Desocupación de las tribunas del Congreso de la Unión

Los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) desocuparon las tribunas del Congreso de la Unión (CU), una vez que aceptaron el formato y el tiempo de duración del debate sobre la reforma energética, sin embargo el costo político que tuvieron que pagar parece muy alto. Además llegarán a la discusión de dicha reforma con una fuerte división interna y con su fuerza política mermada; a diferencia de sus adversarios políticos (en especial el presidente Felipe Calderón, el PAN y el PRI) que han fortalecido su imagen entre la ciudadanía después de esta invasión.


Hechos

El 17 de abril Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, anuncia una tercera opción para destrabar el conflicto de la toma de las tribunas del Congreso de la Unión, que consiste en debatir la reforma energética los días que sean necesarios, determinados por un calendario y un programa elaborado por la Comisión de Energía, que permita a los legisladores hacer un análisis y una reflexión como merece el tema, sin chantajes, presiones, cercos, ni amenazas de violencia.

En ese sentido, Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD) están de acuerdo con dicha propuesta y contemplan pertinente desechar las propuestas de 50 y de 120 días. A la sesión en la torre del Caballito, sede alterna, asisten 75 senadores del PAN, PRI y Verde Ecologista. Con votos del PAN, PRI y PVEM se aprueba un punto de acuerdo que exige garantías a las autoridades federales y del DF para que el Senado trabaje con normalidad (los legisladores del FAP no asistieron). Aprueban por unanimidad modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que establecen, entre otras cosas, los escenarios para que el Poder Legislativo se erija en colegio electoral y designe a un Presidente de la República interino. También en el Senado se aprueba una minuta de la Cámara de Diputados que incluye el mecanismo para la elección de los consejeros del IFE, el consejero presidente y el contralor. Se elige a los senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano que funciona en los recesos legislativos.

Al día siguiente Guillermo Velasco Arzac —artífice de los spots que comparan a Andrés Manuel López Obrador con Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Victoriano Huerta— afirma que hay personas interesadas en financiar esta campaña contra la toma de las tribunas del Congreso de la Unión; se declara a sí mismo un defensor de la democracia; acusa a los diputados y senadores del FAP de llevar a cabo una estrategia golpista; rechaza que realice una guerra sucia y deja en claro que mantendrá su campaña “hasta dónde consiga dinero”; subraya que la agrupación política nacional que preside, la Coordinadora Ciudadana, no contrató la transmisión del spot por Televisa, pues lo hizo la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno; dice no aludir a ningún candidato y destaca que no es periodo electoral por lo que no viola la ley.

El 19 de abril Carlos Navarrete Ruiz, coordinador del PRD en el Senado, tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, abre la posibilidad de desalojar las tribunas del Congreso en un plazo de 48 horas, a cambio de que el PRI y el PAN se comprometan a no abrir un periodo extraordinario —entre mayo y agosto— para discutir la reforma energética. “Hay un compromiso público de suspender las protestas en las calles y permitir que termine bien el periodo ordinario el 30 de abril y que funcione normalmente la Comisión Permanente si logramos un acuerdo de que en el periodo de los cuatro meses de receso, le pongamos el mayor énfasis al debate, su difusión, a la clarificación de los puntos de vista de todas las partes y que no habría, por lo tanto, la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el marco del receso”, explicó el senador. Insiste en que el acuerdo debe ser acompañado de un intenso debate nacional en torno a las reformas en materia energética, centrado en los 14 temas ya acordados y ampliamente difundido en los medios, utilizando tanto las estaciones de radio y televisión gubernamentales como los espacios que por ley corresponden al Estado en los medios privados.

El día 20 los senadores del FAP manifiestan que no bloquearan la sesión de este día de la Cámara de Senadores en una sede alterna, pero no pueden garantizar lo mismo por las Adelitas o simpatizantes de López Obrador. En este sentido, el senador Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado, desde el jueves pasado, por estrategia, se reserva el lugar donde hoy se llevará a cabo la sesión. Al otro día los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenan el retiro de los anuncios televisivos, uno que compara a López Obrador con dictadores y el otro donde el PAN critica al PRD por la toma de las tribunas legislativas; sin embargo, la difusión del primero continuó la noche siguiente. Deciden fijar “un precedente” para que en el proceso de 2009 los partidos no exhiban mensajes negativos o contrarios a otra agrupación.

El objetivo de la cancelación del mensaje panista es para iniciar una investigación al final de la cual el Consejo General tomará una decisión; en cambio, el fallo sobre el spot de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno es definitivo porque “ningún tercero puede contratar espacios para atacar a partidos”. Por otra parte, los diputados federales del PRD impulsan el desalojo de la tribuna de San Lázaro, pues consideran que la resistencia civil no funciona al permitir que haya sesiones en sedes alternas en las que se avalan dictámenes sin el consentimiento de la oposición. El diputado Raymundo Cárdenas reconoce la necesidad de hacer un pronunciamiento en el que los legisladores celebren haber impedido el aval de la reforma energética, y en un acto posterior desocupen la tribuna. También propuso iniciar una nueva fase de la resistencia civil.

El 22 de abril en Nueva Orleans, durante una conferencia de prensa junto con sus homólogos George W. Bush, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá, el presidente Felipe Calderón Hinojosa endureció su postura y criticó al PRD por la toma de las tribunas legislativas a raíz de la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos enviada semanas atrás para su discusión. Aseguró que el PRD vive un empobrecimiento de su imagen pública “por comportamientos que, simple y sencillamente, los ponen en ridículo”. Deploró la falta de solución a la crisis interna en que se encuentra, ya que debilita entre los mexicanos la imagen de los partidos. El mismo día la Mesa Directiva de la Comisión de Energía, integrada por Francisco Labastida (PRI), Graco Ramírez (PRD) y Rubén Camarillo (PAN), acuerdan un debate nacional sobre la reforma energética de 72 días: del 12 de mayo al 22 julio, con 20 foros y 14 temas y transmisión satelital del canal del Congreso. El acuerdo se distribuye a cada uno de los 15 integrantes de esa comisión y el único que se niega a firmarlo es Dante Delgado Rannauro de Convergencia. El senador priísta Manlio Fabio Beltrones considera que ese día se pondrá a consideración de la Junta de Coordinación Política del Senado y prácticamente, por el grado de consenso que alcanzó, sería aprobado en sus términos.

El senador Ricardo Monreal, vicecoordinador de la bancada perredista y representante del Frente Amplio Progresista, una vez que se entera de lo sucedido en la Comisión de Energía, comenta que es “cuestión de horas” la desocupación de las tribunas del Congreso del Unión. Después precisa que esa decisión la tomaron los seis coordinadores parlamentarios del FAP, pero que sin duda se trata de un avance que evitaría la aprobación apresurada de la reforma energética y que podría llevar a la liberación de las tribunas legislativas este mismo día. Antes de arrancar el debate nacional acudirían al Senado la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para abundar sobre los fundamentos que sustentan las iniciativas del Ejecutivo federal.

Del 12 de mayo al 22 de julio se realizarían 20 foros y el primero de ellos estaría dedicado a la participación de los representantes de los partidos. Se haría un llamado a las instituciones de educación superior para que envíen a sus expertos en materia energética. El canal de televisión del Congreso pasará por satélite su señal para que el debate pueda ser transmitido en todo el país. Tras una larga reunión entre los coordinadores parlamentarios panistas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el líder del PAN, Germán Martínez, dejaron en claro que la iniciativa energética no será retirada y buscarán construir la mayoría necesaria para dictaminar y eventualmente votarla y aprobarla.

El día 23 el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados concluye que la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo es inconstitucional y tiene tintes privatizadores. El análisis advierte que de aprobarse las reformas se legalizaría la participación de capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, lo que resultaría una “franca transgresión” al mandato constitucional. Afirma que los últimos gobiernos han convertido a la industria petrolera en una “vasta área de negocios del sector privado”, ya que han invadido áreas medulares de la explotación petrolera mediante contratos de servicios múltiples o integrales. Por su parte, el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, llega a San Lázaro y pide a los legisladores “arriesgar” y “aportar” de manera inteligente en la capacitación y desarrollo de Pemex, a fin de ganarle tiempo al futuro. Niega que la iniciativa sea privatizadora. Pide no hacer aseveraciones falsas de la iniciativa del Ejecutivo, en cuanto alianzas ya que sólo se irá a aguas profundas, “lo hemos dicho, de aquí al 2025 se tiene que ir por todas las cuencas y todos aquellos recursos, sin contemplar donde se encuentren”. Afirma que Pemex no es sólo el proveedor de energéticos, sino uno de los grandes motores de desarrollo y generadores de riqueza para México, de ahí que un nuevo diseño y una nueva arquitectura institucional en el sector energético son fundamentales.

El PRD, en voz de Carlos Navarrete, reprocha, sin citarlos por su nombre ni identificarlos, a Dante Delgado de Convergencia y a Alejandro González Yáñez del PT, por descalificar las negociaciones del perredista Graco Ramírez en la Comisión de Energía sobre el programa y calendario del debate en materia petrolera. Solicita a los aliados del FAP respeto al trabajo de los perredistas, “porque no tenemos que pedirle permiso a ningún otro partido para tomar nuestras decisiones”. Por la noche Navarrete le dice a López Obrador que el Senado es “una jaula de locos”, “luego Ricardo (Monreal) sale, imprudentemente, a anunciar: ‘¡Ya nos vamos!’. En el pequeño salón del cuarto de guerra, atestiguaban la escena Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Dante Delgado Rannauro y Alejandro Chanona. Navarrete afirma abiertamente al ex candidato presidencial y a Delgado: “Yo sí creo en la vía parlamentaria”, no creo que el debate político sea “una pérdida de tiempo, no creo que podamos transformar al país así. Debatamos”.

Enfrascados en la discusión por la propuesta para debatir 72 días presentada por el PAN y PRI, López Obrador responde: “Yo no puedo dar pasos en falso por este asunto”. A lo que Navarrete le contesta: “Lo respeto y lo admiro, pero dime cuándo”. “Yo mañana les digo…”, respondía con voz tranquila López Obrador. “Lo que quieras, repito, pero dime: el 30 de abril o el 15 de mayo, tu dime cuándo (…) para seguir con el esfuerzo de negociación”, insistía Navarrete, “pero se agradecería que nos dijeras. Si no hay acuerdo, vámonos”. “Es que esto, para mí, es una vacilada, no sé si me explico. Lo importante es que ganamos en tiempo, pero lo ganamos no por la negociación, lo ganamos porque tomamos la tribuna, no sé si me explico”. “Entonces esto nos va a llevar a que tengamos tiempo para que, con el movimiento en la calle y con la fuerza de la opinión pública vayamos por buen camino”, le dijo López Obrador.

El 25 de abril finalmente los legisladores del FAP desalojan las tribunas de las cámaras de Diputados y de Senadores, la ocupación duró 16 días, luego de llegar a un acuerdo para iniciar el debate sobre la reforma energética el próximo 13 de mayo. Sin embargo, las dos semanas que duraron atrincherados fueron aprovechadas por PAN y PRI para aprobar, en sedes alternas, 14 reformas de ley. De los 14 dictámenes, por los menos seis no pasaron ni siquiera por el escrutinio de las comisiones de trabajo. Uno de los acuerdos afectó directamente al PRD, con 252 votos se eliminó la cláusula de gobernabilidad en el Distrito Federal, se evitará que un partido concentre la mayoría absoluta en la capital del país, condición en la que actualmente se encuentra el PRD en la Asamblea Legislativa. Además, se permitirá la salida escalonada de magistrados electorales, y su elección ya no podrá ser por designación, sino por convocatoria. Otro de los dictámenes aprobados fue el de la Ley de Adquisiciones, a la cual se oponía el FAP.

El día 26 nuevamente el presidente Calderón insiste en que “a pesar de la adversidad” se han construido acuerdos. “Hoy estamos construyendo acuerdos y consensos en un México de gobierno sin mayorías parlamentarias; un México donde quienes se han empeñado en destruir la vida institucional del país han fracasado una y otra y otra vez; fracasaron ahora y fracasarán nuevamente”. Durante la asamblea nacional extraordinaria de Acción Nacional, el Presidente señala que los frutos de dicha iniciativa serán más visibles dentro de muchos años, pero al PAN le debe quedar claro que está transformando a México. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, celebra que se hayan liberado las tribunas del Congreso y confía en que esta situación no se dé nuevamente, pues ya existe un compromiso firmado por todas las fracciones.

El 28 de abril Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirma que no se puede obligar a nadie a debatir, pero tampoco se puede permitir que el debate se anule por razones políticas. Argumenta que más que reforma energética lo que detuvieron fue el trabajo diario en la sede del Legislativo, “evidenciando al mismo tiempo su autoritarismo y cerrazón”. Afortunadamente esta vez la respuesta del resto de los legisladores estuvo a la altura de las circunstancias. Finalmente, sugiere reducir el número de parlamentarios en ambas cámaras, así como permitir la reelección de los legisladores para agilizar los trabajos legislativos.


Análisis

La presión que ejerció el Frente Amplio Progresista (FAP), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con la toma de la tribuna del Congreso de la Unión logro flexibilizar la postura de los diferentes grupos parlamentarios (en especial del PAN y el PRI) y consiguió ampliar el tiempo de duración del debate nacional sobre la reforma energética de 50 a 71 días. También es importante mencionar que la postura tanto del presidente Felipe Calderón como de su secretaria de energía, Georgina Kessel, una vez que se polarizaron las posturas a favor y en contra de la reforma fue tender puentes de entendimiento con los grupos parlamentarios para avanzar en este tema. Sin duda es criticable que cualquier agrupación política, en este caso el FAP, atente contra uno de los fundamentos de la democracia, es decir, la discusión argumentada en el Congreso entre las diferentes posturas ideológicas sobre el tema energético y utilice para ello la fuerza física de sus representantes y no sus capacidades intelectuales.

Sobre todo porque si esta actitud de sabotaje la asume cualquier otro partido político y se convierte en la regla cada vez que no esté de acuerdo o al menos crea que de algún modo las decisiones adoptadas le afectan, entonces la toma de decisiones en el sistema presidencial mexicano tendera irremediablemente al desacuerdo permanente y a su parálisis. Además estamos apenas en el inicio de la discusión, en el formato de la discusión, todavía falta discutir el contenido de la reforma que será mucho más difícil de acordar y el FAP ya amenazó con volver a ocupar el recinto legislativo si lo dejan fuera del acuerdo.

El mayor costo político de la toma del Congreso lo están pagando tanto Andrés Manuel como el FAP (en particular el PRD), la estrategia de sabotaje únicamente ha servido para dilapidar el capital político adquirido en las elecciones federales del 2006. Las últimas encuestas de Mitofsky y El Universal sobre la preferencia electoral señalan la caída del PRD a un tercer lugar (después de haber ocupado el segundo) y las elecciones federales intermedias del 2009 se encuentran a la vuelta de la esquina. Si la tendencia se mantiene el PRD perderá posiciones en la Cámara de Diputados mientras que los mayores beneficiados de esta situación serán el PAN y el PRI. Seguramente esta problemática fue observada por los diputados y senadores de Nueva Izquierda, quienes saben que las posiciones ganadas están a punto de perderse y decidieron desocupar el recinto e iniciar el trabajo legislativo. Posición contraria a la de sus compañeros legisladores afines a López Obrador, quienes están convencidos de las bondades del uso de la fuerza física y la invasión de los espacios públicos para impedir la deliberación política.

En este sentido, el FAP empieza a mostrar signos de división interna, adicionalmente está discusión se está contaminando con la indefinición poselectoral dentro del PRD que hasta el momento no ha ungido a un nuevo dirigente nacional. Sin embargo, también es poco viable que en un tema de suma trascendencia tanto el presidente Calderón como su partido (el PAN) pretendan imponer su mayoría en el Congreso de la Unión y busquen sólo los votos necesarios en el PRI para sacar adelante dicha reforma. Bajo esta perspectiva se cumpliría con la legalidad o la forma de aprobar leyes, pero carecería de la legitimidad necesaria para su aplicación porque dejaría fuera las propuestas de la oposición, en especial del FAP.

Quizás la mejor forma de proceder en este caso sería que el Gobierno federal con la ayuda del PAN traten de construir el consenso más amplio posible entre las diferentes posturas ideológicas presentes en la sociedad mexicana, o sea, empezar por lograr acuerdos mínimos entre los ocho grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y después buscar lo mismo con las diferentes agrupaciones empresariales y de la sociedad civil; de lo contrario es poco probable que se pueda avanzar en esta reforma.


Horizontes

Es probable que el presidente Felipe Calderón y el PAN tiendan puentes de entendimiento con los diferentes grupos parlamentarios para avanzar en el tema energético y parece que intentarán construir el consenso más amplio posible sobre la reforma energética. En tanto el Frente Amplio Progresista seguirá en pie de lucha, con una fuerte división interna, pero con la intención de retomar el Congreso de la Unión si dejan fuera sus propuestas del acuerdo final.

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Renuncia del Comité Electoral del PRD

Las renuncias de A. Núñez y E. Cancino al Comité Técnico Electoral del partido, CTE, reflejan una debilidad en el marco institucional del partido: la estructura de sus órganos y la definición de sus procesos electorales implican la injerencia de la política en asuntos técnicos y legales.


Hechos

Después de dos semanas de haberse llevado a cabo la votación para elegir al presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el proceso de cómputo global de los votos continúa estancado. Por tal razón, a principios de esta quincena el actual presidente del partido, Leonel Cota, y el presidente de la Comisión Técnica Electoral del mismo (CTE) Arturo Núñez, declaran que no hay certidumbre de que el proceso termine en el plazo previsto, por lo que, al terminar el periodo presente, puede ser necesario nombrar un presidente interino.

Se da a conocer que, en el cómputo parcial, Alejandro Encinas aventaja a Jesús Ortega y que estos dos candidatos se encuentran muy adelante de los otros. Trasciende que el grupo del primero ha planteado que el cómputo no debe incluir los resultados de varios estados, y para sostener esa posición ha argumentado que allí las irregularidades fueron muy grandes. El grupo de Ortega declara que sí deben incluirse esos resultados y que, al hacerlo, resultará vencedor su candidato. Además presenta una demanda a los órganos internos del partido y otra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se reanude y concluya el cómputo.

A. Núñez anuncia en dos ocasiones que se está obstaculizando el proceso y posteriormente, el miércoles 9, declara que no aceptará presiones para proceder de manera distinta a lo que marcan las normas del partido y que dejará la CTE. Después de ello, se filtra que L. Cota y los integrantes de la Comisión de Garantías del partido (CG) hablan con Núñez y lo convencen de que espere, además de ofrecerle que buscarán mediar entre las partes en conflicto para proporcionar a la CTE condiciones para que pueda continuar su tarea.

Casi una semana después, el martes 15, en una entrevista, Núñez dice que la presidenta de la CG, Ernestina Godoy, pretende alargar el conflicto, para agotar los tiempos en que los candidatos puedan recurrir legalmente al TEPJF. Al día siguiente, el 16, Núñez y otro integrante del CTE, Edmundo Cancino, renuncian a sus cargos. Declaran que han tomado la decisión para “facilitar a otras instancia partidistas encontrar la solución adecuada a la crisis post electoral del PRD”, aunque también afirman que los procedimientos para concluir el cómputo están agotados.

En cartas enviadas a L. Cota y al presidente del Consejo Nacional del partido, Camilo Valenzuela, Núñez expresa que la CG no ha asumido su responsabilidad de interpretar la normatividad electoral del partido y ha “generado más confusión”. Asimismo, en una entrevista dice: “Que vean el reglamento y me digan dónde habla de dos cómputos... Si Garantías me ordena que aplique el reglamento, ya no hay casillas atípicas, no hay casillas no instaladas, ya no hay casillas con más votos, solamente las que dice el reglamento y no me van a enviar a los delegados encinistas.”

Al enterarse, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, opina que Cota se ha “apejado”, lo que algunos periodistas interpretan, por referencia a formas de decidir que atribuyen a López Obrador, como un reclamo al presidente por intentar excluir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que tendrá que avalar la decisión que tome el CTE.

Cuando los periodistas interrogan a Cota sobre el asunto, él responde: “El CEN es una caja de resonancia de los dos candidatos”. Entonces, le preguntan si él puede actuar y tomar decisiones solo, para buscar la conclusion del proceso electoral. A ello, él contesta: “Sí, el estatuto me faculta”.


Análisis

En cualquier elección es probable que algún candidato denuncie irregularidades, si considera que de ser corregidas podrán modificarse los resultados en su favor. Es posible también, aunque no ocurre con mucha fecuencia, que las denuncie quien no prevea que tengan un resultado significativo en los resultados, si piensa que ayudará posteriormente a su causa poner en duda la limpieza de sus adversarios. En las condiciones en que normalmente se desarrollan muchas elecciones, las denuncias, ya sea que obedezcan a la primera o a la segunda de esas motivaciones, ocurren inclusive cuando se basan en supuestos inciertos; los actores no pueden esperar a tener evidencias y argumentos contundentes, porque los plazos para presentar inconformidades son cortos -y deben serlo-. Desafortunadamente, no puede entonces descartarse que uno de los contendientes haga acusaciones difamatorias, es decir, sabiendo que son falsas.

En atención a lo anterior, las reglas electorales establecen procedimientos y criterios para resolver las impuganciones. Así, generalmente ellas determinan que un órgano encargado exclusivamente de ello pronunciará el último fallo, y definen esta decisión como expresamente como inapelable -o “inatacable”- como es el caso en la legislación electoral federal de nuestro país. Hay dos razones de fondo para que la reglamentación tienda a tener estas características. La primera es que la motivación social para instaurar un orden de derecho, en el ámbito electoral, como en cualquier otro, es la necesidad de certeza procedimental. La segunda es que, para ser legítima la decisión, el órgano calificador debe ser imparcial, o acercarse a la imparcialidad lo más posible.

En consecuencia, cuando distintos candidatos deciden presentar demandas, lo hacen de manera similar y ante los mismos órganos, según corresponda en la etapa del proceso en que las presenten. Y, una vez agotados los recursos que permite el marco reglamentario, casi siempre acatan el resultado y declaran que lo aceptan, aún si les es adverso. Ocurre de tal manera porque, cuando el orden de derecho se ha consolidado, los votantes y, de forma más general, los militantes del partido, o los ciudadanos, en el caso de elecciones de gobernantes, retiran su apoyo a quien rechace el fallo: refrendan los procedimientos que los constituyen como partido, o como comunidad política.

La renuncia de Núñez y Cancino a la CTE significa que, para ellos, el PRD carece de formas para resolver la controversia actual. Todo indica que para los candidatos tampoco hay una manera de concluir el diferendo, pues han denunciado ante distintos órganos del partido anomalías similares en las mismas etapas del proceso: la citada CTE, la Comisión de Garantías, el CEN, la Secretaría General y la Presidencia del partido. Aunado a ello, la actuación de dichos órganos ha distado de ser la que se esperaría de entidades imparciales en un proceso electoral; por ejemplo, sus integrantes han hecho afirmaciones acerca de los atributos personales o las orientaciones políticas de los candidatos, como si pretendieran apoyarlos o hacer campaña en su contra, en lugar de restringirse a evaluar sus acusaciones.

La falta de procedimientos internos –o, al menos, la falta de procedimientos internos suficientemente acreditados para una proporción suficiente de los perredistas– queda subrayada al recurrir uno de los candidatos a un órgano del estado, externo al partido, el TEPJF. Es menester, entonces, enfocar el análisis en la lógica del conteo de votos y en la naturaleza de los órganos del partido, y preguntarse dónde radica su insuficiencia, que ha conducido a la incertidumbre actual y proyecta un posible déficit de legitimidad sobre quien finalmente resulte triunfador.

Empecemos por el segundo punto, porque ello facilitará la exposición. Los órganos que intervienen han sido integrados en primer lugar en función de su filiación a los grupos que integran el PRD, las llamadas “tribus”, y por las maneras en que han sido nombrados, deben responder sobre todo a los mismos grupos, y no a la membresía del partido en su conjunto. Ello ha sido funcional a la toma de decisiones en el partido en ciertos momentos importantes, cuando los órganos han tenido que abocarse a negociaciones políticas; pero ha impedido resolver el conflicto electoral actual, pues los integrantes de los órganos han de rendir cuentas en referencia a la defensa de los intereses de los grupos, antes que en función de la calidad técnica de la eleccion o de la validez normativa de sus propios actos. Esto se vuelve evidente si uno repara que cada uno de los principales candidatos ha buscado que intervengan más los órganos donde su grupo tiene más presencia: Encinas, la Comisión de Garantías y la Presidencia del Partido; Ortega, el CEN y la Secretaría General.

La propia Comisión Técnica Electoral ha tenido también una composición contraria a la toma de decisiones técnicas e imparciales. Uno de sus dos principales integrantes se ha inclinado por uno de los dos candidatos con posibilidades de ganar; el otro, por el segundo contendiente real. Además, las áreas clave para el trabajo de esa comisión han estado encabezadas por representantes de alguna de las dos corrientes en pugna. Como consecuencia, los candidatos han presentado demandas a la Comisión cuando han previsto que serían consideradas en una primera instancia por un área que les sea desfavorable, pero muchas veces han preferido presentarlas a los otros órganos.

Vayamos ahora al primer punto. La CTE debe sumar los resultados que están consignados en las actas de las casillas que ha recibido de todo el país, y registrar las impugnaciones que puedan presentar los candidatos con base en sus copias de las actas o en denuncias de hechos irregulares durante la votación, que les hayan hecho llegar sus representantes en las casillas. Asimismo, debe solicitar a los otros órganos del partido, sobre todo a la CG, lineamientos para abrir paquetes electorales y corregir inconsistencias o, en su caso, anular la votacion de alguna casilla. Es decir, no tiene facultades para ir resolviendo todas las posibles demandas de los contendientes. Pero la CG debe esperar a que termine el cómputo global y que le sea entregada toda la documentación de la jornada electoral y de las demandas, antes de indicar a la CTE como proceder con respecto a las impugnaciones y las anomalías que se pudieran haber detectado.

Lo que ocurre ahora es que la CTE se ve sujeta a presiones de los equipos de los candidatos, sobre todo del de A. Encinas, para que resuelva impugnaciones antes de concluir el cómputo y entregar la documentación completa a la CG. Además se le ha pedido que presente resultados de manera que les permitan declararse ganadores, aunque, si la CG determina que deban corregirse o anularse votaciones de casillas, entonces los resultados pudieran cambiar. Aunado a todo ello, la CTE deberá entregar el acta del cómputo global al CEN, el cual, en su caso, declarará válidos la elección y los resultados, es decir, éste órgano tiene las funciones que corresponden a la calificación última del proceso; sin embargo, una vez declarada la validez, los candidatos podrían impugnar todavía el acta ante la CG, y ésta pedir al CEN que reconsidere su decisión. No queda claro, entonces, si es plenamente el órgano calificador.

Por el grado de incertidumbre institucional, algunos de los principales actores del PRD, incluída la propia CTE, han considerado en varios momentos que se requiere de acuerdos políticos entre las partes durante el proceso electoral mismo, y no antes o después, como ocurre normalmente en otras elecciones. Han buscado propiciarlos y han solicitado que los otros órganos contribuyeran, sobre todo la Presidencia del partido. Pero estas iniciativas resultaron contraproducentes: confundieron aún más la ruta para llegar a la decisión e introdujeron nuevas sospechas sobre la imparcialidad del proceso. En este contexto, Núñez y Cancino consideran que su encomienda es imposible.

La situación es delicada para la democracia. Si el principal partido de izquierda no está propiamente constituido, la ciudadanía no podrá contar realmente con las opciones que debería ofrecerle el sistema de partidos. Además, se debilita la imagen del sistema político en su conjunto, es decir, el sistema de la sociedad encargado de tomar las decisiones trascendentes para el estado, puesto que en México los partidos son entidades de interés público y su actividad es sufragada con fondos públicos. Recuérdese que, en virtud de tales consideraciones, los tribunales han determinado que los partidos políticos deben conducir su vida interna de acuerdo con normas democráticas.


Horizontes

Para el PRD es deseable que se haga una pausa en la confrontación política, se reconstituyan sus órganos y se les confiera el espacio para resolver la elección con criterios técnicos y con el mayor apego posible a su legalidad interna. Pero, si se considera que hay una insuficiencia estructural en sus marcos, es casi imposible que ello suceda; con gran seguridad, el desenlace dependerá de intervenciones del TEPJF.

Para la izquierda y para el sistema político en general, es deseaable que, después de la elección haya un pacto político entre los principales grupos del PRD, para reformar al partido y dotarlo (entre otros marcos procedimentales) de una reglamentación interna que deje fuera de los procesos electorales a los órganos políticos, como la Presidencia o el CEN. Ésa es, después de todo, una de las funciones principales de la política: despolitizar los procesos técnicos y legales. Pero, si se hacen inferencias a partir del comportamiento de los grupos y los caudillos del partido, si se toma en cuenta que la legitimidad del vencedor estará cuestionada desde el inicio y, sobre todo, si se observa que para los militantes el partido se habrá vuelto más incierto, es poco probable que se pueda convocar con éxito a ese pacto en un plazo corto o mediano.

En tales condiciones, es muy probable que el PRD llegue a las elecciones de 2009 sin suficiente cohesión para lograr una votación comparable a las últimas que ha tenido. En tal caso, se reducirán los recursos que reciba del estado, y aumentarán las razones que han alimentado los rumores de una posible escisión, sobre todo si el ganador es finalmente Ortega. Entonces, los perdedores podrían verse tentados a separarse y formar un nuevo partido en torno al FAP.

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Elección interna del PRD

Los recurrentes conflictos en que derivan las elecciones para renovar la dirigencia nacional en el PRD resaltan la ineficiencia de su mecanismo electoral para determinar un ganador claro, a la vez que acentúan las disputas entre los grupos políticos que lo integran. Puede ser una oportunidad para el partido para repensar la forma de elección así como el papel de los liderazgos informales.


Hechos

El 20 de marzo se da a conocer que, durante el cómputo de los votos de la elección del PRD para elegir a su nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (celebrada el 16 de marzo), se detectó un comportamiento atípico en la votación en 8 estados (Tlaxcala, Tamaulipas, Durango, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Tabasco) lo cual, según el equipo de Alejandro Encinas, candidato de la corriente de Andrés Manuel López Obrador, le daría a Jesús Ortega, su contendiente, 100 mil votos. Por su parte, Alfonso Ramírez Cuellar, también candidato a la dirigencia nacional del PRD, demanda al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Técnico Electoral garantías de que el cómputo final concluirá de acuerdo con las normas del partido y hace un llamado a Jesús Ortega y Alejandro Encinas para que se abstengan de contabilizar las casillas no instaladas.

El 21, Arturo Núñez, quien preside el Comité Técnico Electoral (CTE), declara que el PRD se encuentra en una profunda crisis, evidenciada por el proceso de elección interna y que, dadas las irregularidades, el resultado podría dirimirse en el TEPJF. Más tarde, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, acusa a Leonel Cota de dar un “golpe brutal” a la elección por difundir conteos rápidos con datos inconsistentes y haber ordenado detener el PREP, asimismo, critica a las encuestadoras Mitofsky e IMO. Por su parte, Alejandro Encinas se declara ganador en Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Colima, Coahuila y San Luis Potosí; y Jesús Ortega en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Durango.

Ese mismo día, Cuauhtémoc Cárdenas publica una carta en la que pide “declarar la anulación de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 16. Es momento de asumir responsabilidades y no dudar en tomar decisiones: al Consejo Nacional corresponde designar a un presidente provisional y darle plenas facultades para el gobierno y la conducción del partido en el período de transición que debe abrirse desde este momento y hasta la elección de una nueva dirección. Este Consejo Nacional en funciones, hecha esa designación, debe disolverse al igual que todos los demás órganos de gobierno del partido. Es momento de comenzar de nuevo, de no temer a la renovación y al renacimiento”.

El 22, en una carta dirigida a los militantes del PRD, se afirma que las elecciones del PRD, llegaron “a grados tales de desaseo y confrontación, que exhiben lo extremo de su degradación y reclaman acciones drásticas y decisivas”, por lo que se considera conveniente declarar la anulación de esos comicios, y designar un presidente provisional. Por otra parte, Alejandro Encinas acusa a Jesús Ortega de querer considerar las casillas con más de mil sufragios y pretender tomar en cuenta las que no se instalaron el día de la contienda.

El 23, por separado, Alejandro Encinas, Leonel Cota y Jesús Ortega rechazan que se anule la elección. Diputados del PRD censuran las acciones sucias de las corrientes de Encinas y Ortega, pero piden que se actúe con calma y sin precipitaciones hasta conocer el resultado. Ese día se cumple el plazo estatutario y sólo se tienen resultados extraoficiales de 22 entidades, las de menor votación, y no se concluye la revisión de los llamados estados “conflictivos”. Arturo Núñez declara que no hubo condiciones para realizar el cómputo final de la elección debido a las diferencias políticas entre los dos principales candidatos en 12 estados, lo cual impidió determinar un ganador. Además, dice que los integrantes de la CTE son “rehenes de la parcialidad de los delegados”; atribuye el retraso en el conteo en 12 entidades (Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Chiapas y el Distrito Federal) a la diferencia de criterios entre los integrantes de las delegaciones por la existencia de un número superior a las mil boletas que, conforme a la norma, fueron entregadas a las casillas.

Alejandro Encinas pide una salida estatutaria y no política al conflicto, mientras que Ortega declara que algunos sectores del partido lo quieren vetar. El 25, Encinas y Ortega se reúnen con el dirigente nacional Leonel Cota, Arturo Núñez y los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del partido, y acuerdan destrabar el cómputo de votos. Nueva Izquierda plantea que para destrabar el conflicto, se abran las mil 270 casillas que aún faltan por computar; Graco Ramírez señala a los personajes que han obstaculizado el cómputo de votos: Dolores Padierna, en Tabasco; Gerardo Fernández Noroña, en el Estado de México; Valentina Batres, en Veracruz, y Juan Manuel Ávila. Alfonso Ramírez Cuéllar y Camilo Valenzuela culpan de la crisis del partido a AMLO y a Cuauhtémoc Cárdenas.

El 26 de marzo, Leonel Cota Montaño y Alejandro Encinas Rodríguez dejan entrever que la resolución al conflicto y el cómputo final de la elección puede darse hasta abril. El 27, César Augusto Morones, director de la encuestadora IMO, declara que Jesús Ortega sólo podría ganar “con trampas”: “no tiene posibilidad numérica alguna de ganar: su mejor escenario es perder por 4.4 por ciento y, en el peor, por 11 puntos”.

El 28 de marzo, tanto Encinas como Ortega se declaran ganadores de la contienda, mientras Camilo Valenzuela insiste en convocar una reunión del Consejo Nacional del PRD, para destrabar el conflicto. El 30, ante Marcelo Ebrard y Leonel Godoy, Alejandro Encinas y Jesús Ortega acuerdan concluir el cómputo nacional de votos de la elección. La CTE nuevamente inicia los cómputos de la elección.


Análisis

Parecen recurrentes los conflictos que enfrenta el PRD cada ocasión que releva su dirigencia nacional. De un lado, las disputas cerradas entre los principales contendientes han llevado a resultados inciertos, como lo demostró la contienda de la que salió ganadora la hoy gobernadora de Zacatecas, Amalia García (quien compitió, justamente, contra Jesús Ortega), contienda que tuvo que ser anulada. En la otra punta, las elecciones internas son terreno propicio para que las confrontaciones entre corrientes sea lo más dura posible, con una diferencia en relación con la actual: las múltiples “tribus” parecen haberse concentrado en dos “clanes” con posturas irreconciliables (dicho en términos coloquiales, “lopezobradoristas” vs. “chuchos”), lo que dificulta los intentos de negociación.

Esta experiencia debiera servir al partido para reflexionar, con seriedad, acerca de la conveniencia de mantener este tipo de procesos electorales como mecanismo de renovación de dirigentes. No se resta nada democrático a una renovación si se hace, por ejemplo, mediante asambleas representativas en las que los militantes hacen oír su voz de modo indirecto; en cambio, queda lejos de ser adjetivado de democrático un proceso que, en teoría, permite la participación amplia de ciudadanos militantes pero que está expuesta a varias manipulaciones y a descalificaciones mutuas, sin que termine por ser creíble.

También debiera servirle al partido para repensar con claridad el papel informal que juegan sus liderazgos en la vida interna del partido. Cuauhtémoc Cárdenas mantuvo una actuación discreta, aunque trascendió que apoyaba a Jesús Ortega, mientras que López Obrador contrastó en ello, pues hizo público su apoyo a Alejandro Encinas, con lo cual intentó trasladar su peso como figura nacional al candidato de su preferencia. A juzgar por el resultado, la maniobra fue poco menos que exitosa, por lo cual un triunfo de Ortega sería leído como una derrota del excandidato presidencial.

Además, el costo de mantener esta disputa es muy alto. En particular, reduce su “autoridad moral” al PRD ante los agravios suscritos con anterioridad (¿quién creerá que el partido que no resuelve sus procesos internos limpiamente puede impugnar una elección federal, acusada de “sucia”, cuando han reproducido en su seno las peores prácticas políticas?), y segundo, debilita su actuación en otros frentes, por ejemplo, en el debate de la reforma energética, porque tienen que canalizar su atención a resolver su situación (de ahí el llamado de López Obrador a mantenerse unidos y “evitar las distracciones”). En pocas palabras, el PRD es víctima de su propia obsesión por la desconfianza: los candidatos desconfían de su adversario (en este caso, interno) y desconfían de quien regula la contienda comicial, con lo que reproducen en buena medida la lógica del conflicto poselectoral de 2006.


Horizontes

Lo acontecido en la elección de la dirigencia nacional del PRD demuestra que el PRD tiene reglas y organismos internos poco adecuados para resolver sus disputas internas de manera pacífica, razonable y aceptable para los involucrados en estos procesos. Cualquiera que sea el próximo dirigente nacional –así sea un interino- tendrá que considerar con madurez esta debilidad organizativa que le genera constantemente más desventajas que beneficios.

Asimismo, los hechos de esta quincena son -si acaso- un síntoma de un par de problemas más graves: la falta de institucionalización del partido y su débil compromiso con la democracia. De seguir por esta ruta, el papel que esta izquierda adquirirá en los próximos años será gris, por decir lo menos, guiado por una lógica poco creativa y de conflictividad creciente, ad hoc con su práctica política de los últimos dos años.

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