Reforma energética

En la presente quincena continuó el debate en torno a la propuesta para la reforma energética. El PAN defendió la propuesta del Ejecutivo, el PRI presentó la suya y el PRD realizó la consulta petrolera. Hasta el fin de la quincena no se tomaron decisiones terminantes y más bien los actores centrales del debate perfilaron sus posiciones en distintos temas, delineando, muy pausadamente, los pisos y techos de negociación.



Hechos

El 24 de julio la diputada perredista Ruth Zavaleta asegura ante los medios que la consulta ciudadana del Distrito Federal es “para medir qué opina la gente” y parece estar inducida; aún así asegura que no es representativa para el país ni puede ser vinculante para la decisión que tome el Congreso de la Unión en la materia. Señala que aunque es posible que la reforma se discuta en el siguiente periodo de sesiones del Congreso, no hay que olvidar que “existe un grupo que amaga con no permitir absolutamente ninguna reforma en este tema”, refiriéndose claramente al grupo de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas señala que las preguntas de la consulta no resultan del todo claras y parecen estar mal planteadas, no obstante, se muestra optimista en que el Congreso apruebe una reforma que beneficie a Petróleos Mexicanos.

Por su parte, el PRI, a través de su coordinador en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, presenta su propia propuesta de Reforma Energética, que califica de modernizadora sin pretender privatizar ni abierta ni simuladamente y sin vulnerar la Constitución, principalmente contempla la autonomía fiscal de Pemex y el uso de petrobonos.

El proyecto de reforma energética del PRI permite la inversión privada, a través de contratos, para exploración en aguas profundas. Sin embargo estos están acotados en relación con la propuesta de Felipe Calderón, debido a que deberán ser registrados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y difundidos públicamente. De manera paralela a la propuesta del Ejecutivo, la propuesta del PRI permite contrataciones sin licitación mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos de “innovaciones tecnológicas” u otras justificaciones técnicas. También, la propuesta determina que ante posibles controversias con las empresas extranjeras, Pemex se someterá a la jurisdicción de “tribunales arbitrales nacionales o internacionales”.

Una de las consideraciones más importantes en la propuesta del PRI es la modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, correspondiente al ramo petrolero. La modificación facultaría al Ejecutivo Federal para formar, por decreto, “organismos descentralizados con carácter estratégico, filiales de Pemex”, que podrán subcontratar y terciarizar obras y servicios para la refinación de crudo, construcción de ductos y para el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados. En relación con la propuesta presidencial, para Beltrones, la propuesta del PRI “nada tiene de parecido; por el contrario, corrige en buena parte lo que él planteaba y llena las insuficiencias”.

Ante esta iniciativa, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, asegura que hay más coincidencias que divergencias en torno a la propuesta de Calderón. Mientras que el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, afirma estar “lleno de optimismo y de entusiasmo” al saber que el PRI presentó una propuesta que “enriquece la discusión”. Germán Martínez, presidente nacional del PAN, sostiene que existen coincidencias en la iniciativa del gobierno federal y la que presentó el PRI. En esta misma tesitura el Partido del Trabajo indica que ve con “buenos ojos” la iniciativa de reforma energética presentada por el PRI y que espera trabajar conjuntamente con ese partido con la finalidad de diseñar una iniciativa que beneficie a la nación. También, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, el perredista Graco Ramírez califica como no privatizadora “en lo esencial” la propuesta del PRI. Asimismo señala que en comparación con la propuesta panista, “sí le creo al PRI”.

Un día después de la presentación de la propuesta, el Senador perredista Pablo Gómez, afirma que no se puede “eximir a supuestos organismos nuevos que se crearían en materia de refinación y ductos del imperio del artículo 134 de la Constitución, que obliga a licitar las compras y los contratos de servicios; se propone que se ignore el texto constitucional” y manifiesta su “preocupación por la desintegración de la industria petrolera”. Para el Senador los temas del financiamiento (relativo a los bonos petroleros), así como del régimen de deuda, en la propuesta del PRI, son inconstitucionales. Finalmente remata sus críticas a la propuesta del PRI advirtiendo que “no es por la puerta de atrás, proponiendo cosas que lesionan la Constitución, como se puede avanzar en la reforma para Pemex. En todo caso que presenten iniciativas de reforma constitucional”.

Por su parte, desde Jalisco y en el marco de su gira para impulsar el movimiento en defensa del petróleo, el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, advierte que hay que estar alertas con vistas a “las bondades” de la propuesta del PRI, la cuál pretende rescatar la de la Presidencia. Afirma que con su propuesta, el PRI le hace el “trabajo sucio” a Felipe Calderón y que los miembros de ese partido solo son “alcahuetes” del PAN. También rechaza que las preguntas de la consulta estén mal orientadas y que sean una manipulación.

Otra voz contraria a la propuesta del PRI fue la del Obispo de Saltillo Raúl Vera, quien consideró que si los legisladores actúan con responsabilidad, ética, inteligencia y preparación deben rechazar las iniciativas de reforma energética tanto del Ejecutivo Federal, como la del “tricolor”, porque de lo contario México no sólo perderá un recurso natural estratégico, sino también su dignidad.

Entretanto, el 25 de julio los líderes del PRI, PAN y PRD, Beatriz Paredes, Germán Martínez y Guadalupe Acosta respectivamente, se reúnen y se comprometen a que no habrá albazos legislativos ni dictámenes unilaterales o procedimientos fast track durante el proceso de discusión de las diversas iniciativas de reforma energética.
En otro ámbito, AMLO y los partidos que integran el Frente Amplio Progresista acuerdan crear un comité de movilizaciones que tendrá la tarea de preparar la estrategia de la resistencia civil pacífica en “una nueva etapa” del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo.

El 28 de julio, en voz de Manuel Camacho, coordinador de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, se dan a conocer los resultados de la misma y se califica el ejercicio como un “éxito”, toda vez que participaron, según sus datos, más de millón y medio de ciudadanos con un porcentaje muy superior a favor de la “no” privatización. Luego de conocer estos resultados, los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, llamaron al PRD a presentar su propuesta y amenazaron con comenzar el debate con las que ya se encuentran presentes. Sobre la consulta, la Secretaria de Energía, afirma que es sólo información adicional a la mucha con que se cuenta.

Por otra parte, Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, señala que un acuerdo con el PAN solo se puede cristalizar si éste pasa por revisar de fondo la corrupción en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirige el priísta Carlos Romero Deschamps.
Finalmente, el presidente Calderón, junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, defiende de nueva cuenta su propuesta de reforma energética y asevera que con las reformas que no se han podido hacer desde hace diez años, modernizar a Pemex “es el camino correcto”.


Análisis

El sinuoso camino que ha seguido la reforma energética continuó en la presente quincena dejando constancia de que todavía faltan varios episodios que culminen en la reforma del sector y en la modernización de Pemex.

El juego político de tres bandas, encabezado por los tres principales partidos políticos, complica cualquier acuerdo posible y alarga irremediablemente la toma de decisiones estratégicas que se deben tomar para el desarrollo del país. Si bien el inédito proceso de debate y deliberación que se ha dado en torno a la reforma energética es alentador en términos de nuevas prácticas parlamentarias en detrimento de viejos procedimientos como el albazo o el llamado fast track, es de llamar la atención la lentitud con la que se ha discutido el tema en cuestión. Sí hay premura por una reforma energética en la medida en que no hay posicionamientos claros de parte del gobierno mexicano con respecto a la explotación de pozos en las fronteras internacionales, particularmente con Cuba y los EUA. También hay premura debido a que la producción se mantiene baja y no se están aprovechando cabalmente los precios internacionales del petróleo actuales, que no necesariamente seguirán tan altos por mucho tiempo. Finalmente, también hay premura porque es insostenible e injustificable la precariedad financiera y técnica con la que opera Pemex el día de hoy.

Bajo estas condiciones, el Congreso de la Unión tiene la obligación de aprobar una reforma que dote a la paraestatal de los recursos y capacidades necesarias para modernizarse y ponerse a la altura de las grandes empresas petroleras del mundo. Sin embargo, esto no parece que vaya a ocurrir muy pronto (o simplemente que vaya ocurrir), en tanto no haya un acuerdo parlamentario entre los tres partidos y en tanto el PRD no presente su propuesta de reforma.

Probablemente lo que más ha entrampado la discusión y la toma de decisiones ha sido el hecho de que tanto el PAN como el PRI, no quieren pagar la factura político-electoral de una propuesta de modernización del sector que, prácticamente sea la que sea, será tildada de privatizadora y entreguista por AMLO y su grupo-movimiento. Sin embargo, hay voces en el PRD, como la del senador Graco Ramírez, que señalan que la propuesta priísta no es un intento de privatización. La división del PRD entre los grupos de Jesús Ortega y de AMLO, se hace evidente e impide que dicho partido político presente una postura unitaria en torno al tema energético o, al menos, que demoren mucho más tiempo para generar una postura de unidad.

Sin embargo, la cercanía de las propuestas de PRI (aunque este partido se ha tratado de desmarcar lo más posible de la propuesta del Ejecutivo Federal) y PAN no parece ser suficiente para que los dos partidos se aventuren en aprobar, con la mayoría que conforman en el Congreso, una reforma que permita la subcontratación de empresas para hacer servicios múltiples a Pemex. En este sentido, parece que sigue fresco el conflicto postelectoral del 2006 y el temor a un nuevo enfrentamiento que polarice a la sociedad. Ahora bien, ciertas o no, las acusaciones de AMLO sobre que la propuesta del PRI fue negociada con el PAN y de que sirvió para corregir los errores que la propuesta del Ejecutivo contenía, parce que han sido útiles al PRD para imponer el ritmo en las negociaciones.

Obligaron a todos los actores a esperar la realización de la consulta en materia energética organizada por el PRD y el Gobierno del Distrito Federal y los han forzado a esperar a que el equipo de especialistas de dicho partido trabaje en su propuesta de reforma, la cuál, a fines de la presente quincena todavía no ha sido dada a conocer.
Por otro lado, el escenario de la negociación y de la conformación de una propuesta única entre los tres partidos se abrió en esta quincena, pero no parece tener mucho futuro, debido a que el PRD ya señaló el piso mínimo: revisar la relación del Sindicato Petrolero con la empresa y los escándalos de corrupción en que se ha visto involucrada su dirigencia, en particular, su líder Carlos Romero Deschamps; con lo que el PAN podría estar de acuerdo pero a lo cuál el PRI se negará con toda fuerza.

El triángulo PRI-PAN-PRD tiene estancado (o semiparalizado) el debate de la reforma, el PAN está dispuesto a negociar con el PRI porque encuentra mayor cercanía ideológica, sin embargo este último se trata de distanciar del primero y del Gobierno Federal. Por su parte el PRD, divido en dos grupos, no parece tener prisa para presentar su propuesta de reforma aunque parece dispuesto a negociar con el PAN un acuerdo que contemple la revisión de los casos de corrupción del sindicato petrolero. No obstante, estaría por verse si el grupo de AMLO acepta un acuerdo como ese o si se va “por la libre” en la estrategia de movilización y presión política, con toma de tribuna del Congreso incluida. Si por el contrario, se avanza en el acuerdo político y se intenta la configuración de una propuesta única (recordemos que hay más de diez iniciativas en el Congreso), también se abre la posibilidad de una reforma sin pies ni cabeza similar a la última reforma fiscal. Con lo que, incluso en el escenario de negociación y acuerdo, tampoco está asegurada una “buena” reforma energética.

En todo caso, en cualquier escenario, lo que sí parce evidente, es que con el reconocimiento de algunos funcionarios del Gobierno Federal y de sectores panistas a la propuesta del PRI, la iniciativa de Felipe Calderón recibió una declaración de defunción anticipada. Es claro que no será aprobada por el Congreso, al menos en los términos en que fue presentada.


Horizontes

No es posible, con lo ocurrido en la presente quincena, determinar con claridad cuál será el final de un debate (y posible conflicto) en torno a uno de los puntos más importantes para el desarrollo del país: el tema energético. Hay varios escenarios posibles, pero casi ninguno alentador. Se percibe lejana la posibilidad de una reforma que modernice el sector energético del país debido a que los intereses de las distintas fuerzas políticas se contraponen con fuerza. Probablemente, lo único positivo en todo este largo debate es la apertura de espacios de deliberación en los que se vieron incluidos más actores sociales que los que tradicionalmente están vinculados con la toma de decisiones políticas.

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Alianza por la calidad de la educación

En la presente quincena el SNTE y la SEP dieron a conocer las directrices y lineamientos generales de la Alianza por la Calidad de la Educación en la que destaca la asignación de las nuevas plazas docentes a través de un concurso de oposición. Esta iniciativa ha genera polémica y escepticismo, sobre todo debido a los cuestionamientos que pesan sobre el sindicato de profesores y en especial sobre su líder Elba Esther Gordillo.



Hechos

En esta quincena como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer los lineamientos de la convocatoria para presentar el examen de oposición para “ocupar” las plazas “nuevas y vacantes” de profesores en el nivel básico a nivel nacional. Mediante este proceso, por primera vez en México, se otorgarán algo menos de 7 mil plazas docentes a través de un procedimiento de esta naturaleza, pero se calcula que a lo largo del ciclo escolar 2008-2009 lleguen hasta 25 mil.

El 28 de Julio, en la entrega de los originales de los exámenes de oposición a los Talleres Gráficos de la Nación, están presentes Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación; y Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La Secretaria de Educación señala que la intención del examen de oposición es trasparentar el proceso de asignación en el otorgamiento de plazas. Por su parte, Gordillo considera que el examen de oposición representa el fin del “amiguismo”, “compadrazgos” y “situaciones vergonzosas” en la asignación de plazas y agrega: “que nadie piense que es por debilidad de una organización sindical que estamos perdiendo conquistas”.
Se informa que en los concursos de oposición, se evaluarán tres aspectos: “habilidades intelectuales específicas”, es decir, la capacidad de los docentes para redactar y comprender lo que leen; “dominio de contenidos programáticos” de los planes de estudio y “competencias didácticas”, además de un anexo por estado con reactivos específicos sobre temáticas locales. También se notifica que cuando estén los resultados de los exámenes, la SEP y el SNTE, de manera conjunta, entregarán los resultados a cada gobierno estatal y los resultados serán inapelables.

Se comunica que los exámenes de oposición se aplicarán entre el 7 y el 14 de agosto y se abre un periodo de registro de aspirantes previo a esa fecha, el cual tiene que ser ampliado el 1 de agosto por fallas técnicas en la página electrónica habilitada para tal efecto. También, el motivo del retraso se debió a la falta de acuerdo con varias de las representaciones sindicales estatales, en buena medida debido a que los representantes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán se negaron a ceder sus plazas al concurso de oposición.

En este contexto, la secretaria de Educación señala que la nueva forma de asignación de plazas podría generar desempleo en la base magisterial del país, pero a cambio, sostiene que es necesario que el mérito regrese a las aulas para promover un mejor desempeño educativo. De igual manera, afirma que con la líder del SNTE tiene una buena relación de respeto y que lo que hay entre la dependencia a su cargo y el sindicato de profesores son exclusivamente acuerdos para la educación, establece que la profesora no manda ni gobierna en la SEP. Con ello, aprovecha para desmentir al ex líder del PAN, Manuel Espino, quien recientemente ha señalado que en la SEP se hacen demasiadas concesiones a Elba Esther Gordillo: “Mientras se respeten las reglas institucionales tenemos que considerar acuerdos transparentes”.

Por su parte, Silvia Luna, coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, el 4 de agosto, señala que no se ha visto que Josefina Vázquez Mota tenga clara una planeación estratégica en el sector educativo: “Se requiere una visión de Estado para asumir que la educación debe tener esos compromisos. Sin ellos vamos a hacer que se transite como si fuera un barco a la deriva la educación en este país”. Señaló que es un problema la falta de planeación del ingreso a las Normales, ya que la SEP ha incumplido con la puesta en marcha de los cinco centros regionales de excelencia educativa. Advirtió que “lo que veremos es un desempleo terrible”.

Por otro lado, el día 29 de julio, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y Antonio Ortega Martínez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión, denuncian desviación de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) a pagos de empleados comisionados al SNTE en 20 entidades del país, a pesar de tener licencia con goce de sueldo.

Un día después, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentan un punto de acuerdo para crear un grupo de trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores que se encargue de dar seguimiento a la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto debido a que para ellos no queda clara la participación del SNTE en la definición de la política de infraestructura educativa que es una atribución exclusiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

También durante la quincena las voces opositoras a la Alianza Educativa se expresaron: Por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria en el valle de México, consideró que este proyecto solo tiene como propósito “lavarle la cara a Elba Esther Gordillo e incluso a la propia SEP para decir que ahora ya no existen las corruptelas sino que de verdad” hay un proceso limpio para obtener una plaza. Sin embargo, atajó, “la maquinaria de corrupción, que se da en cadena, seguirá porque hay todo un negocio en torno a las plazas por jubilación, permisos sin goces de sueldo, defunción. Estas plazas se venden, se trafican y se utilizan para el chantaje”. En tanto, dirigentes del sindicato magisterial en entidades del norte y centro del país afirmaron que el acuerdo con los gobiernos estatales es que “lo único que estaría sujeto a concurso de oposición son las plazas de nueva creación, que en el mejor de los casos no llegan a 200 lugares por entidad”, por lo que calificaron de una “tomadura de pelo” el que se informe a la ciudadanía que “todas van a concurso”.

Por su parte, maestros de la sección 16 de Jalisco aseguraron que con la aplicación del examen, Gordillo “busca recuperar el poder total en la asignación de plazas, pues enfrenta una situación muy difícil en los comités seccionales en el país, donde los elbistas ya no son mayoría”.


Análisis

En el tema de la Alianza por la Educación impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública lo que originalmente parecía un proyecto plausible de modernización y ordenación del sector y mejor planeación de las políticas educativas en el nivel básico ha derivado en una compleja madeja de intereses, posiciones políticas y declaraciones que pudieran poner en entredicho no solo su éxito, sino la política educativa del gobierno de Felipe Calderón.

No es un secreto para nadie las históricamente irregulares condiciones de acceso a las plazas de enseñanza pública básica a nivel nacional. Producto y componente fundamental del régimen autoritario definido por el corporativismo y el clientelismo, el magisterio nacional formó parte de las estructuras de control priístas con una formidable clientela, erigiéndose como el sindicato más grande de América Latina. En este contexto, uno de los mecanismos de control más importantes del gremio fue la asignación de las plazas. Esto explica la importancia del proyecto de renovación de dicho mecanismo presentado con bombo y platillo por el Ejecutivo Federal como la Alianza por la Calidad de la Educación. Se trata, al menos en el proyecto, de la eliminación de uno de los elementos de control más importantes en el esquema de dominación corporativa que quedó como una herencia (y lastre) del ancient regime. En esencia, se trata de reemplazar mecanismos poco menos que discrecionales por procedimientos abiertos y públicos en los que la designación ya no depende, en ninguna fase, de los líderes sindicales ni de los funcionarios públicos, lo que ya de suyo, es plausible.

Sin embargo, varias situaciones en torno a la propuesta, nos hacen pensar que el éxito del proyecto no está para nada asegurado: Primero porque el proyecto se pone en marcha en un contexto de franca división y creciente enfrentamiento entre las autoridades responsables del sector educativo y el sindicato que representa al Magisterio Nacional, ambos, actores fundamentales para su correcta operación. En este sentido, toma importancia analítica la fuerza y poder que ha acumulado Elba Esther Gordillo en los últimos años, como líder del SNTE. La “profesora” ha sabido colocarse como un actor en el sistema político con un buen margen de maniobra, sobre todo después del apoyo fundamental que dio al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón, en la parte final de la cerrada contienda presidencial del 2006. Así, para el gobierno de Calderón, la relación con la polémica líder vitalicia del SNTE, es una necesidad, digamos, un mal necesario. Y en este contexto, la Secretaria de Educación, Vázquez Mota, media entre la lógica de la necesidad y la lógica de la legitimidad que por momentos parecen contraponerse en este caso.

Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si bien la buena relación con un sindicato como el SNTE es políticamente conveniente (o para decirlo mejor, obligatoria), esto no deja de acarrear ciertos problemas de legitimidad: En general, el movimiento sindical en el país se ha visto cuestionado en los últimos años debido a que no ha conseguido dejar atrás prácticas corporativas aún cuando en el país el desarrollo de la democracia a nivel electoral ha tenido avances muy significativos. En ese contexto, el SNTE es uno de los sindicatos más cuestionados en la medida en que, para muchos (inclusive al interior del propio sindicato), es manejado como un botín político más que como una agrupación encargada de velar por los intereses del gremio de profesores a nivel nacional. Incluso aunque la relación del Gobierno Federal con el sindicato es funcional y necesaria, algunas voces en el PAN como la del Senador Fernando Elizondo, señalan que en realidad éste ya no es un sindicato sino un partido político. Así, el hecho de que el SNTE sea uno de los dos actores centrales en la aplicación y operación del programa puede ser (y ya lo está siendo) cuestionable por diversos sectores de la sociedad.

En tercer lugar creemos que conviene discutir las diversas lecturas que se pueden hacer del propio proyecto y ya no sólo señalar que ha generado polémica. Para unos sectores, en especial el Gobierno Federal (que lo ha impulsado institucionalmente), algunos grupos empresariales, la cúpula del SNTE, el PAN y otros sectores cercanos a la elite gobernante, la Alianza es un paso adelante para hacer más transparente la asignación de plazas y, más en general, una iniciativa para mejorar el sector educativo nacional. Del otro lado, actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos sectores del PRD (en particular la corriente que encabeza López Obrador), entre otros, han señalado que la iniciativa tiene como objetivo fundamental recuperar el control de la asignación de plazas por parte del grupo de Elba Esther Gordillo, quien, según algunos grupos disidentes al interior del SNTE ha perdido la hegemonía en numerosas secciones. Por lo que en términos del avance de la educación en México, la propuesta no tiene ningún significado. Lo importante, creemos, es que en todo caso, entre ambas posiciones hay un espectro en el que los diversos actores del sistema político se van posicionando.


Horizontes

Si bien hoy no hay posiciones ni grupos que nos hagan pensar que la Alianza por la Educación esté en peligro y que eventualmente pudiera abortar, sí es necesario considerar que a su alrededor hay una serie de posiciones que cuestionan las motivaciones y nuevos procedimientos que se pretenden echar a andar en la asignación de plazas para el Magisterio Nacional. Esto genera “ruidos” y “cortos” en un programa que, en principio, no debería ocasionar mayor controversia, puesto que, al menos en el discurso oficial, descansa en la idea del mejoramiento del aparato educativo nacional; sin embargo, la polémica puede incrementarse y las posiciones opositoras fortalecerse en la medida en que no se controlen o disminuyan los efectos secundarios que un proyecto así puede ocasionar, como por ejemplo el aumento del desempleo entre los profesores.

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El debate de la iniciativa Mérida

La discusión sobre la iniciativa Mérida entra en una nueva fase, en la cual la deliberación se vuelve indispensable para lograr un acuerdo que resuelva el problema del narcotráfico. El Congreso estadunidense no desea otorgar recursos a fondo perdido al Gobierno mexicano y éste se niega a aceptar sin debatir las condiciones impuestas para combatir el narcotráfico; en este vaivén de discusiones, el secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño, declara que la sobernía nacional no está a discusión.


Hechos

El día 29 de mayo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reúne con funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos y declara que las condiciones impuestas por el Senado de Estados Unidos para enviar dinero al gobierno mexicano son preocupantes y “tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”. Al día siguiente, el embajador de EU en México, Antonio Garza, aclara que los legisladores de su país no tienen la intención de que su gobierno “certifique” a México en su lucha contra el narcotráfico y que no es condición para aprobar la iniciativa Mérida.

El 2 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación mexicano rechaza los términos en los que el Congreso de Estados Unidos intenta condicionar la iniciativa Mérida, por considerar que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son “inaceptables para nuestro país”, y estas evaluaciones ajenas a la bilateralidad “son profundamente contrarias a su objetivo y espíritu”. Por su parte, el director de Política Nacional de Control de Drogas estadunidense, John Walters, dice que las condiciones que puso el Senado a la iniciativa son un “sabotaje” del plan para combatir el narcotráfico.

El día 6 el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, dice al Congreso norteamericano que condicionar la iniciativa amenaza con erosionar el “heroico” esfuerzo del presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico; en su visita a Guatemala el subsecretario de Estado estadunidense, John Negroponte, defiende la iniciativa y rechaza que se trate de una “imposición”. Por otro lado, legisladores de PAN, PRI y PRD acuerdan rechazar durante la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos los condicionamientos que EU pretende imponer a México mediante la iniciativa Mérida. Al día siguiente se lleva a cabo la Reunión Interparlamentaria en la ciudad de Monterrey, ahí el presidente del Senado norteamericano, Christopher Dodd, considera como desafortunado no haber consultado a los congresos de cada país, advierte que ninguna de las dos naciones “firmará cheques en blanco” y se pronuncia por una mayor rendición de cuentas. En la misma reunión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Santiago Creel, responde que México no está de acuerdo con la ayuda “asistencialista” que ha condicionado el Congreso de EU.

El 10 de junio, la Cámara de Representantes autoriza el presupuesto de mil 600 millones de dólares durante tres años para la iniciativa Mérida en lo que sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto antinarcóticos, los fondos para México contemplan 780 millones, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar programas que pretenden mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano, la aprobación de dicho proyecto no otorga fondos a México, sólo se “autoriza” el gasto, pero ese egreso se tiene que realizar a través de la “apropiación” de esos recursos en otro proyecto de ley para cada año de estos gastos.


Análisis

Si bien la llamada iniciativa Mérida lleva gestándose desde 2007 (como hicimos notar en un análisis anterior), ahora los legisladores de ambos países (México y Estados Unidos) están fijando su postura en torno a la iniciativa; por un lado, los legisladores norteamericanos endurecieron su postura al exigir a México varias condiciones para aprobarla, por el otro, los legisladores mexicanos rechazaron (también el gobierno) dicha propuesta por ser unilateral y afectar la soberanía del país, específicamente en dos temas: en lo relacionado a los derechos humanos y en la modificación de leyes.

En este sentido, la discusión en la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Monterrey, se da un contexto en que México está enfrentando al narcotráfico con saldos negativos que hacen necesaria la colaboración de EU para contar con mejores herramientas en esta lucha. Sin embargo, en EU tanto demócratas como republicanos se preparan para las elecciones presidenciales, por lo que dicho tema no parece ser una prioridad que deba ser atendida con urgencia, a esto se suma que el presidente George W. Bush se encuentra en los últimos meses al frente del Gobierno y al no poder ser reelecto existe poco interés de su administración en el tema. Asimismo, cabe señalar que el Senado legisló y aprobó el presupuesto de mil 600 millones de dólares, pero no autorizó el gasto, lo que nos lleva al mismo resultado, es decir, el reconocimiento de un problema en el cual ambos países son corresponsables pero que para su aprobación aún puede esperar más tiempo.

Por parte de México, tanto legisladores del PRD, como del PRI, han manifestado su rechazo contra cualquier “imposición” o “certificación” para otorgar el presupuesto que se pretende dar a la iniciativa, ya que son medidas unilaterales que afectan a ambos países y no están siendo discutidas por ambos gobiernos. Aunado a estos reclamos se suman las declaraciones el mismo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el mismo sentido de no aceptar imposiciones y primero revisar bien las condiciones o “imposiciones” que afectan la soberanía.

Los legisladores mexicanos saben que el problema del narcotráfico es muy complejo y que la ayuda que pretende dar EU es positiva, sin embargo, en estos momentos, al parecer existen otras prioridades en la agenda nacional, como la reforma energética o el problema del aumento de los precios en los alimentos, que provocan que la discusión se mantenga pendiente hasta que los legisladores de EU resuelvan sus diferencias y avancen en una nueva propuesta.

Si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas a los cárteles de la droga, México y Centroamérica ya no sólo son el paso obligado de producción y distribución de la droga que va hacia los EU; por el contrario, en las últimas décadas esta región se ha convertido en una zona de alto consumo. Por lo cual esta situación resulta preocupante, ya que el problema del narcotráfico se ha vuelto más complejo y no puede ser combatido por un solo país, sino que se necesita el apoyo de otros para resolverlo. Por lo tanto, se debe considerar que el narcotráfico es una actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, por lo cual surge la necesidad de llegar a acuerdos entre países que impliquen un compromiso real de combatir al narcotráfico en todos sus niveles.

Finalmente es necesario que haya una mayor deliberación entre los gobiernos de ambos países para llegar a un acuerdo que ayude a resolver un problema que involucra a las dos naciones.


Horizontes

Todo apunta a que la iniciativa Mérida, atravesará por un largo proceso de discusión en ambos países para su aprobación. Al parecer en México se espera una mejor propuesta de la de los legisladores de EU, por lo pronto en EU no parece haber una urgencia por avanzar en la iniciativa.

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Recrudecimiento de la violencia de narcotraficantes

La violencia asociada con la lucha al narcotráfico parece obedecer un patrón, lo que en parte sustenta las explicaciones gubernamentales sobre su recrudecimiento, aunque conduce a preguntarse si se están tomando medidas eficaces para controlar el flujo de dinero hacia los traficantes y su acceso al armamento. La respuesta favorable al llamado de unidad del presidente Calderón hace visible el límite del discurso de la división que se había introducido en el debate sobre la reforma petrolera, y ello también explica en parte la atención que ha recibido el tema de la lucha.


Hechos

Al concluir la quincena anterior, fue asesinado Edgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien era uno de los principales coordinadores de la lucha contra las bandas de narcotráfico. En un comunicado de prensa, la Presidencia de la República lamentó y condenó el hecho. Diferentes voces coincidieron en la reprobación del crimen, empezando por las de las cámaras e incluyendo la del embajador de Estados Unidos. El propio presidente Felipe Calderón, al pronunciar un discurso, declaró: “Ya basta!”. Dijo que, de esta manera, invitaba a todos los poderes y a toda la sociedad a unirse contra la violencia de los narcotraficantes.

Al iniciarse esta quincena, avanzan las investigaciones sobre el presunto autor material del asesinato, Alejandro Ramírez Báez, y las personas que aparentemente colaboraron directamente con él, detenidos en virtud de un arraigo concedido por el juez ocho de distrito de Procesos Penales. Aumentan las expresiones de indignación y alarma. El llamado del presidente recibe el apoyo de un número considerable de editorialistas, incluyendo el de algunos generalmente críticos de su gestión, como Ciro Gómez Leyva, si bien algunos otros, como Humberto Musacchio plantean refutaciones puntuales a las líneas del discurso presidencial.

El secretario de Gobernación repite la exhortación de F. Calderón y prevalece en el ámbito político y en los medios de comunicación el tono de condena a la delincuencia organizada, aunque algunos actores importantes, como Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, ponen en duda la estrategia gubernamental para combatirla.
Se publican estadísticas oficiales y elaboradas por periódicos como Milenio sobre las ejecuciones por narcotraficantes y las muertes en enfrentamientos entre ellos y de ellos con las fuerzas públicas. Difieren poco unas de otras y muestran que el promedio diario se ha duplicado en un año, de 7 a 14, en cifras redondeadas. Se informa también que en este mes el número ha aumentado aún más, y el domingo 18 ocurren 34 “ejecuciones”, es decir, asesinatos, además de 17 “levantamientos”, o secuestros entre bandas.

Ocupan espacios importantes noticias sobre algunos de los ejecutados, que han sido torturados, mutilados y decapitados. Los cadáveres son encontrados en vehículos abandonados en algunas carreteras o en cajas dejadas en lugares públicos, con notas que amenazan a algunos funcionarios y policías o atribuyen a otros ser cómplices de ciertas bandas.

Si bien reciben menos atención, se publican igualmente noticias sobre detenciones y decomisos. Entre éstas, destaca que son aprehendidas en Chihuahua 29 personas supuestamente ligadas a los grupos de “los zetas” y de “el Chapo”. Es notorio también que se incauta un arsenal en Baja California, que incluye granadas y bazucas, y que se aseguran grandes cantidades de drogas sintéticas en agencias aduanales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Al final de la quincena, el mayor espacio noticioso es ocupado por desplazamientos del ejército hacia Sinaloa, por discusiones acerca de la llamada “iniciativa Mérida” de cooperación ente México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y por reclamos a este país en relación con su actuación en este ámbito. La acción militar, similar a la que ocurrió en Michoacán cuando empezó la actual ofensiva del gobierno el año pasado y a la reciente en Chihuahua, parece augurar según algunos analistas, un aumento en la violencia en el noroeste y, según algunos funcionarios, una recomposición de los cárteles de la droga.

El tema central en torno al plan Mérida es la pretensión de Estados Unidos de imponer condiciones que son vistas por muchos como una ingerencia en asuntos propios de México. Los reclamos al vecino del norte, entre los que se encuentran algunos de F. Calderón, se centran en la falta de voluntad para combatir el consumo, para controlar la venta de armas a los narcotraficantes y para impedir el flujo del dinero que obtienen por la venta de las drogas.


Análisis

Es de considerarse, en primer lugar, el desplazamiento, entre los temas que reciben la atención pública, de la reforma petrolera por la violencia asociada con el narcotráfico (y por el aumento de los precios de los alimentos). Esta reubicación es muy significativa, porque el debate sobre la reforma se encuentra en el punto de mayor flujo de información y comparecen los expertos más reconocidos, además del premio Nóbel Mario Molina. El primer factor explicativo es, sin duda, ése: el carácter especializado de la discusión. En el espacio público hay limitaciones para procesar los asuntos complejos una vez que se profundiza en ellos. Hacen falta traductores que puedan plantear en términos accesibles al público general las observaciones técnicas y mecanismos para seleccionar y enfocar la diversidad de puntos que comprenden.

Hay otro factor quizá igualmente importante, aunque más difícil de analizar: la disposición a recibir o rechazar tipos de discursos. En ciertos momentos resulta redituable políticamente presentar a la sociedad como dividida fundamentalmente en dos grupos, y plantear que la arena política no es más que una expresión de esa división; quien lo hace tiene probabilidades altas de recibir el apoyo del grupo mayoriario. Esta no es una estrategia exclusiva de políticos con una orientación determinada, de izquierda o de derecha, liberal o conservadora, sino que puede ser utilizada para acceder al poder por políticos de distintas tendencias, aunque en sus discursos tiende a haber un factor común, el nacionalismo. La división fundamental estaba, por ejemplo, en el centro de la retórica de Nixon y tuvo también un papel primordial en el ascenso de Perón. Esta fue la concepción que promovió López Obrador durante su campaña presidencial y la que ha promovido durante su oposición a la reforma petrolera: de un lado están el verdadero pueblo y él; del otro lado, “ellos”, los traidores a la patria.

Ese tipo de estrategias discursivas, como todas probablemente, tiene límites temáticos y se agota con el tiempo. Se pueden enfocar en ciertos asuntos, como la moral que sustenta a la familia tradicional estadounidense, o extender parcialmente por décadas, como lo hicieron los republicanos hasta Bush. Pero no se puede ver a la sociedad como dividida en todos los asuntos, ni como dividida siempre en torno a un mismo asunto. En algún asunto o en algún momento empieza a ser más redituable hablar de unidad, e intentar ponerse por encima de las oposiciones que han sido tradicionales. Lo descubrió Perón, quien en varios periodos fincó su permanencia en puentes y alianzas multiclasistas. Lo sabe, no sólo Barack Obama, sino también John McCain; ambos están esforzándose por distinguirse uno del otro y diferenciar sus planes de política pública sin apelar a una división fundamental de la sociedad, y quedar como el candidato de todos.

En nuestro país, la retórica de la división tiene límites que han contribuido a la formación de un sistema de tres partidos grandes y varios pequeños, límites que parecen estrecharse ahora, a la vez que el discurso de la unidad cobra peso. Después del grave conflicto postelectoral, los ciudadanos han visto que pueden diferir en opciones de política y continuar con sus relaciones en diversos ámbitos, desde el comunitario hasta el económico. En ese tenor, hay diversos indicios de que en materia petrolera la mayoría aceptaría, y tal vez incluso preferiría, una solución que no fuera la del gobierno, que ha sido objetada fuertemente por los grupos cercanos a López Obrador; pero también se inclinaría por una que no fuera la de este excandidato. Es decir, alguna tercera vía que trascendiera la polarización sería bien acogida, como lo han sugerido algunas figuras del PRI y ciertos personajes del PRD.

La preponderancia esta quincena de un tema acerca del cual se puede concitar la unidad se explica en parte por el acotamiento de las posibilidades del discurso de la división. Esto no significa que el tema de la reforma petrolera no pueda volver pronto a ocupar uno de los primeros lugares en la atención pública. Si el presidente o el director de Pemex hacen declaraciones al respecto, casi seguramente volverá a ser foco de controversia, y probablemente en agosto o septiembre, cuando el frente que apoya a López Obrador intensifique sus movilizaciones contra la reforma, ciertos núcleos de seguidores subrayarán la idea de una división social fundamental. Inclusive, en tal caso, algunos activistas podrían considerar justificable, con base en tal división, tomar algunas medidas radicales. Pero no es de esperarse que la idea sea suscrita por proporciones grandes de los ciudadanos, ni siquiera en el caso de que los núcleos duros del PAN se esfuercen por excluir las terceras vías, después de que una discusión percibida como polarizante deja de atraer interés en su fase principal, a diferencia de la lucha contra el narcotráfico, que se ve, al menos por ahora, como potencialmente unificadora.

Son de considerarse a continuación los aspectos específicos de la lucha que se están destacando, así como el tono general de las notas. Como ha sido señalado en varias ocasiones desde que se inició la actual ofensiva contra los narcotraficantes, la seguridad de los habitantes es la primera de las responsabilidades del estado, comprende asuntos que son competencia de los diferentes poderes y la acción directa corresponde generalmente al poder ejecutivo. El recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico podría poner en duda la capacidad para cumplir con esa responsabilidad o la pertinencia de las medidas adoptadas, que es lo que probablemente buscan los traficantes, quienes no sólo “ajustan cuentas” entre sí y con la policía o el ejército, sino que adoptan tácticas propiamente terroristas, parece ser aprendidas por sus sicarios de grupos militares y paramilitares guatemaltecos, que a su vez las habrían adquirido de grupos que operaron en Argentina durante la última dictadura militar. Su mensaje es que el horror no se acaba con la muerte, sino que sigue y sigue.

Los acontecimientos no tienen, sin embargo, ese efecto, al menos por ahora, como se desprende del poco eco del cuestionamiento de Zavaleta. Más bien han subrayado la magnitud del problema, como lo indican las expresiones de rechazo a la violencia y las muestras de apoyo al gobierno. Esto en parte se debe al peso que tienen los juicios de intenciones en la comprensión de cualquier asunto, sobre todo desde las confrontaciones entre López Obrador y Fox. Los “complots” y el “sospechosismo”, dominan los análisis que más circulan en las conversaciones. En este contexto, lo que tiende a tematizarse es la voluntad del gobierno y de los funcionarios, no su capacidad; y nadie podría poner en duda la voluntad de Millán, quien fue atacado en una represalia por sus acciones decididas y, herido de muerte, atrapó a uno de sus agresores, de una manera que condujo a la aprehensión de todo un grupo de delincuentes.

Consideremos ahora los acontecimientos referidos. Como ha ocurrido desde el inicio de esta lucha contra el narcotráfico, en Michoacán, el desplazamiento del ejército a Sinaloa ocurre después de una serie de hechos violentos en la entidad, cuyo número va en aumento, y tiene el carácter de respuesta al incremento. Continuando con el paralelismo, con ese desplazamiento crece aún más la violencia, principalmente en Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, aunque empiezan a disminuir los enfrentamientos en el último estado en que se concentraron las acciones de las fuerzas armadas, Chihuahua, todavía tienen allí un nivel muy alto, sobre todo en Ciudad Juárez. La suma de los hechos de sangre en los dos estados, Sinaloa y Chihuahua, aunados a algunos menos numerosos en otros estados, sobre todo Baja California, Tamaulipas y Veracruz, da como resultado el altísimo índice del mes.

Los hechos parecen, entonces, confirmar un patrón, y confieren cierto apoyo a la tesis del gobierno: el aumento de la violencia es una respuesta de la delincuencia organizada al cerco de la fuerza pública y un síntoma de las consecuentes disputas de poder entre las organizaciones criminales y dentro de ellas. Pero al mismo tiempo subraya la necesidad de pasar a fases de control más eficaz en las dos áreas que el gobierno señala al criticar a Estados Unidos: el flujo de dinero y el contrabando de armas. Surgen naturalmente dos preguntas. La primera es si, en el ámbito diplomático y en la opinión pública de Estados Unidos, México puede actuar para propiciar que los órganos de decisión del país vecino asuman la responsabilidad que les corresponde. La segunda es si internamente México está haciendo lo suficiente para reducir el lavado de dinero y el tráfico de armas.


Horizontes

Si los patrones detectados se confirman y, sobre todo, si se logran avances en el control del dinero y las armas, probablemente la violencia empezará a disminuir, porque ya se han tomado acciones de gran envergadura en todos los estados donde ha sido notoria la presencia de narcotraficantes, exceptuando quizá a Jalisco. Sin embargo, para que ello sea notorio, pasará tiempo. Las rápidas reacciones del crimen organizado indican que su capacidad es todavía considerable.

En esas perspectivas, el éxito de la lucha actual sólo podrá plantearse en términos comparativos, es decir, como una reducción, más que como una eliminación de la violencia. Pero que esto sea aceptable para el público, dependerá de las posibilidades del gobierno para sumar a distintos actores y mostrar que la convocatoria a la unidad ha fructificado, es decir, de conservar el sentido que ha adquirido la lucha.

En el más largo plazo, siguen pendientes las interrogantes que se plantearon al principio de la lucha: ¿Después de las fases críticas, qué policías se harán cargo de las tareas que está asumiendo el ejército? ¿Qué deben hacer la sociedad y el estado para reducir el consumo de drogas?

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Aumento a los precios de los alimentos

El aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial afecta a la economía mexicana, lo que abre la posibilidad de turbulencias inflacionarias y desabasto. Tal parece que las limitadas medidas tomadas por el gobierno en la materia han sido insuficientes y no han logrado frenar el constante aumento de numerosos artículos y alimentos de primera necesidad de la canasta básica.


Hechos

El 30 de abril, el Secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, señaló “que los incrementos abruptos en los precios de los alimentos son provocados por especuladores internacionales que buscan más ganancias” y también afirmó que el campo nacional está trabajando al tope, pero advirtió: “Esperemos que el fertilizante no nos vaya a fallar”. En este sentido explicó que si bien en México el abasto de alimentos está garantizado para un año, alertó que la economía mexicana no está blindada ante una crisis global de los alimentos.

Por otro lado, en el marco de las celebraciones por el día del trabajo, sindicatos (como el de trabajadores de la UNAM o de los electricistas), así como la Central Campesina Cardenista (CCC), e incluso sindicatos y federaciones oficialistas como el Congreso del Trabajo, la Confederación Nacional Campesina (CNC) o la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se pronunciaron por la soberanía alimentaria, por el aumento de los apoyos gubernamentales al campo y por el control de precios en los alimentos y productos de la canasta básica.

Un día después los senadores del PRI y del PRD Ramiro Hernández García y Arturo Herviz Reyes respectivamente, denunciaron que “la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado ha recibido 17 iniciativas y no ha dictaminado ninguna, por “la desatención” de su presidente”, el senador del PAN Guillermo Padres Elías.
Por su parte, el 7 de mayo, la Unión Nacional Avícola (UNA) acusó a diferentes compañías transnacionales de agroexportación de provocar “en los pasados cinco días una escalada de precios en los productos al consumidor final, que en algunos casos ya alcanzan incrementos de 53 por ciento.” Según la Unión, corporativos como Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson son algunos de los responsables de los aumentos, en la medida en que se han negado a asumir los aumentos en el costo de los insumos para la ganadería y la avicultura, por no disminuir márgenes de rentabilidad. Para el Banco de México estos aumentos han afectado, “en la mayoría de los países, a los hogares con menores ingresos”, y han generado el mayor índice inflacionario desde 2005. Según estimaciones de la propia institución, los aumentos de los precios de 127 insumos agropecuarios “provocaron que el año pasado aumentara en 5 mil millones de dólares el costo de la factura por la compra de estos productos, una cifra que supera la totalidad de los recursos excedentes por exportaciones de crudo captados en 2007”. Banxico explica que la economía mexicana se puede ver severamente afectada debido a que es una economía que depende enormemente de las exportaciones de alimentos provenientes de los grandes productores mundiales: Los Estados Unidos y la Unión Europea.

Un día después, en la Secretaría de Hacienda, el Presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, afirmó que los precios de los alimentos “se mantendrán al alza hasta 2010, y aun cuando comiencen a descender se ubicarán por encima de los niveles de 2004.” Zoellick consideró que “aunque México tiene una economía fortalecida y que se puede considerar que está por encima de otras economías emergentes, no está exenta del grave problema de los aumentos en los precios de los alimentos a nivel mundial.” En el mismo evento, el Secretario de Hacienda afirmó que en el país por el momento está garantizado el abasto de alimentos. Sin embargo, aceptó que ha habido un incremento en los precios que se ha reflejado en la inflación.

Por otra parte, el 10 de mayo, Jaime Yesaki, dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, sostuvo que primero se dio la carestía “pero lo que sigue es el desabasto”, por lo que el aumento de los precios de alimentos es un tema de urgencia en la agenda nacional. Y explicó que no se trata, “sólo de un problema de mayor presupuesto ni tampoco de tocar o cambiar tanto las leyes vigentes, sino de instrumentar de una vez por todas una política integral para el campo”.
Finalmente, a finales del mes de mayo, la Secretaría de Agricultura en voz de su titular Alberto Cárdenas informó que a partir de 2008 se echará a andar un agresivo programa de producción de biocombustibles en México. Informó que en un par de años será posible que vehículos automotores utilicen biocombustibles en ciudades como Guadalajara, el Distrito Federal o Monterrey.


Análisis

Durante la quincena, numerosas voces tomaron la palabra en el debate sobre los aumentos de los precios de los alimentos. Es comprensible la atención que ha recibido recientemente este tema sobre todo en la medida en que los aumentos han acarreado efectos inflacionarios que, si bien hasta ahora han sido moderados, se ciernen sobre la economía mexicana como una amenaza seria para la estabilidad financiera. En efecto, la escalada de precios en los alimentos, que se desató con mayor claridad desde mediados del año pasado, es un problema que tiene que ser atendido con toda seriedad por las autoridades mexicanas, debido a que la seguridad alimentaria de millones de mexicanos puede quedar en duda.

El primer punto que se debe discutir es el de la relación del entorno y la seguridad interna del país. En este caso, desde hace algunos años México dejó de ser un país autosuficiente en materia alimentaria. Dado que los gobiernos desde la década de los ochenta decidieron entrar al juego comercial de las ventajas comparativas, poco a poco se privilegió la producción primaria de hortalizas y otros cultivos suntuarios en los que algunos productores mexicanos podrían ser competitivos a nivel mundial y exportar sus productos a otros países. Así, la producción de granos básicos se dejó de lado, disminuyeron los apoyos y subsidios gubernamentales a este sector y se promovió la tecnificación y desarrollo de los productores de flores, frutas y hortalizas, productos suntuarios, de lujo y exóticos, entre otros. La razón por la que se decidió esto radica en que, por lo altos subsidios que reciben los productores en los países desarrollados, resultaba más barato importar los granos y alimentos básicos, que producirlos localmente. Así, se desmanteló el aparato agrícola productivo nacional y se impulsó el desarrollo de un pequeño sector de agroexportación. Sin embargo hoy, el escenario mundial ha cambiado, en muy buena medida porque los subsidios a los productores primarios de los países desarrollados han disminuido bastante, porque la demanda de alimentos (empujada fuertemente por China y la India) ha crecido fuertemente y por distintos factores climáticos que han afectado la producción. Esto ha ocasionado que los precios internacionales de los alimentos suban y que nuestro país quede expuesto a los avatares de la economía globalizada.

El segundo tema que genera debate es el que tiene que ver con la manera en la que se enfrenta la situación alimentaria del país. Esta discusión está asociada con el proyecto de país que cada fuerza política o grupo impulsa y que parece tener dos principales posiciones: La primera alternativa, la que parece más interesante y viable para el gobierno (congruente con la política seguida desde la década de los ochenta), es la de abrir de manera definitiva y amplia las fronteras y los puertos a los productos agrícolas procedentes del extranjero. Todavía hasta hoy, algunas especies de maíz, frijol, soya, sorgo, etc. o algunos productos como la leche en polvo, la carne, distintos tipos de aves o pescados, fertilizantes y otros insumos agrícolas, tienen algunas restricciones arancelarias que encarecen el precio del producto y lo hacen menos competitivo, las cuales, en un escenario de apertura total (del que no estamos muy lejos), podrían desaparecer. En este mismo escenario y manteniendo la preferencia para el apoyo a los productores de hortalizas y productos suntuarios (quienes continuarían recibiendo subsidios gubernamentales) como la punta de lanza del proyecto agrícola nacional, se pueden dar apoyos focalizados a los grupos más vulnerables del país, con el objetivo de mitigar, en lo posible, los efectos inflacionarios del alza mundial de los precios de los alimentos. Por el otro lado, se puede optar por una política que comience un proceso (a mediano o largo plazo) de reconstrucción del aparato agrícola mexicano. La motivación para ello radica en que, tal como diferentes analistas lo han señalado, los precios de los alimentos seguirán altos durante varios años, por lo que producir alimentos básicos, de nueva cuenta, vuelve a ser un negocio redituable, o, al menos, implica reducir costos al no tener que importar alimentos caros de otros países. Esta postura la defienden los sindicatos, organizaciones campesinas, algunos partidos como el PRD o (incluso) el PRI y tiene como fondo la idea de la autosuficiencia o la soberanía alimentaria. En este sentido el PAN parece no estar muy interesado.

Finalmente, un tercer punto de debate es el que apunta hacia la incapacidad gubernamental interna de controlar los precios y las implicaciones que esto tiene. Desde hace mucho tiempo los acaparadores y “coyotes” hacen de las fluctuaciones y fenómenos económicos un negocio redondo al comprar barato, esconder los productos y después venderlos más caros. Se pensaba que cuando México implementara de lleno una economía de mercado esto ya no ocurriría, pero en la presente quincena, escuchamos, incluso de la voz de funcionarios gubernamentales, que esto ocurría pero que no se iba a permitir. Acá lo importante está en pensar en el papel de autoridad que el gobierno mexicano tiene para efectivamente o no controlar esta clase de abusos de empresarios sin escrúpulos.

Finalmente, el tercer punto es el relativo a la producción nacional de biocombustibles. En este aspecto hay que señalar que la política seguida por el gobierno federal, en particular por la Secretaría de Agricultura, no ayuda mucho a aliviar la creciente crisis ocasionada por los incrementos en los precios de los alimentos. En efecto, al aumento de la demanda de productos agropecuarios acrecienta la presión sobre los precios de los productos primarios. Por ello, instituciones como la ONU o el PNUD han hecho llamados a nivel mundial para que se pospongan los planes de producción de biocombustibles, al menos unos años, hasta que se estabilicen los precios de los productos agropecuarios y en particular de los alimentos.

Tomando en cuenta los tres elementos de análisis que hemos propuesto hasta ahora, se puede concluir que si bien el gobierno federal entiende y reconoce la gravedad de la situación por los aumentos de las, su estrategia para hacerle frente no parece ser del todo la mejor. Incluso, con el tema de los biocombustibles, se percibe una actitud de desdén que podría generar conflictos si es que la crisis se agudiza.


Horizontes

En la actualidad el horizonte en el tema alimentario es muy preocupante y amenaza con hacerse más complicado en los siguientes meses y años. El gobierno de Calderón no parece atender con toda prontitud, seriedad y eficacia una crisis que puede agravarse. Por ello, el tema de los aumentos de los precios en los alimentos, en el corto y en el mediano plazo en México, podría significar una fuente de conflicto y de inestabilidad social.

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