Destitución de Santiago Creel y reforma petrolera

La destitución de Creel como líder del senado aporta poco a la imagen democrática del PAN y no colabora con la campaña a favor de la propuesta de reforma petrolera del presidente Calderón.


Hechos

El 11 de junio, los periódicos anuncian la sorpresiva destitución de Santiago Creel, quien se desempeñaba como coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. El responsable de la decisión es Germán Martínez, presidente del partido, quien al parecer anuncia oficialmente la medida después de una difícil reunión con los senadores panistas Madero, quien, según analistas, se perfila, además, como candidato del PAN a gobernador por el estado de Chihuahua. Madero asume de inmediato la defensa de las reformas a la legislación petrolera propuestas por el Gobierno del presidente Calderón y declara, en los primeros días de su nuevo encargo, que el Gobierno debería tener posibilidad de hacer oír su voz ante el Senado --adicionalmente a las opiniones expresadas por los representantes de su partido-- y que a la bancada panista le bastarían once votos del PRI para la aprobación de las reformas.

Por su parte, en su primera visita por España, el presidente Felipe Calderón, en conferencia conjunta con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, responde a la pregunta expresa de uno de los reporteros sobre el debate de la reforma energética que se realiza en la Cámara de Senadores y afirma que “ese debate ha sido enormemente benéfico para el país [...] porque se han escuchado todas las voces y todos los puntos de vista”. Añade, sin embargo, que en su opinión, no se han disputado “elementos centrales” de su propuesta, tales como el aumento de la producción petrolera y la generación de reservas. Su parecer es que “se han discutido cosas ideológicas, se han discutido cosas histórica […] incluso se regresa al proyecto original del Presidente Cárdenas que sí preveía inversión complementaria para Pemex de empresas especializadas”. La declaración origina fuertes críticas por parte de los senadores de la oposición que califican la declaración de contradictoria y falta de sentido democrático. Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, señala que no hay congruencia cuando Calderón dice por un lado que es un debate ideologizado, y por otro, que las reuniones son enormemente útiles. A su vez, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD y Dante Delgado, coordinador de los senadores del partido Convergencia califican de “indignantes” las críticas del Presidente, aseguran que sus asesores no le están pasando adecuadamente las tarjetas. Gustavo Madero interviene para fortalecer la opinión del Presidente y declara que es preciso que se escuche en el Senado la voz del Gobierno y que el PAN debe ser “más enfático” en difundir la situación técnico-operativa que tiene Pemex, así como explicar la urgencia impostergable de hacerle cambios a la ley orgánica de Pemex, a la ley reglamentaria del 27 (constitucional) y a la Comisión Reguladora de Energía.

Un día después, Calderón se refiere nuevamente al tema en una reunión con empresarios y banqueros españoles, a quienes asegura que “el Senado de la República en México, lleva a cabo, un debate verdaderamente enriquecedor para la vida nacional, un debate abierto donde se han escuchado todas las voces y todos los puntos de vista. Ayer lo manifesté y hoy lo refrendo. Y mi balance es que las mayores diferencias han estado en aspectos ideológicos o políticos --y eso es válido, desde luego-- pero en aspectos técnicos, la verdad es que es difícil encontrar discrepancias mayores”.

En México, Andrés Manuel López Obrador, sin comentar nada sobre la propuesta energética, aprovecha para minimizar la importancia de la buena recepción de Calderón en España y señalar que la visita a ese país beneficia exclusivamente a un grupo de empresarios españoles ligados a la derecha.


Análisis

La sorpresiva destitución de Creel da lugar a numerosas especulaciones sobre las verdaderas razones y posibles consecuencias para el PAN y para la política presidencial. Una primera tiene que ver con una de las razones aparentemente argumentadas por el propio presidente del partido: la mala relación de Creel con los medios televisivos que lo habían suprimido de las pantallas desde su apoyo a la reforma electoral que afectó a las televisoras y a una pendiente ley de medios a la que las mismas se oponen. De ser así, la remoción de Creel habría dejado por una parte un camino relativamente más libre a las empresas mediáticas para avanzar algunas de sus propuestas o contrapropuestas y, por otra parte, habría garantizado una mejor cobertura en televisión del proyecto energético propuesto por el presidente que se discute en el Senado. Siempre y cuando, por supuesto, las televisoras estuvieran contentas con una medida que no les garantiza la eliminación de las restricciones impuestas hace unos meses por la ley electoral.

La otra explicación tiene que ver con la que se ha calificado como una pobre defensa del proyecto energético por parte de la bancada panista. En su momento, hubo críticas a los expertos invitados por Creel que no apoyaron incondicionalmente la propuesta presidencial. Si esta segunda razón, también aparentemente invocada por Germán Martínez (según un reporte del Universal), es cierta, estaríamos ante una reedición de la postura monolítica que hace unos cuantos años le costó a Vicente Fox la derrota de su propia propuesta de reforma energética. La declaración triunfalista de Calderón en España contribuye a reforzar esta posición inflexible y a molestar innecesariamente a sus opositores. Cierto que la propuesta de Calderón es diferente y remite, por un lado a consideraciones técnicas y, por otro a un esquema de participación que permitiría diversificar las fuentes de financiamiento, pero sus posibilidades de rebasar la oposición parlamentaria consiste, precisamente, en flexibilizar la posición del PAN para permitir que los otros partidos hagan modificaciones y ajustes de tal manera que la ley sea producto de un proceso deliberativo y no del triunfo de una posición política sobre las demás, como lo deja traslucir la desafortunada primera declaración del flamante coordinador de la bancada panista, cuando hace descansar el posible triunfo de la ley en el reducido número de senadores del PRI a los que hay que convencer.

Ello, cuando el propio PRI, en voz del senador Francisco Labastida ha declarado que se presentarán propuestas en julio para modificar tanto la Ley Orgánica de PEMEX como el artículo 27 en un sentido relativamente diferente al propuesto por Calderón.

En cualquier caso, la separación de Creel no aporta una buena referencia democrática ni al funcionamiento del PAN, cuyo Presidente nacional toma la decisión unilateralmente, sin consulta previa con los senadores a los que informa del hecho con posterioridad, ni al propio Presidente Calderón, quien, a pesar de no encontrarse en el país, es señalado como el origen de la medida, explicada por las diferencias políticas que se remontan a la campaña de ambos políticos panistas por la presidencia de la república. No colabora tampoco una velada campaña de desprestigio semanas antes que obligó a Creel a aceptar la paternidad de la hija de una conocida actriz. Todo ello remite, en lugar de a una reorganización partidaria, a un golpe de mano en contra de un colaborador antagónico, a un respaldo indirecto a las posiciones de las televisoras, a la vuelta a una posición más intransigente en la reforma energética e incluso - ¿por qué no? –a una medida moralizadora que exige impecables vidas privadas por parte de los principales políticos panistas. Por otro lado, la decisión, aunada a las declaraciones presidenciales, coloca una nube innecesaria que oscurece el celebrado viaje del Presidente por España.


Horizontes

Si quiere salvar la reforma petrolera propuesta por Calderón, el nuevo líder panista en el senado deberá favorecer un dialogo amplio que incluya nao solamente al PRI sino al resto de los partidos de oposición, lo cual requiere un proceso de negociación que posiblemente incluya concesiones políticas diversas.

LEER COMPLETO

Iniciativa de reforma petrolera

La ocupación de las tribunas del Congreso por representantes del FAP hace evidente la complejidad del juego político en torno a la reforma energética, en el que cada actor sólo puede ganar lo que más le interesa si a cambio pierde algo importante también, en este escenario el PRI tiene condiciones más favorables que los otros. El debate planteado como salida a la ocupación es una necesidad de todo el sistema político, pero requerirá de participaciones imparciales, porque lo que se está poniendo en duda es la sinceridad de todos los actores.


Hechos

Esta quincena comienza con críticas al diagnóstico de la industria petrolera en el país que presentaron la quincena anterior la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes-Heroles, por parte de diputados y senadores de distintos partidos, sobre todo del PRI. Éstas se centran en las implicaciones que tendría la estimación de las reservas de crudo y ponen en duda la urgencia de iniciar exploraciones en suelos profundos del Golfo de México. Entre otros puntos que señalan, destaca la ausencia de un análisis sobre el déficit en la capacidad de la empresa paraestatal para refinar gasolina. Dan peso, también, al reclamo anterior de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano (CCS) que pedía al gobierno una propuesta de reforma que acompañara al diagnóstico, con el fin de iniciar la discusión sobre asuntos determinados.

Casi al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anuncia que las brigadas que ha estado organizando el Frente Amplio Progresista (FAP) se encuentran listas para iniciar “la resistencia civil pacífica” contra “la privatización de Pemex”. Claudia Sheinbaum, principal encargada de la movilización, da a conocer que se han planeado medidas diversas, entre las que se encontrarían bloquear los accesos a las cámaras de diputados y senadores e impedir el funcionamiento de aeropuertos.

Paralelamente, se discuten en páginas interiores de algunos periódicos los resultados de distintas encuestas sobre la posible reforma. El tema de la controversia principal es la interpretación de respuestas a preguntas parecidas, pero con redacciones que ponen el acento en diferentes supuestos. Quizá la más citada sea la de ISA levantada a mediados de febrero, en la que 61% dice estar de acuerdo “con que se permita legalmente la participación privada junto con Pemex en la explotación de las reservas”, si antes se le había informado que la paraestatal no podría hacerlo sola en aguas profundas del Golfo y, entonces, Estados Unidos sería el único que extraería el petróleo allí, proporción que contrasta con la de 50% que respondió afirmativamente si no había recibido esa información -el desacuerdo fue de 24% y 34%, respectivamente-. Al preguntar sobre la particpación en la exploración, los porcentajes de aprobación fueron mayores.

El martes 8, Kessel entrega al Congreso una iniciativa que comprende cambios acerca de cuatro puntos para otorgar mayor autonomía de gestión a Pemex: 1) ampliar su Consejo de Administración, constituido hasta ahora por seis representantes del Gobierno y cinco del sindicato, incluyendo cuatro consejeros profesionales, dos de ellos independientes; 2) dotarlo de un Comité de Transparencia y Auditoría; 3) conferirle autoridad para determinar su organización y crear organismos subsidiarios; 4) otorgarle mayor libertad para hacer adecuaciones a su presupuesto, utilizar sus excedentes y contratar deuda. También incluye la creación de bonos de deuda, como mecanismo para que los ciudadanos puedan invertir en la industria petrolera. Asimismo, plantea adecuar a las nuevas condiciones los procedimientos para que Pemex o sus subsidiarias contraten servicios privados. Además, propone que se permita la inversión privada en la construcción y operación de nuevas refinerías, conservando el estado la propiedad del petróleo y sus derivados.

Al día siguiente, AMLO afirma que la iniciativa es un claro intento de “privatizar la renta petrolera”. En contraste, varios congresistas del PRI, incluyendo a Manlio Beltrones, ofrecen indicios de que apoyarán los planteamientos básicos de la reforma, aunque dejan abierta la posibilidad de presentar una nueva propuesta que “mejore” la del Gobierno, además de declarar que un número de sus compañeros podría oponerse a la participación privada en la refinación de petróleo. En aparente alusión a este asunto, CCS considera que la iniciativa es “entreguista”; el PAN dice que la defenderá y se opondrá a que la decisión al respecto se tome en la calle, en lugar de en el Congreso; Senadores de distintos partidos critican los métodos de rechazo de AMLO y proponen que él participe en el debate sobre la iniciativa.

Algunos editorialistas que analizan la iniciativa, como J. Silva-Herzog Márquez, juzgan que la propuesta del Gobierno tiene en realidad poco alcance, pero consideran que es realista y, por esta razón, su opinión finalmente es favorable. Para otros, como Lorenzo Meyer, la iniciativa es una manera de revertir la expropiación del petróleo por Lázaro Cárdenas, que tuviera lugar hace 70 años.

El jueves 10, las brigadas de Sheinbaum bloquean parcialmente el acceso a las cámaras y dificultan la circulación en las áreas aledañas. Al mismo tiempo, senadores y diputados del FAP ocupan las tribunas de las cámaras para impedir su funcionamiento, acciones que son denominadas como “tomas” o como “clausuras”. Éstas reciben gran atención de los medios y son criticadas por la mayoría de los comentaristas y analistas que tratan el tema. Además, dos figuras de la oposición a AMLO dentro del PRD, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, consideran que beneficiarán al presidente Calderón. Por otra parte, tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores, inician sesiones en espacios distintos a sus salones de pleno donde se encuentran las tribunas ocupadas.

En los siguientes dias, se difunden varias encuestas que registran un aumento en la opinión favorable acerca de la reforma, como una nueva de ISA, al igual que una desaprobación de las tomas; y, en el informe de una de esas encuestas, María de las Heras concluye que, tanto quienes concuerdan con las posiciones de AMLO, como quienes están en su contra, le piden que discuta, más que bloquear. Él, por su parte, logra incrementar la movilización y declara que “se frenó el albazo”. Agrega que el FAP no planearía presentar un diferendo ante la Suprema Corte por la reforma, porque no confía en su imparcialidad, sino que buscaría impedir su aprobación por el Congreso.

En los últimos días de la quincena, se difunden noticias que sugieren que se llevan a cabo negociaciones entre las fracciones de los distintos partidos y dentro de ellos para acordar un debate con amplia participación de expertos y líderes de opinión, que podría estar organizado por la Comisión de Concertación Política del Senado o, más probablemente, por la Comisión de Energía de la misma Cámara, que ya se encontraba preparando foros de consulta sobre la materia, ambas presididas por priistas (Beltrones y Labastida). Queda claro, en declaraciones públicas de varios actores, que uno de los asuntos en disputa es el de la duración de ese debate, y parece que lo que unos buscarían y otros evitarían es que se empalme con el informe presidencial.

En un segundo plano queda una noticia que, al surgir, tiene el tratamiento de las que parecen muy importantes. Se refiere a una entrevista que hace el periodista Carlos Loret de Mola a López Obrador, en la que, según varios comentaristas, como Raúl Trejo, el ex-candidato presidencial no puede responder a cuestionamientos que muestran su posición actual como inconsistente con la línea que propuso en su campaña electoral.

Análisis

La disputa política en torno a la reforma petrolera ha adquirido, en parte, un carácter similar al de una contienda electoral, en la que se disputa sobre todo la jerarquía de los temas que tratan los actores, es decir, la atención que se les confiere, o la importancia que se les atribuye. En este tipo de disputa, es trascendente quién se asocia con cuáles temas, más que los contenidos específicos de sus planteamientos, porque el público general no sigue en detalle lo que argumenta cada quien, sino que se interesa principalmente en saber de qué hablan. Finalmente, para la mayoría de los votantes cuenta mucho que un candidato se preocupe más que otro de un tema que para ellos a llegado ha ser central, y cuenta poco quién de los dos tiene más razón en lo que dice. Por eso, fuera de los debates organizados ex-profeso, cada candidato trata de hablar de “sus” temas y darles imortancia, al mismo tiempo que evita en lo posible referirse a los temas de los otros, para no darles importancia.

Aquí, para la mayor parte de la población parece quedar en primer lugar la reforma misma, la idea de que es necesario hacer algo. A ello han contribuido todos, quienes apoyan la iniciativa del gobierno y quienes están en contra de ella. Cabe suponer que esta es la lectura del equipo del Presidente, que en los meses anteriores se dedicó precisamente a promover la valoración de la reforma como necesaria, y que al separar el diagnóstico de la iniciativa subrayó que ahora hay que discutir qué hacer. Ésta sería también la interpretación más plausible de las encuestas: mientras más se menciona la disputa en los medios acerca del tema, más importante es que haya una reforma, y más personas están de acuerdo con ella.

En parte, la disputa es también por determinar cómo ha de percibirse la reforma en terminos generales, cuál será el carácter que se le atribuya. Se trata de establecer si se le llamará “privatización” o no. Esta oposición binaria permitirá a muchos tomar una posición sobre la iniciativa en su conjunto, después de ponderar sus elementos por separado, o inclusive sin considerarlos; es un mecanismo de resumen al que se recurrirá frente a la complejidad de la materia y por razones de economía cognoscitiva, como ocurre comunmente con ciertas oposiciones de ese tipo en las contiendas electorales y, sobre todo, en los movimientos sociales. Es precisamente esta disputa por el significado global lo que explica que haya aumentado la movilización de AMLO contra la reforma, aunque la mayoría de la población vea favorablemente que haya una reforma: los núcleos de las brigadas no sólo dan importancia al tema de la reforma, sino que aceptan la caracterización que plantea el líder.

Ahora, como todos los actores que apoyan la reforma han asegurado que no se trata de una privatización y quienes están en contra afirman que sí, se abre la posibilidad de poner en duda la capacidad o la probidad de los contendientes. Todo indica que ése ha sido uno de los objetivos de López Obrador desde que decidió oponerse tajantemente a la reforma; parecería, por ejemplo, que haber acusado al secretario de Gobernación, J.C. Mouriño, de tráfico de influencias obedece a esa finalidad. En todo caso, por eso al principio la noticia sobre las contradicciones de López Obrador parecía ser de mayor trascendencia: cuestionaban su sinceridad.

En este contexto, para los senadores que llaman a un debate se vuelve evidente la necesidad de recurrir a terceros que puedan contribuir a aclarar el caso y a resolver el diferendo. Ellos ven también que entre esos terceros debería haber algunos imparciales. Parecen también percibir que, si la participación en la discusión es amplia y plural, se reducirán los riesgos de que la “resistencia” de AMLO se torne violenta: se podrá entonces reclamar a quien intervenga o esté representado que respete las normas que permiten la intervención y la representación. Sin embargo, precisamente por el valor que reconocen en el debate, el FAP tendrá ocasión de negociar la desocupación de las tribunas a un precio alto, casi con el mismo peso que tendrían el PRI y el PAN si se sumaran, y con uno mayor que el de cualquiera de los dos por separado.

Aquí hay otra especie de paradoja. Con el debate, el FAP tendrá espacio y atención para promover su caracterización de la reforma y también para intentar desacreditar a sus adversarios; pero, al mismo tiempo, se reducirá su posibilidad de tener la última palabra sobre la reforma, que es algo que ha buscado, convertirse en el principal agente en este terreno. Por eso ahora AMLO ataca a la Corte. Es posible que, con el debate, algunas de las disputas políticas se transformen en técnicas y jurídicas, y él preferiría que se quedaran en el terreno donde él puede influir más.

Hay, entonces, un juego muy complejo en el que, en una ponderación puramente estratégica, los movimientos de cada actor implican ganancias y pérdidas. Por ejemplo, al ganar la definición de los términos en los que ha de caracterizarse la reforma, el FAP contribuye a dar valor al hecho de que haya una reforma. Al ocupar las tribunas y ganar peso en el diseño del debate, pierde imagen. Al ganar opciones de ampliar su base de apoyo, pierde posibilidades de determinar la decisión final.

Análogamente, el Gobierno se hubiera expuesto menos a la crítica si sólo hubiera presentado el diagnóstico y las distintas fracciones parlamentarias hubieran elaborado conjuntamente la iniciativa de reforma, como lo hicieran en el caso de la reforma electoral. Pero, como no logró que la urgencia de la reforma los obligara a colaborar entre sí en esta etapa, se ha visto ahora en la necesidad de optar por posponer la reforma o presentar una propuesta que la inicie aunque, con ello, se exponga a la crítica.

Cabe preguntarse, entonces, si en este juego incluir la contratación de refinerías en la iniciativa entregada al Congreso es parte de una estrategia, la de tener algo importante qué negociar, o si el Gobierno efectivamente considera que es la mejor manera de reducir la importación de gasolina en el corto plazo. Esta pregunta lleva a otra, porque esa inclusión amplía el frente de discusión. Probablemente, quienes ya estaban convencidos de que el carácter de la iniciativa es el de la privatización verán reforzados sus argumentos; pero el público más amplio podría juzgar que el gobierno está poniendo todas las cartas sobre la mesa, y ver esto favorablemente, aunque después, en la reforma que resulte del concurso de todos los partidos, no se acepte ningún tipo de participación en la refinación. ¿Alcanza el equipo de Calderón a visualizar los escenarios que se pueden abrir y multiplicar como en un juego de ajedrez, o de forma más simple, sabe que de cualquier manera algo perderá y algo ganará?

Para el PRI tal vez el balance de sus opciones sea menos difícil de estimar. En el ámbito de polarización de posiciones del FAP frente al Gobierno de Calderón, una posición intermedia será bien vista por muchos; y una propuesta de modificación a la propuesta gubernamental será vista como una corrección. Podrá aprovechar estas posibilidades, junto con la ventaja de presidir las comisiones clave del Senado para convertirse en el factor de decisión, tanto ahora cuando se defina la duración del debate, como posteriormente cuando se configure el texto que se someta a votación. Recuérdese que ya supo aprovechar tales tipos de condiciones en los casos de las reformas electoral y fiscal, y quedó como uno de los principales protagonistas, aunque compartió parte del crédito, sobre todo con la Secretaría de Hacienda, en un caso, y con el PRD y el PAN, en el otro.

Desde el punto de vista del estudio de la democracia, éste es uno de los momentos más interesantes. Está en juego la posibilidad de reconocer de manera clara que en los procesos democráticos de decision se requiere la deliberación, no sólo porque ésta responde a los ideales democráticos de inclusión y libertad de pensamiento, sino también porque contribuye al funcionamiento del sistema político. Esa posibilidad es alta ahora, porque la ocupación de las tribunas parlamentarias, es decir, la cancelación de las condiciones mínimas para una deliberación amplia, hace visibles a los ojos de muchos las virtudes de la deliberación. Sin ella, las necesarias disputas por la jerarquía de los temas y por la caracterización sumaria de las propuestas conducen a confrontaciones que no se resuelven.

Horizontes

Es probable que se dé el debate amplio, porque todos tienen algo que ganar con esa “salida” a la ocupación de las tribunas; y con otras, alguno de los actores importantes perdería mucho. En tal caso, el rango de asuntos a discutir será grande, desde los significados de la palabra “privatizar” y la expresión “renta petrolera”, hasta el alcance jurídico de las leyes y los ordenamientos secundarios, pasando por precisiones geológicas y petroquímicas. Queda en duda, sin embargo, si las condiciones en que se dé el debate conducirán a profundizar la reflexión sobre las preguntas clave para relacionar la reforma con el diagnóstico, que empezaban a discutirse la quincena anterior y que por ahora quedan en espera, a saber: ¿Cuáles son las opciones reales para que PEMEX tenga acceso a la tecnología y al capital que requiere? ¿Hasta dónde es conveniente y deseable que se reserven al estado las actividades económicas que dependen de la extracción y la utilización del petróleo? Queda también por resolverse si esas condiciones harán que todos los actores queden obligados ante la ciudadanía a respetar las reglas de la democracia.

De cualquier modo, es casi seguro que en los próximos meses haya una reforma en materia petrolera. El costo de mostrar incapaccidad de decidir sería muy grande para el sistema político en su conjunto; dado que aún no se traduce en imagen de eficiencia el haber logrado las últimas reformas, y que la percepción de que los partidos gastan mucho se ha incrementado, no habría argumentos que justificaran no hacer nada cuando todos coinciden en que el tema es muy importante.

LEER COMPLETO

Debate en torno a la reforma energética

La disputa en torno a la reforma energética se perfila complicada, vista desde tres planos: el técnico, el político y el comunicativo. Una evaluación preliminar de conjunto pone en situación difícil al Gobierno federal y con una ventaja relativa a sus opositores, particularmente al excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.


Hechos

El día 25 de marzo, en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador da a conocer que tiene listo prácticamente un “ejército” -en principio integrado por 56 agrupamientos con 28 mil brigadistas hombres y mujeres- para la resistencia civil pacífica, que entrará en acción una vez que se presente la reforma energética en el Congreso.

Dos días después, el senador Manlio Fabio Beltrones da a conocer la postura de los legisladores priistas. Critica la indefinición y los titubeos del Presidente de la República en torno al envío de su propia iniciativa de reforma. Asimismo, señala que los priistas rechazarán cualquier intento de privatizar el petróleo y de ser colaboracionistas con el gobierno panista.

El día 28, el presidente del PRD, Leonel Cota Montaño, dice que establecerán contactos con la dirigencia nacional del PRI y del Partido Alternativa Socialdemócrata para establecer un “frente común”: “no habrá alianza, no hay en la dimensión del partido ninguna alianza; es una coincidencia y, desde luego, en esa perspectiva la posibilidad de estar juntos en las instancias del Congreso para no dejar pasar la iniciativa de privatización”.

Dos días después (el 30), la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles presentan a los medios de comunicación el documento “Diagnóstico: situación de Pemex”. En dicho documento se diagnostica en crisis a la empresa. La secretaria considera que “habrá una iniciativa en la medida que logremos tener un mínimo consenso con respecto al paquete de soluciones que se pueda dar para fortalecer a Petróleos Mexicanos”. Al día siguiente, el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel indica que la iniciativa de reforma energética no la va enviar el presidente Felipe Calderón, sino los legisladores del PAN; la iniciativa se hará a partir del diagnóstico realizado por la Secretaría de Energía.

El 1 de abril, el Frente Amplio Progresista (FAP) considera incompleto el diagnóstico y propone iniciar un debate nacional sobre el tema. En este sentido coincide el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien considera que los políticos ya hablaron demasiado y que ahora es tiempo de que el debate se deje a técnicos y científicos. Asimismo, critica al Presidente por eludir la responsabilidad de enviar al Congreso su iniciativa y dejar que los legisladores del PAN se hagan cargo.

Al siguiente día, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles se reúnen con los legisladores priistas para escuchar observaciones. Los legisladores critican el diagnostico que hicieron sobre Pemex; el senador Carlos Rojas Gutiérrez apunta que: “El estudio confirma una visión catastrofista para la actividad petrolera; esto no nos sorprende, obedece a una vieja práctica de ahogar a las instituciones para luego desprestigiarlas, y luego tratar de solucionar el problema con propuestas como las que ahora nos dicen que hay que acompañar con inversión privada a Pemex. ¿Qué hicieron, qué le pasó a Pemex, cuando en el año 2000 era la empresa número seis del mundo y ahora es la undécima? ¿Qué hicieron con más de 45 mil millones de dólares de recursos de los excedentes petroleros? ¿Quién tomó esas decisiones?”.

Finalmente, ante el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), el presidente Calderón dice: “frente a la tentación de eludir los problemas para evitar los costos políticos, mi gobierno ha optado claramente por enfrentar los problemas del país y resolverlos”. Claudio X. González, presidente de la CMHN señala, por su parte, que “es imprescindible” que a partir del diagnóstico de Pemex tanto el Legislativo como el Ejecutivo “se pongan de acuerdo y logren los cambios necesarios para que México cuente con una industria petrolera moderna, eficiente y capaz de desarrollarse competitivamente, y que ayude a acelerar el crecimiento del país”.


Análisis

El análisis de la reforma energética puede realizarse desde tres planos complementarios que permiten ver la dificultad de este tema en el debate nacional:

A) El diagnóstico gubernamental intenta cubrir la parte técnica del debate. Es decir, trata de poner en claro cuál es la situación de la industria petrolera nacional a partir de lo que se espera de ella en el futuro (máxime cuando se piensa que los ingresos provenientes de la venta del crudo representan una parte significativa de los recursos de los que dispone el Estado). No obstante, el problema del diagnóstico viene del origen de su elaboración. Si bien es deseable que el Gobierno federal recurra a los “expertos” para hacer una evaluación (punto de partida indispensable de cualquier política pública), corre el riesgo de ser poco creíble porque se piense que contiene un sesgo en la interpretación. Quizás la debilidad del documento presentado por la Secretaría de Energía sea que no delegó su hechura en alguna institución ajena a la disputa, lo cual le hubiera inyectado una buena dosis de legitimidad al proceso mismo de negociación (aunque también corría el riesgo de que las conclusiones obtenidas distaran de lo necesitado para plantear una iniciativa en particular).

B) Cualquier reforma energética se enfrenta a la factibilidad política; dicho en otros términos, a la posibilidad efectiva de que la reforma buscada por el Gobierno federal y su partido sea aprobada. No es nuevo el panorama adverso que enfrenta en el Legislativo una posible reforma: aunque las elecciones internas en el PRD hayan distraído la atención de la protesta contra los intentos “privatizadores” de la industria petrolera nacional, la línea de acción de ese partido desde 2006 permite suponer su oposición a cualquier cambio; ante esta postura, la única salida a mano es el voto del PRI, partido que ya ha hecho notar que no está dispuesto a ceder ante una iniciativa no presentada, de la que apenas se conocen indicios, mucho menos lo estará si cuando se presente, encuentran en ella señales de enajenación de los bienes públicos. No está de más recordar que ese partido tiene intereses muy fuertes en Petróleos Mexicanos, habida cuenta de que el sindicato de esta empresa tiene militancia probada en él. Así las cosas, la disputa en torno a la reforma energética parece seguir dos caminos encontrados hasta ahora: entre el Gobierno federal, PAN y PRI, la idea es lograr un rápido acuerdo aprovechando su representación mayoritaria; la postura de AMLO y el FAP, por oposición, será impulsar una discusión un poco más amplia con otros grupos sociales y con una duración mayor a fin de vetar cualquier “intento privatizador”.

C) Finalmente, un punto en contra de la posición gubernamental es la estrategia comunicativa. Primero, resulta casi imposible defender una postura propia cuando no se sabe qué postura es (no hay iniciativa todavía en el Congreso); segundo, en tanto hay un fuerte vacío en cuanto a lo que el Gobierno pretende, ha logrado concitar un rechazo inicial a dicha iniciativa ausente (que se supone “privatizadora”), rechazo que es de distinto calibre en el PRI y en el PRD; y tercero, como el debate está literalmente en el aire (es decir, no hay sobre qué debatir en el Legislativo), los ejes para la disputa los han puesto los opositores al presidente Calderón, siendo en ello muy exitosa la movilización emprendida por López Obrador. Cabe destacar que, a excepción de unos spots muy discutidos, el Gobierno no parece tener definida una campaña de promoción que trate de convencer a la muy dividida opinión pública (en buena medida, cabe insistir, porque no hay materia de discusión).


Horizontes

A diferencia de otras reformas, la que se anuncia este año se prevé muy complicada: el clima político y de opinión, así como la inacción gubernamental y los escándalos vinculados al tema (como el del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño) pronostican un camino arduo que puede llevar a la primera gran derrota del presidente Calderón, en una de las más importantes reformas que se haya propuesto para su mandato.

Cabe decir que el avance de este intento de “veto” por parte de López Obrador se muestra como un episodio más del entrampamiento del avance democratizador en México por problemas que afectan la gobernabilidad; en ese sentido, la falta de acuerdos entre la elite política, en relación con este tema tan polémico, revela un problema más serio aún, referido al poco reconocimiento y aceptación de las reglas del juego democrático, de las instituciones y de sus funciones básicas como el único camino posible para la perdurabilidad de la democracia.

LEER COMPLETO