Recrudecimiento de la violencia de narcotraficantes

La violencia asociada con la lucha al narcotráfico parece obedecer un patrón, lo que en parte sustenta las explicaciones gubernamentales sobre su recrudecimiento, aunque conduce a preguntarse si se están tomando medidas eficaces para controlar el flujo de dinero hacia los traficantes y su acceso al armamento. La respuesta favorable al llamado de unidad del presidente Calderón hace visible el límite del discurso de la división que se había introducido en el debate sobre la reforma petrolera, y ello también explica en parte la atención que ha recibido el tema de la lucha.


Hechos

Al concluir la quincena anterior, fue asesinado Edgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien era uno de los principales coordinadores de la lucha contra las bandas de narcotráfico. En un comunicado de prensa, la Presidencia de la República lamentó y condenó el hecho. Diferentes voces coincidieron en la reprobación del crimen, empezando por las de las cámaras e incluyendo la del embajador de Estados Unidos. El propio presidente Felipe Calderón, al pronunciar un discurso, declaró: “Ya basta!”. Dijo que, de esta manera, invitaba a todos los poderes y a toda la sociedad a unirse contra la violencia de los narcotraficantes.

Al iniciarse esta quincena, avanzan las investigaciones sobre el presunto autor material del asesinato, Alejandro Ramírez Báez, y las personas que aparentemente colaboraron directamente con él, detenidos en virtud de un arraigo concedido por el juez ocho de distrito de Procesos Penales. Aumentan las expresiones de indignación y alarma. El llamado del presidente recibe el apoyo de un número considerable de editorialistas, incluyendo el de algunos generalmente críticos de su gestión, como Ciro Gómez Leyva, si bien algunos otros, como Humberto Musacchio plantean refutaciones puntuales a las líneas del discurso presidencial.

El secretario de Gobernación repite la exhortación de F. Calderón y prevalece en el ámbito político y en los medios de comunicación el tono de condena a la delincuencia organizada, aunque algunos actores importantes, como Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, ponen en duda la estrategia gubernamental para combatirla.
Se publican estadísticas oficiales y elaboradas por periódicos como Milenio sobre las ejecuciones por narcotraficantes y las muertes en enfrentamientos entre ellos y de ellos con las fuerzas públicas. Difieren poco unas de otras y muestran que el promedio diario se ha duplicado en un año, de 7 a 14, en cifras redondeadas. Se informa también que en este mes el número ha aumentado aún más, y el domingo 18 ocurren 34 “ejecuciones”, es decir, asesinatos, además de 17 “levantamientos”, o secuestros entre bandas.

Ocupan espacios importantes noticias sobre algunos de los ejecutados, que han sido torturados, mutilados y decapitados. Los cadáveres son encontrados en vehículos abandonados en algunas carreteras o en cajas dejadas en lugares públicos, con notas que amenazan a algunos funcionarios y policías o atribuyen a otros ser cómplices de ciertas bandas.

Si bien reciben menos atención, se publican igualmente noticias sobre detenciones y decomisos. Entre éstas, destaca que son aprehendidas en Chihuahua 29 personas supuestamente ligadas a los grupos de “los zetas” y de “el Chapo”. Es notorio también que se incauta un arsenal en Baja California, que incluye granadas y bazucas, y que se aseguran grandes cantidades de drogas sintéticas en agencias aduanales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Al final de la quincena, el mayor espacio noticioso es ocupado por desplazamientos del ejército hacia Sinaloa, por discusiones acerca de la llamada “iniciativa Mérida” de cooperación ente México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y por reclamos a este país en relación con su actuación en este ámbito. La acción militar, similar a la que ocurrió en Michoacán cuando empezó la actual ofensiva del gobierno el año pasado y a la reciente en Chihuahua, parece augurar según algunos analistas, un aumento en la violencia en el noroeste y, según algunos funcionarios, una recomposición de los cárteles de la droga.

El tema central en torno al plan Mérida es la pretensión de Estados Unidos de imponer condiciones que son vistas por muchos como una ingerencia en asuntos propios de México. Los reclamos al vecino del norte, entre los que se encuentran algunos de F. Calderón, se centran en la falta de voluntad para combatir el consumo, para controlar la venta de armas a los narcotraficantes y para impedir el flujo del dinero que obtienen por la venta de las drogas.


Análisis

Es de considerarse, en primer lugar, el desplazamiento, entre los temas que reciben la atención pública, de la reforma petrolera por la violencia asociada con el narcotráfico (y por el aumento de los precios de los alimentos). Esta reubicación es muy significativa, porque el debate sobre la reforma se encuentra en el punto de mayor flujo de información y comparecen los expertos más reconocidos, además del premio Nóbel Mario Molina. El primer factor explicativo es, sin duda, ése: el carácter especializado de la discusión. En el espacio público hay limitaciones para procesar los asuntos complejos una vez que se profundiza en ellos. Hacen falta traductores que puedan plantear en términos accesibles al público general las observaciones técnicas y mecanismos para seleccionar y enfocar la diversidad de puntos que comprenden.

Hay otro factor quizá igualmente importante, aunque más difícil de analizar: la disposición a recibir o rechazar tipos de discursos. En ciertos momentos resulta redituable políticamente presentar a la sociedad como dividida fundamentalmente en dos grupos, y plantear que la arena política no es más que una expresión de esa división; quien lo hace tiene probabilidades altas de recibir el apoyo del grupo mayoriario. Esta no es una estrategia exclusiva de políticos con una orientación determinada, de izquierda o de derecha, liberal o conservadora, sino que puede ser utilizada para acceder al poder por políticos de distintas tendencias, aunque en sus discursos tiende a haber un factor común, el nacionalismo. La división fundamental estaba, por ejemplo, en el centro de la retórica de Nixon y tuvo también un papel primordial en el ascenso de Perón. Esta fue la concepción que promovió López Obrador durante su campaña presidencial y la que ha promovido durante su oposición a la reforma petrolera: de un lado están el verdadero pueblo y él; del otro lado, “ellos”, los traidores a la patria.

Ese tipo de estrategias discursivas, como todas probablemente, tiene límites temáticos y se agota con el tiempo. Se pueden enfocar en ciertos asuntos, como la moral que sustenta a la familia tradicional estadounidense, o extender parcialmente por décadas, como lo hicieron los republicanos hasta Bush. Pero no se puede ver a la sociedad como dividida en todos los asuntos, ni como dividida siempre en torno a un mismo asunto. En algún asunto o en algún momento empieza a ser más redituable hablar de unidad, e intentar ponerse por encima de las oposiciones que han sido tradicionales. Lo descubrió Perón, quien en varios periodos fincó su permanencia en puentes y alianzas multiclasistas. Lo sabe, no sólo Barack Obama, sino también John McCain; ambos están esforzándose por distinguirse uno del otro y diferenciar sus planes de política pública sin apelar a una división fundamental de la sociedad, y quedar como el candidato de todos.

En nuestro país, la retórica de la división tiene límites que han contribuido a la formación de un sistema de tres partidos grandes y varios pequeños, límites que parecen estrecharse ahora, a la vez que el discurso de la unidad cobra peso. Después del grave conflicto postelectoral, los ciudadanos han visto que pueden diferir en opciones de política y continuar con sus relaciones en diversos ámbitos, desde el comunitario hasta el económico. En ese tenor, hay diversos indicios de que en materia petrolera la mayoría aceptaría, y tal vez incluso preferiría, una solución que no fuera la del gobierno, que ha sido objetada fuertemente por los grupos cercanos a López Obrador; pero también se inclinaría por una que no fuera la de este excandidato. Es decir, alguna tercera vía que trascendiera la polarización sería bien acogida, como lo han sugerido algunas figuras del PRI y ciertos personajes del PRD.

La preponderancia esta quincena de un tema acerca del cual se puede concitar la unidad se explica en parte por el acotamiento de las posibilidades del discurso de la división. Esto no significa que el tema de la reforma petrolera no pueda volver pronto a ocupar uno de los primeros lugares en la atención pública. Si el presidente o el director de Pemex hacen declaraciones al respecto, casi seguramente volverá a ser foco de controversia, y probablemente en agosto o septiembre, cuando el frente que apoya a López Obrador intensifique sus movilizaciones contra la reforma, ciertos núcleos de seguidores subrayarán la idea de una división social fundamental. Inclusive, en tal caso, algunos activistas podrían considerar justificable, con base en tal división, tomar algunas medidas radicales. Pero no es de esperarse que la idea sea suscrita por proporciones grandes de los ciudadanos, ni siquiera en el caso de que los núcleos duros del PAN se esfuercen por excluir las terceras vías, después de que una discusión percibida como polarizante deja de atraer interés en su fase principal, a diferencia de la lucha contra el narcotráfico, que se ve, al menos por ahora, como potencialmente unificadora.

Son de considerarse a continuación los aspectos específicos de la lucha que se están destacando, así como el tono general de las notas. Como ha sido señalado en varias ocasiones desde que se inició la actual ofensiva contra los narcotraficantes, la seguridad de los habitantes es la primera de las responsabilidades del estado, comprende asuntos que son competencia de los diferentes poderes y la acción directa corresponde generalmente al poder ejecutivo. El recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico podría poner en duda la capacidad para cumplir con esa responsabilidad o la pertinencia de las medidas adoptadas, que es lo que probablemente buscan los traficantes, quienes no sólo “ajustan cuentas” entre sí y con la policía o el ejército, sino que adoptan tácticas propiamente terroristas, parece ser aprendidas por sus sicarios de grupos militares y paramilitares guatemaltecos, que a su vez las habrían adquirido de grupos que operaron en Argentina durante la última dictadura militar. Su mensaje es que el horror no se acaba con la muerte, sino que sigue y sigue.

Los acontecimientos no tienen, sin embargo, ese efecto, al menos por ahora, como se desprende del poco eco del cuestionamiento de Zavaleta. Más bien han subrayado la magnitud del problema, como lo indican las expresiones de rechazo a la violencia y las muestras de apoyo al gobierno. Esto en parte se debe al peso que tienen los juicios de intenciones en la comprensión de cualquier asunto, sobre todo desde las confrontaciones entre López Obrador y Fox. Los “complots” y el “sospechosismo”, dominan los análisis que más circulan en las conversaciones. En este contexto, lo que tiende a tematizarse es la voluntad del gobierno y de los funcionarios, no su capacidad; y nadie podría poner en duda la voluntad de Millán, quien fue atacado en una represalia por sus acciones decididas y, herido de muerte, atrapó a uno de sus agresores, de una manera que condujo a la aprehensión de todo un grupo de delincuentes.

Consideremos ahora los acontecimientos referidos. Como ha ocurrido desde el inicio de esta lucha contra el narcotráfico, en Michoacán, el desplazamiento del ejército a Sinaloa ocurre después de una serie de hechos violentos en la entidad, cuyo número va en aumento, y tiene el carácter de respuesta al incremento. Continuando con el paralelismo, con ese desplazamiento crece aún más la violencia, principalmente en Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, aunque empiezan a disminuir los enfrentamientos en el último estado en que se concentraron las acciones de las fuerzas armadas, Chihuahua, todavía tienen allí un nivel muy alto, sobre todo en Ciudad Juárez. La suma de los hechos de sangre en los dos estados, Sinaloa y Chihuahua, aunados a algunos menos numerosos en otros estados, sobre todo Baja California, Tamaulipas y Veracruz, da como resultado el altísimo índice del mes.

Los hechos parecen, entonces, confirmar un patrón, y confieren cierto apoyo a la tesis del gobierno: el aumento de la violencia es una respuesta de la delincuencia organizada al cerco de la fuerza pública y un síntoma de las consecuentes disputas de poder entre las organizaciones criminales y dentro de ellas. Pero al mismo tiempo subraya la necesidad de pasar a fases de control más eficaz en las dos áreas que el gobierno señala al criticar a Estados Unidos: el flujo de dinero y el contrabando de armas. Surgen naturalmente dos preguntas. La primera es si, en el ámbito diplomático y en la opinión pública de Estados Unidos, México puede actuar para propiciar que los órganos de decisión del país vecino asuman la responsabilidad que les corresponde. La segunda es si internamente México está haciendo lo suficiente para reducir el lavado de dinero y el tráfico de armas.


Horizontes

Si los patrones detectados se confirman y, sobre todo, si se logran avances en el control del dinero y las armas, probablemente la violencia empezará a disminuir, porque ya se han tomado acciones de gran envergadura en todos los estados donde ha sido notoria la presencia de narcotraficantes, exceptuando quizá a Jalisco. Sin embargo, para que ello sea notorio, pasará tiempo. Las rápidas reacciones del crimen organizado indican que su capacidad es todavía considerable.

En esas perspectivas, el éxito de la lucha actual sólo podrá plantearse en términos comparativos, es decir, como una reducción, más que como una eliminación de la violencia. Pero que esto sea aceptable para el público, dependerá de las posibilidades del gobierno para sumar a distintos actores y mostrar que la convocatoria a la unidad ha fructificado, es decir, de conservar el sentido que ha adquirido la lucha.

En el más largo plazo, siguen pendientes las interrogantes que se plantearon al principio de la lucha: ¿Después de las fases críticas, qué policías se harán cargo de las tareas que está asumiendo el ejército? ¿Qué deben hacer la sociedad y el estado para reducir el consumo de drogas?