jueves, 26 de junio de 2008

El debate de la iniciativa Mérida

La discusión sobre la iniciativa Mérida entra en una nueva fase, en la cual la deliberación se vuelve indispensable para lograr un acuerdo que resuelva el problema del narcotráfico. El Congreso estadunidense no desea otorgar recursos a fondo perdido al Gobierno mexicano y éste se niega a aceptar sin debatir las condiciones impuestas para combatir el narcotráfico; en este vaivén de discusiones, el secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño, declara que la sobernía nacional no está a discusión.


Hechos

El día 29 de mayo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reúne con funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos y declara que las condiciones impuestas por el Senado de Estados Unidos para enviar dinero al gobierno mexicano son preocupantes y “tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”. Al día siguiente, el embajador de EU en México, Antonio Garza, aclara que los legisladores de su país no tienen la intención de que su gobierno “certifique” a México en su lucha contra el narcotráfico y que no es condición para aprobar la iniciativa Mérida.

El 2 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación mexicano rechaza los términos en los que el Congreso de Estados Unidos intenta condicionar la iniciativa Mérida, por considerar que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son “inaceptables para nuestro país”, y estas evaluaciones ajenas a la bilateralidad “son profundamente contrarias a su objetivo y espíritu”. Por su parte, el director de Política Nacional de Control de Drogas estadunidense, John Walters, dice que las condiciones que puso el Senado a la iniciativa son un “sabotaje” del plan para combatir el narcotráfico.

El día 6 el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, dice al Congreso norteamericano que condicionar la iniciativa amenaza con erosionar el “heroico” esfuerzo del presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico; en su visita a Guatemala el subsecretario de Estado estadunidense, John Negroponte, defiende la iniciativa y rechaza que se trate de una “imposición”. Por otro lado, legisladores de PAN, PRI y PRD acuerdan rechazar durante la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos los condicionamientos que EU pretende imponer a México mediante la iniciativa Mérida. Al día siguiente se lleva a cabo la Reunión Interparlamentaria en la ciudad de Monterrey, ahí el presidente del Senado norteamericano, Christopher Dodd, considera como desafortunado no haber consultado a los congresos de cada país, advierte que ninguna de las dos naciones “firmará cheques en blanco” y se pronuncia por una mayor rendición de cuentas. En la misma reunión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Santiago Creel, responde que México no está de acuerdo con la ayuda “asistencialista” que ha condicionado el Congreso de EU.

El 10 de junio, la Cámara de Representantes autoriza el presupuesto de mil 600 millones de dólares durante tres años para la iniciativa Mérida en lo que sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto antinarcóticos, los fondos para México contemplan 780 millones, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar programas que pretenden mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano, la aprobación de dicho proyecto no otorga fondos a México, sólo se “autoriza” el gasto, pero ese egreso se tiene que realizar a través de la “apropiación” de esos recursos en otro proyecto de ley para cada año de estos gastos.


Análisis

Si bien la llamada iniciativa Mérida lleva gestándose desde 2007 (como hicimos notar en un análisis anterior), ahora los legisladores de ambos países (México y Estados Unidos) están fijando su postura en torno a la iniciativa; por un lado, los legisladores norteamericanos endurecieron su postura al exigir a México varias condiciones para aprobarla, por el otro, los legisladores mexicanos rechazaron (también el gobierno) dicha propuesta por ser unilateral y afectar la soberanía del país, específicamente en dos temas: en lo relacionado a los derechos humanos y en la modificación de leyes.

En este sentido, la discusión en la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Monterrey, se da un contexto en que México está enfrentando al narcotráfico con saldos negativos que hacen necesaria la colaboración de EU para contar con mejores herramientas en esta lucha. Sin embargo, en EU tanto demócratas como republicanos se preparan para las elecciones presidenciales, por lo que dicho tema no parece ser una prioridad que deba ser atendida con urgencia, a esto se suma que el presidente George W. Bush se encuentra en los últimos meses al frente del Gobierno y al no poder ser reelecto existe poco interés de su administración en el tema. Asimismo, cabe señalar que el Senado legisló y aprobó el presupuesto de mil 600 millones de dólares, pero no autorizó el gasto, lo que nos lleva al mismo resultado, es decir, el reconocimiento de un problema en el cual ambos países son corresponsables pero que para su aprobación aún puede esperar más tiempo.

Por parte de México, tanto legisladores del PRD, como del PRI, han manifestado su rechazo contra cualquier “imposición” o “certificación” para otorgar el presupuesto que se pretende dar a la iniciativa, ya que son medidas unilaterales que afectan a ambos países y no están siendo discutidas por ambos gobiernos. Aunado a estos reclamos se suman las declaraciones el mismo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el mismo sentido de no aceptar imposiciones y primero revisar bien las condiciones o “imposiciones” que afectan la soberanía.

Los legisladores mexicanos saben que el problema del narcotráfico es muy complejo y que la ayuda que pretende dar EU es positiva, sin embargo, en estos momentos, al parecer existen otras prioridades en la agenda nacional, como la reforma energética o el problema del aumento de los precios en los alimentos, que provocan que la discusión se mantenga pendiente hasta que los legisladores de EU resuelvan sus diferencias y avancen en una nueva propuesta.

Si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas a los cárteles de la droga, México y Centroamérica ya no sólo son el paso obligado de producción y distribución de la droga que va hacia los EU; por el contrario, en las últimas décadas esta región se ha convertido en una zona de alto consumo. Por lo cual esta situación resulta preocupante, ya que el problema del narcotráfico se ha vuelto más complejo y no puede ser combatido por un solo país, sino que se necesita el apoyo de otros para resolverlo. Por lo tanto, se debe considerar que el narcotráfico es una actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, por lo cual surge la necesidad de llegar a acuerdos entre países que impliquen un compromiso real de combatir al narcotráfico en todos sus niveles.

Finalmente es necesario que haya una mayor deliberación entre los gobiernos de ambos países para llegar a un acuerdo que ayude a resolver un problema que involucra a las dos naciones.


Horizontes

Todo apunta a que la iniciativa Mérida, atravesará por un largo proceso de discusión en ambos países para su aprobación. Al parecer en México se espera una mejor propuesta de la de los legisladores de EU, por lo pronto en EU no parece haber una urgencia por avanzar en la iniciativa.

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