El aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial afecta a la economía mexicana, lo que abre la posibilidad de turbulencias inflacionarias y desabasto. Tal parece que las limitadas medidas tomadas por el gobierno en la materia han sido insuficientes y no han logrado frenar el constante aumento de numerosos artículos y alimentos de primera necesidad de la canasta básica.
Hechos
El 30 de abril, el Secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, señaló “que los incrementos abruptos en los precios de los alimentos son provocados por especuladores internacionales que buscan más ganancias” y también afirmó que el campo nacional está trabajando al tope, pero advirtió: “Esperemos que el fertilizante no nos vaya a fallar”. En este sentido explicó que si bien en México el abasto de alimentos está garantizado para un año, alertó que la economía mexicana no está blindada ante una crisis global de los alimentos.
Por otro lado, en el marco de las celebraciones por el día del trabajo, sindicatos (como el de trabajadores de la UNAM o de los electricistas), así como la Central Campesina Cardenista (CCC), e incluso sindicatos y federaciones oficialistas como el Congreso del Trabajo, la Confederación Nacional Campesina (CNC) o la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se pronunciaron por la soberanía alimentaria, por el aumento de los apoyos gubernamentales al campo y por el control de precios en los alimentos y productos de la canasta básica.
Un día después los senadores del PRI y del PRD Ramiro Hernández García y Arturo Herviz Reyes respectivamente, denunciaron que “la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado ha recibido 17 iniciativas y no ha dictaminado ninguna, por “la desatención” de su presidente”, el senador del PAN Guillermo Padres Elías.
Por su parte, el 7 de mayo, la Unión Nacional Avícola (UNA) acusó a diferentes compañías transnacionales de agroexportación de provocar “en los pasados cinco días una escalada de precios en los productos al consumidor final, que en algunos casos ya alcanzan incrementos de 53 por ciento.” Según la Unión, corporativos como Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson son algunos de los responsables de los aumentos, en la medida en que se han negado a asumir los aumentos en el costo de los insumos para la ganadería y la avicultura, por no disminuir márgenes de rentabilidad. Para el Banco de México estos aumentos han afectado, “en la mayoría de los países, a los hogares con menores ingresos”, y han generado el mayor índice inflacionario desde 2005. Según estimaciones de la propia institución, los aumentos de los precios de 127 insumos agropecuarios “provocaron que el año pasado aumentara en 5 mil millones de dólares el costo de la factura por la compra de estos productos, una cifra que supera la totalidad de los recursos excedentes por exportaciones de crudo captados en 2007”. Banxico explica que la economía mexicana se puede ver severamente afectada debido a que es una economía que depende enormemente de las exportaciones de alimentos provenientes de los grandes productores mundiales: Los Estados Unidos y la Unión Europea.
Un día después, en la Secretaría de Hacienda, el Presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, afirmó que los precios de los alimentos “se mantendrán al alza hasta 2010, y aun cuando comiencen a descender se ubicarán por encima de los niveles de 2004.” Zoellick consideró que “aunque México tiene una economía fortalecida y que se puede considerar que está por encima de otras economías emergentes, no está exenta del grave problema de los aumentos en los precios de los alimentos a nivel mundial.” En el mismo evento, el Secretario de Hacienda afirmó que en el país por el momento está garantizado el abasto de alimentos. Sin embargo, aceptó que ha habido un incremento en los precios que se ha reflejado en la inflación.
Por otra parte, el 10 de mayo, Jaime Yesaki, dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, sostuvo que primero se dio la carestía “pero lo que sigue es el desabasto”, por lo que el aumento de los precios de alimentos es un tema de urgencia en la agenda nacional. Y explicó que no se trata, “sólo de un problema de mayor presupuesto ni tampoco de tocar o cambiar tanto las leyes vigentes, sino de instrumentar de una vez por todas una política integral para el campo”.
Finalmente, a finales del mes de mayo, la Secretaría de Agricultura en voz de su titular Alberto Cárdenas informó que a partir de 2008 se echará a andar un agresivo programa de producción de biocombustibles en México. Informó que en un par de años será posible que vehículos automotores utilicen biocombustibles en ciudades como Guadalajara, el Distrito Federal o Monterrey.
Análisis
Durante la quincena, numerosas voces tomaron la palabra en el debate sobre los aumentos de los precios de los alimentos. Es comprensible la atención que ha recibido recientemente este tema sobre todo en la medida en que los aumentos han acarreado efectos inflacionarios que, si bien hasta ahora han sido moderados, se ciernen sobre la economía mexicana como una amenaza seria para la estabilidad financiera. En efecto, la escalada de precios en los alimentos, que se desató con mayor claridad desde mediados del año pasado, es un problema que tiene que ser atendido con toda seriedad por las autoridades mexicanas, debido a que la seguridad alimentaria de millones de mexicanos puede quedar en duda.
El primer punto que se debe discutir es el de la relación del entorno y la seguridad interna del país. En este caso, desde hace algunos años México dejó de ser un país autosuficiente en materia alimentaria. Dado que los gobiernos desde la década de los ochenta decidieron entrar al juego comercial de las ventajas comparativas, poco a poco se privilegió la producción primaria de hortalizas y otros cultivos suntuarios en los que algunos productores mexicanos podrían ser competitivos a nivel mundial y exportar sus productos a otros países. Así, la producción de granos básicos se dejó de lado, disminuyeron los apoyos y subsidios gubernamentales a este sector y se promovió la tecnificación y desarrollo de los productores de flores, frutas y hortalizas, productos suntuarios, de lujo y exóticos, entre otros. La razón por la que se decidió esto radica en que, por lo altos subsidios que reciben los productores en los países desarrollados, resultaba más barato importar los granos y alimentos básicos, que producirlos localmente. Así, se desmanteló el aparato agrícola productivo nacional y se impulsó el desarrollo de un pequeño sector de agroexportación. Sin embargo hoy, el escenario mundial ha cambiado, en muy buena medida porque los subsidios a los productores primarios de los países desarrollados han disminuido bastante, porque la demanda de alimentos (empujada fuertemente por China y la India) ha crecido fuertemente y por distintos factores climáticos que han afectado la producción. Esto ha ocasionado que los precios internacionales de los alimentos suban y que nuestro país quede expuesto a los avatares de la economía globalizada.
El segundo tema que genera debate es el que tiene que ver con la manera en la que se enfrenta la situación alimentaria del país. Esta discusión está asociada con el proyecto de país que cada fuerza política o grupo impulsa y que parece tener dos principales posiciones: La primera alternativa, la que parece más interesante y viable para el gobierno (congruente con la política seguida desde la década de los ochenta), es la de abrir de manera definitiva y amplia las fronteras y los puertos a los productos agrícolas procedentes del extranjero. Todavía hasta hoy, algunas especies de maíz, frijol, soya, sorgo, etc. o algunos productos como la leche en polvo, la carne, distintos tipos de aves o pescados, fertilizantes y otros insumos agrícolas, tienen algunas restricciones arancelarias que encarecen el precio del producto y lo hacen menos competitivo, las cuales, en un escenario de apertura total (del que no estamos muy lejos), podrían desaparecer. En este mismo escenario y manteniendo la preferencia para el apoyo a los productores de hortalizas y productos suntuarios (quienes continuarían recibiendo subsidios gubernamentales) como la punta de lanza del proyecto agrícola nacional, se pueden dar apoyos focalizados a los grupos más vulnerables del país, con el objetivo de mitigar, en lo posible, los efectos inflacionarios del alza mundial de los precios de los alimentos. Por el otro lado, se puede optar por una política que comience un proceso (a mediano o largo plazo) de reconstrucción del aparato agrícola mexicano. La motivación para ello radica en que, tal como diferentes analistas lo han señalado, los precios de los alimentos seguirán altos durante varios años, por lo que producir alimentos básicos, de nueva cuenta, vuelve a ser un negocio redituable, o, al menos, implica reducir costos al no tener que importar alimentos caros de otros países. Esta postura la defienden los sindicatos, organizaciones campesinas, algunos partidos como el PRD o (incluso) el PRI y tiene como fondo la idea de la autosuficiencia o la soberanía alimentaria. En este sentido el PAN parece no estar muy interesado.
Finalmente, un tercer punto de debate es el que apunta hacia la incapacidad gubernamental interna de controlar los precios y las implicaciones que esto tiene. Desde hace mucho tiempo los acaparadores y “coyotes” hacen de las fluctuaciones y fenómenos económicos un negocio redondo al comprar barato, esconder los productos y después venderlos más caros. Se pensaba que cuando México implementara de lleno una economía de mercado esto ya no ocurriría, pero en la presente quincena, escuchamos, incluso de la voz de funcionarios gubernamentales, que esto ocurría pero que no se iba a permitir. Acá lo importante está en pensar en el papel de autoridad que el gobierno mexicano tiene para efectivamente o no controlar esta clase de abusos de empresarios sin escrúpulos.
Finalmente, el tercer punto es el relativo a la producción nacional de biocombustibles. En este aspecto hay que señalar que la política seguida por el gobierno federal, en particular por la Secretaría de Agricultura, no ayuda mucho a aliviar la creciente crisis ocasionada por los incrementos en los precios de los alimentos. En efecto, al aumento de la demanda de productos agropecuarios acrecienta la presión sobre los precios de los productos primarios. Por ello, instituciones como la ONU o el PNUD han hecho llamados a nivel mundial para que se pospongan los planes de producción de biocombustibles, al menos unos años, hasta que se estabilicen los precios de los productos agropecuarios y en particular de los alimentos.
Tomando en cuenta los tres elementos de análisis que hemos propuesto hasta ahora, se puede concluir que si bien el gobierno federal entiende y reconoce la gravedad de la situación por los aumentos de las, su estrategia para hacerle frente no parece ser del todo la mejor. Incluso, con el tema de los biocombustibles, se percibe una actitud de desdén que podría generar conflictos si es que la crisis se agudiza.
Horizontes
En la actualidad el horizonte en el tema alimentario es muy preocupante y amenaza con hacerse más complicado en los siguientes meses y años. El gobierno de Calderón no parece atender con toda prontitud, seriedad y eficacia una crisis que puede agravarse. Por ello, el tema de los aumentos de los precios en los alimentos, en el corto y en el mediano plazo en México, podría significar una fuente de conflicto y de inestabilidad social.
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Hechos
El 30 de abril, el Secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, señaló “que los incrementos abruptos en los precios de los alimentos son provocados por especuladores internacionales que buscan más ganancias” y también afirmó que el campo nacional está trabajando al tope, pero advirtió: “Esperemos que el fertilizante no nos vaya a fallar”. En este sentido explicó que si bien en México el abasto de alimentos está garantizado para un año, alertó que la economía mexicana no está blindada ante una crisis global de los alimentos.
Por otro lado, en el marco de las celebraciones por el día del trabajo, sindicatos (como el de trabajadores de la UNAM o de los electricistas), así como la Central Campesina Cardenista (CCC), e incluso sindicatos y federaciones oficialistas como el Congreso del Trabajo, la Confederación Nacional Campesina (CNC) o la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se pronunciaron por la soberanía alimentaria, por el aumento de los apoyos gubernamentales al campo y por el control de precios en los alimentos y productos de la canasta básica.
Un día después los senadores del PRI y del PRD Ramiro Hernández García y Arturo Herviz Reyes respectivamente, denunciaron que “la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado ha recibido 17 iniciativas y no ha dictaminado ninguna, por “la desatención” de su presidente”, el senador del PAN Guillermo Padres Elías.
Por su parte, el 7 de mayo, la Unión Nacional Avícola (UNA) acusó a diferentes compañías transnacionales de agroexportación de provocar “en los pasados cinco días una escalada de precios en los productos al consumidor final, que en algunos casos ya alcanzan incrementos de 53 por ciento.” Según la Unión, corporativos como Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson son algunos de los responsables de los aumentos, en la medida en que se han negado a asumir los aumentos en el costo de los insumos para la ganadería y la avicultura, por no disminuir márgenes de rentabilidad. Para el Banco de México estos aumentos han afectado, “en la mayoría de los países, a los hogares con menores ingresos”, y han generado el mayor índice inflacionario desde 2005. Según estimaciones de la propia institución, los aumentos de los precios de 127 insumos agropecuarios “provocaron que el año pasado aumentara en 5 mil millones de dólares el costo de la factura por la compra de estos productos, una cifra que supera la totalidad de los recursos excedentes por exportaciones de crudo captados en 2007”. Banxico explica que la economía mexicana se puede ver severamente afectada debido a que es una economía que depende enormemente de las exportaciones de alimentos provenientes de los grandes productores mundiales: Los Estados Unidos y la Unión Europea.
Un día después, en la Secretaría de Hacienda, el Presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, afirmó que los precios de los alimentos “se mantendrán al alza hasta 2010, y aun cuando comiencen a descender se ubicarán por encima de los niveles de 2004.” Zoellick consideró que “aunque México tiene una economía fortalecida y que se puede considerar que está por encima de otras economías emergentes, no está exenta del grave problema de los aumentos en los precios de los alimentos a nivel mundial.” En el mismo evento, el Secretario de Hacienda afirmó que en el país por el momento está garantizado el abasto de alimentos. Sin embargo, aceptó que ha habido un incremento en los precios que se ha reflejado en la inflación.
Por otra parte, el 10 de mayo, Jaime Yesaki, dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, sostuvo que primero se dio la carestía “pero lo que sigue es el desabasto”, por lo que el aumento de los precios de alimentos es un tema de urgencia en la agenda nacional. Y explicó que no se trata, “sólo de un problema de mayor presupuesto ni tampoco de tocar o cambiar tanto las leyes vigentes, sino de instrumentar de una vez por todas una política integral para el campo”.
Finalmente, a finales del mes de mayo, la Secretaría de Agricultura en voz de su titular Alberto Cárdenas informó que a partir de 2008 se echará a andar un agresivo programa de producción de biocombustibles en México. Informó que en un par de años será posible que vehículos automotores utilicen biocombustibles en ciudades como Guadalajara, el Distrito Federal o Monterrey.
Análisis
Durante la quincena, numerosas voces tomaron la palabra en el debate sobre los aumentos de los precios de los alimentos. Es comprensible la atención que ha recibido recientemente este tema sobre todo en la medida en que los aumentos han acarreado efectos inflacionarios que, si bien hasta ahora han sido moderados, se ciernen sobre la economía mexicana como una amenaza seria para la estabilidad financiera. En efecto, la escalada de precios en los alimentos, que se desató con mayor claridad desde mediados del año pasado, es un problema que tiene que ser atendido con toda seriedad por las autoridades mexicanas, debido a que la seguridad alimentaria de millones de mexicanos puede quedar en duda.
El primer punto que se debe discutir es el de la relación del entorno y la seguridad interna del país. En este caso, desde hace algunos años México dejó de ser un país autosuficiente en materia alimentaria. Dado que los gobiernos desde la década de los ochenta decidieron entrar al juego comercial de las ventajas comparativas, poco a poco se privilegió la producción primaria de hortalizas y otros cultivos suntuarios en los que algunos productores mexicanos podrían ser competitivos a nivel mundial y exportar sus productos a otros países. Así, la producción de granos básicos se dejó de lado, disminuyeron los apoyos y subsidios gubernamentales a este sector y se promovió la tecnificación y desarrollo de los productores de flores, frutas y hortalizas, productos suntuarios, de lujo y exóticos, entre otros. La razón por la que se decidió esto radica en que, por lo altos subsidios que reciben los productores en los países desarrollados, resultaba más barato importar los granos y alimentos básicos, que producirlos localmente. Así, se desmanteló el aparato agrícola productivo nacional y se impulsó el desarrollo de un pequeño sector de agroexportación. Sin embargo hoy, el escenario mundial ha cambiado, en muy buena medida porque los subsidios a los productores primarios de los países desarrollados han disminuido bastante, porque la demanda de alimentos (empujada fuertemente por China y la India) ha crecido fuertemente y por distintos factores climáticos que han afectado la producción. Esto ha ocasionado que los precios internacionales de los alimentos suban y que nuestro país quede expuesto a los avatares de la economía globalizada.
El segundo tema que genera debate es el que tiene que ver con la manera en la que se enfrenta la situación alimentaria del país. Esta discusión está asociada con el proyecto de país que cada fuerza política o grupo impulsa y que parece tener dos principales posiciones: La primera alternativa, la que parece más interesante y viable para el gobierno (congruente con la política seguida desde la década de los ochenta), es la de abrir de manera definitiva y amplia las fronteras y los puertos a los productos agrícolas procedentes del extranjero. Todavía hasta hoy, algunas especies de maíz, frijol, soya, sorgo, etc. o algunos productos como la leche en polvo, la carne, distintos tipos de aves o pescados, fertilizantes y otros insumos agrícolas, tienen algunas restricciones arancelarias que encarecen el precio del producto y lo hacen menos competitivo, las cuales, en un escenario de apertura total (del que no estamos muy lejos), podrían desaparecer. En este mismo escenario y manteniendo la preferencia para el apoyo a los productores de hortalizas y productos suntuarios (quienes continuarían recibiendo subsidios gubernamentales) como la punta de lanza del proyecto agrícola nacional, se pueden dar apoyos focalizados a los grupos más vulnerables del país, con el objetivo de mitigar, en lo posible, los efectos inflacionarios del alza mundial de los precios de los alimentos. Por el otro lado, se puede optar por una política que comience un proceso (a mediano o largo plazo) de reconstrucción del aparato agrícola mexicano. La motivación para ello radica en que, tal como diferentes analistas lo han señalado, los precios de los alimentos seguirán altos durante varios años, por lo que producir alimentos básicos, de nueva cuenta, vuelve a ser un negocio redituable, o, al menos, implica reducir costos al no tener que importar alimentos caros de otros países. Esta postura la defienden los sindicatos, organizaciones campesinas, algunos partidos como el PRD o (incluso) el PRI y tiene como fondo la idea de la autosuficiencia o la soberanía alimentaria. En este sentido el PAN parece no estar muy interesado.
Finalmente, un tercer punto de debate es el que apunta hacia la incapacidad gubernamental interna de controlar los precios y las implicaciones que esto tiene. Desde hace mucho tiempo los acaparadores y “coyotes” hacen de las fluctuaciones y fenómenos económicos un negocio redondo al comprar barato, esconder los productos y después venderlos más caros. Se pensaba que cuando México implementara de lleno una economía de mercado esto ya no ocurriría, pero en la presente quincena, escuchamos, incluso de la voz de funcionarios gubernamentales, que esto ocurría pero que no se iba a permitir. Acá lo importante está en pensar en el papel de autoridad que el gobierno mexicano tiene para efectivamente o no controlar esta clase de abusos de empresarios sin escrúpulos.
Finalmente, el tercer punto es el relativo a la producción nacional de biocombustibles. En este aspecto hay que señalar que la política seguida por el gobierno federal, en particular por la Secretaría de Agricultura, no ayuda mucho a aliviar la creciente crisis ocasionada por los incrementos en los precios de los alimentos. En efecto, al aumento de la demanda de productos agropecuarios acrecienta la presión sobre los precios de los productos primarios. Por ello, instituciones como la ONU o el PNUD han hecho llamados a nivel mundial para que se pospongan los planes de producción de biocombustibles, al menos unos años, hasta que se estabilicen los precios de los productos agropecuarios y en particular de los alimentos.
Tomando en cuenta los tres elementos de análisis que hemos propuesto hasta ahora, se puede concluir que si bien el gobierno federal entiende y reconoce la gravedad de la situación por los aumentos de las, su estrategia para hacerle frente no parece ser del todo la mejor. Incluso, con el tema de los biocombustibles, se percibe una actitud de desdén que podría generar conflictos si es que la crisis se agudiza.
Horizontes
En la actualidad el horizonte en el tema alimentario es muy preocupante y amenaza con hacerse más complicado en los siguientes meses y años. El gobierno de Calderón no parece atender con toda prontitud, seriedad y eficacia una crisis que puede agravarse. Por ello, el tema de los aumentos de los precios en los alimentos, en el corto y en el mediano plazo en México, podría significar una fuente de conflicto y de inestabilidad social.
