tag:blogger.com,1999:blog-10056690024892336852024-03-13T19:12:21.873-07:00Perspectiva Democrática¿Es probable que se consolide la democracia en México?
¿Cómo se explica la lentitud de los cambios?
¿Llegaremos a tener una democracia de calidad?Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.comBlogger14125tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-38619482171417541852008-09-25T14:13:00.000-07:002008-09-25T14:29:02.173-07:00Inseguridad pública<div align="justify">En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo este hecho más que unificar divide a los diferentes órdenes de Gobierno.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El 6 de agosto, el presidente Felipe Calderón hace un llamado a todos los gobiernos a colaborar en materia de seguridad pública y dedicarse a los problemas que afectan a la población “y no a actividades políticas que dividen a la sociedad”, en clara alusión a la consulta ciudadana realizada por el GDF sobre el tema del petróleo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard responde que un tema no tiene que ver con el otro, y que del tema de la inseguridad no debe “sacarse raja política”.<br />Al día siguiente, el Ejecutivo federal presenta un mensaje en el cual lamenta el secuestro y asesinato de Fernando Martí, y plantea la necesidad de purgar a todas las policías. Más tarde, envía una iniciativa en la que pide cadena perpetua para secuestradores, cuando pertenezcan a alguna corporación policiaca, cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima, cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. Por su parte, el jefe de Gobierno del DF rechaza que falte coordinación entre las dependencias federales y locales encargadas de la seguridad pública, e informa que el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, se encargará personalmente de los casos de secuestro en la ciudad.<br /><br />El 9 de agosto, la SSP federal anuncia que la policía federal pondrá en operación unidades especiales (300 elementos que operarán 24 horas los 365 días del año, apoyados con vehículos terrestres y aeronaves) para combatir el secuestro en el país. El día 11 Marcelo Ebrard anuncia 20 acciones para combatir la inseguridad, entre las que destacan: una nueva policía investigadora que reemplaza a la Policía Judicial; una Red de Protección Ciudadana, conformada por vecinos; una fuerza Antisecuestro a cargo de la PGJDF; y un paquete de reformas legislativas.<br /><br />El día 12, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo-Loza, considera que pueden contribuir las medidas tomadas por el Gobierno federal y por el Gobierno del DF para combatir la inseguridad, pero señala que es necesario acabar con la impunidad aprobando leyes en materia y justicia penal. También dice que son causas de la delincuencia la falta de crecimiento económico y la generación de empleos. Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, califica los niveles de inseguridad como “insostenibles”, y dice que el problema ha frenado las inversiones.<br /><br />El día 13, Marcelo Ebrard envía una carta a la dirigente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, en la que propone la realización de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, y titulares de la PGR, SSP, Sedena, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conferencia de prensa, junto con el empresario Alejandro Martí, exigen que se reúnan el presidente Felipe Calderón con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los gobernadores, para escuchar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.<br /><br />Por otro lado, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, responsabiliza al Congreso de la Unión de la inseguridad en el país; al conocer las declaraciones diputados del PRI y el PRD señalan al presidente Calderón como el responsable directo de la seguridad en el país. El día 14, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para reunirse el 21 de agosto y definir una estrategia integral para combatir a la delincuencia. Más tarde, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propone que sea la Conago, la que convoque a la cumbre nacional en seguridad pública que había propuesto. El día 15, Marcelo Ebrard confirma que asistirá a la reunión del CNSP. Finalmente, el día 18, AMLO dice que la pobreza y el desempleo son los detonantes de la inseguridad pública en el país, y que mientras continúe el predominio de una “mafia política” no se podrán solucionar.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. En esta quincena, se dieron las primeras reacciones de los tres órdenes de Gobierno, en este sentido, y en lo que aparenta ser una respuesta enérgica e inmediata el presidente Felipe Calderón envía una iniciativa de ley que contempla el castigo de cadena perpetua a secuestradores, pero que no contempla una profunda reorganización del sistema judicial ni garantiza la correcta impartición de justicia; además el Ejecutivo federal critica al GDF por la falta de coordinación y de depuración policiaca.<br /><br />Por su parte, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anuncia sus 20 acciones contra la inseguridad y ordena al procurador de Justicia del DF que atienda personalmente los casos de secuestro, de igual forma entra al enfrentamiento con el presidente Calderón, al querer organizar una reunión por encima del Ejecutivo federal y sus secretarios encargados de la seguridad. Parece complicado que la iniciativa presidencial y las acciones del GDF tengan resultados inmediatos, lo que aparentemente le da la razón a las críticas de la CNDH sobre la iniciativa presidencial; otro factor que interviene y opaca los resultados son los enfrentamientos entre ambas administraciones, principalmente el Gobierno federal y el del DF. Por si fuera poco, el deslinde de responsabilidades también se dio entre otros órdenes de Gobierno, la SCJN acusa a los legisladores de no actuar al respecto y hacerlo sólo cuando la presión de la sociedad es exhaustiva, y por su parte, el Legislativo señala como principal responsable al presidente Felipe Calderón.<br /><br />De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que se debe aclarar es la función de cada institución responsable de la seguridad en el Gobierno. Ante este vacío en asumir responsabilidades de nueva cuenta se suman las organizaciones sociales con propuestas y exigencias. Sin embargo, estos reclamos generalmente quedan en el papel ante la imposibilidad de realizarlos o de plano ante la indiferencia de las autoridades. Un primer logro de estas organizaciones es haber conseguido, al menos en la agenda, participar en la reunión con todos los niveles de Gobierno involucrados, y tener voz en dicho encuentro; sin embargo, aunque esto no garantiza tener resultados inmediatos, es importante para la democracia mexicana, la participación de los ciudadanos en un órgano tan importante como el CNSP, y que sean escuchados por los responsables de las instituciones de Gobierno.<br /><br />Por último, otro punto que se manejó en el caso particular del joven Martí fueron las negociaciones que se sostuvieron con los secuestradores; resulta obvio que si la familia cuenta con los recursos haya optado por realizar negociaciones entre los delincuentes y un particular, y teniendo asumida una postura de que la labor policial podría entorpecer el rescate. Y no sólo eso, sino con plena desconfianza en las autoridades. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados y ahora sí se recurre a las autoridades para demandarles mejor respuesta, ante una intervención que no tuvieron, pero de la cual sí son responsables.<br /><br /></div></span>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-27119005461612702602008-09-22T15:41:00.000-07:002008-09-22T15:42:50.019-07:00Cemex Venezuela<div align="justify">En esta quincena se vence el plazo fijado por la ley para la nacionalización de la industria cementera. La Guardia Nacional de Venezuela toma control de una de la planta de la empresa Cemento de Mexicanos (Cemex) ubicada en la ciudad de Maracaibo como parte del proceso de expropiación (realizada desde abril) de la industria cementera, la Guardia es acompañada por cuatro jueces para la legalización empresa.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />En esta quincena se vence el plazo fijado por la ley para la nacionalización de la industria cementera. La Guardia Nacional de Venezuela toma control de una de la planta de la empresa Cemento de Mexicanos (Cemex) ubicada en la ciudad de Maracaibo como parte del proceso de expropiación (realizada desde abril) de la industria cementera, la Guardia es acompañada por cuatro jueces para la legalización empresa. Este hecho, se presenta al no llegar a un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la empresa mexicana. La diferencia es por la negativa de Cemex de aceptar la indemnización propuesta por el gobierno, por lo que las negociaciones se rompen. El conflicto es por el valor de la acciones, para la empresa sus acciones valen 1,300 millones de dólares, en cambio para el ministro de finanzas de Venezuela Alí Rodríguez las calcula en 400 mdd<br /><br />En este contexto, el gobierno anuncia que por su parte, las empresas francesa Lafarge y la suiza Holcim aceptan la indemnización que ofrece el gobierno por sus acciones. Con la primera pacta una cantidad de 267 millones de dólares, que es la mayor cementera del mundo, y por la suiza 552 millones. Pero la mexicana es la mayor productora y exportadora de cemento en ese país, con tres plantas y una capacidad de 4,6 millones de toneladas anuales. Mientras que las otras dos empresas tiene una producción anual de 3,7.<br /><br />Ante la acción del gobierno venezolano de marginar a Cemex, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México emite una nota diplomática en la que pide que se mantenga el diálogo, que continúen las negociaciones conforme al marco legal aplicable que todo sea favorable para ambas partes.<br /><br />En estimaciones sobre este conflicto la correduría Morgan Stanley estima que Cemex podría recibir mil millones de dólares de indemnización por sus activos o en el peor escenario podría recibir 500 millones, esta última estimación es realizada por el monto que ofrece a las otras empresas.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br /><br />El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías desde que llegó al gobierno ha estado implementado lo que ha llamado el Socialismo del siglo XXI, parte de este nuevo socialismo, su actual estrategia consiste en la nacionalización de empresas consideradas estratégicas para el país, como son las industrias del petróleo, de comunicaciones, la electricidad, etc.<br /><br />La “nacionalización” de las empresas por parte del gobierno chavista no ha sido total, sino únicamente obtener la mayoría de las acciones de las empresas y así tener el control financiero y de decisión, es decir, el 50% mas 1, y así conjuntamente trabajar con las empresas privadas, en una relación de contrato mixto donde la mayor parte la obtiene el Estado. De hecho para el caso de la industria cementera Chávez crea la Corporación de Cementos de Venezuela que estará adscrita a la vicepresidencia de la República.<br /><br />Es en este contexto donde la empresa mexicana Cemex, quien es la tercera empresa cementera más grande el mundo se niega a recibir la indemnización que el gobierno venezolano le está proponiendo, esperando que el gobierno mexicano interceda por ella y logre obtener mayores recursos para la empresa.<br /><br />Cabe señalar que la empresa mexicana, tiene una gran deuda fiscal con el Estado venezolano de 37.4 millones de dólares de impuestos sobre la renta en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007, además de que el porcentaje de ventas de Cemex en Venezuela es de apenas el 3% del total de la compañía.<br /><br />La justificación del Presidente Hugo Chávez acerca de la compra “forzosa” de Cemex es que la empresa no ha reinvertido en acciones para proteger al ambiente, contaminando toda la vegetación, animales, playa, etc. de un “polvillo”, y sólo ha “saqueado las riquezas del país”.<br /><br />Se planea la continuidad operacional de la compañía con el apoyo de los actuales trabajadores, que no serán afectados ya que previamente se negoció con los sindicatos de la empresa.<br /><br />Aunque Cemex fue la primera empresa cementera en entrar en negociaciones sobre su compra, es la compañía con más dificultades para acceder a su compra, y esto debido en gran parte a los empresarios mexicanos que han sido prepotentes y retando en las conversaciones al gobierno venezolano.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br /><br />La controversia entre Cemex y Venezuela puede generar una situación incomoda en el proceso de mejorar las relaciones bilaterales del gobierno mexicano con el gobierno de Hugo Chávez, aunque también existe la posibilidad de que no van a empeorar ni mejorar las relaciones bilaterales entre México y Venezuela, sino que se mantendrán en el mismo tono y sólo habrá por parte del gobierno mexicano una nota diplomática de “dialogo entre las partes como lo hizo Relaciones Exteriores”.<br /><br />Por otro lado, la cementera mexicana va a aprovechar la situación para obtener el mayor beneficio a través de diversos medios como el gobierno mexicano o tribunales internacionales; no obstante s muy probable que no prospere.<br /><br />A pesar del conflicto, la nacionalización de las cementeras y la creación den la Corporación de Cementos de Venezuela, el gobierno venezolano seguirá promoviendo el socialismo del siglo XXI, con el reimpulso al programa “fábrica adentro” que es la reindustrialización del país con empresas mixtas.<br /></div></span>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-36863917829376968172008-09-08T14:41:00.000-07:002008-09-22T15:19:04.974-07:00Reforma energética<div align="justify">En la presente quincena continuó el debate en torno a la propuesta para la reforma energética. El PAN defendió la propuesta del Ejecutivo, el PRI presentó la suya y el PRD realizó la consulta petrolera. Hasta el fin de la quincena no se tomaron decisiones terminantes y más bien los actores centrales del debate perfilaron sus posiciones en distintos temas, delineando, muy pausadamente, los pisos y techos de negociación.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><br /><em>Hechos</em><br /><br />El 24 de julio la diputada perredista Ruth Zavaleta asegura ante los medios que la consulta ciudadana del Distrito Federal es “para medir qué opina la gente” y parece estar inducida; aún así asegura que no es representativa para el país ni puede ser vinculante para la decisión que tome el Congreso de la Unión en la materia. Señala que aunque es posible que la reforma se discuta en el siguiente periodo de sesiones del Congreso, no hay que olvidar que “existe un grupo que amaga con no permitir absolutamente ninguna reforma en este tema”, refiriéndose claramente al grupo de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas señala que las preguntas de la consulta no resultan del todo claras y parecen estar mal planteadas, no obstante, se muestra optimista en que el Congreso apruebe una reforma que beneficie a Petróleos Mexicanos.<br /><br />Por su parte, el PRI, a través de su coordinador en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, presenta su propia propuesta de Reforma Energética, que califica de modernizadora sin pretender privatizar ni abierta ni simuladamente y sin vulnerar la Constitución, principalmente contempla la autonomía fiscal de Pemex y el uso de petrobonos.<br /><br />El proyecto de reforma energética del PRI permite la inversión privada, a través de contratos, para exploración en aguas profundas. Sin embargo estos están acotados en relación con la propuesta de Felipe Calderón, debido a que deberán ser registrados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y difundidos públicamente. De manera paralela a la propuesta del Ejecutivo, la propuesta del PRI permite contrataciones sin licitación mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos de “innovaciones tecnológicas” u otras justificaciones técnicas. También, la propuesta determina que ante posibles controversias con las empresas extranjeras, Pemex se someterá a la jurisdicción de “tribunales arbitrales nacionales o internacionales”.<br /><br />Una de las consideraciones más importantes en la propuesta del PRI es la modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, correspondiente al ramo petrolero. La modificación facultaría al Ejecutivo Federal para formar, por decreto, “organismos descentralizados con carácter estratégico, filiales de Pemex”, que podrán subcontratar y terciarizar obras y servicios para la refinación de crudo, construcción de ductos y para el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados. En relación con la propuesta presidencial, para Beltrones, la propuesta del PRI “nada tiene de parecido; por el contrario, corrige en buena parte lo que él planteaba y llena las insuficiencias”.<br /><br />Ante esta iniciativa, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, asegura que hay más coincidencias que divergencias en torno a la propuesta de Calderón. Mientras que el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, afirma estar “lleno de optimismo y de entusiasmo” al saber que el PRI presentó una propuesta que “enriquece la discusión”. Germán Martínez, presidente nacional del PAN, sostiene que existen coincidencias en la iniciativa del gobierno federal y la que presentó el PRI. En esta misma tesitura el Partido del Trabajo indica que ve con “buenos ojos” la iniciativa de reforma energética presentada por el PRI y que espera trabajar conjuntamente con ese partido con la finalidad de diseñar una iniciativa que beneficie a la nación. También, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, el perredista Graco Ramírez califica como no privatizadora “en lo esencial” la propuesta del PRI. Asimismo señala que en comparación con la propuesta panista, “sí le creo al PRI”.<br /><br />Un día después de la presentación de la propuesta, el Senador perredista Pablo Gómez, afirma que no se puede “eximir a supuestos organismos nuevos que se crearían en materia de refinación y ductos del imperio del artículo 134 de la Constitución, que obliga a licitar las compras y los contratos de servicios; se propone que se ignore el texto constitucional” y manifiesta su “preocupación por la desintegración de la industria petrolera”. Para el Senador los temas del financiamiento (relativo a los bonos petroleros), así como del régimen de deuda, en la propuesta del PRI, son inconstitucionales. Finalmente remata sus críticas a la propuesta del PRI advirtiendo que “no es por la puerta de atrás, proponiendo cosas que lesionan la Constitución, como se puede avanzar en la reforma para Pemex. En todo caso que presenten iniciativas de reforma constitucional”.<br /><br />Por su parte, desde Jalisco y en el marco de su gira para impulsar el movimiento en defensa del petróleo, el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, advierte que hay que estar alertas con vistas a “las bondades” de la propuesta del PRI, la cuál pretende rescatar la de la Presidencia. Afirma que con su propuesta, el PRI le hace el “trabajo sucio” a Felipe Calderón y que los miembros de ese partido solo son “alcahuetes” del PAN. También rechaza que las preguntas de la consulta estén mal orientadas y que sean una manipulación.<br /><br />Otra voz contraria a la propuesta del PRI fue la del Obispo de Saltillo Raúl Vera, quien consideró que si los legisladores actúan con responsabilidad, ética, inteligencia y preparación deben rechazar las iniciativas de reforma energética tanto del Ejecutivo Federal, como la del “tricolor”, porque de lo contario México no sólo perderá un recurso natural estratégico, sino también su dignidad.<br /><br />Entretanto, el 25 de julio los líderes del PRI, PAN y PRD, Beatriz Paredes, Germán Martínez y Guadalupe Acosta respectivamente, se reúnen y se comprometen a que no habrá albazos legislativos ni dictámenes unilaterales o procedimientos fast track durante el proceso de discusión de las diversas iniciativas de reforma energética.<br />En otro ámbito, AMLO y los partidos que integran el Frente Amplio Progresista acuerdan crear un comité de movilizaciones que tendrá la tarea de preparar la estrategia de la resistencia civil pacífica en “una nueva etapa” del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo.<br /><br />El 28 de julio, en voz de Manuel Camacho, coordinador de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, se dan a conocer los resultados de la misma y se califica el ejercicio como un “éxito”, toda vez que participaron, según sus datos, más de millón y medio de ciudadanos con un porcentaje muy superior a favor de la “no” privatización. Luego de conocer estos resultados, los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, llamaron al PRD a presentar su propuesta y amenazaron con comenzar el debate con las que ya se encuentran presentes. Sobre la consulta, la Secretaria de Energía, afirma que es sólo información adicional a la mucha con que se cuenta.<br /><br />Por otra parte, Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, señala que un acuerdo con el PAN solo se puede cristalizar si éste pasa por revisar de fondo la corrupción en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirige el priísta Carlos Romero Deschamps.<br />Finalmente, el presidente Calderón, junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, defiende de nueva cuenta su propuesta de reforma energética y asevera que con las reformas que no se han podido hacer desde hace diez años, modernizar a Pemex “es el camino correcto”.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />El sinuoso camino que ha seguido la reforma energética continuó en la presente quincena dejando constancia de que todavía faltan varios episodios que culminen en la reforma del sector y en la modernización de Pemex.<br /><br />El juego político de tres bandas, encabezado por los tres principales partidos políticos, complica cualquier acuerdo posible y alarga irremediablemente la toma de decisiones estratégicas que se deben tomar para el desarrollo del país. Si bien el inédito proceso de debate y deliberación que se ha dado en torno a la reforma energética es alentador en términos de nuevas prácticas parlamentarias en detrimento de viejos procedimientos como el albazo o el llamado fast track, es de llamar la atención la lentitud con la que se ha discutido el tema en cuestión. Sí hay premura por una reforma energética en la medida en que no hay posicionamientos claros de parte del gobierno mexicano con respecto a la explotación de pozos en las fronteras internacionales, particularmente con Cuba y los EUA. También hay premura debido a que la producción se mantiene baja y no se están aprovechando cabalmente los precios internacionales del petróleo actuales, que no necesariamente seguirán tan altos por mucho tiempo. Finalmente, también hay premura porque es insostenible e injustificable la precariedad financiera y técnica con la que opera Pemex el día de hoy.<br /><br />Bajo estas condiciones, el Congreso de la Unión tiene la obligación de aprobar una reforma que dote a la paraestatal de los recursos y capacidades necesarias para modernizarse y ponerse a la altura de las grandes empresas petroleras del mundo. Sin embargo, esto no parece que vaya a ocurrir muy pronto (o simplemente que vaya ocurrir), en tanto no haya un acuerdo parlamentario entre los tres partidos y en tanto el PRD no presente su propuesta de reforma.<br /><br />Probablemente lo que más ha entrampado la discusión y la toma de decisiones ha sido el hecho de que tanto el PAN como el PRI, no quieren pagar la factura político-electoral de una propuesta de modernización del sector que, prácticamente sea la que sea, será tildada de privatizadora y entreguista por AMLO y su grupo-movimiento. Sin embargo, hay voces en el PRD, como la del senador Graco Ramírez, que señalan que la propuesta priísta no es un intento de privatización. La división del PRD entre los grupos de Jesús Ortega y de AMLO, se hace evidente e impide que dicho partido político presente una postura unitaria en torno al tema energético o, al menos, que demoren mucho más tiempo para generar una postura de unidad.<br /><br />Sin embargo, la cercanía de las propuestas de PRI (aunque este partido se ha tratado de desmarcar lo más posible de la propuesta del Ejecutivo Federal) y PAN no parece ser suficiente para que los dos partidos se aventuren en aprobar, con la mayoría que conforman en el Congreso, una reforma que permita la subcontratación de empresas para hacer servicios múltiples a Pemex. En este sentido, parece que sigue fresco el conflicto postelectoral del 2006 y el temor a un nuevo enfrentamiento que polarice a la sociedad. Ahora bien, ciertas o no, las acusaciones de AMLO sobre que la propuesta del PRI fue negociada con el PAN y de que sirvió para corregir los errores que la propuesta del Ejecutivo contenía, parce que han sido útiles al PRD para imponer el ritmo en las negociaciones.<br /><br />Obligaron a todos los actores a esperar la realización de la consulta en materia energética organizada por el PRD y el Gobierno del Distrito Federal y los han forzado a esperar a que el equipo de especialistas de dicho partido trabaje en su propuesta de reforma, la cuál, a fines de la presente quincena todavía no ha sido dada a conocer.<br />Por otro lado, el escenario de la negociación y de la conformación de una propuesta única entre los tres partidos se abrió en esta quincena, pero no parece tener mucho futuro, debido a que el PRD ya señaló el piso mínimo: revisar la relación del Sindicato Petrolero con la empresa y los escándalos de corrupción en que se ha visto involucrada su dirigencia, en particular, su líder Carlos Romero Deschamps; con lo que el PAN podría estar de acuerdo pero a lo cuál el PRI se negará con toda fuerza.<br /><br />El triángulo PRI-PAN-PRD tiene estancado (o semiparalizado) el debate de la reforma, el PAN está dispuesto a negociar con el PRI porque encuentra mayor cercanía ideológica, sin embargo este último se trata de distanciar del primero y del Gobierno Federal. Por su parte el PRD, divido en dos grupos, no parece tener prisa para presentar su propuesta de reforma aunque parece dispuesto a negociar con el PAN un acuerdo que contemple la revisión de los casos de corrupción del sindicato petrolero. No obstante, estaría por verse si el grupo de AMLO acepta un acuerdo como ese o si se va “por la libre” en la estrategia de movilización y presión política, con toma de tribuna del Congreso incluida. Si por el contrario, se avanza en el acuerdo político y se intenta la configuración de una propuesta única (recordemos que hay más de diez iniciativas en el Congreso), también se abre la posibilidad de una reforma sin pies ni cabeza similar a la última reforma fiscal. Con lo que, incluso en el escenario de negociación y acuerdo, tampoco está asegurada una “buena” reforma energética.<br /><br />En todo caso, en cualquier escenario, lo que sí parce evidente, es que con el reconocimiento de algunos funcionarios del Gobierno Federal y de sectores panistas a la propuesta del PRI, la iniciativa de Felipe Calderón recibió una declaración de defunción anticipada. Es claro que no será aprobada por el Congreso, al menos en los términos en que fue presentada.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />No es posible, con lo ocurrido en la presente quincena, determinar con claridad cuál será el final de un debate (y posible conflicto) en torno a uno de los puntos más importantes para el desarrollo del país: el tema energético. Hay varios escenarios posibles, pero casi ninguno alentador. Se percibe lejana la posibilidad de una reforma que modernice el sector energético del país debido a que los intereses de las distintas fuerzas políticas se contraponen con fuerza. Probablemente, lo único positivo en todo este largo debate es la apertura de espacios de deliberación en los que se vieron incluidos más actores sociales que los que tradicionalmente están vinculados con la toma de decisiones políticas.<br /><br /></div></span>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-3028614393168431912008-09-08T14:39:00.000-07:002008-09-22T15:17:45.927-07:00Alianza por la calidad de la educación<div align="justify">En la presente quincena el SNTE y la SEP dieron a conocer las directrices y lineamientos generales de la Alianza por la Calidad de la Educación en la que destaca la asignación de las nuevas plazas docentes a través de un concurso de oposición. Esta iniciativa ha genera polémica y escepticismo, sobre todo debido a los cuestionamientos que pesan sobre el sindicato de profesores y en especial sobre su líder Elba Esther Gordillo.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><br /><em>Hechos</em><br /><br />En esta quincena como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer los lineamientos de la convocatoria para presentar el examen de oposición para “ocupar” las plazas “nuevas y vacantes” de profesores en el nivel básico a nivel nacional. Mediante este proceso, por primera vez en México, se otorgarán algo menos de 7 mil plazas docentes a través de un procedimiento de esta naturaleza, pero se calcula que a lo largo del ciclo escolar 2008-2009 lleguen hasta 25 mil.<br /><br />El 28 de Julio, en la entrega de los originales de los exámenes de oposición a los Talleres Gráficos de la Nación, están presentes Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación; y Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La Secretaria de Educación señala que la intención del examen de oposición es trasparentar el proceso de asignación en el otorgamiento de plazas. Por su parte, Gordillo considera que el examen de oposición representa el fin del “amiguismo”, “compadrazgos” y “situaciones vergonzosas” en la asignación de plazas y agrega: “que nadie piense que es por debilidad de una organización sindical que estamos perdiendo conquistas”.<br />Se informa que en los concursos de oposición, se evaluarán tres aspectos: “habilidades intelectuales específicas”, es decir, la capacidad de los docentes para redactar y comprender lo que leen; “dominio de contenidos programáticos” de los planes de estudio y “competencias didácticas”, además de un anexo por estado con reactivos específicos sobre temáticas locales. También se notifica que cuando estén los resultados de los exámenes, la SEP y el SNTE, de manera conjunta, entregarán los resultados a cada gobierno estatal y los resultados serán inapelables.<br /><br />Se comunica que los exámenes de oposición se aplicarán entre el 7 y el 14 de agosto y se abre un periodo de registro de aspirantes previo a esa fecha, el cual tiene que ser ampliado el 1 de agosto por fallas técnicas en la página electrónica habilitada para tal efecto. También, el motivo del retraso se debió a la falta de acuerdo con varias de las representaciones sindicales estatales, en buena medida debido a que los representantes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán se negaron a ceder sus plazas al concurso de oposición.<br /><br />En este contexto, la secretaria de Educación señala que la nueva forma de asignación de plazas podría generar desempleo en la base magisterial del país, pero a cambio, sostiene que es necesario que el mérito regrese a las aulas para promover un mejor desempeño educativo. De igual manera, afirma que con la líder del SNTE tiene una buena relación de respeto y que lo que hay entre la dependencia a su cargo y el sindicato de profesores son exclusivamente acuerdos para la educación, establece que la profesora no manda ni gobierna en la SEP. Con ello, aprovecha para desmentir al ex líder del PAN, Manuel Espino, quien recientemente ha señalado que en la SEP se hacen demasiadas concesiones a Elba Esther Gordillo: “Mientras se respeten las reglas institucionales tenemos que considerar acuerdos transparentes”.<br /><br />Por su parte, Silvia Luna, coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, el 4 de agosto, señala que no se ha visto que Josefina Vázquez Mota tenga clara una planeación estratégica en el sector educativo: “Se requiere una visión de Estado para asumir que la educación debe tener esos compromisos. Sin ellos vamos a hacer que se transite como si fuera un barco a la deriva la educación en este país”. Señaló que es un problema la falta de planeación del ingreso a las Normales, ya que la SEP ha incumplido con la puesta en marcha de los cinco centros regionales de excelencia educativa. Advirtió que “lo que veremos es un desempleo terrible”.<br /><br />Por otro lado, el día 29 de julio, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y Antonio Ortega Martínez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión, denuncian desviación de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) a pagos de empleados comisionados al SNTE en 20 entidades del país, a pesar de tener licencia con goce de sueldo.<br /><br />Un día después, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentan un punto de acuerdo para crear un grupo de trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores que se encargue de dar seguimiento a la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto debido a que para ellos no queda clara la participación del SNTE en la definición de la política de infraestructura educativa que es una atribución exclusiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo.<br /><br />También durante la quincena las voces opositoras a la Alianza Educativa se expresaron: Por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria en el valle de México, consideró que este proyecto solo tiene como propósito “lavarle la cara a Elba Esther Gordillo e incluso a la propia SEP para decir que ahora ya no existen las corruptelas sino que de verdad” hay un proceso limpio para obtener una plaza. Sin embargo, atajó, “la maquinaria de corrupción, que se da en cadena, seguirá porque hay todo un negocio en torno a las plazas por jubilación, permisos sin goces de sueldo, defunción. Estas plazas se venden, se trafican y se utilizan para el chantaje”. En tanto, dirigentes del sindicato magisterial en entidades del norte y centro del país afirmaron que el acuerdo con los gobiernos estatales es que “lo único que estaría sujeto a concurso de oposición son las plazas de nueva creación, que en el mejor de los casos no llegan a 200 lugares por entidad”, por lo que calificaron de una “tomadura de pelo” el que se informe a la ciudadanía que “todas van a concurso”.<br /><br />Por su parte, maestros de la sección 16 de Jalisco aseguraron que con la aplicación del examen, Gordillo “busca recuperar el poder total en la asignación de plazas, pues enfrenta una situación muy difícil en los comités seccionales en el país, donde los elbistas ya no son mayoría”.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />En el tema de la Alianza por la Educación impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública lo que originalmente parecía un proyecto plausible de modernización y ordenación del sector y mejor planeación de las políticas educativas en el nivel básico ha derivado en una compleja madeja de intereses, posiciones políticas y declaraciones que pudieran poner en entredicho no solo su éxito, sino la política educativa del gobierno de Felipe Calderón.<br /><br />No es un secreto para nadie las históricamente irregulares condiciones de acceso a las plazas de enseñanza pública básica a nivel nacional. Producto y componente fundamental del régimen autoritario definido por el corporativismo y el clientelismo, el magisterio nacional formó parte de las estructuras de control priístas con una formidable clientela, erigiéndose como el sindicato más grande de América Latina. En este contexto, uno de los mecanismos de control más importantes del gremio fue la asignación de las plazas. Esto explica la importancia del proyecto de renovación de dicho mecanismo presentado con bombo y platillo por el Ejecutivo Federal como la Alianza por la Calidad de la Educación. Se trata, al menos en el proyecto, de la eliminación de uno de los elementos de control más importantes en el esquema de dominación corporativa que quedó como una herencia (y lastre) del ancient regime. En esencia, se trata de reemplazar mecanismos poco menos que discrecionales por procedimientos abiertos y públicos en los que la designación ya no depende, en ninguna fase, de los líderes sindicales ni de los funcionarios públicos, lo que ya de suyo, es plausible.<br /><br />Sin embargo, varias situaciones en torno a la propuesta, nos hacen pensar que el éxito del proyecto no está para nada asegurado: Primero porque el proyecto se pone en marcha en un contexto de franca división y creciente enfrentamiento entre las autoridades responsables del sector educativo y el sindicato que representa al Magisterio Nacional, ambos, actores fundamentales para su correcta operación. En este sentido, toma importancia analítica la fuerza y poder que ha acumulado Elba Esther Gordillo en los últimos años, como líder del SNTE. La “profesora” ha sabido colocarse como un actor en el sistema político con un buen margen de maniobra, sobre todo después del apoyo fundamental que dio al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón, en la parte final de la cerrada contienda presidencial del 2006. Así, para el gobierno de Calderón, la relación con la polémica líder vitalicia del SNTE, es una necesidad, digamos, un mal necesario. Y en este contexto, la Secretaria de Educación, Vázquez Mota, media entre la lógica de la necesidad y la lógica de la legitimidad que por momentos parecen contraponerse en este caso.<br /><br />Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si bien la buena relación con un sindicato como el SNTE es políticamente conveniente (o para decirlo mejor, obligatoria), esto no deja de acarrear ciertos problemas de legitimidad: En general, el movimiento sindical en el país se ha visto cuestionado en los últimos años debido a que no ha conseguido dejar atrás prácticas corporativas aún cuando en el país el desarrollo de la democracia a nivel electoral ha tenido avances muy significativos. En ese contexto, el SNTE es uno de los sindicatos más cuestionados en la medida en que, para muchos (inclusive al interior del propio sindicato), es manejado como un botín político más que como una agrupación encargada de velar por los intereses del gremio de profesores a nivel nacional. Incluso aunque la relación del Gobierno Federal con el sindicato es funcional y necesaria, algunas voces en el PAN como la del Senador Fernando Elizondo, señalan que en realidad éste ya no es un sindicato sino un partido político. Así, el hecho de que el SNTE sea uno de los dos actores centrales en la aplicación y operación del programa puede ser (y ya lo está siendo) cuestionable por diversos sectores de la sociedad.<br /><br />En tercer lugar creemos que conviene discutir las diversas lecturas que se pueden hacer del propio proyecto y ya no sólo señalar que ha generado polémica. Para unos sectores, en especial el Gobierno Federal (que lo ha impulsado institucionalmente), algunos grupos empresariales, la cúpula del SNTE, el PAN y otros sectores cercanos a la elite gobernante, la Alianza es un paso adelante para hacer más transparente la asignación de plazas y, más en general, una iniciativa para mejorar el sector educativo nacional. Del otro lado, actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos sectores del PRD (en particular la corriente que encabeza López Obrador), entre otros, han señalado que la iniciativa tiene como objetivo fundamental recuperar el control de la asignación de plazas por parte del grupo de Elba Esther Gordillo, quien, según algunos grupos disidentes al interior del SNTE ha perdido la hegemonía en numerosas secciones. Por lo que en términos del avance de la educación en México, la propuesta no tiene ningún significado. Lo importante, creemos, es que en todo caso, entre ambas posiciones hay un espectro en el que los diversos actores del sistema político se van posicionando.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Si bien hoy no hay posiciones ni grupos que nos hagan pensar que la Alianza por la Educación esté en peligro y que eventualmente pudiera abortar, sí es necesario considerar que a su alrededor hay una serie de posiciones que cuestionan las motivaciones y nuevos procedimientos que se pretenden echar a andar en la asignación de plazas para el Magisterio Nacional. Esto genera “ruidos” y “cortos” en un programa que, en principio, no debería ocasionar mayor controversia, puesto que, al menos en el discurso oficial, descansa en la idea del mejoramiento del aparato educativo nacional; sin embargo, la polémica puede incrementarse y las posiciones opositoras fortalecerse en la medida en que no se controlen o disminuyan los efectos secundarios que un proyecto así puede ocasionar, como por ejemplo el aumento del desempleo entre los profesores.</span></div>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-78397101535830273412008-07-31T16:33:00.000-07:002008-08-14T12:40:08.866-07:00Destitución de Santiago Creel y reforma petrolera<div align="justify">La destitución de Creel como líder del senado aporta poco a la imagen democrática del PAN y no colabora con la campaña a favor de la propuesta de reforma petrolera del presidente Calderón.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El 11 de junio, los periódicos anuncian la sorpresiva destitución de Santiago Creel, quien se desempeñaba como coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. El responsable de la decisión es Germán Martínez, presidente del partido, quien al parecer anuncia oficialmente la medida después de una difícil reunión con los senadores panistas Madero, quien, según analistas, se perfila, además, como candidato del PAN a gobernador por el estado de Chihuahua. Madero asume de inmediato la defensa de las reformas a la legislación petrolera propuestas por el Gobierno del presidente Calderón y declara, en los primeros días de su nuevo encargo, que el Gobierno debería tener posibilidad de hacer oír su voz ante el Senado --adicionalmente a las opiniones expresadas por los representantes de su partido-- y que a la bancada panista le bastarían once votos del PRI para la aprobación de las reformas.<br /> <br />Por su parte, en su primera visita por España, el presidente Felipe Calderón, en conferencia conjunta con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, responde a la pregunta expresa de uno de los reporteros sobre el debate de la reforma energética que se realiza en la Cámara de Senadores y afirma que “ese debate ha sido enormemente benéfico para el país [...] porque se han escuchado todas las voces y todos los puntos de vista”. Añade, sin embargo, que en su opinión, no se han disputado “elementos centrales” de su propuesta, tales como el aumento de la producción petrolera y la generación de reservas. Su parecer es que “se han discutido cosas ideológicas, se han discutido cosas histórica […] incluso se regresa al proyecto original del Presidente Cárdenas que sí preveía inversión complementaria para Pemex de empresas especializadas”. La declaración origina fuertes críticas por parte de los senadores de la oposición que califican la declaración de contradictoria y falta de sentido democrático. Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, señala que no hay congruencia cuando Calderón dice por un lado que es un debate ideologizado, y por otro, que las reuniones son enormemente útiles. A su vez, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD y Dante Delgado, coordinador de los senadores del partido Convergencia califican de “indignantes” las críticas del Presidente, aseguran que sus asesores no le están pasando adecuadamente las tarjetas. Gustavo Madero interviene para fortalecer la opinión del Presidente y declara que es preciso que se escuche en el Senado la voz del Gobierno y que el PAN debe ser “más enfático” en difundir la situación técnico-operativa que tiene Pemex, así como explicar la urgencia impostergable de hacerle cambios a la ley orgánica de Pemex, a la ley reglamentaria del 27 (constitucional) y a la Comisión Reguladora de Energía.<br /> <br />Un día después, Calderón se refiere nuevamente al tema en una reunión con empresarios y banqueros españoles, a quienes asegura que “el Senado de la República en México, lleva a cabo, un debate verdaderamente enriquecedor para la vida nacional, un debate abierto donde se han escuchado todas las voces y todos los puntos de vista. Ayer lo manifesté y hoy lo refrendo. Y mi balance es que las mayores diferencias han estado en aspectos ideológicos o políticos --y eso es válido, desde luego-- pero en aspectos técnicos, la verdad es que es difícil encontrar discrepancias mayores”.<br /> <br />En México, Andrés Manuel López Obrador, sin comentar nada sobre la propuesta energética, aprovecha para minimizar la importancia de la buena recepción de Calderón en España y señalar que la visita a ese país beneficia exclusivamente a un grupo de empresarios españoles ligados a la derecha.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />La sorpresiva destitución de Creel da lugar a numerosas especulaciones sobre las verdaderas razones y posibles consecuencias para el PAN y para la política presidencial. Una primera tiene que ver con una de las razones aparentemente argumentadas por el propio presidente del partido: la mala relación de Creel con los medios televisivos que lo habían suprimido de las pantallas desde su apoyo a la reforma electoral que afectó a las televisoras y a una pendiente ley de medios a la que las mismas se oponen. De ser así, la remoción de Creel habría dejado por una parte un camino relativamente más libre a las empresas mediáticas para avanzar algunas de sus propuestas o contrapropuestas y, por otra parte, habría garantizado una mejor cobertura en televisión del proyecto energético propuesto por el presidente que se discute en el Senado. Siempre y cuando, por supuesto, las televisoras estuvieran contentas con una medida que no les garantiza la eliminación de las restricciones impuestas hace unos meses por la ley electoral.<br /><br />La otra explicación tiene que ver con la que se ha calificado como una pobre defensa del proyecto energético por parte de la bancada panista. En su momento, hubo críticas a los expertos invitados por Creel que no apoyaron incondicionalmente la propuesta presidencial. Si esta segunda razón, también aparentemente invocada por Germán Martínez (según un reporte del Universal), es cierta, estaríamos ante una reedición de la postura monolítica que hace unos cuantos años le costó a Vicente Fox la derrota de su propia propuesta de reforma energética. La declaración triunfalista de Calderón en España contribuye a reforzar esta posición inflexible y a molestar innecesariamente a sus opositores. Cierto que la propuesta de Calderón es diferente y remite, por un lado a consideraciones técnicas y, por otro a un esquema de participación que permitiría diversificar las fuentes de financiamiento, pero sus posibilidades de rebasar la oposición parlamentaria consiste, precisamente, en flexibilizar la posición del PAN para permitir que los otros partidos hagan modificaciones y ajustes de tal manera que la ley sea producto de un proceso deliberativo y no del triunfo de una posición política sobre las demás, como lo deja traslucir la desafortunada primera declaración del flamante coordinador de la bancada panista, cuando hace descansar el posible triunfo de la ley en el reducido número de senadores del PRI a los que hay que convencer.<br /><br />Ello, cuando el propio PRI, en voz del senador Francisco Labastida ha declarado que se presentarán propuestas en julio para modificar tanto la Ley Orgánica de PEMEX como el artículo 27 en un sentido relativamente diferente al propuesto por Calderón.<br /><br />En cualquier caso, la separación de Creel no aporta una buena referencia democrática ni al funcionamiento del PAN, cuyo Presidente nacional toma la decisión unilateralmente, sin consulta previa con los senadores a los que informa del hecho con posterioridad, ni al propio Presidente Calderón, quien, a pesar de no encontrarse en el país, es señalado como el origen de la medida, explicada por las diferencias políticas que se remontan a la campaña de ambos políticos panistas por la presidencia de la república. No colabora tampoco una velada campaña de desprestigio semanas antes que obligó a Creel a aceptar la paternidad de la hija de una conocida actriz. Todo ello remite, en lugar de a una reorganización partidaria, a un golpe de mano en contra de un colaborador antagónico, a un respaldo indirecto a las posiciones de las televisoras, a la vuelta a una posición más intransigente en la reforma energética e incluso - ¿por qué no? –a una medida moralizadora que exige impecables vidas privadas por parte de los principales políticos panistas. Por otro lado, la decisión, aunada a las declaraciones presidenciales, coloca una nube innecesaria que oscurece el celebrado viaje del Presidente por España.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Si quiere salvar la reforma petrolera propuesta por Calderón, el nuevo líder panista en el senado deberá favorecer un dialogo amplio que incluya nao solamente al PRI sino al resto de los partidos de oposición, lo cual requiere un proceso de negociación que posiblemente incluya concesiones políticas diversas.<br /><br /></span></div>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-81886981695684735652008-06-26T14:35:00.000-07:002008-06-26T14:39:48.199-07:00Alianza Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps<div align="justify">En la actual democracia mexicana persisten herencias del autoritarismo que ponen en riesgo la construcción de una democracia de calidad. La alianza Gordillo-Romero Deschamps es un claro ejemplo de prácticas corporativas que sobreviven en un contexto democrático. En esta quincena se presentan acontecimientos que involucran a los sindicatos magisterial y petrolero a través de sus dirigentes, quienes buscan mediar entre ellos y el Gobierno federal para sobrellevar la actual crisis alimentaria y económica.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El 30 de mayo, Fidel Samaniego del diario El Universal da a conocer la alianza a la que habrían llegado la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps. Los líderes sindicales pretenden organizar un frente, coalición o alguna otra modalidad que haga frente a la crisis alimentaría que “abiertamente atenta contra el interés de los trabajadores”; para esto convocan a organizaciones de trabajadores, expertos y grupos académicos; asimismo, advierten que ya se han sumado más de 30 sindicatos a la alianza y que en los próximos días podrían sumarse otros.<br /><br />Otro aspecto que persigue este frente es la recuperación de espacios para el sindicalismo y, de esta manera, una participación directa en la toma de decisiones económicas, pues afirman que es necesario que México “retome el rumbo del crecimiento económico”. En resumen, pretenden constituir un foro de discusión y análisis sobre temas económicos y sociales y con todo ello, un sindicalismo fuerte y renovado. No obstante, señalan fuentes del mismo diario, no existiría una ruptura entre la lideresa del SNTE y el presidente Calderón; ni, por el otro lado, entre el gremio petrolero y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).<br /><br />Trascendió también que el coordinador y vocero de esta alianza sería el dirigente de la Federación de Trabajadores de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, quien también ha sido cetemista y ex gobernador.<br /><br />En respuesta a esta convocatoria, dirigentes de otros sindicatos, entre ellos del Frente Sindical Mexicano (FSM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), ponen en duda las verdaderas intenciones de la alianza Gordillo-Deschamps. Francisco Farina, vocero del FSM, expresa que “esa mancuerna tiene doble cara”, pues aparentemente los intereses de la alianza no buscan el beneficio de los trabajadores, sino de sus dirigentes, quienes podrían estar buscando darle “un empujoncito a la reforma a la Ley Federal del Trabajo”. Empero, el vocero del FSM reconoce que en las condiciones actuales urge una alianza que beneficie a los trabajadores y “si es necesario que sea con el diablo” habría que analizarlo.<br /><br />Por su parte, Francisco Hernández, uno de los presidentes colegiados de la UNT, declara que es necesaria la “unificación del sindicalismo, independientemente de la filiación partidista” por lo que la alianza sindical le parece adecuada. Finalmente, fuentes de la CTM, advierten que la convocatoria es “un llamado a misa, el que quiere va” y sugieren que si es algo político hay que tomarlo con reservas; además aclaran que no existe una fractura en la CTM sólo porque el STPRM forme parte de ella, pues cada sindicato tiene autonomía.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />La alianza representa una forma de defender los intereses corporativos, lo que deja ver que a once años (1997) de instaurarse el gobierno dividido y a ocho (2000) de la alternancia política, en la democracia mexicana aún persisten herencias del régimen autoritario, encarnadas en grupos de poder; prácticas, estructuras, valores e identidades de carácter corporativo que permitieron al régimen anterior controlar a los diversos grupos, así como canalizar sus demandas mediante una estructura rígida. Lo anterior representa un desafío y un obstáculo para la construcción de una democracia de calidad porque el poder se concentra en unas cuantas manos y hacen falta mecanismos de rendición de cuentas que trasparenten las actividades sindicales.<br /><br />La alianza sindical entre Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps es recibida con desconfianza entre líderes sindicales, analistas e investigadores, tal parece que obedece a la forma de control corporativo que han practicado en sus respectivos sindicatos. La interpretación de la alianza se ha dado, por un lado, para ayudar al gobierno de Felipe Calderón a sacar adelante la reforma laboral. Y por otro, responde —según Graciela Bensusán— a un acto defensivo contra la reforma educativa y energética que podrían minar la forma de sindicalismo que practican. Otra probable lectura sugiere que las intenciones de la lideresa con Romero Deschamps, a un año de las elecciones legislativas, apuntan a la posibilidad de que el Partido Nueva Alianza (Panal) vaya en coalición con el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional.<br /><br />Para entender esta capacidad de negociación, sobre todo la de Elba Esther Gordillo, es necesario recurrir a ciertos momentos en la vida política de la lideresa; desde su ascenso ha intervenido en forma directa o indirecta para evitar que se concretaran reformas a la educación que afectaran los intereses y las redes corporativas del sindicato. Por ejemplo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se planteó el Programa de Modernización Educativa (1989) que contempló la descentralización a través de organismos para cada estado y el DF, de esta forma se entregó a los gobernadores la gestión administrativa; también se estableció la reforma al currículo académico, la creación de la carrera magisterial y el desarrollo de indicadores para medir la eficacia docente; al final solo se logró la descentralización.<br /><br />De igual forma, Vicente Fox Quesada fundó, el 8 de agosto de 2002, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, órgano que se encargaría de evaluar el desempeño de los estudiantes dejando de lado la evaluación de los docentes lo que sin duda podría afectar la imagen de los maestros y por supuesto del SNTE. En este sentido, la quincena pasada se anunció la Alianza por la calidad de la educación, en la cual, a diferencia de las reformas anteriores, que fueron impulsadas por el ejecutivo, Elba Esther Gordillo asumió un papel protagónico y fue la principal hacedora de los lineamientos generales de esta reforma. No obstante, lo que resulta sospechoso es que el acuerdo se dio entre el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo mediante un proceso que nadie conoce, en consecuencia, no existe algún otro actor político que sirva como contrapeso al poder político de la profesora, como se puede notar con los gobernadores estatales, quienes no han proferido opiniones a favor o en contra de dicho documento, a pesar de que actualmente la educación se encuentra descentralizada.<br /><br />En este contexto, el logro de un pacto con otro sindicato importante y numeroso de nuestro país no debería sorprender a nadie, lo que resulta ajeno a la sociedad y a los propios trabajadores de estos sindicatos son los verdaderos fines que persiguen los dirigentes de estos organismos. Asimismo, la carencia de documentos o declaraciones oficiales en torno a este pacto crea un vacío de información que da lugar a todas estas conjeturas y, de la misma forma, evidencia la falta de transparencia al formar sociedades entre particulares que representan a un amplio sector de la población.<br /><br />Por último, las adhesiones y desmarcaciones de otros organismos similares han puesto de manifiesto la capacidad camaleónica del actual corporativismo mexicano, aspecto diferente al del antiguo régimen, en el cual había una clara línea política y las decisiones partidistas eran seguidas de igual forma por los trabajadores sindicalizados. En esta ocasión, hubo algunos que atendieron el llamado, bajo la consigna de proteger a los agremiados y hubo otros que abiertamente señalaron el desacuerdo de opiniones con Gordillo, pero que aún así manifiestan disposición dadas las condiciones actuales a pactar “con el diablo”. Aparentemente, es mejor tenerla de aliada que estar en la esquina contraria.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Ha transcurrido tiempo desde este análisis y hemos comprobado que el tema no se ha mantenido en la agenda nacional. Es probable que en unos meses, de lograrse el pacto, se den a conocer las medidas que pretenden tomar; asimismo, se prevé que las demandas se amplíen y pueda llegar a consolidarse como un peso político estratégico o en ese sentido, proporcionar mayores argumentos a sus creadores en busca de alguna oportunidad política a corto o largo plazo. Lo que no se ve posible es que la crítica sea muy férrea hacia el Ejecutivo federal dada la estrecha relación entre el presidente y Gordillo; un rompimiento afectaría mucho más a la lideresa del SNTE.<br /><br /></div></span>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-4488030533292554282008-06-26T12:40:00.000-07:002008-07-18T23:08:15.452-07:00El debate de la iniciativa Mérida<div align="justify">La discusión sobre la iniciativa Mérida entra en una nueva fase, en la cual la deliberación se vuelve indispensable para lograr un acuerdo que resuelva el problema del narcotráfico. El Congreso estadunidense no desea otorgar recursos a fondo perdido al Gobierno mexicano y éste se niega a aceptar sin debatir las condiciones impuestas para combatir el narcotráfico; en este vaivén de discusiones, el secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño, declara que la sobernía nacional no está a discusión.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El día 29 de mayo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reúne con funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos y declara que las condiciones impuestas por el Senado de Estados Unidos para enviar dinero al gobierno mexicano son preocupantes y “tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”. Al día siguiente, el embajador de EU en México, Antonio Garza, aclara que los legisladores de su país no tienen la intención de que su gobierno “certifique” a México en su lucha contra el narcotráfico y que no es condición para aprobar la iniciativa Mérida.<br /><br />El 2 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación mexicano rechaza los términos en los que el Congreso de Estados Unidos intenta condicionar la iniciativa Mérida, por considerar que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son “inaceptables para nuestro país”, y estas evaluaciones ajenas a la bilateralidad “son profundamente contrarias a su objetivo y espíritu”. Por su parte, el director de Política Nacional de Control de Drogas estadunidense, John Walters, dice que las condiciones que puso el Senado a la iniciativa son un “sabotaje” del plan para combatir el narcotráfico.<br /><br />El día 6 el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, dice al Congreso norteamericano que condicionar la iniciativa amenaza con erosionar el “heroico” esfuerzo del presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico; en su visita a Guatemala el subsecretario de Estado estadunidense, John Negroponte, defiende la iniciativa y rechaza que se trate de una “imposición”. Por otro lado, legisladores de PAN, PRI y PRD acuerdan rechazar durante la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos los condicionamientos que EU pretende imponer a México mediante la iniciativa Mérida. Al día siguiente se lleva a cabo la Reunión Interparlamentaria en la ciudad de Monterrey, ahí el presidente del Senado norteamericano, Christopher Dodd, considera como desafortunado no haber consultado a los congresos de cada país, advierte que ninguna de las dos naciones “firmará cheques en blanco” y se pronuncia por una mayor rendición de cuentas. En la misma reunión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Santiago Creel, responde que México no está de acuerdo con la ayuda “asistencialista” que ha condicionado el Congreso de EU.<br /><br />El 10 de junio, la Cámara de Representantes autoriza el presupuesto de mil 600 millones de dólares durante tres años para la iniciativa Mérida en lo que sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto antinarcóticos, los fondos para México contemplan 780 millones, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar programas que pretenden mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano, la aprobación de dicho proyecto no otorga fondos a México, sólo se “autoriza” el gasto, pero ese egreso se tiene que realizar a través de la “apropiación” de esos recursos en otro proyecto de ley para cada año de estos gastos.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />Si bien la llamada iniciativa Mérida lleva gestándose desde 2007 (como hicimos notar en un análisis anterior), ahora los legisladores de ambos países (México y Estados Unidos) están fijando su postura en torno a la iniciativa; por un lado, los legisladores norteamericanos endurecieron su postura al exigir a México varias condiciones para aprobarla, por el otro, los legisladores mexicanos rechazaron (también el gobierno) dicha propuesta por ser unilateral y afectar la soberanía del país, específicamente en dos temas: en lo relacionado a los derechos humanos y en la modificación de leyes.<br /><br />En este sentido, la discusión en la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Monterrey, se da un contexto en que México está enfrentando al narcotráfico con saldos negativos que hacen necesaria la colaboración de EU para contar con mejores herramientas en esta lucha. Sin embargo, en EU tanto demócratas como republicanos se preparan para las elecciones presidenciales, por lo que dicho tema no parece ser una prioridad que deba ser atendida con urgencia, a esto se suma que el presidente George W. Bush se encuentra en los últimos meses al frente del Gobierno y al no poder ser reelecto existe poco interés de su administración en el tema. Asimismo, cabe señalar que el Senado legisló y aprobó el presupuesto de mil 600 millones de dólares, pero no autorizó el gasto, lo que nos lleva al mismo resultado, es decir, el reconocimiento de un problema en el cual ambos países son corresponsables pero que para su aprobación aún puede esperar más tiempo.<br /><br />Por parte de México, tanto legisladores del PRD, como del PRI, han manifestado su rechazo contra cualquier “imposición” o “certificación” para otorgar el presupuesto que se pretende dar a la iniciativa, ya que son medidas unilaterales que afectan a ambos países y no están siendo discutidas por ambos gobiernos. Aunado a estos reclamos se suman las declaraciones el mismo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el mismo sentido de no aceptar imposiciones y primero revisar bien las condiciones o “imposiciones” que afectan la soberanía.<br /><br />Los legisladores mexicanos saben que el problema del narcotráfico es muy complejo y que la ayuda que pretende dar EU es positiva, sin embargo, en estos momentos, al parecer existen otras prioridades en la agenda nacional, como la reforma energética o el problema del aumento de los precios en los alimentos, que provocan que la discusión se mantenga pendiente hasta que los legisladores de EU resuelvan sus diferencias y avancen en una nueva propuesta.<br /><br />Si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas a los cárteles de la droga, México y Centroamérica ya no sólo son el paso obligado de producción y distribución de la droga que va hacia los EU; por el contrario, en las últimas décadas esta región se ha convertido en una zona de alto consumo. Por lo cual esta situación resulta preocupante, ya que el problema del narcotráfico se ha vuelto más complejo y no puede ser combatido por un solo país, sino que se necesita el apoyo de otros para resolverlo. Por lo tanto, se debe considerar que el narcotráfico es una actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, por lo cual surge la necesidad de llegar a acuerdos entre países que impliquen un compromiso real de combatir al narcotráfico en todos sus niveles.<br /><br />Finalmente es necesario que haya una mayor deliberación entre los gobiernos de ambos países para llegar a un acuerdo que ayude a resolver un problema que involucra a las dos naciones.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Todo apunta a que la iniciativa Mérida, atravesará por un largo proceso de discusión en ambos países para su aprobación. Al parecer en México se espera una mejor propuesta de la de los legisladores de EU, por lo pronto en EU no parece haber una urgencia por avanzar en la iniciativa.<br /><br /></span></div>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-53085493323599126112008-06-13T11:37:00.000-07:002008-06-13T12:17:24.547-07:00Recrudecimiento de la violencia de narcotraficantes<div align="justify">La violencia asociada con la lucha al narcotráfico parece obedecer un patrón, lo que en parte sustenta las explicaciones gubernamentales sobre su recrudecimiento, aunque conduce a preguntarse si se están tomando medidas eficaces para controlar el flujo de dinero hacia los traficantes y su acceso al armamento. La respuesta favorable al llamado de unidad del presidente Calderón hace visible el límite del discurso de la división que se había introducido en el debate sobre la reforma petrolera, y ello también explica en parte la atención que ha recibido el tema de la lucha.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />Al concluir la quincena anterior, fue asesinado Edgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien era uno de los principales coordinadores de la lucha contra las bandas de narcotráfico. En un comunicado de prensa, la Presidencia de la República lamentó y condenó el hecho. Diferentes voces coincidieron en la reprobación del crimen, empezando por las de las cámaras e incluyendo la del embajador de Estados Unidos. El propio presidente Felipe Calderón, al pronunciar un discurso, declaró: “Ya basta!”. Dijo que, de esta manera, invitaba a todos los poderes y a toda la sociedad a unirse contra la violencia de los narcotraficantes.<br /><br />Al iniciarse esta quincena, avanzan las investigaciones sobre el presunto autor material del asesinato, Alejandro Ramírez Báez, y las personas que aparentemente colaboraron directamente con él, detenidos en virtud de un arraigo concedido por el juez ocho de distrito de Procesos Penales. Aumentan las expresiones de indignación y alarma. El llamado del presidente recibe el apoyo de un número considerable de editorialistas, incluyendo el de algunos generalmente críticos de su gestión, como Ciro Gómez Leyva, si bien algunos otros, como Humberto Musacchio plantean refutaciones puntuales a las líneas del discurso presidencial.<br /><br />El secretario de Gobernación repite la exhortación de F. Calderón y prevalece en el ámbito político y en los medios de comunicación el tono de condena a la delincuencia organizada, aunque algunos actores importantes, como Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, ponen en duda la estrategia gubernamental para combatirla.<br />Se publican estadísticas oficiales y elaboradas por periódicos como Milenio sobre las ejecuciones por narcotraficantes y las muertes en enfrentamientos entre ellos y de ellos con las fuerzas públicas. Difieren poco unas de otras y muestran que el promedio diario se ha duplicado en un año, de 7 a 14, en cifras redondeadas. Se informa también que en este mes el número ha aumentado aún más, y el domingo 18 ocurren 34 “ejecuciones”, es decir, asesinatos, además de 17 “levantamientos”, o secuestros entre bandas.<br /><br />Ocupan espacios importantes noticias sobre algunos de los ejecutados, que han sido torturados, mutilados y decapitados. Los cadáveres son encontrados en vehículos abandonados en algunas carreteras o en cajas dejadas en lugares públicos, con notas que amenazan a algunos funcionarios y policías o atribuyen a otros ser cómplices de ciertas bandas.<br /><br />Si bien reciben menos atención, se publican igualmente noticias sobre detenciones y decomisos. Entre éstas, destaca que son aprehendidas en Chihuahua 29 personas supuestamente ligadas a los grupos de “los zetas” y de “el Chapo”. Es notorio también que se incauta un arsenal en Baja California, que incluye granadas y bazucas, y que se aseguran grandes cantidades de drogas sintéticas en agencias aduanales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.<br /><br />Al final de la quincena, el mayor espacio noticioso es ocupado por desplazamientos del ejército hacia Sinaloa, por discusiones acerca de la llamada “iniciativa Mérida” de cooperación ente México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y por reclamos a este país en relación con su actuación en este ámbito. La acción militar, similar a la que ocurrió en Michoacán cuando empezó la actual ofensiva del gobierno el año pasado y a la reciente en Chihuahua, parece augurar según algunos analistas, un aumento en la violencia en el noroeste y, según algunos funcionarios, una recomposición de los cárteles de la droga.<br /><br />El tema central en torno al plan Mérida es la pretensión de Estados Unidos de imponer condiciones que son vistas por muchos como una ingerencia en asuntos propios de México. Los reclamos al vecino del norte, entre los que se encuentran algunos de F. Calderón, se centran en la falta de voluntad para combatir el consumo, para controlar la venta de armas a los narcotraficantes y para impedir el flujo del dinero que obtienen por la venta de las drogas.<br /><br /><br /><em>Análisis </em><br /><br />Es de considerarse, en primer lugar, el desplazamiento, entre los temas que reciben la atención pública, de la reforma petrolera por la violencia asociada con el narcotráfico (y por el aumento de los precios de los alimentos). Esta reubicación es muy significativa, porque el debate sobre la reforma se encuentra en el punto de mayor flujo de información y comparecen los expertos más reconocidos, además del premio Nóbel Mario Molina. El primer factor explicativo es, sin duda, ése: el carácter especializado de la discusión. En el espacio público hay limitaciones para procesar los asuntos complejos una vez que se profundiza en ellos. Hacen falta traductores que puedan plantear en términos accesibles al público general las observaciones técnicas y mecanismos para seleccionar y enfocar la diversidad de puntos que comprenden.<br /><br />Hay otro factor quizá igualmente importante, aunque más difícil de analizar: la disposición a recibir o rechazar tipos de discursos. En ciertos momentos resulta redituable políticamente presentar a la sociedad como dividida fundamentalmente en dos grupos, y plantear que la arena política no es más que una expresión de esa división; quien lo hace tiene probabilidades altas de recibir el apoyo del grupo mayoriario. Esta no es una estrategia exclusiva de políticos con una orientación determinada, de izquierda o de derecha, liberal o conservadora, sino que puede ser utilizada para acceder al poder por políticos de distintas tendencias, aunque en sus discursos tiende a haber un factor común, el nacionalismo. La división fundamental estaba, por ejemplo, en el centro de la retórica de Nixon y tuvo también un papel primordial en el ascenso de Perón. Esta fue la concepción que promovió López Obrador durante su campaña presidencial y la que ha promovido durante su oposición a la reforma petrolera: de un lado están el verdadero pueblo y él; del otro lado, “ellos”, los traidores a la patria.<br /><br />Ese tipo de estrategias discursivas, como todas probablemente, tiene límites temáticos y se agota con el tiempo. Se pueden enfocar en ciertos asuntos, como la moral que sustenta a la familia tradicional estadounidense, o extender parcialmente por décadas, como lo hicieron los republicanos hasta Bush. Pero no se puede ver a la sociedad como dividida en todos los asuntos, ni como dividida siempre en torno a un mismo asunto. En algún asunto o en algún momento empieza a ser más redituable hablar de unidad, e intentar ponerse por encima de las oposiciones que han sido tradicionales. Lo descubrió Perón, quien en varios periodos fincó su permanencia en puentes y alianzas multiclasistas. Lo sabe, no sólo Barack Obama, sino también John McCain; ambos están esforzándose por distinguirse uno del otro y diferenciar sus planes de política pública sin apelar a una división fundamental de la sociedad, y quedar como el candidato de todos.<br /><br />En nuestro país, la retórica de la división tiene límites que han contribuido a la formación de un sistema de tres partidos grandes y varios pequeños, límites que parecen estrecharse ahora, a la vez que el discurso de la unidad cobra peso. Después del grave conflicto postelectoral, los ciudadanos han visto que pueden diferir en opciones de política y continuar con sus relaciones en diversos ámbitos, desde el comunitario hasta el económico. En ese tenor, hay diversos indicios de que en materia petrolera la mayoría aceptaría, y tal vez incluso preferiría, una solución que no fuera la del gobierno, que ha sido objetada fuertemente por los grupos cercanos a López Obrador; pero también se inclinaría por una que no fuera la de este excandidato. Es decir, alguna tercera vía que trascendiera la polarización sería bien acogida, como lo han sugerido algunas figuras del PRI y ciertos personajes del PRD.<br /><br />La preponderancia esta quincena de un tema acerca del cual se puede concitar la unidad se explica en parte por el acotamiento de las posibilidades del discurso de la división. Esto no significa que el tema de la reforma petrolera no pueda volver pronto a ocupar uno de los primeros lugares en la atención pública. Si el presidente o el director de Pemex hacen declaraciones al respecto, casi seguramente volverá a ser foco de controversia, y probablemente en agosto o septiembre, cuando el frente que apoya a López Obrador intensifique sus movilizaciones contra la reforma, ciertos núcleos de seguidores subrayarán la idea de una división social fundamental. Inclusive, en tal caso, algunos activistas podrían considerar justificable, con base en tal división, tomar algunas medidas radicales. Pero no es de esperarse que la idea sea suscrita por proporciones grandes de los ciudadanos, ni siquiera en el caso de que los núcleos duros del PAN se esfuercen por excluir las terceras vías, después de que una discusión percibida como polarizante deja de atraer interés en su fase principal, a diferencia de la lucha contra el narcotráfico, que se ve, al menos por ahora, como potencialmente unificadora.<br /><br />Son de considerarse a continuación los aspectos específicos de la lucha que se están destacando, así como el tono general de las notas. Como ha sido señalado en varias ocasiones desde que se inició la actual ofensiva contra los narcotraficantes, la seguridad de los habitantes es la primera de las responsabilidades del estado, comprende asuntos que son competencia de los diferentes poderes y la acción directa corresponde generalmente al poder ejecutivo. El recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico podría poner en duda la capacidad para cumplir con esa responsabilidad o la pertinencia de las medidas adoptadas, que es lo que probablemente buscan los traficantes, quienes no sólo “ajustan cuentas” entre sí y con la policía o el ejército, sino que adoptan tácticas propiamente terroristas, parece ser aprendidas por sus sicarios de grupos militares y paramilitares guatemaltecos, que a su vez las habrían adquirido de grupos que operaron en Argentina durante la última dictadura militar. Su mensaje es que el horror no se acaba con la muerte, sino que sigue y sigue.<br /><br />Los acontecimientos no tienen, sin embargo, ese efecto, al menos por ahora, como se desprende del poco eco del cuestionamiento de Zavaleta. Más bien han subrayado la magnitud del problema, como lo indican las expresiones de rechazo a la violencia y las muestras de apoyo al gobierno. Esto en parte se debe al peso que tienen los juicios de intenciones en la comprensión de cualquier asunto, sobre todo desde las confrontaciones entre López Obrador y Fox. Los “complots” y el “sospechosismo”, dominan los análisis que más circulan en las conversaciones. En este contexto, lo que tiende a tematizarse es la voluntad del gobierno y de los funcionarios, no su capacidad; y nadie podría poner en duda la voluntad de Millán, quien fue atacado en una represalia por sus acciones decididas y, herido de muerte, atrapó a uno de sus agresores, de una manera que condujo a la aprehensión de todo un grupo de delincuentes.<br /><br />Consideremos ahora los acontecimientos referidos. Como ha ocurrido desde el inicio de esta lucha contra el narcotráfico, en Michoacán, el desplazamiento del ejército a Sinaloa ocurre después de una serie de hechos violentos en la entidad, cuyo número va en aumento, y tiene el carácter de respuesta al incremento. Continuando con el paralelismo, con ese desplazamiento crece aún más la violencia, principalmente en Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, aunque empiezan a disminuir los enfrentamientos en el último estado en que se concentraron las acciones de las fuerzas armadas, Chihuahua, todavía tienen allí un nivel muy alto, sobre todo en Ciudad Juárez. La suma de los hechos de sangre en los dos estados, Sinaloa y Chihuahua, aunados a algunos menos numerosos en otros estados, sobre todo Baja California, Tamaulipas y Veracruz, da como resultado el altísimo índice del mes.<br /><br />Los hechos parecen, entonces, confirmar un patrón, y confieren cierto apoyo a la tesis del gobierno: el aumento de la violencia es una respuesta de la delincuencia organizada al cerco de la fuerza pública y un síntoma de las consecuentes disputas de poder entre las organizaciones criminales y dentro de ellas. Pero al mismo tiempo subraya la necesidad de pasar a fases de control más eficaz en las dos áreas que el gobierno señala al criticar a Estados Unidos: el flujo de dinero y el contrabando de armas. Surgen naturalmente dos preguntas. La primera es si, en el ámbito diplomático y en la opinión pública de Estados Unidos, México puede actuar para propiciar que los órganos de decisión del país vecino asuman la responsabilidad que les corresponde. La segunda es si internamente México está haciendo lo suficiente para reducir el lavado de dinero y el tráfico de armas.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Si los patrones detectados se confirman y, sobre todo, si se logran avances en el control del dinero y las armas, probablemente la violencia empezará a disminuir, porque ya se han tomado acciones de gran envergadura en todos los estados donde ha sido notoria la presencia de narcotraficantes, exceptuando quizá a Jalisco. Sin embargo, para que ello sea notorio, pasará tiempo. Las rápidas reacciones del crimen organizado indican que su capacidad es todavía considerable.<br /><br />En esas perspectivas, el éxito de la lucha actual sólo podrá plantearse en términos comparativos, es decir, como una reducción, más que como una eliminación de la violencia. Pero que esto sea aceptable para el público, dependerá de las posibilidades del gobierno para sumar a distintos actores y mostrar que la convocatoria a la unidad ha fructificado, es decir, de conservar el sentido que ha adquirido la lucha.<br /><br />En el más largo plazo, siguen pendientes las interrogantes que se plantearon al principio de la lucha: ¿Después de las fases críticas, qué policías se harán cargo de las tareas que está asumiendo el ejército? ¿Qué deben hacer la sociedad y el estado para reducir el consumo de drogas?<br /></div></span>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-68366124891264426192008-06-13T11:03:00.000-07:002008-06-13T12:18:13.757-07:00Aumento a los precios de los alimentos<div align="justify">El aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial afecta a la economía mexicana, lo que abre la posibilidad de turbulencias inflacionarias y desabasto. Tal parece que las limitadas medidas tomadas por el gobierno en la materia han sido insuficientes y no han logrado frenar el constante aumento de numerosos artículos y alimentos de primera necesidad de la canasta básica.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El 30 de abril, el Secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, señaló “que los incrementos abruptos en los precios de los alimentos son provocados por especuladores internacionales que buscan más ganancias” y también afirmó que el campo nacional está trabajando al tope, pero advirtió: “Esperemos que el fertilizante no nos vaya a fallar”. En este sentido explicó que si bien en México el abasto de alimentos está garantizado para un año, alertó que la economía mexicana no está blindada ante una crisis global de los alimentos.<br /><br />Por otro lado, en el marco de las celebraciones por el día del trabajo, sindicatos (como el de trabajadores de la UNAM o de los electricistas), así como la Central Campesina Cardenista (CCC), e incluso sindicatos y federaciones oficialistas como el Congreso del Trabajo, la Confederación Nacional Campesina (CNC) o la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se pronunciaron por la soberanía alimentaria, por el aumento de los apoyos gubernamentales al campo y por el control de precios en los alimentos y productos de la canasta básica.<br /><br />Un día después los senadores del PRI y del PRD Ramiro Hernández García y Arturo Herviz Reyes respectivamente, denunciaron que “la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado ha recibido 17 iniciativas y no ha dictaminado ninguna, por “la desatención” de su presidente”, el senador del PAN Guillermo Padres Elías.<br />Por su parte, el 7 de mayo, la Unión Nacional Avícola (UNA) acusó a diferentes compañías transnacionales de agroexportación de provocar “en los pasados cinco días una escalada de precios en los productos al consumidor final, que en algunos casos ya alcanzan incrementos de 53 por ciento.” Según la Unión, corporativos como Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson son algunos de los responsables de los aumentos, en la medida en que se han negado a asumir los aumentos en el costo de los insumos para la ganadería y la avicultura, por no disminuir márgenes de rentabilidad. Para el Banco de México estos aumentos han afectado, “en la mayoría de los países, a los hogares con menores ingresos”, y han generado el mayor índice inflacionario desde 2005. Según estimaciones de la propia institución, los aumentos de los precios de 127 insumos agropecuarios “provocaron que el año pasado aumentara en 5 mil millones de dólares el costo de la factura por la compra de estos productos, una cifra que supera la totalidad de los recursos excedentes por exportaciones de crudo captados en 2007”. Banxico explica que la economía mexicana se puede ver severamente afectada debido a que es una economía que depende enormemente de las exportaciones de alimentos provenientes de los grandes productores mundiales: Los Estados Unidos y la Unión Europea.<br /><br />Un día después, en la Secretaría de Hacienda, el Presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, afirmó que los precios de los alimentos “se mantendrán al alza hasta 2010, y aun cuando comiencen a descender se ubicarán por encima de los niveles de 2004.” Zoellick consideró que “aunque México tiene una economía fortalecida y que se puede considerar que está por encima de otras economías emergentes, no está exenta del grave problema de los aumentos en los precios de los alimentos a nivel mundial.” En el mismo evento, el Secretario de Hacienda afirmó que en el país por el momento está garantizado el abasto de alimentos. Sin embargo, aceptó que ha habido un incremento en los precios que se ha reflejado en la inflación.<br /><br />Por otra parte, el 10 de mayo, Jaime Yesaki, dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, sostuvo que primero se dio la carestía “pero lo que sigue es el desabasto”, por lo que el aumento de los precios de alimentos es un tema de urgencia en la agenda nacional. Y explicó que no se trata, “sólo de un problema de mayor presupuesto ni tampoco de tocar o cambiar tanto las leyes vigentes, sino de instrumentar de una vez por todas una política integral para el campo”.<br />Finalmente, a finales del mes de mayo, la Secretaría de Agricultura en voz de su titular Alberto Cárdenas informó que a partir de 2008 se echará a andar un agresivo programa de producción de biocombustibles en México. Informó que en un par de años será posible que vehículos automotores utilicen biocombustibles en ciudades como Guadalajara, el Distrito Federal o Monterrey.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />Durante la quincena, numerosas voces tomaron la palabra en el debate sobre los aumentos de los precios de los alimentos. Es comprensible la atención que ha recibido recientemente este tema sobre todo en la medida en que los aumentos han acarreado efectos inflacionarios que, si bien hasta ahora han sido moderados, se ciernen sobre la economía mexicana como una amenaza seria para la estabilidad financiera. En efecto, la escalada de precios en los alimentos, que se desató con mayor claridad desde mediados del año pasado, es un problema que tiene que ser atendido con toda seriedad por las autoridades mexicanas, debido a que la seguridad alimentaria de millones de mexicanos puede quedar en duda.<br /><br />El primer punto que se debe discutir es el de la relación del entorno y la seguridad interna del país. En este caso, desde hace algunos años México dejó de ser un país autosuficiente en materia alimentaria. Dado que los gobiernos desde la década de los ochenta decidieron entrar al juego comercial de las ventajas comparativas, poco a poco se privilegió la producción primaria de hortalizas y otros cultivos suntuarios en los que algunos productores mexicanos podrían ser competitivos a nivel mundial y exportar sus productos a otros países. Así, la producción de granos básicos se dejó de lado, disminuyeron los apoyos y subsidios gubernamentales a este sector y se promovió la tecnificación y desarrollo de los productores de flores, frutas y hortalizas, productos suntuarios, de lujo y exóticos, entre otros. La razón por la que se decidió esto radica en que, por lo altos subsidios que reciben los productores en los países desarrollados, resultaba más barato importar los granos y alimentos básicos, que producirlos localmente. Así, se desmanteló el aparato agrícola productivo nacional y se impulsó el desarrollo de un pequeño sector de agroexportación. Sin embargo hoy, el escenario mundial ha cambiado, en muy buena medida porque los subsidios a los productores primarios de los países desarrollados han disminuido bastante, porque la demanda de alimentos (empujada fuertemente por China y la India) ha crecido fuertemente y por distintos factores climáticos que han afectado la producción. Esto ha ocasionado que los precios internacionales de los alimentos suban y que nuestro país quede expuesto a los avatares de la economía globalizada.<br /><br />El segundo tema que genera debate es el que tiene que ver con la manera en la que se enfrenta la situación alimentaria del país. Esta discusión está asociada con el proyecto de país que cada fuerza política o grupo impulsa y que parece tener dos principales posiciones: La primera alternativa, la que parece más interesante y viable para el gobierno (congruente con la política seguida desde la década de los ochenta), es la de abrir de manera definitiva y amplia las fronteras y los puertos a los productos agrícolas procedentes del extranjero. Todavía hasta hoy, algunas especies de maíz, frijol, soya, sorgo, etc. o algunos productos como la leche en polvo, la carne, distintos tipos de aves o pescados, fertilizantes y otros insumos agrícolas, tienen algunas restricciones arancelarias que encarecen el precio del producto y lo hacen menos competitivo, las cuales, en un escenario de apertura total (del que no estamos muy lejos), podrían desaparecer. En este mismo escenario y manteniendo la preferencia para el apoyo a los productores de hortalizas y productos suntuarios (quienes continuarían recibiendo subsidios gubernamentales) como la punta de lanza del proyecto agrícola nacional, se pueden dar apoyos focalizados a los grupos más vulnerables del país, con el objetivo de mitigar, en lo posible, los efectos inflacionarios del alza mundial de los precios de los alimentos. Por el otro lado, se puede optar por una política que comience un proceso (a mediano o largo plazo) de reconstrucción del aparato agrícola mexicano. La motivación para ello radica en que, tal como diferentes analistas lo han señalado, los precios de los alimentos seguirán altos durante varios años, por lo que producir alimentos básicos, de nueva cuenta, vuelve a ser un negocio redituable, o, al menos, implica reducir costos al no tener que importar alimentos caros de otros países. Esta postura la defienden los sindicatos, organizaciones campesinas, algunos partidos como el PRD o (incluso) el PRI y tiene como fondo la idea de la autosuficiencia o la soberanía alimentaria. En este sentido el PAN parece no estar muy interesado.<br /><br />Finalmente, un tercer punto de debate es el que apunta hacia la incapacidad gubernamental interna de controlar los precios y las implicaciones que esto tiene. Desde hace mucho tiempo los acaparadores y “coyotes” hacen de las fluctuaciones y fenómenos económicos un negocio redondo al comprar barato, esconder los productos y después venderlos más caros. Se pensaba que cuando México implementara de lleno una economía de mercado esto ya no ocurriría, pero en la presente quincena, escuchamos, incluso de la voz de funcionarios gubernamentales, que esto ocurría pero que no se iba a permitir. Acá lo importante está en pensar en el papel de autoridad que el gobierno mexicano tiene para efectivamente o no controlar esta clase de abusos de empresarios sin escrúpulos.<br /><br />Finalmente, el tercer punto es el relativo a la producción nacional de biocombustibles. En este aspecto hay que señalar que la política seguida por el gobierno federal, en particular por la Secretaría de Agricultura, no ayuda mucho a aliviar la creciente crisis ocasionada por los incrementos en los precios de los alimentos. En efecto, al aumento de la demanda de productos agropecuarios acrecienta la presión sobre los precios de los productos primarios. Por ello, instituciones como la ONU o el PNUD han hecho llamados a nivel mundial para que se pospongan los planes de producción de biocombustibles, al menos unos años, hasta que se estabilicen los precios de los productos agropecuarios y en particular de los alimentos.<br /><br />Tomando en cuenta los tres elementos de análisis que hemos propuesto hasta ahora, se puede concluir que si bien el gobierno federal entiende y reconoce la gravedad de la situación por los aumentos de las, su estrategia para hacerle frente no parece ser del todo la mejor. Incluso, con el tema de los biocombustibles, se percibe una actitud de desdén que podría generar conflictos si es que la crisis se agudiza.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />En la actualidad el horizonte en el tema alimentario es muy preocupante y amenaza con hacerse más complicado en los siguientes meses y años. El gobierno de Calderón no parece atender con toda prontitud, seriedad y eficacia una crisis que puede agravarse. Por ello, el tema de los aumentos de los precios en los alimentos, en el corto y en el mediano plazo en México, podría significar una fuente de conflicto y de inestabilidad social.<br /></div></span>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-41212971479311313852008-05-13T12:33:00.000-07:002008-05-21T11:19:36.934-07:00Desocupación de las tribunas del Congreso de la Unión<div align="justify">Los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) desocuparon las tribunas del Congreso de la Unión (CU), una vez que aceptaron el formato y el tiempo de duración del debate sobre la reforma energética, sin embargo el costo político que tuvieron que pagar parece muy alto. Además llegarán a la discusión de dicha reforma con una fuerte división interna y con su fuerza política mermada; a diferencia de sus adversarios políticos (en especial el presidente Felipe Calderón, el PAN y el PRI) que han fortalecido su imagen entre la ciudadanía después de esta invasión.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El 17 de abril Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, anuncia una tercera opción para destrabar el conflicto de la toma de las tribunas del Congreso de la Unión, que consiste en debatir la reforma energética los días que sean necesarios, determinados por un calendario y un programa elaborado por la Comisión de Energía, que permita a los legisladores hacer un análisis y una reflexión como merece el tema, sin chantajes, presiones, cercos, ni amenazas de violencia.<br /><br />En ese sentido, Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD) están de acuerdo con dicha propuesta y contemplan pertinente desechar las propuestas de 50 y de 120 días. A la sesión en la torre del Caballito, sede alterna, asisten 75 senadores del PAN, PRI y Verde Ecologista. Con votos del PAN, PRI y PVEM se aprueba un punto de acuerdo que exige garantías a las autoridades federales y del DF para que el Senado trabaje con normalidad </span><span class="fullpost">(los legisladores del FAP no asistieron)</span><span class="fullpost">. Aprueban por unanimidad modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que establecen, entre otras cosas, los escenarios para que el Poder Legislativo se erija en colegio electoral y designe a un Presidente de la República interino. También en el Senado se aprueba una minuta de la Cámara de Diputados que incluye el mecanismo para la elección de los consejeros del IFE, el consejero presidente y el contralor. Se elige a los senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano que funciona en los recesos legislativos.<br /><br />Al día siguiente Guillermo Velasco Arzac —artífice de los <span style="font-style: italic;">spots </span>que comparan a Andrés Manuel López Obrador con Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Victoriano Huerta— afirma que hay personas interesadas en financiar esta campaña contra la toma de las tribunas del Congreso de la Unión; se declara a sí mismo un defensor de la democracia; acusa a los diputados y senadores del FAP de llevar a cabo una estrategia golpista; rechaza que realice una guerra sucia y deja en claro que mantendrá su campaña “hasta dónde consiga dinero”; subraya que la agrupación política nacional que preside, la Coordinadora Ciudadana, no contrató la transmisión del <span style="font-style: italic;">spot </span>por Televisa, pues lo hizo la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno; dice no aludir a ningún candidato y destaca que no es periodo electoral por lo que no viola la ley.<br /><br />El 19 de abril Carlos Navarrete Ruiz, coordinador del PRD en el Senado, tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, abre la posibilidad de desalojar las tribunas del Congreso en un plazo de 48 horas, a cambio de que el PRI y el PAN se comprometan a no abrir un periodo extraordinario —entre mayo y agosto— para discutir la reforma energética. “Hay un compromiso público de suspender las protestas en las calles y permitir que termine bien el periodo ordinario el 30 de abril y que funcione normalmente la Comisión Permanente si logramos un acuerdo de que en el periodo de los cuatro meses de receso, le pongamos el mayor énfasis al debate, su difusión, a la clarificación de los puntos de vista de todas las partes y que no habría, por lo tanto, la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el marco del receso”, explicó el senador. Insiste en que el acuerdo debe ser acompañado de un intenso debate nacional en torno a las reformas en materia energética, centrado en los 14 temas ya acordados y ampliamente difundido en los medios, utilizando tanto las estaciones de radio y televisión gubernamentales como los espacios que por ley corresponden al Estado en los medios privados.<br /><br />El día 20 los senadores del FAP manifiestan que no bloquearan la sesión de este día de la Cámara de Senadores en una sede alterna, pero no pueden garantizar lo mismo por las Adelitas o simpatizantes de López Obrador. En este sentido, el senador Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado, desde el jueves pasado, por estrategia, se reserva el lugar donde hoy se llevará a cabo la sesión. Al otro día los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenan el retiro de los anuncios televisivos, uno que compara a López Obrador con dictadores y el otro donde el PAN critica al PRD por la toma de las tribunas legislativas; sin embargo, la difusión del primero continuó la noche siguiente. Deciden fijar “un precedente” para que en el proceso de 2009 los partidos no exhiban mensajes negativos o contrarios a otra agrupación.<br /><br />El objetivo de la cancelación del mensaje panista es para iniciar una investigación al final de la cual el Consejo General tomará una decisión; en cambio, el fallo sobre el <span style="font-style: italic;">spot </span>de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno es definitivo porque “ningún tercero puede contratar espacios para atacar a partidos”. Por otra parte, los diputados federales del PRD impulsan el desalojo de la tribuna de San Lázaro, pues consideran que la resistencia civil no funciona al permitir que haya sesiones en sedes alternas en las que se avalan dictámenes sin el consentimiento de la oposición. El diputado Raymundo Cárdenas reconoce la necesidad de hacer un pronunciamiento en el que los legisladores celebren haber impedido el aval de la reforma energética, y en un acto posterior desocupen la tribuna. También propuso iniciar una nueva fase de la resistencia civil.<br /><br />El 22 de abril en Nueva Orleans, durante una conferencia de prensa junto con sus homólogos George W. Bush, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá, el presidente Felipe Calderón Hinojosa endureció su postura y criticó al PRD por la toma de las tribunas legislativas a raíz de la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos enviada semanas atrás para su discusión. Aseguró que el PRD vive un empobrecimiento de su imagen pública “por comportamientos que, simple y sencillamente, los ponen en ridículo”. Deploró la falta de solución a la crisis interna en que se encuentra, ya que debilita entre los mexicanos la imagen de los partidos. El mismo día la Mesa Directiva de la Comisión de Energía, integrada por Francisco Labastida (PRI), Graco Ramírez (PRD) y Rubén Camarillo (PAN), acuerdan un debate nacional sobre la reforma energética de 72 días: del 12 de mayo al 22 julio, con 20 foros y 14 temas y transmisión satelital del canal del Congreso. El acuerdo se distribuye a cada uno de los 15 integrantes de esa comisión y el único que se niega a firmarlo es Dante Delgado Rannauro de Convergencia. El senador priísta Manlio Fabio Beltrones considera que ese día se pondrá a consideración de la Junta de Coordinación Política del Senado y prácticamente, por el grado de consenso que alcanzó, sería aprobado en sus términos.<br /><br />El senador Ricardo Monreal, vicecoordinador de la bancada perredista y representante del Frente Amplio Progresista, una vez que se entera de lo sucedido en la Comisión de Energía, comenta que es “cuestión de horas” la desocupación de las tribunas del Congreso del Unión. Después precisa que esa decisión la tomaron los seis coordinadores parlamentarios del FAP, pero que sin duda se trata de un avance que evitaría la aprobación apresurada de la reforma energética y que podría llevar a la liberación de las tribunas legislativas este mismo día. Antes de arrancar el debate nacional acudirían al Senado la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para abundar sobre los fundamentos que sustentan las iniciativas del Ejecutivo federal.<br /><br />Del 12 de mayo al 22 de julio se realizarían 20 foros y el primero de ellos estaría dedicado a la participación de los representantes de los partidos. Se haría un llamado a las instituciones de educación superior para que envíen a sus expertos en materia energética. El canal de televisión del Congreso pasará por satélite su señal para que el debate pueda ser transmitido en todo el país. Tras una larga reunión entre los coordinadores parlamentarios panistas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el líder del PAN, Germán Martínez, dejaron en claro que la iniciativa energética no será retirada y buscarán construir la mayoría necesaria para dictaminar y eventualmente votarla y aprobarla.<br /><br />El día 23 el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados concluye que la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo es inconstitucional y tiene tintes privatizadores. El análisis advierte que de aprobarse las reformas se legalizaría la participación de capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, lo que resultaría una “franca transgresión” al mandato constitucional. Afirma que los últimos gobiernos han convertido a la industria petrolera en una “vasta área de negocios del sector privado”, ya que han invadido áreas medulares de la explotación petrolera mediante contratos de servicios múltiples o integrales. Por su parte, el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, llega a San Lázaro y pide a los legisladores “arriesgar” y “aportar” de manera inteligente en la capacitación y desarrollo de Pemex, a fin de ganarle tiempo al futuro. Niega que la iniciativa sea privatizadora. Pide no hacer aseveraciones falsas de la iniciativa del Ejecutivo, en cuanto alianzas ya que sólo se irá a aguas profundas, “lo hemos dicho, de aquí al 2025 se tiene que ir por todas las cuencas y todos aquellos recursos, sin contemplar donde se encuentren”. Afirma que Pemex no es sólo el proveedor de energéticos, sino uno de los grandes motores de desarrollo y generadores de riqueza para México, de ahí que un nuevo diseño y una nueva arquitectura institucional en el sector energético son fundamentales.<br /><br />El PRD, en voz de Carlos Navarrete, reprocha, sin citarlos por su nombre ni identificarlos, a Dante Delgado de Convergencia y a Alejandro González Yáñez del PT, por descalificar las negociaciones del perredista Graco Ramírez en la Comisión de Energía sobre el programa y calendario del debate en materia petrolera. Solicita a los aliados del FAP respeto al trabajo de los perredistas, “porque no tenemos que pedirle permiso a ningún otro partido para tomar nuestras decisiones”. Por la noche Navarrete le dice a López Obrador que el Senado es “una jaula de locos”, “luego Ricardo (Monreal) sale, imprudentemente, a anunciar: ‘¡Ya nos vamos!’. En el pequeño salón del cuarto de guerra, atestiguaban la escena Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Dante Delgado Rannauro y Alejandro Chanona. Navarrete afirma abiertamente al ex candidato presidencial y a Delgado: “Yo sí creo en la vía parlamentaria”, no creo que el debate político sea “una pérdida de tiempo, no creo que podamos transformar al país así. Debatamos”.<br /><br />Enfrascados en la discusión por la propuesta para debatir 72 días presentada por el PAN y PRI, López Obrador responde: “Yo no puedo dar pasos en falso por este asunto”. A lo que Navarrete le contesta: “Lo respeto y lo admiro, pero dime cuándo”. “Yo mañana les digo…”, respondía con voz tranquila López Obrador. “Lo que quieras, repito, pero dime: el 30 de abril o el 15 de mayo, tu dime cuándo (…) para seguir con el esfuerzo de negociación”, insistía Navarrete, “pero se agradecería que nos dijeras. Si no hay acuerdo, vámonos”. “Es que esto, para mí, es una vacilada, no sé si me explico. Lo importante es que ganamos en tiempo, pero lo ganamos no por la negociación, lo ganamos porque tomamos la tribuna, no sé si me explico”. “Entonces esto nos va a llevar a que tengamos tiempo para que, con el movimiento en la calle y con la fuerza de la opinión pública vayamos por buen camino”, le dijo López Obrador.<br /><br />El 25 de abril finalmente los legisladores del FAP desalojan las tribunas de las cámaras de Diputados y de Senadores, la ocupación duró 16 días, luego de llegar a un acuerdo para iniciar el debate sobre la reforma energética el próximo 13 de mayo. Sin embargo, las dos semanas que duraron atrincherados fueron aprovechadas por PAN y PRI para aprobar, en sedes alternas, 14 reformas de ley. De los 14 dictámenes, por los menos seis no pasaron ni siquiera por el escrutinio de las comisiones de trabajo. Uno de los acuerdos afectó directamente al PRD, con 252 votos se eliminó la cláusula de gobernabilidad en el Distrito Federal, se evitará que un partido concentre la mayoría absoluta en la capital del país, condición en la que actualmente se encuentra el PRD en la Asamblea Legislativa. Además, se permitirá la salida escalonada de magistrados electorales, y su elección ya no podrá ser por designación, sino por convocatoria. Otro de los dictámenes aprobados fue el de la Ley de Adquisiciones, a la cual se oponía el FAP.<br /><br />El día 26 nuevamente el presidente Calderón insiste en que “a pesar de la adversidad” se han construido acuerdos. “Hoy estamos construyendo acuerdos y consensos en un México de gobierno sin mayorías parlamentarias; un México donde quienes se han empeñado en destruir la vida institucional del país han fracasado una y otra y otra vez; fracasaron ahora y fracasarán nuevamente”. Durante la asamblea nacional extraordinaria de Acción Nacional, el Presidente señala que los frutos de dicha iniciativa serán más visibles dentro de muchos años, pero al PAN le debe quedar claro que está transformando a México. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, celebra que se hayan liberado las tribunas del Congreso y confía en que esta situación no se dé nuevamente, pues ya existe un compromiso firmado por todas las fracciones.<br /><br />El 28 de abril Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirma que no se puede obligar a nadie a debatir, pero tampoco se puede permitir que el debate se anule por razones políticas. Argumenta que más que reforma energética lo que detuvieron fue el trabajo diario en la sede del Legislativo, “evidenciando al mismo tiempo su autoritarismo y cerrazón”. Afortunadamente esta vez la respuesta del resto de los legisladores estuvo a la altura de las circunstancias. Finalmente, sugiere reducir el número de parlamentarios en ambas cámaras, así como permitir la reelección de los legisladores para agilizar los trabajos legislativos.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />La presión que ejerció el Frente Amplio Progresista (FAP), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la toma de la tribuna del Congreso de la Unión logro flexibilizar la postura de los diferentes grupos parlamentarios (en especial del PAN y el PRI) y consiguió ampliar el tiempo de duración del debate nacional sobre la reforma energética de 50 a 71 días. También es importante mencionar que la postura tanto del presidente Felipe Calderón como de su secretaria de energía, Georgina Kessel, una vez que se polarizaron las posturas a favor y en contra de la reforma fue tender puentes de entendimiento con los grupos parlamentarios para avanzar en este tema. Sin duda es criticable que cualquier agrupación política, en este caso el FAP, atente contra uno de los fundamentos de la democracia, es decir, la discusión argumentada en el Congreso entre las diferentes posturas ideológicas sobre el tema energético y utilice para ello la fuerza física de sus representantes y no sus capacidades intelectuales.<br /><br />Sobre todo porque si esta actitud de sabotaje la asume cualquier otro partido político y se convierte en la regla cada vez que no esté de acuerdo o al menos crea que de algún modo las decisiones adoptadas le afectan, entonces la toma de decisiones en el sistema presidencial mexicano tendera irremediablemente al desacuerdo permanente y a su parálisis. Además estamos apenas en el inicio de la discusión, en el formato de la discusión, todavía falta discutir el contenido de la reforma que será mucho más difícil de acordar y el FAP ya amenazó con volver a ocupar el recinto legislativo si lo dejan fuera del acuerdo.<br /><br />El mayor costo político de la toma del Congreso lo están pagando tanto Andrés Manuel como el FAP (en particular el PRD), la estrategia de sabotaje únicamente ha servido para dilapidar el capital político adquirido en las elecciones federales del 2006. Las últimas encuestas de Mitofsky y El Universal sobre la preferencia electoral señalan la caída del PRD a un tercer lugar (después de haber ocupado el segundo) y las elecciones federales intermedias del 2009 se encuentran a la vuelta de la esquina. Si la tendencia se mantiene el PRD perderá posiciones en la Cámara de Diputados mientras que los mayores beneficiados de esta situación serán el PAN y el PRI. Seguramente esta problemática fue observada por los diputados y senadores de Nueva Izquierda, quienes saben que las posiciones ganadas están a punto de perderse y decidieron desocupar el recinto e iniciar el trabajo legislativo. Posición contraria a la de sus compañeros legisladores afines a López Obrador, quienes están convencidos de las bondades del uso de la fuerza física y la invasión de los espacios públicos para impedir la deliberación política.<br /><br />En este sentido, el FAP empieza a mostrar signos de división interna, adicionalmente está discusión se está contaminando con la indefinición poselectoral dentro del PRD que hasta el momento no ha ungido a un nuevo dirigente nacional. Sin embargo, también es poco viable que en un tema de suma trascendencia tanto el presidente Calderón como su partido (el PAN) pretendan imponer su mayoría en el Congreso de la Unión y busquen sólo los votos necesarios en el PRI para sacar adelante dicha reforma. Bajo esta perspectiva se cumpliría con la legalidad o la forma de aprobar leyes, pero carecería de la legitimidad necesaria para su aplicación porque dejaría fuera las propuestas de la oposición, en especial del FAP.<br /><br />Quizás la mejor forma de proceder en este caso sería que el Gobierno federal con la ayuda del PAN traten de construir el consenso más amplio posible entre las diferentes posturas ideológicas presentes en la sociedad mexicana, o sea, empezar por lograr acuerdos mínimos entre los ocho grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y después buscar lo mismo con las diferentes agrupaciones empresariales y de la sociedad civil; de lo contrario es poco probable que se pueda avanzar en esta reforma.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Es probable que el presidente Felipe Calderón y el PAN tiendan puentes de entendimiento con los diferentes grupos parlamentarios para avanzar en el tema energético y parece que intentarán construir el consenso más amplio posible sobre la reforma energética. En tanto el Frente Amplio Progresista seguirá en pie de lucha, con una fuerte división interna, pero con la intención de retomar el Congreso de la Unión si dejan fuera sus propuestas del acuerdo final.<br /><br /></span></div>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-56732824560349150892008-05-13T12:18:00.000-07:002008-05-21T11:04:29.760-07:00Iniciativa de reforma petrolera<div align="justify">La ocupación de las tribunas del Congreso por representantes del FAP hace evidente la complejidad del juego político en torno a la reforma energética, en el que cada actor sólo puede ganar lo que más le interesa si a cambio pierde algo importante también, en este escenario el PRI tiene condiciones más favorables que los otros. El debate planteado como salida a la ocupación es una necesidad de todo el sistema político, pero requerirá de participaciones imparciales, porque lo que se está poniendo en duda es la sinceridad de todos los actores.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />Esta quincena comienza con críticas al diagnóstico de la industria petrolera en el país que presentaron la quincena anterior la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes-Heroles, por parte de diputados y senadores de distintos partidos, sobre todo del PRI. Éstas se centran en las implicaciones que tendría la estimación de las reservas de crudo y ponen en duda la urgencia de iniciar exploraciones en suelos profundos del Golfo de México. Entre otros puntos que señalan, destaca la ausencia de un análisis sobre el déficit en la capacidad de la empresa paraestatal para refinar gasolina. Dan peso, también, al reclamo anterior de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano (CCS) que pedía al gobierno una propuesta de reforma que acompañara al diagnóstico, con el fin de iniciar la discusión sobre asuntos determinados.<br /><br />Casi al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anuncia que las brigadas que ha estado organizando el Frente Amplio Progresista (FAP) se encuentran listas para iniciar “la resistencia civil pacífica” contra “la privatización de Pemex”. Claudia Sheinbaum, principal encargada de la movilización, da a conocer que se han planeado medidas diversas, entre las que se encontrarían bloquear los accesos a las cámaras de diputados y senadores e impedir el funcionamiento de aeropuertos.<br /><br />Paralelamente, se discuten en páginas interiores de algunos periódicos los resultados de distintas encuestas sobre la posible reforma. El tema de la controversia principal es la interpretación de respuestas a preguntas parecidas, pero con redacciones que ponen el acento en diferentes supuestos. Quizá la más citada sea la de ISA levantada a mediados de febrero, en la que 61% dice estar de acuerdo “con que se permita legalmente la participación privada junto con Pemex en la explotación de las reservas”, si antes se le había informado que la paraestatal no podría hacerlo sola en aguas profundas del Golfo y, entonces, Estados Unidos sería el único que extraería el petróleo allí, proporción que contrasta con la de 50% que respondió afirmativamente si no había recibido esa información -el desacuerdo fue de 24% y 34%, respectivamente-. Al preguntar sobre la particpación en la exploración, los porcentajes de aprobación fueron mayores.<br /><br />El martes 8, Kessel entrega al Congreso una iniciativa que comprende cambios acerca de cuatro puntos para otorgar mayor autonomía de gestión a Pemex: <span style="font-style: italic;">1)</span> ampliar su Consejo de Administración, constituido hasta ahora por seis representantes del Gobierno y cinco del sindicato, incluyendo cuatro consejeros profesionales, dos de ellos independientes; <span style="font-style: italic;">2)</span> dotarlo de un Comité de Transparencia y Auditoría; <span style="font-style: italic;">3)</span> conferirle autoridad para determinar su organización y crear organismos subsidiarios; <span style="font-style: italic;">4)</span> otorgarle mayor libertad para hacer adecuaciones a su presupuesto, utilizar sus excedentes y contratar deuda. También incluye la creación de bonos de deuda, como mecanismo para que los ciudadanos puedan invertir en la industria petrolera. Asimismo, plantea adecuar a las nuevas condiciones los procedimientos para que Pemex o sus subsidiarias contraten servicios privados. Además, propone que se permita la inversión privada en la construcción y operación de nuevas refinerías, conservando el estado la propiedad del petróleo y sus derivados.<br /><br />Al día siguiente, AMLO afirma que la iniciativa es un claro intento de “privatizar la renta petrolera”. En contraste, varios congresistas del PRI, incluyendo a Manlio Beltrones, ofrecen indicios de que apoyarán los planteamientos básicos de la reforma, aunque dejan abierta la posibilidad de presentar una nueva propuesta que “mejore” la del Gobierno, además de declarar que un número de sus compañeros podría oponerse a la participación privada en la refinación de petróleo. En aparente alusión a este asunto, CCS considera que la iniciativa es “entreguista”; el PAN dice que la defenderá y se opondrá a que la decisión al respecto se tome en la calle, en lugar de en el Congreso; Senadores de distintos partidos critican los métodos de rechazo de AMLO y proponen que él participe en el debate sobre la iniciativa.<br /><br />Algunos editorialistas que analizan la iniciativa, como J. Silva-Herzog Márquez, juzgan que la propuesta del Gobierno tiene en realidad poco alcance, pero consideran que es realista y, por esta razón, su opinión finalmente es favorable. Para otros, como Lorenzo Meyer, la iniciativa es una manera de revertir la expropiación del petróleo por Lázaro Cárdenas, que tuviera lugar hace 70 años.<br /><br />El jueves 10, las brigadas de Sheinbaum bloquean parcialmente el acceso a las cámaras y dificultan la circulación en las áreas aledañas. Al mismo tiempo, senadores y diputados del FAP ocupan las tribunas de las cámaras para impedir su funcionamiento, acciones que son denominadas como “tomas” o como “clausuras”. Éstas reciben gran atención de los medios y son criticadas por la mayoría de los comentaristas y analistas que tratan el tema. Además, dos figuras de la oposición a AMLO dentro del PRD, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, consideran que beneficiarán al presidente Calderón. Por otra parte, tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores, inician sesiones en espacios distintos a sus salones de pleno donde se encuentran las tribunas ocupadas.<br /><br />En los siguientes dias, se difunden varias encuestas que registran un aumento en la opinión favorable acerca de la reforma, como una nueva de ISA, al igual que una desaprobación de las tomas; y, en el informe de una de esas encuestas, María de las Heras concluye que, tanto quienes concuerdan con las posiciones de AMLO, como quienes están en su contra, le piden que discuta, más que bloquear. Él, por su parte, logra incrementar la movilización y declara que “se frenó el albazo”. Agrega que el FAP no planearía presentar un diferendo ante la Suprema Corte por la reforma, porque no confía en su imparcialidad, sino que buscaría impedir su aprobación por el Congreso.<br /><br />En los últimos días de la quincena, se difunden noticias que sugieren que se llevan a cabo negociaciones entre las fracciones de los distintos partidos y dentro de ellos para acordar un debate con amplia participación de expertos y líderes de opinión, que podría estar organizado por la Comisión de Concertación Política del Senado o, más probablemente, por la Comisión de Energía de la misma Cámara, que ya se encontraba preparando foros de consulta sobre la materia, ambas presididas por priistas (Beltrones y Labastida). </span><span class="fullpost">Queda claro,</span><span class="fullpost"> en declaraciones públicas de varios actores, que uno de los asuntos en disputa es el de la duración de ese debate, y parece que lo que unos buscarían y otros evitarían es que se empalme con el informe presidencial.<br /><br />En un segundo plano queda una noticia que, al surgir, tiene el tratamiento de las que parecen muy importantes. Se refiere a una entrevista que hace el periodista Carlos Loret de Mola a López Obrador, en la que, según varios comentaristas, como Raúl Trejo, el ex-candidato presidencial no puede responder a cuestionamientos que muestran su posición actual como inconsistente con la línea que propuso en su campaña electoral. </span></div><span class="fullpost"><div align="justify"><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />La disputa política en torno a la reforma petrolera ha adquirido, en parte, un carácter similar al de una contienda electoral, en la que se disputa sobre todo la jerarquía de los temas que tratan los actores, es decir, la atención que se les confiere, o la importancia que se les atribuye. En este tipo de disputa, es trascendente quién se asocia con cuáles temas, más que los contenidos específicos de sus planteamientos, porque el público general no sigue en detalle lo que argumenta cada quien, sino que se interesa principalmente en saber de qué hablan. Finalmente, para la mayoría de los votantes cuenta mucho que un candidato se preocupe más que otro de un tema que para ellos a llegado ha ser central, y cuenta poco quién de los dos tiene más razón en lo que dice. Por eso, fuera de los debates organizados ex-profeso, cada candidato trata de hablar de “sus” temas y darles imortancia, al mismo tiempo que evita en lo posible referirse a los temas de los otros, para no darles importancia.<br /><br />Aquí, para la mayor parte de la población parece quedar en primer lugar la reforma misma, la idea de que es necesario hacer algo. A ello han contribuido todos, quienes apoyan la iniciativa del gobierno y quienes están en contra de ella. Cabe suponer que esta es la lectura del equipo del Presidente, que en los meses anteriores se dedicó precisamente a promover la valoración de la reforma como necesaria, y que al separar el diagnóstico de la iniciativa subrayó que ahora hay que discutir qué hacer. Ésta sería también la interpretación más plausible de las encuestas: mientras más se menciona la disputa en los medios acerca del tema, más importante es que haya una reforma, y más personas están de acuerdo con ella.<br /><br />En parte, la disputa es también por determinar cómo ha de percibirse la reforma en terminos generales, cuál será el carácter que se le atribuya. Se trata de establecer si se le llamará “privatización” o no. Esta oposición binaria permitirá a muchos tomar una posición sobre la iniciativa en su conjunto, después de ponderar sus elementos por separado, o inclusive sin considerarlos; es un mecanismo de resumen al que se recurrirá frente a la complejidad de la materia y por razones de economía cognoscitiva, como ocurre comunmente con ciertas oposiciones de ese tipo en las contiendas electorales y, sobre todo, en los movimientos sociales. Es precisamente esta disputa por el significado global lo que explica que haya aumentado la movilización de AMLO contra la reforma, aunque la mayoría de la población vea favorablemente que haya una reforma: los núcleos de las brigadas no sólo dan importancia al tema de la reforma, sino que aceptan la caracterización que plantea el líder.<br /><br />Ahora, como todos los actores que apoyan la reforma han asegurado que no se trata de una privatización y quienes están en contra afirman que sí, se abre la posibilidad de poner en duda la capacidad o la probidad de los contendientes. Todo indica que ése ha sido uno de los objetivos de López Obrador desde que decidió oponerse tajantemente a la reforma; parecería, por ejemplo, que haber acusado al secretario de Gobernación, J.C. Mouriño, de tráfico de influencias obedece a esa finalidad. En todo caso, por eso al principio la noticia sobre las contradicciones de López Obrador parecía ser de mayor trascendencia: cuestionaban su sinceridad.<br /><br />En este contexto, para los senadores que llaman a un debate se vuelve evidente la necesidad de recurrir a terceros que puedan contribuir a aclarar el caso y a resolver el diferendo. Ellos ven también que entre esos terceros debería haber algunos imparciales. Parecen también percibir que, si la participación en la discusión es amplia y plural, se reducirán los riesgos de que la “resistencia” de AMLO se torne violenta: se podrá entonces reclamar a quien intervenga o esté representado que respete las normas que permiten la intervención y la representación. Sin embargo, precisamente por el valor que reconocen en el debate, el FAP tendrá ocasión de negociar la desocupación de las tribunas a un precio alto, casi con el mismo peso que tendrían el PRI y el PAN si se sumaran, y con uno mayor que el de cualquiera de los dos por separado.<br /><br />Aquí hay otra especie de paradoja. Con el debate, el FAP tendrá espacio y atención para promover su caracterización de la reforma y también para intentar desacreditar a sus adversarios; pero, al mismo tiempo, se reducirá su posibilidad de tener la última palabra sobre la reforma, que es algo que ha buscado, convertirse en el principal agente en este terreno. Por eso ahora AMLO ataca a la Corte. Es posible que, con el debate, algunas de las disputas políticas se transformen en técnicas y jurídicas, y él preferiría que se quedaran en el terreno donde él puede influir más.<br /><br />Hay, entonces, un juego muy complejo en el que, en una ponderación puramente estratégica, los movimientos de cada actor implican ganancias y pérdidas. Por ejemplo, al ganar la definición de los términos en los que ha de caracterizarse la reforma, el FAP contribuye a dar valor al hecho de que haya una reforma. Al ocupar las tribunas y ganar peso en el diseño del debate, pierde imagen. Al ganar opciones de ampliar su base de apoyo, pierde posibilidades de determinar la decisión final.<br /><br />Análogamente, el Gobierno se hubiera expuesto menos a la crítica si sólo hubiera presentado el diagnóstico y las distintas fracciones parlamentarias hubieran elaborado conjuntamente la iniciativa de reforma, como lo hicieran en el caso de la reforma electoral. Pero, como no logró que la urgencia de la reforma los obligara a colaborar entre sí en esta etapa, se ha visto ahora en la necesidad de optar por posponer la reforma o presentar una propuesta que la inicie aunque, con ello, se exponga a la crítica.<br /><br />Cabe preguntarse, entonces, si en este juego incluir la contratación de refinerías en la iniciativa entregada al Congreso es parte de una estrategia, la de tener algo importante qué negociar, o si el Gobierno efectivamente considera que es la mejor manera de reducir la importación de gasolina en el corto plazo. Esta pregunta lleva a otra, porque esa inclusión amplía el frente de discusión. Probablemente, quienes ya estaban convencidos de que el carácter de la iniciativa es el de la privatización verán reforzados sus argumentos; pero el público más amplio podría juzgar que el gobierno está poniendo todas las cartas sobre la mesa, y ver esto favorablemente, aunque después, en la reforma que resulte del concurso de todos los partidos, no se acepte ningún tipo de participación en la refinación. ¿Alcanza el equipo de Calderón a visualizar los escenarios que se pueden abrir y multiplicar como en un juego de ajedrez, o de forma más simple, sabe que de cualquier manera algo perderá y algo ganará?<br /><br />Para el PRI tal vez el balance de sus opciones sea menos difícil de estimar. En el ámbito de polarización de posiciones del FAP frente al Gobierno de Calderón, una posición intermedia será bien vista por muchos; y una propuesta de modificación a la propuesta gubernamental será vista como una corrección. Podrá aprovechar estas posibilidades, junto con la ventaja de presidir las comisiones clave del Senado para convertirse en el factor de decisión, tanto ahora cuando se defina la duración del debate, como posteriormente cuando se configure el texto que se someta a votación. Recuérdese que ya supo aprovechar tales tipos de condiciones en los casos de las reformas electoral y fiscal, y quedó como uno de los principales protagonistas, aunque compartió parte del crédito, sobre todo con la Secretaría de Hacienda, en un caso, y con el PRD y el PAN, en el otro.<br /><br />Desde el punto de vista del estudio de la democracia, éste es uno de los momentos más interesantes. Está en juego la posibilidad de reconocer de manera clara que en los procesos democráticos de decision se requiere la deliberación, no sólo porque ésta responde a los ideales democráticos de inclusión y libertad de pensamiento, sino también porque contribuye al funcionamiento del sistema político. Esa posibilidad es alta ahora, porque la ocupación de las tribunas parlamentarias, es decir, la cancelación de las condiciones mínimas para una deliberación amplia, hace visibles a los ojos de muchos las virtudes de la deliberación. Sin ella, las necesarias disputas por la jerarquía de los temas y por la caracterización sumaria de las propuestas conducen a confrontaciones que no se resuelven.<br /><br /></div><div align="justify"><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Es probable que se dé el debate amplio, porque todos tienen algo que ganar con esa “salida” a la ocupación de las tribunas; y con otras, alguno de los actores importantes perdería mucho. En tal caso, el rango de asuntos a discutir será grande, desde los significados de la palabra “privatizar” y la expresión “renta petrolera”, hasta el alcance jurídico de las leyes y los ordenamientos secundarios, pasando por precisiones geológicas y petroquímicas. Queda en duda, sin embargo, si las condiciones en que se dé el debate conducirán a profundizar la reflexión sobre las preguntas clave para relacionar la reforma con el diagnóstico, que empezaban a discutirse la quincena anterior y que por ahora quedan en espera, a saber: ¿Cuáles son las opciones reales para que PEMEX tenga acceso a la tecnología y al capital que requiere? ¿Hasta dónde es conveniente y deseable que se reserven al estado las actividades económicas que dependen de la extracción y la utilización del petróleo? Queda también por resolverse si esas condiciones harán que todos los actores queden obligados ante la ciudadanía a respetar las reglas de la democracia.<br /><br />De cualquier modo, es casi seguro que en los próximos meses haya una reforma en materia petrolera. El costo de mostrar incapaccidad de decidir sería muy grande para el sistema político en su conjunto; dado que aún no se traduce en imagen de eficiencia el haber logrado las últimas reformas, y que la percepción de que los partidos gastan mucho se ha incrementado, no habría argumentos que justificaran no hacer nada cuando todos coinciden en que el tema es muy importante.<br /><br /></div></span>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-22646697117453037032008-05-13T12:12:00.000-07:002008-05-21T10:46:47.887-07:00Renuncia del Comité Electoral del PRD<div align="justify">Las renuncias de A. Núñez y E. Cancino al Comité Técnico Electoral del partido, CTE, reflejan una debilidad en el marco institucional del partido: la estructura de sus órganos y la definición de sus procesos electorales implican la injerencia de la política en asuntos técnicos y legales.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />Después de dos semanas de haberse llevado a cabo la votación para elegir al presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el proceso de cómputo global de los votos continúa estancado. Por tal razón, a principios de esta quincena el actual presidente del partido, Leonel Cota, y el presidente de la Comisión Técnica Electoral del mismo (CTE) Arturo Núñez, declaran que no hay certidumbre de que el proceso termine en el plazo previsto, por lo que, al terminar el periodo presente, puede ser necesario nombrar un presidente interino.<br /><br />Se da a conocer que, en el cómputo parcial, Alejandro Encinas aventaja a Jesús Ortega y que estos dos candidatos se encuentran muy adelante de los otros. Trasciende que el grupo del primero ha planteado que el cómputo no debe incluir los resultados de varios estados, y para sostener esa posición ha argumentado que allí las irregularidades fueron muy grandes. El grupo de Ortega declara que sí deben incluirse esos resultados y que, al hacerlo, resultará vencedor su candidato. Además presenta una demanda a los órganos internos del partido y otra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se reanude y concluya el cómputo.<br /><br />A. Núñez anuncia en dos ocasiones que se está obstaculizando el proceso y posteriormente, el miércoles 9, declara que no aceptará presiones para proceder de manera distinta a lo que marcan las normas del partido y que dejará la CTE. Después de ello, se filtra que L. Cota y los integrantes de la Comisión de Garantías del partido (CG) hablan con Núñez y lo convencen de que espere, además de ofrecerle que buscarán mediar entre las partes en conflicto para proporcionar a la CTE condiciones para que pueda continuar su tarea.<br /><br />Casi una semana después, el martes 15, en una entrevista, Núñez dice que la presidenta de la CG, Ernestina Godoy, pretende alargar el conflicto, para agotar los tiempos en que los candidatos puedan recurrir legalmente al TEPJF. Al día siguiente, el 16, Núñez y otro integrante del CTE, Edmundo Cancino, renuncian a sus cargos. Declaran que han tomado la decisión para “facilitar a otras instancia partidistas encontrar la solución adecuada a la crisis post electoral del PRD”, aunque también afirman que los procedimientos para concluir el cómputo están agotados.<br /><br />En cartas enviadas a L. Cota y al presidente del Consejo Nacional del partido, Camilo Valenzuela, Núñez expresa que la CG no ha asumido su responsabilidad de interpretar la normatividad electoral del partido y ha “generado más confusión”. Asimismo, en una entrevista dice: “Que vean el reglamento y me digan dónde habla de dos cómputos... Si Garantías me ordena que aplique el reglamento, ya no hay casillas atípicas, no hay casillas no instaladas, ya no hay casillas con más votos, solamente las que dice el reglamento y no me van a enviar a los delegados encinistas.”<br /><br />Al enterarse, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, opina que Cota se ha “apejado”, lo que algunos periodistas interpretan, por referencia a formas de decidir que atribuyen a López Obrador, como un reclamo al presidente por intentar excluir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que tendrá que avalar la decisión que tome el CTE.<br /><br />Cuando los periodistas interrogan a Cota sobre el asunto, él responde: “El CEN es una caja de resonancia de los dos candidatos”. Entonces, le preguntan si él puede actuar y tomar decisiones solo, para buscar la conclusion del proceso electoral. A ello, él contesta: “Sí, el estatuto me faculta”.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />En cualquier elección es probable que algún candidato denuncie irregularidades, si considera que de ser corregidas podrán modificarse los resultados en su favor. Es posible también, aunque no ocurre con mucha fecuencia, que las denuncie quien no prevea que tengan un resultado significativo en los resultados, si piensa que ayudará posteriormente a su causa poner en duda la limpieza de sus adversarios. En las condiciones en que normalmente se desarrollan muchas elecciones, las denuncias, ya sea que obedezcan a la primera o a la segunda de esas motivaciones, ocurren inclusive cuando se basan en supuestos inciertos; los actores no pueden esperar a tener evidencias y argumentos contundentes, porque los plazos para presentar inconformidades son cortos -y deben serlo-. Desafortunadamente, no puede entonces descartarse que uno de los contendientes haga acusaciones difamatorias, es decir, sabiendo que son falsas.<br /><br />En atención a lo anterior, las reglas electorales establecen procedimientos y criterios para resolver las impuganciones. Así, generalmente ellas determinan que un órgano encargado exclusivamente de ello pronunciará el último fallo, y definen esta decisión como expresamente como inapelable -o “inatacable”- como es el caso en la legislación electoral federal de nuestro país. Hay dos razones de fondo para que la reglamentación tienda a tener estas características. La primera es que la motivación social para instaurar un orden de derecho, en el ámbito electoral, como en cualquier otro, es la necesidad de certeza procedimental. La segunda es que, para ser legítima la decisión, el órgano calificador debe ser imparcial, o acercarse a la imparcialidad lo más posible.<br /><br />En consecuencia, cuando distintos candidatos deciden presentar demandas, lo hacen de manera similar y ante los mismos órganos, según corresponda en la etapa del proceso en que las presenten. Y, una vez agotados los recursos que permite el marco reglamentario, casi siempre acatan el resultado y declaran que lo aceptan, aún si les es adverso. Ocurre de tal manera porque, cuando el orden de derecho se ha consolidado, los votantes y, de forma más general, los militantes del partido, o los ciudadanos, en el caso de elecciones de gobernantes, retiran su apoyo a quien rechace el fallo: refrendan los procedimientos que los constituyen como partido, o como comunidad política.<br /><br />La renuncia de Núñez y Cancino a la CTE significa que, para ellos, el PRD carece de formas para resolver la controversia actual. Todo indica que para los candidatos tampoco hay una manera de concluir el diferendo, pues han denunciado ante distintos órganos del partido anomalías similares en las mismas etapas del proceso: la citada CTE, la Comisión de Garantías, el CEN, la Secretaría General y la Presidencia del partido. Aunado a ello, la actuación de dichos órganos ha distado de ser la que se esperaría de entidades imparciales en un proceso electoral; por ejemplo, sus integrantes han hecho afirmaciones acerca de los atributos personales o las orientaciones políticas de los candidatos, como si pretendieran apoyarlos o hacer campaña en su contra, en lugar de restringirse a evaluar sus acusaciones.<br /><br />La falta de procedimientos internos –o, al menos, la falta de procedimientos internos suficientemente acreditados para una proporción suficiente de los perredistas– queda subrayada al recurrir uno de los candidatos a un órgano del estado, externo al partido, el TEPJF. Es menester, entonces, enfocar el análisis en la lógica del conteo de votos y en la naturaleza de los órganos del partido, y preguntarse dónde radica su insuficiencia, que ha conducido a la incertidumbre actual y proyecta un posible déficit de legitimidad sobre quien finalmente resulte triunfador.<br /><br />Empecemos por el segundo punto, porque ello facilitará la exposición. Los órganos que intervienen han sido integrados en primer lugar en función de su filiación a los grupos que integran el PRD, las llamadas “tribus”, y por las maneras en que han sido nombrados, deben responder sobre todo a los mismos grupos, y no a la membresía del partido en su conjunto. Ello ha sido funcional a la toma de decisiones en el partido en ciertos momentos importantes, cuando los órganos han tenido que abocarse a negociaciones políticas; pero ha impedido resolver el conflicto electoral actual, pues los integrantes de los órganos han de rendir cuentas en referencia a la defensa de los intereses de los grupos, antes que en función de la calidad técnica de la eleccion o de la validez normativa de sus propios actos. Esto se vuelve evidente si uno repara que cada uno de los principales candidatos ha buscado que intervengan más los órganos donde su grupo tiene más presencia: Encinas, la Comisión de Garantías y la Presidencia del Partido; Ortega, el CEN y la Secretaría General.<br /><br />La propia Comisión Técnica Electoral ha tenido también una composición contraria a la toma de decisiones técnicas e imparciales. Uno de sus dos principales integrantes se ha inclinado por uno de los dos candidatos con posibilidades de ganar; el otro, por el segundo contendiente real. Además, las áreas clave para el trabajo de esa comisión han estado encabezadas por representantes de alguna de las dos corrientes en pugna. Como consecuencia, los candidatos han presentado demandas a la Comisión cuando han previsto que serían consideradas en una primera instancia por un área que les sea desfavorable, pero muchas veces han preferido presentarlas a los otros órganos.<br /><br />Vayamos ahora al primer punto. La CTE debe sumar los resultados que están consignados en las actas de las casillas que ha recibido de todo el país, y registrar las impugnaciones que puedan presentar los candidatos con base en sus copias de las actas o en denuncias de hechos irregulares durante la votación, que les hayan hecho llegar sus representantes en las casillas. Asimismo, debe solicitar a los otros órganos del partido, sobre todo a la CG, lineamientos para abrir paquetes electorales y corregir inconsistencias o, en su caso, anular la votacion de alguna casilla. Es decir, no tiene facultades para ir resolviendo todas las posibles demandas de los contendientes. Pero la CG debe esperar a que termine el cómputo global y que le sea entregada toda la documentación de la jornada electoral y de las demandas, antes de indicar a la CTE como proceder con respecto a las impugnaciones y las anomalías que se pudieran haber detectado.<br /><br />Lo que ocurre ahora es que la CTE se ve sujeta a presiones de los equipos de los candidatos, sobre todo del de A. Encinas, para que resuelva impugnaciones antes de concluir el cómputo y entregar la documentación completa a la CG. Además se le ha pedido que presente resultados de manera que les permitan declararse ganadores, aunque, si la CG determina que deban corregirse o anularse votaciones de casillas, entonces los resultados pudieran cambiar. Aunado a todo ello, la CTE deberá entregar el acta del cómputo global al CEN, el cual, en su caso, declarará válidos la elección y los resultados, es decir, éste órgano tiene las funciones que corresponden a la calificación última del proceso; sin embargo, una vez declarada la validez, los candidatos podrían impugnar todavía el acta ante la CG, y ésta pedir al CEN que reconsidere su decisión. No queda claro, entonces, si es plenamente el órgano calificador.<br /><br />Por el grado de incertidumbre institucional, algunos de los principales actores del PRD, incluída la propia CTE, han considerado en varios momentos que se requiere de acuerdos políticos entre las partes durante el proceso electoral mismo, y no antes o después, como ocurre normalmente en otras elecciones. Han buscado propiciarlos y han solicitado que los otros órganos contribuyeran, sobre todo la Presidencia del partido. Pero estas iniciativas resultaron contraproducentes: confundieron aún más la ruta para llegar a la decisión e introdujeron nuevas sospechas sobre la imparcialidad del proceso. En este contexto, Núñez y Cancino consideran que su encomienda es imposible.<br /><br />La situación es delicada para la democracia. Si el principal partido de izquierda no está propiamente constituido, la ciudadanía no podrá contar realmente con las opciones que debería ofrecerle el sistema de partidos. Además, se debilita la imagen del sistema político en su conjunto, es decir, el sistema de la sociedad encargado de tomar las decisiones trascendentes para el estado, puesto que en México los partidos son entidades de interés público y su actividad es sufragada con fondos públicos. Recuérdese que, en virtud de tales consideraciones, los tribunales han determinado que los partidos políticos deben conducir su vida interna de acuerdo con normas democráticas.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Para el PRD es deseable que se haga una pausa en la confrontación política, se reconstituyan sus órganos y se les confiera el espacio para resolver la elección con criterios técnicos y con el mayor apego posible a su legalidad interna. Pero, si se considera que hay una insuficiencia estructural en sus marcos, es casi imposible que ello suceda; con gran seguridad, el desenlace dependerá de intervenciones del TEPJF.<br /><br />Para la izquierda y para el sistema político en general, es deseaable que, después de la elección haya un pacto político entre los principales grupos del PRD, para reformar al partido y dotarlo (entre otros marcos procedimentales) de una reglamentación interna que deje fuera de los procesos electorales a los órganos políticos, como la Presidencia o el CEN. Ésa es, después de todo, una de las funciones principales de la política: despolitizar los procesos técnicos y legales. Pero, si se hacen inferencias a partir del comportamiento de los grupos y los caudillos del partido, si se toma en cuenta que la legitimidad del vencedor estará cuestionada desde el inicio y, sobre todo, si se observa que para los militantes el partido se habrá vuelto más incierto, es poco probable que se pueda convocar con éxito a ese pacto en un plazo corto o mediano.<br /><br />En tales condiciones, es muy probable que el PRD llegue a las elecciones de 2009 sin suficiente cohesión para lograr una votación comparable a las últimas que ha tenido. En tal caso, se reducirán los recursos que reciba del estado, y aumentarán las razones que han alimentado los rumores de una posible escisión, sobre todo si el ganador es finalmente Ortega. Entonces, los perdedores podrían verse tentados a separarse y formar un nuevo partido en torno al FAP.<br /><br /></span></div>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-90427082102616318532008-04-09T12:07:00.000-07:002008-04-26T21:29:01.379-07:00Debate en torno a la reforma energética<div align="justify">La disputa en torno a la reforma energética se perfila complicada, vista desde tres planos: el técnico, el político y el comunicativo. Una evaluación preliminar de conjunto pone en situación difícil al Gobierno federal y con una ventaja relativa a sus opositores, particularmente al excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El día 25 de marzo, en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador da a conocer que tiene listo prácticamente un “ejército” -en principio integrado por 56 agrupamientos con 28 mil brigadistas hombres y mujeres- para la resistencia civil pacífica, que entrará en acción una vez que se presente la reforma energética en el Congreso.<br /><br />Dos días después, el senador Manlio Fabio Beltrones da a conocer la postura de los legisladores priistas. Critica la indefinición y los titubeos del Presidente de la República en torno al envío de su propia iniciativa de reforma. Asimismo, señala que los priistas rechazarán cualquier intento de privatizar el petróleo y de ser colaboracionistas con el gobierno panista.<br /><br />El día 28, el presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, dice que establecerán contactos con la dirigencia nacional del PRI y del Partido Alternativa Socialdemócrata para establecer un “frente común”: “no habrá alianza, no hay en la dimensión del partido ninguna alianza; es una coincidencia y, desde luego, en esa perspectiva la posibilidad de estar juntos en las instancias del Congreso para no dejar pasar la iniciativa de privatización”.<br /><br />Dos días después (el 30), la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles presentan a los medios de comunicación el documento “Diagnóstico: situación de Pemex”. En dicho documento se diagnostica en crisis a la empresa. La secretaria considera que “habrá una iniciativa en la medida que logremos tener un mínimo consenso con respecto al paquete de soluciones que se pueda dar para fortalecer a Petróleos Mexicanos”. Al día siguiente, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel indica que la iniciativa de reforma energética no la va enviar el presidente Felipe Calderón, sino los legisladores del PAN; la iniciativa se hará a partir del diagnóstico realizado por la Secretaría de Energía.<br /><br />El 1 de abril, el Frente Amplio Progresista (FAP) considera incompleto el diagnóstico y propone iniciar un debate nacional sobre el tema. En este sentido coincide el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien considera que los políticos ya hablaron demasiado y que ahora es tiempo de que el debate se deje a técnicos y científicos. Asimismo, critica al Presidente por eludir la responsabilidad de enviar al Congreso su iniciativa y dejar que los legisladores del PAN se hagan cargo.<br /><br />Al siguiente día, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles se reúnen con los legisladores priistas para escuchar observaciones. Los legisladores critican el diagnostico que hicieron sobre Pemex; el senador Carlos Rojas Gutiérrez apunta que: “El estudio confirma una visión catastrofista para la actividad petrolera; esto no nos sorprende, obedece a una vieja práctica de ahogar a las instituciones para luego desprestigiarlas, y luego tratar de solucionar el problema con propuestas como las que ahora nos dicen que hay que acompañar con inversión privada a Pemex. ¿Qué hicieron, qué le pasó a Pemex, cuando en el año 2000 era la empresa número seis del mundo y ahora es la undécima? ¿Qué hicieron con más de 45 mil millones de dólares de recursos de los excedentes petroleros? ¿Quién tomó esas decisiones?”.<br /><br />Finalmente, ante el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), el presidente Calderón dice: “frente a la tentación de eludir los problemas para evitar los costos políticos, mi gobierno ha optado claramente por enfrentar los problemas del país y resolverlos”. Claudio X. González, presidente de la CMHN señala, por su parte, que “es imprescindible” que a partir del diagnóstico de Pemex tanto el Legislativo como el Ejecutivo “se pongan de acuerdo y logren los cambios necesarios para que México cuente con una industria petrolera moderna, eficiente y capaz de desarrollarse competitivamente, y que ayude a acelerar el crecimiento del país”.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />El análisis de la reforma energética puede realizarse desde tres planos complementarios que permiten ver la dificultad de este tema en el debate nacional:<br /><br /><span style="font-style: italic;">A)</span> El diagnóstico gubernamental intenta cubrir la parte técnica del debate. Es decir, trata de poner en claro cuál es la situación de la industria petrolera nacional a partir de lo que se espera de ella en el futuro (máxime cuando se piensa que los ingresos provenientes de la venta del crudo representan una parte significativa de los recursos de los que dispone el Estado). No obstante, el problema del diagnóstico viene del origen de su elaboración. Si bien es deseable que el Gobierno federal recurra a los “expertos” para hacer una evaluación (punto de partida indispensable de cualquier política pública), corre el riesgo de ser poco creíble porque se piense que contiene un sesgo en la interpretación. Quizás la debilidad del documento presentado por la Secretaría de Energía sea que no delegó su hechura en alguna institución ajena a la disputa, lo cual le hubiera inyectado una buena dosis de legitimidad al proceso mismo de negociación (aunque también corría el riesgo de que las conclusiones obtenidas distaran de lo necesitado para plantear una iniciativa en particular).<br /><br /><span style="font-style: italic;">B)</span> Cualquier reforma energética se enfrenta a la factibilidad política; dicho en otros términos, a la posibilidad efectiva de que la reforma buscada por el Gobierno federal y su partido sea aprobada. No es nuevo el panorama adverso que enfrenta en el Legislativo una posible reforma: aunque las elecciones internas en el PRD hayan distraído la atención de la protesta contra los intentos “privatizadores” de la industria petrolera nacional, la línea de acción de ese partido desde 2006 permite suponer su oposición a cualquier cambio; ante esta postura, la única salida a mano es el voto del PRI, partido que ya ha hecho notar que no está dispuesto a ceder ante una iniciativa no presentada, de la que apenas se conocen indicios, mucho menos lo estará si cuando se presente, encuentran en ella señales de enajenación de los bienes públicos. No está de más recordar que ese partido tiene intereses muy fuertes en Petróleos Mexicanos, habida cuenta de que el sindicato de esta empresa tiene militancia probada en él. Así las cosas, la disputa en torno a la reforma energética parece seguir dos caminos encontrados hasta ahora: entre el Gobierno federal, PAN y PRI, la idea es lograr un rápido acuerdo aprovechando su representación mayoritaria; la postura de AMLO y el FAP, por oposición, será impulsar una discusión un poco más amplia con otros grupos sociales y con una duración mayor a fin de vetar cualquier “intento privatizador”.<br /><br /><span style="font-style: italic;">C)</span> Finalmente, un punto en contra de la posición gubernamental es la estrategia comunicativa. Primero, resulta casi imposible defender una postura propia cuando no se sabe qué postura es (no hay iniciativa todavía en el Congreso); segundo, en tanto hay un fuerte vacío en cuanto a lo que el Gobierno pretende, ha logrado concitar un rechazo inicial a dicha iniciativa ausente (que se supone “privatizadora”), rechazo que es de distinto calibre en el PRI y en el PRD; y tercero, como el debate está literalmente en el aire (es decir, no hay sobre qué debatir en el Legislativo), los ejes para la disputa los han puesto los opositores al presidente Calderón, siendo en ello muy exitosa la movilización emprendida por López Obrador. Cabe destacar que, a excepción de unos <em>spots</em> muy discutidos, el Gobierno no parece tener definida una campaña de promoción que trate de convencer a la muy dividida opinión pública (en buena medida, cabe insistir, porque no hay materia de discusión).<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />A diferencia de otras reformas, la que se anuncia este año se prevé muy complicada: el clima político y de opinión, así como la inacción gubernamental y los escándalos vinculados al tema (como el del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño) pronostican un camino arduo que puede llevar a la primera gran derrota del presidente Calderón, en una de las más importantes reformas que se haya propuesto para su mandato.<br /><br />Cabe decir que el avance de este intento de “veto” por parte de López Obrador se muestra como un episodio más del entrampamiento del avance democratizador en México por problemas que afectan la gobernabilidad; en ese sentido, la falta de acuerdos entre la elite política, en relación con este tema tan polémico, revela un problema más serio aún, referido al poco reconocimiento y aceptación de las reglas del juego democrático, de las instituciones y de sus funciones básicas como el único camino posible para la perdurabilidad de la democracia.<br /><br /></span></div>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-1005669002489233685.post-63465119508465211162008-04-09T12:05:00.001-07:002008-04-27T12:03:11.747-07:00Elección interna del PRD<div align="justify">Los recurrentes conflictos en que derivan las elecciones para renovar la dirigencia nacional en el PRD resaltan la ineficiencia de su mecanismo electoral para determinar un ganador claro, a la vez que acentúan las disputas entre los grupos políticos que lo integran. Puede ser una oportunidad para el partido para repensar la forma de elección así como el papel de los liderazgos informales.<br /><br /><span class="fullpost"><br /><em>Hechos</em><br /><br />El 20 de marzo se da a conocer que, durante el cómputo de los votos de la elección del PRD para elegir a su nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (celebrada el 16 de marzo), se detectó un comportamiento atípico en la votación en 8 estados (Tlaxcala, Tamaulipas, Durango, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Tabasco) lo cual, según el equipo de Alejandro Encinas, candidato de la corriente de Andrés Manuel López Obrador, le daría a Jesús Ortega, su contendiente, 100 mil votos. Por su parte, Alfonso Ramírez Cuellar, también candidato a la dirigencia nacional del PRD, demanda al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Técnico Electoral garantías de que el cómputo final concluirá de acuerdo con las normas del partido y hace un llamado a Jesús Ortega y Alejandro Encinas para que se abstengan de contabilizar las casillas no instaladas.<br /><br />El 21, Arturo Núñez, quien preside el Comité Técnico Electoral (CTE), declara que el PRD se encuentra en una profunda crisis, evidenciada por el proceso de elección interna y que, dadas las irregularidades, el resultado podría dirimirse en el TEPJF. Más tarde, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, acusa a Leonel Cota de dar un “golpe brutal” a la elección por difundir conteos rápidos con datos inconsistentes y haber ordenado detener el PREP, asimismo, critica a las encuestadoras Mitofsky e IMO. Por su parte, Alejandro Encinas se declara ganador en Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Colima, Coahuila y San Luis Potosí; y Jesús Ortega en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Durango.<br /><br />Ese mismo día, Cuauhtémoc Cárdenas publica una carta en la que pide “declarar la anulación de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 16. Es momento de asumir responsabilidades y no dudar en tomar decisiones: al Consejo Nacional corresponde designar a un presidente provisional y darle plenas facultades para el gobierno y la conducción del partido en el período de transición que debe abrirse desde este momento y hasta la elección de una nueva dirección. Este Consejo Nacional en funciones, hecha esa designación, debe disolverse al igual que todos los demás órganos de gobierno del partido. Es momento de comenzar de nuevo, de no temer a la renovación y al renacimiento”.<br /><br />El 22, en una carta dirigida a los militantes del PRD, se afirma que las elecciones del PRD, llegaron “a grados tales de desaseo y confrontación, que exhiben lo extremo de su degradación y reclaman acciones drásticas y decisivas”, por lo que se considera conveniente declarar la anulación de esos comicios, y designar un presidente provisional. Por otra parte, Alejandro Encinas acusa a Jesús Ortega de querer considerar las casillas con más de mil sufragios y pretender tomar en cuenta las que no se instalaron el día de la contienda.<br /><br />El 23, por separado, Alejandro Encinas, Leonel Cota y Jesús Ortega rechazan que se anule la elección. Diputados del PRD censuran las acciones sucias de las corrientes de Encinas y Ortega, pero piden que se actúe con calma y sin precipitaciones hasta conocer el resultado. Ese día se cumple el plazo estatutario y sólo se tienen resultados extraoficiales de 22 entidades, las de menor votación, y no se concluye la revisión de los llamados estados “conflictivos”. Arturo Núñez declara que no hubo condiciones para realizar el cómputo final de la elección debido a las diferencias políticas entre los dos principales candidatos en 12 estados, lo cual impidió determinar un ganador. Además, dice que los integrantes de la CTE son “rehenes de la parcialidad de los delegados”; atribuye el retraso en el conteo en 12 entidades (Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Chiapas y el Distrito Federal) a la diferencia de criterios entre los integrantes de las delegaciones por la existencia de un número superior a las mil boletas que, conforme a la norma, fueron entregadas a las casillas.<br /><br />Alejandro Encinas pide una salida estatutaria y no política al conflicto, mientras que Ortega declara que algunos sectores del partido lo quieren vetar. El 25, Encinas y Ortega se reúnen con el dirigente nacional Leonel Cota, Arturo Núñez y los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del partido, y acuerdan destrabar el cómputo de votos. Nueva Izquierda plantea que para destrabar el conflicto, se abran las mil 270 casillas que aún faltan por computar; Graco Ramírez señala a los personajes que han obstaculizado el cómputo de votos: Dolores Padierna, en Tabasco; Gerardo Fernández Noroña, en el Estado de México; Valentina Batres, en Veracruz, y Juan Manuel Ávila. Alfonso Ramírez Cuéllar y Camilo Valenzuela culpan de la crisis del partido a AMLO y a Cuauhtémoc Cárdenas.<br /><br />El 26 de marzo, Leonel Cota Montaño y Alejandro Encinas Rodríguez dejan entrever que la resolución al conflicto y el cómputo final de la elección puede darse hasta abril. El 27, César Augusto Morones, director de la encuestadora IMO, declara que Jesús Ortega sólo podría ganar “con trampas”: “no tiene posibilidad numérica alguna de ganar: su mejor escenario es perder por 4.4 por ciento y, en el peor, por 11 puntos”.<br /><br />El 28 de marzo, tanto Encinas como Ortega se declaran ganadores de la contienda, mientras Camilo Valenzuela insiste en convocar una reunión del Consejo Nacional del PRD, para destrabar el conflicto. El 30, ante Marcelo Ebrard y Leonel Godoy, Alejandro Encinas y Jesús Ortega acuerdan concluir el cómputo nacional de votos de la elección. La CTE nuevamente inicia los cómputos de la elección.<br /><br /><br /><em>Análisis</em><br /><br />Parecen recurrentes los conflictos que enfrenta el PRD cada ocasión que releva su dirigencia nacional. De un lado, las disputas cerradas entre los principales contendientes han llevado a resultados inciertos, como lo demostró la contienda de la que salió ganadora la hoy gobernadora de Zacatecas, Amalia García (quien compitió, justamente, contra Jesús Ortega), contienda que tuvo que ser anulada. En la otra punta, las elecciones internas son terreno propicio para que las confrontaciones entre corrientes sea lo más dura posible, con una diferencia en relación con la actual: las múltiples “tribus” parecen haberse concentrado en dos “clanes” con posturas irreconciliables (dicho en términos coloquiales, “lopezobradoristas” vs. “chuchos”), lo que dificulta los intentos de negociación.<br /><br />Esta experiencia debiera servir al partido para reflexionar, con seriedad, acerca de la conveniencia de mantener este tipo de procesos electorales como mecanismo de renovación de dirigentes. No se resta nada democrático a una renovación si se hace, por ejemplo, mediante asambleas representativas en las que los militantes hacen oír su voz de modo indirecto; en cambio, queda lejos de ser adjetivado de democrático un proceso que, en teoría, permite la participación amplia de ciudadanos militantes pero que está expuesta a varias manipulaciones y a descalificaciones mutuas, sin que termine por ser creíble.<br /><br />También debiera servirle al partido para repensar con claridad el papel informal que juegan sus liderazgos en la vida interna del partido. Cuauhtémoc Cárdenas mantuvo una actuación discreta, aunque trascendió que apoyaba a Jesús Ortega, mientras que López Obrador contrastó en ello, pues hizo público su apoyo a Alejandro Encinas, con lo cual intentó trasladar su peso como figura nacional al candidato de su preferencia. A juzgar por el resultado, la maniobra fue poco menos que exitosa, por lo cual un triunfo de Ortega sería leído como una derrota del excandidato presidencial.<br /><br />Además, el costo de mantener esta disputa es muy alto. En particular, reduce su “autoridad moral” al PRD ante los agravios suscritos con anterioridad (¿quién creerá que el partido que no resuelve sus procesos internos limpiamente puede impugnar una elección federal, acusada de “sucia”, cuando han reproducido en su seno las peores prácticas políticas?), y segundo, debilita su actuación en otros frentes, por ejemplo, en el debate de la reforma energética, porque tienen que canalizar su atención a resolver su situación (de ahí el llamado de López Obrador a mantenerse unidos y “evitar las distracciones”). En pocas palabras, el PRD es víctima de su propia obsesión por la desconfianza: los candidatos desconfían de su adversario (en este caso, interno) y desconfían de quien regula la contienda comicial, con lo que reproducen en buena medida la lógica del conflicto poselectoral de 2006.<br /><br /><br /><em>Horizontes</em><br /><br />Lo acontecido en la elección de la dirigencia nacional del PRD demuestra que el PRD tiene reglas y organismos internos poco adecuados para resolver sus disputas internas de manera pacífica, razonable y aceptable para los involucrados en estos procesos. Cualquiera que sea el próximo dirigente nacional –así sea un interino- tendrá que considerar con madurez esta debilidad organizativa que le genera constantemente más desventajas que beneficios.<br /><br />Asimismo, los hechos de esta quincena son -si acaso- un síntoma de un par de problemas más graves: la falta de institucionalización del partido y su débil compromiso con la democracia. De seguir por esta ruta, el papel que esta izquierda adquirirá en los próximos años será gris, por decir lo menos, guiado por una lógica poco creativa y de conflictividad creciente, <em>ad hoc</em> con su práctica política de los últimos dos años.<br /><br /></span></div>Seminario Académico Perspectiva Democráticahttp://www.blogger.com/profile/03075134131198387886noreply@blogger.com2