En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo este hecho más que unificar divide a los diferentes órdenes de Gobierno.
Hechos
El 6 de agosto, el presidente Felipe Calderón hace un llamado a todos los gobiernos a colaborar en materia de seguridad pública y dedicarse a los problemas que afectan a la población “y no a actividades políticas que dividen a la sociedad”, en clara alusión a la consulta ciudadana realizada por el GDF sobre el tema del petróleo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard responde que un tema no tiene que ver con el otro, y que del tema de la inseguridad no debe “sacarse raja política”.
Al día siguiente, el Ejecutivo federal presenta un mensaje en el cual lamenta el secuestro y asesinato de Fernando Martí, y plantea la necesidad de purgar a todas las policías. Más tarde, envía una iniciativa en la que pide cadena perpetua para secuestradores, cuando pertenezcan a alguna corporación policiaca, cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima, cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. Por su parte, el jefe de Gobierno del DF rechaza que falte coordinación entre las dependencias federales y locales encargadas de la seguridad pública, e informa que el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, se encargará personalmente de los casos de secuestro en la ciudad.
El 9 de agosto, la SSP federal anuncia que la policía federal pondrá en operación unidades especiales (300 elementos que operarán 24 horas los 365 días del año, apoyados con vehículos terrestres y aeronaves) para combatir el secuestro en el país. El día 11 Marcelo Ebrard anuncia 20 acciones para combatir la inseguridad, entre las que destacan: una nueva policía investigadora que reemplaza a la Policía Judicial; una Red de Protección Ciudadana, conformada por vecinos; una fuerza Antisecuestro a cargo de la PGJDF; y un paquete de reformas legislativas.
El día 12, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo-Loza, considera que pueden contribuir las medidas tomadas por el Gobierno federal y por el Gobierno del DF para combatir la inseguridad, pero señala que es necesario acabar con la impunidad aprobando leyes en materia y justicia penal. También dice que son causas de la delincuencia la falta de crecimiento económico y la generación de empleos. Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, califica los niveles de inseguridad como “insostenibles”, y dice que el problema ha frenado las inversiones.
El día 13, Marcelo Ebrard envía una carta a la dirigente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, en la que propone la realización de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, y titulares de la PGR, SSP, Sedena, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conferencia de prensa, junto con el empresario Alejandro Martí, exigen que se reúnan el presidente Felipe Calderón con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los gobernadores, para escuchar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, responsabiliza al Congreso de la Unión de la inseguridad en el país; al conocer las declaraciones diputados del PRI y el PRD señalan al presidente Calderón como el responsable directo de la seguridad en el país. El día 14, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para reunirse el 21 de agosto y definir una estrategia integral para combatir a la delincuencia. Más tarde, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propone que sea la Conago, la que convoque a la cumbre nacional en seguridad pública que había propuesto. El día 15, Marcelo Ebrard confirma que asistirá a la reunión del CNSP. Finalmente, el día 18, AMLO dice que la pobreza y el desempleo son los detonantes de la inseguridad pública en el país, y que mientras continúe el predominio de una “mafia política” no se podrán solucionar.
Análisis
En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. En esta quincena, se dieron las primeras reacciones de los tres órdenes de Gobierno, en este sentido, y en lo que aparenta ser una respuesta enérgica e inmediata el presidente Felipe Calderón envía una iniciativa de ley que contempla el castigo de cadena perpetua a secuestradores, pero que no contempla una profunda reorganización del sistema judicial ni garantiza la correcta impartición de justicia; además el Ejecutivo federal critica al GDF por la falta de coordinación y de depuración policiaca.
Por su parte, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anuncia sus 20 acciones contra la inseguridad y ordena al procurador de Justicia del DF que atienda personalmente los casos de secuestro, de igual forma entra al enfrentamiento con el presidente Calderón, al querer organizar una reunión por encima del Ejecutivo federal y sus secretarios encargados de la seguridad. Parece complicado que la iniciativa presidencial y las acciones del GDF tengan resultados inmediatos, lo que aparentemente le da la razón a las críticas de la CNDH sobre la iniciativa presidencial; otro factor que interviene y opaca los resultados son los enfrentamientos entre ambas administraciones, principalmente el Gobierno federal y el del DF. Por si fuera poco, el deslinde de responsabilidades también se dio entre otros órdenes de Gobierno, la SCJN acusa a los legisladores de no actuar al respecto y hacerlo sólo cuando la presión de la sociedad es exhaustiva, y por su parte, el Legislativo señala como principal responsable al presidente Felipe Calderón.
De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que se debe aclarar es la función de cada institución responsable de la seguridad en el Gobierno. Ante este vacío en asumir responsabilidades de nueva cuenta se suman las organizaciones sociales con propuestas y exigencias. Sin embargo, estos reclamos generalmente quedan en el papel ante la imposibilidad de realizarlos o de plano ante la indiferencia de las autoridades. Un primer logro de estas organizaciones es haber conseguido, al menos en la agenda, participar en la reunión con todos los niveles de Gobierno involucrados, y tener voz en dicho encuentro; sin embargo, aunque esto no garantiza tener resultados inmediatos, es importante para la democracia mexicana, la participación de los ciudadanos en un órgano tan importante como el CNSP, y que sean escuchados por los responsables de las instituciones de Gobierno.
Por último, otro punto que se manejó en el caso particular del joven Martí fueron las negociaciones que se sostuvieron con los secuestradores; resulta obvio que si la familia cuenta con los recursos haya optado por realizar negociaciones entre los delincuentes y un particular, y teniendo asumida una postura de que la labor policial podría entorpecer el rescate. Y no sólo eso, sino con plena desconfianza en las autoridades. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados y ahora sí se recurre a las autoridades para demandarles mejor respuesta, ante una intervención que no tuvieron, pero de la cual sí son responsables.
Hechos
El 6 de agosto, el presidente Felipe Calderón hace un llamado a todos los gobiernos a colaborar en materia de seguridad pública y dedicarse a los problemas que afectan a la población “y no a actividades políticas que dividen a la sociedad”, en clara alusión a la consulta ciudadana realizada por el GDF sobre el tema del petróleo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard responde que un tema no tiene que ver con el otro, y que del tema de la inseguridad no debe “sacarse raja política”.
Al día siguiente, el Ejecutivo federal presenta un mensaje en el cual lamenta el secuestro y asesinato de Fernando Martí, y plantea la necesidad de purgar a todas las policías. Más tarde, envía una iniciativa en la que pide cadena perpetua para secuestradores, cuando pertenezcan a alguna corporación policiaca, cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima, cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. Por su parte, el jefe de Gobierno del DF rechaza que falte coordinación entre las dependencias federales y locales encargadas de la seguridad pública, e informa que el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, se encargará personalmente de los casos de secuestro en la ciudad.
El 9 de agosto, la SSP federal anuncia que la policía federal pondrá en operación unidades especiales (300 elementos que operarán 24 horas los 365 días del año, apoyados con vehículos terrestres y aeronaves) para combatir el secuestro en el país. El día 11 Marcelo Ebrard anuncia 20 acciones para combatir la inseguridad, entre las que destacan: una nueva policía investigadora que reemplaza a la Policía Judicial; una Red de Protección Ciudadana, conformada por vecinos; una fuerza Antisecuestro a cargo de la PGJDF; y un paquete de reformas legislativas.
El día 12, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo-Loza, considera que pueden contribuir las medidas tomadas por el Gobierno federal y por el Gobierno del DF para combatir la inseguridad, pero señala que es necesario acabar con la impunidad aprobando leyes en materia y justicia penal. También dice que son causas de la delincuencia la falta de crecimiento económico y la generación de empleos. Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, califica los niveles de inseguridad como “insostenibles”, y dice que el problema ha frenado las inversiones.
El día 13, Marcelo Ebrard envía una carta a la dirigente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, en la que propone la realización de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, y titulares de la PGR, SSP, Sedena, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conferencia de prensa, junto con el empresario Alejandro Martí, exigen que se reúnan el presidente Felipe Calderón con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los gobernadores, para escuchar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, responsabiliza al Congreso de la Unión de la inseguridad en el país; al conocer las declaraciones diputados del PRI y el PRD señalan al presidente Calderón como el responsable directo de la seguridad en el país. El día 14, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para reunirse el 21 de agosto y definir una estrategia integral para combatir a la delincuencia. Más tarde, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propone que sea la Conago, la que convoque a la cumbre nacional en seguridad pública que había propuesto. El día 15, Marcelo Ebrard confirma que asistirá a la reunión del CNSP. Finalmente, el día 18, AMLO dice que la pobreza y el desempleo son los detonantes de la inseguridad pública en el país, y que mientras continúe el predominio de una “mafia política” no se podrán solucionar.
Análisis
En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. En esta quincena, se dieron las primeras reacciones de los tres órdenes de Gobierno, en este sentido, y en lo que aparenta ser una respuesta enérgica e inmediata el presidente Felipe Calderón envía una iniciativa de ley que contempla el castigo de cadena perpetua a secuestradores, pero que no contempla una profunda reorganización del sistema judicial ni garantiza la correcta impartición de justicia; además el Ejecutivo federal critica al GDF por la falta de coordinación y de depuración policiaca.
Por su parte, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anuncia sus 20 acciones contra la inseguridad y ordena al procurador de Justicia del DF que atienda personalmente los casos de secuestro, de igual forma entra al enfrentamiento con el presidente Calderón, al querer organizar una reunión por encima del Ejecutivo federal y sus secretarios encargados de la seguridad. Parece complicado que la iniciativa presidencial y las acciones del GDF tengan resultados inmediatos, lo que aparentemente le da la razón a las críticas de la CNDH sobre la iniciativa presidencial; otro factor que interviene y opaca los resultados son los enfrentamientos entre ambas administraciones, principalmente el Gobierno federal y el del DF. Por si fuera poco, el deslinde de responsabilidades también se dio entre otros órdenes de Gobierno, la SCJN acusa a los legisladores de no actuar al respecto y hacerlo sólo cuando la presión de la sociedad es exhaustiva, y por su parte, el Legislativo señala como principal responsable al presidente Felipe Calderón.
De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que se debe aclarar es la función de cada institución responsable de la seguridad en el Gobierno. Ante este vacío en asumir responsabilidades de nueva cuenta se suman las organizaciones sociales con propuestas y exigencias. Sin embargo, estos reclamos generalmente quedan en el papel ante la imposibilidad de realizarlos o de plano ante la indiferencia de las autoridades. Un primer logro de estas organizaciones es haber conseguido, al menos en la agenda, participar en la reunión con todos los niveles de Gobierno involucrados, y tener voz en dicho encuentro; sin embargo, aunque esto no garantiza tener resultados inmediatos, es importante para la democracia mexicana, la participación de los ciudadanos en un órgano tan importante como el CNSP, y que sean escuchados por los responsables de las instituciones de Gobierno.
Por último, otro punto que se manejó en el caso particular del joven Martí fueron las negociaciones que se sostuvieron con los secuestradores; resulta obvio que si la familia cuenta con los recursos haya optado por realizar negociaciones entre los delincuentes y un particular, y teniendo asumida una postura de que la labor policial podría entorpecer el rescate. Y no sólo eso, sino con plena desconfianza en las autoridades. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados y ahora sí se recurre a las autoridades para demandarles mejor respuesta, ante una intervención que no tuvieron, pero de la cual sí son responsables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario