oportunidad política a corto o largo plazo. Lo que no se ve posible es que la crítica sea muy férrea hacia el Ejecutivo federal dada la estrecha relación entre el presidente y Gordillo; un rompimiento afectaría mucho más a la lideresa del SNTE.

LEER COMPLETO

El debate de la iniciativa Mérida

La discusión sobre la iniciativa Mérida entra en una nueva fase, en la cual la deliberación se vuelve indispensable para lograr un acuerdo que resuelva el problema del narcotráfico. El Congreso estadunidense no desea otorgar recursos a fondo perdido al Gobierno mexicano y éste se niega a aceptar sin debatir las condiciones impuestas para combatir el narcotráfico; en este vaivén de discusiones, el secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño, declara que la sobernía nacional no está a discusión.


Hechos

El día 29 de mayo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reúne con funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos y declara que las condiciones impuestas por el Senado de Estados Unidos para enviar dinero al gobierno mexicano son preocupantes y “tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”. Al día siguiente, el embajador de EU en México, Antonio Garza, aclara que los legisladores de su país no tienen la intención de que su gobierno “certifique” a México en su lucha contra el narcotráfico y que no es condición para aprobar la iniciativa Mérida.

El 2 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación mexicano rechaza los términos en los que el Congreso de Estados Unidos intenta condicionar la iniciativa Mérida, por considerar que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son “inaceptables para nuestro país”, y estas evaluaciones ajenas a la bilateralidad “son profundamente contrarias a su objetivo y espíritu”. Por su parte, el director de Política Nacional de Control de Drogas estadunidense, John Walters, dice que las condiciones que puso el Senado a la iniciativa son un “sabotaje” del plan para combatir el narcotráfico.

El día 6 el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, dice al Congreso norteamericano que condicionar la iniciativa amenaza con erosionar el “heroico” esfuerzo del presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico; en su visita a Guatemala el subsecretario de Estado estadunidense, John Negroponte, defiende la iniciativa y rechaza que se trate de una “imposición”. Por otro lado, legisladores de PAN, PRI y PRD acuerdan rechazar durante la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos los condicionamientos que EU pretende imponer a México mediante la iniciativa Mérida. Al día siguiente se lleva a cabo la Reunión Interparlamentaria en la ciudad de Monterrey, ahí el presidente del Senado norteamericano, Christopher Dodd, considera como desafortunado no haber consultado a los congresos de cada país, advierte que ninguna de las dos naciones “firmará cheques en blanco” y se pronuncia por una mayor rendición de cuentas. En la misma reunión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Santiago Creel, responde que México no está de acuerdo con la ayuda “asistencialista” que ha condicionado el Congreso de EU.

El 10 de junio, la Cámara de Representantes autoriza el presupuesto de mil 600 millones de dólares durante tres años para la iniciativa Mérida en lo que sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto antinarcóticos, los fondos para México contemplan 780 millones, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar programas que pretenden mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano, la aprobación de dicho proyecto no otorga fondos a México, sólo se “autoriza” el gasto, pero ese egreso se tiene que realizar a través de la “apropiación” de esos recursos en otro proyecto de ley para cada año de estos gastos.


Análisis

Si bien la llamada iniciativa Mérida lleva gestándose desde 2007 (como hicimos notar en un análisis anterior), ahora los legisladores de ambos países (México y Estados Unidos) están fijando su postura en torno a la iniciativa; por un lado, los legisladores norteamericanos endurecieron su postura al exigir a México varias condiciones para aprobarla, por el otro, los legisladores mexicanos rechazaron (también el gobierno) dicha propuesta por ser unilateral y afectar la soberanía del país, específicamente en dos temas: en lo relacionado a los derechos humanos y en la modificación de leyes.

En este sentido, la discusión en la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Monterrey, se da un contexto en que México está enfrentando al narcotráfico con saldos negativos que hacen necesaria la colaboración de EU para contar con mejores herramientas en esta lucha. Sin embargo, en EU tanto demócratas como republicanos se preparan para las elecciones presidenciales, por lo que dicho tema no parece ser una prioridad que deba ser atendida con urgencia, a esto se suma que el presidente George W. Bush se encuentra en los últimos meses al frente del Gobierno y al no poder ser reelecto existe poco interés de su administración en el tema. Asimismo, cabe señalar que el Senado legisló y aprobó el presupuesto de mil 600 millones de dólares, pero no autorizó el gasto, lo que nos lleva al mismo resultado, es decir, el reconocimiento de un problema en el cual ambos países son corresponsables pero que para su aprobación aún puede esperar más tiempo.

Por parte de México, tanto legisladores del PRD, como del PRI, han manifestado su rechazo contra cualquier “imposición” o “certificación” para otorgar el presupuesto que se pretende dar a la iniciativa, ya que son medidas unilaterales que afectan a ambos países y no están siendo discutidas por ambos gobiernos. Aunado a estos reclamos se suman las declaraciones el mismo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el mismo sentido de no aceptar imposiciones y primero revisar bien las condiciones o “imposiciones” que afectan la soberanía.

Los legisladores mexicanos saben que el problema del narcotráfico es muy complejo y que la ayuda que pretende dar EU es positiva, sin embargo, en estos momentos, al parecer existen otras prioridades en la agenda nacional, como la reforma energética o el problema del aumento de los precios en los alimentos, que provocan que la discusión se mantenga pendiente hasta que los legisladores de EU resuelvan sus diferencias y avancen en una nueva propuesta.

Si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas a los cárteles de la droga, México y Centroamérica ya no sólo son el paso obligado de producción y distribución de la droga que va hacia los EU; por el contrario, en las últimas décadas esta región se ha convertido en una zona de alto consumo. Por lo cual esta situación resulta preocupante, ya que el problema del narcotráfico se ha vuelto más complejo y no puede ser combatido por un solo país, sino que se necesita el apoyo de otros para resolverlo. Por lo tanto, se debe considerar que el narcotráfico es una actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, por lo cual surge la necesidad de llegar a acuerdos entre países que impliquen un compromiso real de combatir al narcotráfico en todos sus niveles.

Finalmente es necesario que haya una mayor deliberación entre los gobiernos de ambos países para llegar a un acuerdo que ayude a resolver un problema que involucra a las dos naciones.


Horizontes

Todo apunta a que la iniciativa Mérida, atravesará por un largo proceso de discusión en ambos países para su aprobación. Al parecer en México se espera una mejor propuesta de la de los legisladores de EU, por lo pronto en EU no parece haber una urgencia por avanzar en la iniciativa.

LEER COMPLETO