Los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) desocuparon las tribunas del Congreso de la Unión (CU), una vez que aceptaron el formato y el tiempo de duración del debate sobre la reforma energética, sin embargo el costo político que tuvieron que pagar parece muy alto. Además llegarán a la discusión de dicha reforma con una fuerte división interna y con su fuerza política mermada; a diferencia de sus adversarios políticos (en especial el presidente Felipe Calderón, el PAN y el PRI) que han fortalecido su imagen entre la ciudadanía después de esta invasión.
Hechos
El 17 de abril Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, anuncia una tercera opción para destrabar el conflicto de la toma de las tribunas del Congreso de la Unión, que consiste en debatir la reforma energética los días que sean necesarios, determinados por un calendario y un programa elaborado por la Comisión de Energía, que permita a los legisladores hacer un análisis y una reflexión como merece el tema, sin chantajes, presiones, cercos, ni amenazas de violencia.
En ese sentido, Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD) están de acuerdo con dicha propuesta y contemplan pertinente desechar las propuestas de 50 y de 120 días. A la sesión en la torre del Caballito, sede alterna, asisten 75 senadores del PAN, PRI y Verde Ecologista. Con votos del PAN, PRI y PVEM se aprueba un punto de acuerdo que exige garantías a las autoridades federales y del DF para que el Senado trabaje con normalidad (los legisladores del FAP no asistieron). Aprueban por unanimidad modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que establecen, entre otras cosas, los escenarios para que el Poder Legislativo se erija en colegio electoral y designe a un Presidente de la República interino. También en el Senado se aprueba una minuta de la Cámara de Diputados que incluye el mecanismo para la elección de los consejeros del IFE, el consejero presidente y el contralor. Se elige a los senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano que funciona en los recesos legislativos.
Al día siguiente Guillermo Velasco Arzac —artífice de los spots que comparan a Andrés Manuel López Obrador con Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Victoriano Huerta— afirma que hay personas interesadas en financiar esta campaña contra la toma de las tribunas del Congreso de la Unión; se declara a sí mismo un defensor de la democracia; acusa a los diputados y senadores del FAP de llevar a cabo una estrategia golpista; rechaza que realice una guerra sucia y deja en claro que mantendrá su campaña “hasta dónde consiga dinero”; subraya que la agrupación política nacional que preside, la Coordinadora Ciudadana, no contrató la transmisión del spot por Televisa, pues lo hizo la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno; dice no aludir a ningún candidato y destaca que no es periodo electoral por lo que no viola la ley.
El 19 de abril Carlos Navarrete Ruiz, coordinador del PRD en el Senado, tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, abre la posibilidad de desalojar las tribunas del Congreso en un plazo de 48 horas, a cambio de que el PRI y el PAN se comprometan a no abrir un periodo extraordinario —entre mayo y agosto— para discutir la reforma energética. “Hay un compromiso público de suspender las protestas en las calles y permitir que termine bien el periodo ordinario el 30 de abril y que funcione normalmente la Comisión Permanente si logramos un acuerdo de que en el periodo de los cuatro meses de receso, le pongamos el mayor énfasis al debate, su difusión, a la clarificación de los puntos de vista de todas las partes y que no habría, por lo tanto, la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el marco del receso”, explicó el senador. Insiste en que el acuerdo debe ser acompañado de un intenso debate nacional en torno a las reformas en materia energética, centrado en los 14 temas ya acordados y ampliamente difundido en los medios, utilizando tanto las estaciones de radio y televisión gubernamentales como los espacios que por ley corresponden al Estado en los medios privados.
El día 20 los senadores del FAP manifiestan que no bloquearan la sesión de este día de la Cámara de Senadores en una sede alterna, pero no pueden garantizar lo mismo por las Adelitas o simpatizantes de López Obrador. En este sentido, el senador Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado, desde el jueves pasado, por estrategia, se reserva el lugar donde hoy se llevará a cabo la sesión. Al otro día los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenan el retiro de los anuncios televisivos, uno que compara a López Obrador con dictadores y el otro donde el PAN critica al PRD por la toma de las tribunas legislativas; sin embargo, la difusión del primero continuó la noche siguiente. Deciden fijar “un precedente” para que en el proceso de 2009 los partidos no exhiban mensajes negativos o contrarios a otra agrupación.
El objetivo de la cancelación del mensaje panista es para iniciar una investigación al final de la cual el Consejo General tomará una decisión; en cambio, el fallo sobre el spot de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno es definitivo porque “ningún tercero puede contratar espacios para atacar a partidos”. Por otra parte, los diputados federales del PRD impulsan el desalojo de la tribuna de San Lázaro, pues consideran que la resistencia civil no funciona al permitir que haya sesiones en sedes alternas en las que se avalan dictámenes sin el consentimiento de la oposición. El diputado Raymundo Cárdenas reconoce la necesidad de hacer un pronunciamiento en el que los legisladores celebren haber impedido el aval de la reforma energética, y en un acto posterior desocupen la tribuna. También propuso iniciar una nueva fase de la resistencia civil.
El 22 de abril en Nueva Orleans, durante una conferencia de prensa junto con sus homólogos George W. Bush, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá, el presidente Felipe Calderón Hinojosa endureció su postura y criticó al PRD por la toma de las tribunas legislativas a raíz de la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos enviada semanas atrás para su discusión. Aseguró que el PRD vive un empobrecimiento de su imagen pública “por comportamientos que, simple y sencillamente, los ponen en ridículo”. Deploró la falta de solución a la crisis interna en que se encuentra, ya que debilita entre los mexicanos la imagen de los partidos. El mismo día la Mesa Directiva de la Comisión de Energía, integrada por Francisco Labastida (PRI), Graco Ramírez (PRD) y Rubén Camarillo (PAN), acuerdan un debate nacional sobre la reforma energética de 72 días: del 12 de mayo al 22 julio, con 20 foros y 14 temas y transmisión satelital del canal del Congreso. El acuerdo se distribuye a cada uno de los 15 integrantes de esa comisión y el único que se niega a firmarlo es Dante Delgado Rannauro de Convergencia. El senador priísta Manlio Fabio Beltrones considera que ese día se pondrá a consideración de la Junta de Coordinación Política del Senado y prácticamente, por el grado de consenso que alcanzó, sería aprobado en sus términos.
El senador Ricardo Monreal, vicecoordinador de la bancada perredista y representante del Frente Amplio Progresista, una vez que se entera de lo sucedido en la Comisión de Energía, comenta que es “cuestión de horas” la desocupación de las tribunas del Congreso del Unión. Después precisa que esa decisión la tomaron los seis coordinadores parlamentarios del FAP, pero que sin duda se trata de un avance que evitaría la aprobación apresurada de la reforma energética y que podría llevar a la liberación de las tribunas legislativas este mismo día. Antes de arrancar el debate nacional acudirían al Senado la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para abundar sobre los fundamentos que sustentan las iniciativas del Ejecutivo federal.
Del 12 de mayo al 22 de julio se realizarían 20 foros y el primero de ellos estaría dedicado a la participación de los representantes de los partidos. Se haría un llamado a las instituciones de educación superior para que envíen a sus expertos en materia energética. El canal de televisión del Congreso pasará por satélite su señal para que el debate pueda ser transmitido en todo el país. Tras una larga reunión entre los coordinadores parlamentarios panistas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el líder del PAN, Germán Martínez, dejaron en claro que la iniciativa energética no será retirada y buscarán construir la mayoría necesaria para dictaminar y eventualmente votarla y aprobarla.
El día 23 el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados concluye que la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo es inconstitucional y tiene tintes privatizadores. El análisis advierte que de aprobarse las reformas se legalizaría la participación de capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, lo que resultaría una “franca transgresión” al mandato constitucional. Afirma que los últimos gobiernos han convertido a la industria petrolera en una “vasta área de negocios del sector privado”, ya que han invadido áreas medulares de la explotación petrolera mediante contratos de servicios múltiples o integrales. Por su parte, el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, llega a San Lázaro y pide a los legisladores “arriesgar” y “aportar” de manera inteligente en la capacitación y desarrollo de Pemex, a fin de ganarle tiempo al futuro. Niega que la iniciativa sea privatizadora. Pide no hacer aseveraciones falsas de la iniciativa del Ejecutivo, en cuanto alianzas ya que sólo se irá a aguas profundas, “lo hemos dicho, de aquí al 2025 se tiene que ir por todas las cuencas y todos aquellos recursos, sin contemplar donde se encuentren”. Afirma que Pemex no es sólo el proveedor de energéticos, sino uno de los grandes motores de desarrollo y generadores de riqueza para México, de ahí que un nuevo diseño y una nueva arquitectura institucional en el sector energético son fundamentales.
El PRD, en voz de Carlos Navarrete, reprocha, sin citarlos por su nombre ni identificarlos, a Dante Delgado de Convergencia y a Alejandro González Yáñez del PT, por descalificar las negociaciones del perredista Graco Ramírez en la Comisión de Energía sobre el programa y calendario del debate en materia petrolera. Solicita a los aliados del FAP respeto al trabajo de los perredistas, “porque no tenemos que pedirle permiso a ningún otro partido para tomar nuestras decisiones”. Por la noche Navarrete le dice a López Obrador que el Senado es “una jaula de locos”, “luego Ricardo (Monreal) sale, imprudentemente, a anunciar: ‘¡Ya nos vamos!’. En el pequeño salón del cuarto de guerra, atestiguaban la escena Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Dante Delgado Rannauro y Alejandro Chanona. Navarrete afirma abiertamente al ex candidato presidencial y a Delgado: “Yo sí creo en la vía parlamentaria”, no creo que el debate político sea “una pérdida de tiempo, no creo que podamos transformar al país así. Debatamos”.
Enfrascados en la discusión por la propuesta para debatir 72 días presentada por el PAN y PRI, López Obrador responde: “Yo no puedo dar pasos en falso por este asunto”. A lo que Navarrete le contesta: “Lo respeto y lo admiro, pero dime cuándo”. “Yo mañana les digo…”, respondía con voz tranquila López Obrador. “Lo que quieras, repito, pero dime: el 30 de abril o el 15 de mayo, tu dime cuándo (…) para seguir con el esfuerzo de negociación”, insistía Navarrete, “pero se agradecería que nos dijeras. Si no hay acuerdo, vámonos”. “Es que esto, para mí, es una vacilada, no sé si me explico. Lo importante es que ganamos en tiempo, pero lo ganamos no por la negociación, lo ganamos porque tomamos la tribuna, no sé si me explico”. “Entonces esto nos va a llevar a que tengamos tiempo para que, con el movimiento en la calle y con la fuerza de la opinión pública vayamos por buen camino”, le dijo López Obrador.
El 25 de abril finalmente los legisladores del FAP desalojan las tribunas de las cámaras de Diputados y de Senadores, la ocupación duró 16 días, luego de llegar a un acuerdo para iniciar el debate sobre la reforma energética el próximo 13 de mayo. Sin embargo, las dos semanas que duraron atrincherados fueron aprovechadas por PAN y PRI para aprobar, en sedes alternas, 14 reformas de ley. De los 14 dictámenes, por los menos seis no pasaron ni siquiera por el escrutinio de las comisiones de trabajo. Uno de los acuerdos afectó directamente al PRD, con 252 votos se eliminó la cláusula de gobernabilidad en el Distrito Federal, se evitará que un partido concentre la mayoría absoluta en la capital del país, condición en la que actualmente se encuentra el PRD en la Asamblea Legislativa. Además, se permitirá la salida escalonada de magistrados electorales, y su elección ya no podrá ser por designación, sino por convocatoria. Otro de los dictámenes aprobados fue el de la Ley de Adquisiciones, a la cual se oponía el FAP.
El día 26 nuevamente el presidente Calderón insiste en que “a pesar de la adversidad” se han construido acuerdos. “Hoy estamos construyendo acuerdos y consensos en un México de gobierno sin mayorías parlamentarias; un México donde quienes se han empeñado en destruir la vida institucional del país han fracasado una y otra y otra vez; fracasaron ahora y fracasarán nuevamente”. Durante la asamblea nacional extraordinaria de Acción Nacional, el Presidente señala que los frutos de dicha iniciativa serán más visibles dentro de muchos años, pero al PAN le debe quedar claro que está transformando a México. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, celebra que se hayan liberado las tribunas del Congreso y confía en que esta situación no se dé nuevamente, pues ya existe un compromiso firmado por todas las fracciones.
El 28 de abril Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirma que no se puede obligar a nadie a debatir, pero tampoco se puede permitir que el debate se anule por razones políticas. Argumenta que más que reforma energética lo que detuvieron fue el trabajo diario en la sede del Legislativo, “evidenciando al mismo tiempo su autoritarismo y cerrazón”. Afortunadamente esta vez la respuesta del resto de los legisladores estuvo a la altura de las circunstancias. Finalmente, sugiere reducir el número de parlamentarios en ambas cámaras, así como permitir la reelección de los legisladores para agilizar los trabajos legislativos.
Análisis
La presión que ejerció el Frente Amplio Progresista (FAP), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la toma de la tribuna del Congreso de la Unión logro flexibilizar la postura de los diferentes grupos parlamentarios (en especial del PAN y el PRI) y consiguió ampliar el tiempo de duración del debate nacional sobre la reforma energética de 50 a 71 días. También es importante mencionar que la postura tanto del presidente Felipe Calderón como de su secretaria de energía, Georgina Kessel, una vez que se polarizaron las posturas a favor y en contra de la reforma fue tender puentes de entendimiento con los grupos parlamentarios para avanzar en este tema. Sin duda es criticable que cualquier agrupación política, en este caso el FAP, atente contra uno de los fundamentos de la democracia, es decir, la discusión argumentada en el Congreso entre las diferentes posturas ideológicas sobre el tema energético y utilice para ello la fuerza física de sus representantes y no sus capacidades intelectuales.
Sobre todo porque si esta actitud de sabotaje la asume cualquier otro partido político y se convierte en la regla cada vez que no esté de acuerdo o al menos crea que de algún modo las decisiones adoptadas le afectan, entonces la toma de decisiones en el sistema presidencial mexicano tendera irremediablemente al desacuerdo permanente y a su parálisis. Además estamos apenas en el inicio de la discusión, en el formato de la discusión, todavía falta discutir el contenido de la reforma que será mucho más difícil de acordar y el FAP ya amenazó con volver a ocupar el recinto legislativo si lo dejan fuera del acuerdo.
El mayor costo político de la toma del Congreso lo están pagando tanto Andrés Manuel como el FAP (en particular el PRD), la estrategia de sabotaje únicamente ha servido para dilapidar el capital político adquirido en las elecciones federales del 2006. Las últimas encuestas de Mitofsky y El Universal sobre la preferencia electoral señalan la caída del PRD a un tercer lugar (después de haber ocupado el segundo) y las elecciones federales intermedias del 2009 se encuentran a la vuelta de la esquina. Si la tendencia se mantiene el PRD perderá posiciones en la Cámara de Diputados mientras que los mayores beneficiados de esta situación serán el PAN y el PRI. Seguramente esta problemática fue observada por los diputados y senadores de Nueva Izquierda, quienes saben que las posiciones ganadas están a punto de perderse y decidieron desocupar el recinto e iniciar el trabajo legislativo. Posición contraria a la de sus compañeros legisladores afines a López Obrador, quienes están convencidos de las bondades del uso de la fuerza física y la invasión de los espacios públicos para impedir la deliberación política.
En este sentido, el FAP empieza a mostrar signos de división interna, adicionalmente está discusión se está contaminando con la indefinición poselectoral dentro del PRD que hasta el momento no ha ungido a un nuevo dirigente nacional. Sin embargo, también es poco viable que en un tema de suma trascendencia tanto el presidente Calderón como su partido (el PAN) pretendan imponer su mayoría en el Congreso de la Unión y busquen sólo los votos necesarios en el PRI para sacar adelante dicha reforma. Bajo esta perspectiva se cumpliría con la legalidad o la forma de aprobar leyes, pero carecería de la legitimidad necesaria para su aplicación porque dejaría fuera las propuestas de la oposición, en especial del FAP.
Quizás la mejor forma de proceder en este caso sería que el Gobierno federal con la ayuda del PAN traten de construir el consenso más amplio posible entre las diferentes posturas ideológicas presentes en la sociedad mexicana, o sea, empezar por lograr acuerdos mínimos entre los ocho grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y después buscar lo mismo con las diferentes agrupaciones empresariales y de la sociedad civil; de lo contrario es poco probable que se pueda avanzar en esta reforma.
Horizontes
Es probable que el presidente Felipe Calderón y el PAN tiendan puentes de entendimiento con los diferentes grupos parlamentarios para avanzar en el tema energético y parece que intentarán construir el consenso más amplio posible sobre la reforma energética. En tanto el Frente Amplio Progresista seguirá en pie de lucha, con una fuerte división interna, pero con la intención de retomar el Congreso de la Unión si dejan fuera sus propuestas del acuerdo final.
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Hechos
El 17 de abril Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, anuncia una tercera opción para destrabar el conflicto de la toma de las tribunas del Congreso de la Unión, que consiste en debatir la reforma energética los días que sean necesarios, determinados por un calendario y un programa elaborado por la Comisión de Energía, que permita a los legisladores hacer un análisis y una reflexión como merece el tema, sin chantajes, presiones, cercos, ni amenazas de violencia.
En ese sentido, Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD) están de acuerdo con dicha propuesta y contemplan pertinente desechar las propuestas de 50 y de 120 días. A la sesión en la torre del Caballito, sede alterna, asisten 75 senadores del PAN, PRI y Verde Ecologista. Con votos del PAN, PRI y PVEM se aprueba un punto de acuerdo que exige garantías a las autoridades federales y del DF para que el Senado trabaje con normalidad (los legisladores del FAP no asistieron). Aprueban por unanimidad modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que establecen, entre otras cosas, los escenarios para que el Poder Legislativo se erija en colegio electoral y designe a un Presidente de la República interino. También en el Senado se aprueba una minuta de la Cámara de Diputados que incluye el mecanismo para la elección de los consejeros del IFE, el consejero presidente y el contralor. Se elige a los senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano que funciona en los recesos legislativos.
Al día siguiente Guillermo Velasco Arzac —artífice de los spots que comparan a Andrés Manuel López Obrador con Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Victoriano Huerta— afirma que hay personas interesadas en financiar esta campaña contra la toma de las tribunas del Congreso de la Unión; se declara a sí mismo un defensor de la democracia; acusa a los diputados y senadores del FAP de llevar a cabo una estrategia golpista; rechaza que realice una guerra sucia y deja en claro que mantendrá su campaña “hasta dónde consiga dinero”; subraya que la agrupación política nacional que preside, la Coordinadora Ciudadana, no contrató la transmisión del spot por Televisa, pues lo hizo la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno; dice no aludir a ningún candidato y destaca que no es periodo electoral por lo que no viola la ley.
El 19 de abril Carlos Navarrete Ruiz, coordinador del PRD en el Senado, tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, abre la posibilidad de desalojar las tribunas del Congreso en un plazo de 48 horas, a cambio de que el PRI y el PAN se comprometan a no abrir un periodo extraordinario —entre mayo y agosto— para discutir la reforma energética. “Hay un compromiso público de suspender las protestas en las calles y permitir que termine bien el periodo ordinario el 30 de abril y que funcione normalmente la Comisión Permanente si logramos un acuerdo de que en el periodo de los cuatro meses de receso, le pongamos el mayor énfasis al debate, su difusión, a la clarificación de los puntos de vista de todas las partes y que no habría, por lo tanto, la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el marco del receso”, explicó el senador. Insiste en que el acuerdo debe ser acompañado de un intenso debate nacional en torno a las reformas en materia energética, centrado en los 14 temas ya acordados y ampliamente difundido en los medios, utilizando tanto las estaciones de radio y televisión gubernamentales como los espacios que por ley corresponden al Estado en los medios privados.
El día 20 los senadores del FAP manifiestan que no bloquearan la sesión de este día de la Cámara de Senadores en una sede alterna, pero no pueden garantizar lo mismo por las Adelitas o simpatizantes de López Obrador. En este sentido, el senador Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado, desde el jueves pasado, por estrategia, se reserva el lugar donde hoy se llevará a cabo la sesión. Al otro día los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenan el retiro de los anuncios televisivos, uno que compara a López Obrador con dictadores y el otro donde el PAN critica al PRD por la toma de las tribunas legislativas; sin embargo, la difusión del primero continuó la noche siguiente. Deciden fijar “un precedente” para que en el proceso de 2009 los partidos no exhiban mensajes negativos o contrarios a otra agrupación.
El objetivo de la cancelación del mensaje panista es para iniciar una investigación al final de la cual el Consejo General tomará una decisión; en cambio, el fallo sobre el spot de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno es definitivo porque “ningún tercero puede contratar espacios para atacar a partidos”. Por otra parte, los diputados federales del PRD impulsan el desalojo de la tribuna de San Lázaro, pues consideran que la resistencia civil no funciona al permitir que haya sesiones en sedes alternas en las que se avalan dictámenes sin el consentimiento de la oposición. El diputado Raymundo Cárdenas reconoce la necesidad de hacer un pronunciamiento en el que los legisladores celebren haber impedido el aval de la reforma energética, y en un acto posterior desocupen la tribuna. También propuso iniciar una nueva fase de la resistencia civil.
El 22 de abril en Nueva Orleans, durante una conferencia de prensa junto con sus homólogos George W. Bush, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá, el presidente Felipe Calderón Hinojosa endureció su postura y criticó al PRD por la toma de las tribunas legislativas a raíz de la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos enviada semanas atrás para su discusión. Aseguró que el PRD vive un empobrecimiento de su imagen pública “por comportamientos que, simple y sencillamente, los ponen en ridículo”. Deploró la falta de solución a la crisis interna en que se encuentra, ya que debilita entre los mexicanos la imagen de los partidos. El mismo día la Mesa Directiva de la Comisión de Energía, integrada por Francisco Labastida (PRI), Graco Ramírez (PRD) y Rubén Camarillo (PAN), acuerdan un debate nacional sobre la reforma energética de 72 días: del 12 de mayo al 22 julio, con 20 foros y 14 temas y transmisión satelital del canal del Congreso. El acuerdo se distribuye a cada uno de los 15 integrantes de esa comisión y el único que se niega a firmarlo es Dante Delgado Rannauro de Convergencia. El senador priísta Manlio Fabio Beltrones considera que ese día se pondrá a consideración de la Junta de Coordinación Política del Senado y prácticamente, por el grado de consenso que alcanzó, sería aprobado en sus términos.
El senador Ricardo Monreal, vicecoordinador de la bancada perredista y representante del Frente Amplio Progresista, una vez que se entera de lo sucedido en la Comisión de Energía, comenta que es “cuestión de horas” la desocupación de las tribunas del Congreso del Unión. Después precisa que esa decisión la tomaron los seis coordinadores parlamentarios del FAP, pero que sin duda se trata de un avance que evitaría la aprobación apresurada de la reforma energética y que podría llevar a la liberación de las tribunas legislativas este mismo día. Antes de arrancar el debate nacional acudirían al Senado la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para abundar sobre los fundamentos que sustentan las iniciativas del Ejecutivo federal.
Del 12 de mayo al 22 de julio se realizarían 20 foros y el primero de ellos estaría dedicado a la participación de los representantes de los partidos. Se haría un llamado a las instituciones de educación superior para que envíen a sus expertos en materia energética. El canal de televisión del Congreso pasará por satélite su señal para que el debate pueda ser transmitido en todo el país. Tras una larga reunión entre los coordinadores parlamentarios panistas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el líder del PAN, Germán Martínez, dejaron en claro que la iniciativa energética no será retirada y buscarán construir la mayoría necesaria para dictaminar y eventualmente votarla y aprobarla.
El día 23 el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados concluye que la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo es inconstitucional y tiene tintes privatizadores. El análisis advierte que de aprobarse las reformas se legalizaría la participación de capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, lo que resultaría una “franca transgresión” al mandato constitucional. Afirma que los últimos gobiernos han convertido a la industria petrolera en una “vasta área de negocios del sector privado”, ya que han invadido áreas medulares de la explotación petrolera mediante contratos de servicios múltiples o integrales. Por su parte, el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, llega a San Lázaro y pide a los legisladores “arriesgar” y “aportar” de manera inteligente en la capacitación y desarrollo de Pemex, a fin de ganarle tiempo al futuro. Niega que la iniciativa sea privatizadora. Pide no hacer aseveraciones falsas de la iniciativa del Ejecutivo, en cuanto alianzas ya que sólo se irá a aguas profundas, “lo hemos dicho, de aquí al 2025 se tiene que ir por todas las cuencas y todos aquellos recursos, sin contemplar donde se encuentren”. Afirma que Pemex no es sólo el proveedor de energéticos, sino uno de los grandes motores de desarrollo y generadores de riqueza para México, de ahí que un nuevo diseño y una nueva arquitectura institucional en el sector energético son fundamentales.
El PRD, en voz de Carlos Navarrete, reprocha, sin citarlos por su nombre ni identificarlos, a Dante Delgado de Convergencia y a Alejandro González Yáñez del PT, por descalificar las negociaciones del perredista Graco Ramírez en la Comisión de Energía sobre el programa y calendario del debate en materia petrolera. Solicita a los aliados del FAP respeto al trabajo de los perredistas, “porque no tenemos que pedirle permiso a ningún otro partido para tomar nuestras decisiones”. Por la noche Navarrete le dice a López Obrador que el Senado es “una jaula de locos”, “luego Ricardo (Monreal) sale, imprudentemente, a anunciar: ‘¡Ya nos vamos!’. En el pequeño salón del cuarto de guerra, atestiguaban la escena Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Dante Delgado Rannauro y Alejandro Chanona. Navarrete afirma abiertamente al ex candidato presidencial y a Delgado: “Yo sí creo en la vía parlamentaria”, no creo que el debate político sea “una pérdida de tiempo, no creo que podamos transformar al país así. Debatamos”.
Enfrascados en la discusión por la propuesta para debatir 72 días presentada por el PAN y PRI, López Obrador responde: “Yo no puedo dar pasos en falso por este asunto”. A lo que Navarrete le contesta: “Lo respeto y lo admiro, pero dime cuándo”. “Yo mañana les digo…”, respondía con voz tranquila López Obrador. “Lo que quieras, repito, pero dime: el 30 de abril o el 15 de mayo, tu dime cuándo (…) para seguir con el esfuerzo de negociación”, insistía Navarrete, “pero se agradecería que nos dijeras. Si no hay acuerdo, vámonos”. “Es que esto, para mí, es una vacilada, no sé si me explico. Lo importante es que ganamos en tiempo, pero lo ganamos no por la negociación, lo ganamos porque tomamos la tribuna, no sé si me explico”. “Entonces esto nos va a llevar a que tengamos tiempo para que, con el movimiento en la calle y con la fuerza de la opinión pública vayamos por buen camino”, le dijo López Obrador.
El 25 de abril finalmente los legisladores del FAP desalojan las tribunas de las cámaras de Diputados y de Senadores, la ocupación duró 16 días, luego de llegar a un acuerdo para iniciar el debate sobre la reforma energética el próximo 13 de mayo. Sin embargo, las dos semanas que duraron atrincherados fueron aprovechadas por PAN y PRI para aprobar, en sedes alternas, 14 reformas de ley. De los 14 dictámenes, por los menos seis no pasaron ni siquiera por el escrutinio de las comisiones de trabajo. Uno de los acuerdos afectó directamente al PRD, con 252 votos se eliminó la cláusula de gobernabilidad en el Distrito Federal, se evitará que un partido concentre la mayoría absoluta en la capital del país, condición en la que actualmente se encuentra el PRD en la Asamblea Legislativa. Además, se permitirá la salida escalonada de magistrados electorales, y su elección ya no podrá ser por designación, sino por convocatoria. Otro de los dictámenes aprobados fue el de la Ley de Adquisiciones, a la cual se oponía el FAP.
El día 26 nuevamente el presidente Calderón insiste en que “a pesar de la adversidad” se han construido acuerdos. “Hoy estamos construyendo acuerdos y consensos en un México de gobierno sin mayorías parlamentarias; un México donde quienes se han empeñado en destruir la vida institucional del país han fracasado una y otra y otra vez; fracasaron ahora y fracasarán nuevamente”. Durante la asamblea nacional extraordinaria de Acción Nacional, el Presidente señala que los frutos de dicha iniciativa serán más visibles dentro de muchos años, pero al PAN le debe quedar claro que está transformando a México. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, celebra que se hayan liberado las tribunas del Congreso y confía en que esta situación no se dé nuevamente, pues ya existe un compromiso firmado por todas las fracciones.
El 28 de abril Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirma que no se puede obligar a nadie a debatir, pero tampoco se puede permitir que el debate se anule por razones políticas. Argumenta que más que reforma energética lo que detuvieron fue el trabajo diario en la sede del Legislativo, “evidenciando al mismo tiempo su autoritarismo y cerrazón”. Afortunadamente esta vez la respuesta del resto de los legisladores estuvo a la altura de las circunstancias. Finalmente, sugiere reducir el número de parlamentarios en ambas cámaras, así como permitir la reelección de los legisladores para agilizar los trabajos legislativos.
Análisis
La presión que ejerció el Frente Amplio Progresista (FAP), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la toma de la tribuna del Congreso de la Unión logro flexibilizar la postura de los diferentes grupos parlamentarios (en especial del PAN y el PRI) y consiguió ampliar el tiempo de duración del debate nacional sobre la reforma energética de 50 a 71 días. También es importante mencionar que la postura tanto del presidente Felipe Calderón como de su secretaria de energía, Georgina Kessel, una vez que se polarizaron las posturas a favor y en contra de la reforma fue tender puentes de entendimiento con los grupos parlamentarios para avanzar en este tema. Sin duda es criticable que cualquier agrupación política, en este caso el FAP, atente contra uno de los fundamentos de la democracia, es decir, la discusión argumentada en el Congreso entre las diferentes posturas ideológicas sobre el tema energético y utilice para ello la fuerza física de sus representantes y no sus capacidades intelectuales.
Sobre todo porque si esta actitud de sabotaje la asume cualquier otro partido político y se convierte en la regla cada vez que no esté de acuerdo o al menos crea que de algún modo las decisiones adoptadas le afectan, entonces la toma de decisiones en el sistema presidencial mexicano tendera irremediablemente al desacuerdo permanente y a su parálisis. Además estamos apenas en el inicio de la discusión, en el formato de la discusión, todavía falta discutir el contenido de la reforma que será mucho más difícil de acordar y el FAP ya amenazó con volver a ocupar el recinto legislativo si lo dejan fuera del acuerdo.
El mayor costo político de la toma del Congreso lo están pagando tanto Andrés Manuel como el FAP (en particular el PRD), la estrategia de sabotaje únicamente ha servido para dilapidar el capital político adquirido en las elecciones federales del 2006. Las últimas encuestas de Mitofsky y El Universal sobre la preferencia electoral señalan la caída del PRD a un tercer lugar (después de haber ocupado el segundo) y las elecciones federales intermedias del 2009 se encuentran a la vuelta de la esquina. Si la tendencia se mantiene el PRD perderá posiciones en la Cámara de Diputados mientras que los mayores beneficiados de esta situación serán el PAN y el PRI. Seguramente esta problemática fue observada por los diputados y senadores de Nueva Izquierda, quienes saben que las posiciones ganadas están a punto de perderse y decidieron desocupar el recinto e iniciar el trabajo legislativo. Posición contraria a la de sus compañeros legisladores afines a López Obrador, quienes están convencidos de las bondades del uso de la fuerza física y la invasión de los espacios públicos para impedir la deliberación política.
En este sentido, el FAP empieza a mostrar signos de división interna, adicionalmente está discusión se está contaminando con la indefinición poselectoral dentro del PRD que hasta el momento no ha ungido a un nuevo dirigente nacional. Sin embargo, también es poco viable que en un tema de suma trascendencia tanto el presidente Calderón como su partido (el PAN) pretendan imponer su mayoría en el Congreso de la Unión y busquen sólo los votos necesarios en el PRI para sacar adelante dicha reforma. Bajo esta perspectiva se cumpliría con la legalidad o la forma de aprobar leyes, pero carecería de la legitimidad necesaria para su aplicación porque dejaría fuera las propuestas de la oposición, en especial del FAP.
Quizás la mejor forma de proceder en este caso sería que el Gobierno federal con la ayuda del PAN traten de construir el consenso más amplio posible entre las diferentes posturas ideológicas presentes en la sociedad mexicana, o sea, empezar por lograr acuerdos mínimos entre los ocho grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y después buscar lo mismo con las diferentes agrupaciones empresariales y de la sociedad civil; de lo contrario es poco probable que se pueda avanzar en esta reforma.
Horizontes
Es probable que el presidente Felipe Calderón y el PAN tiendan puentes de entendimiento con los diferentes grupos parlamentarios para avanzar en el tema energético y parece que intentarán construir el consenso más amplio posible sobre la reforma energética. En tanto el Frente Amplio Progresista seguirá en pie de lucha, con una fuerte división interna, pero con la intención de retomar el Congreso de la Unión si dejan fuera sus propuestas del acuerdo final.
