En la presente quincena el SNTE y la SEP dieron a conocer las directrices y lineamientos generales de la Alianza por la Calidad de la Educación en la que destaca la asignación de las nuevas plazas docentes a través de un concurso de oposición. Esta iniciativa ha genera polémica y escepticismo, sobre todo debido a los cuestionamientos que pesan sobre el sindicato de profesores y en especial sobre su líder Elba Esther Gordillo.
Hechos
En esta quincena como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer los lineamientos de la convocatoria para presentar el examen de oposición para “ocupar” las plazas “nuevas y vacantes” de profesores en el nivel básico a nivel nacional. Mediante este proceso, por primera vez en México, se otorgarán algo menos de 7 mil plazas docentes a través de un procedimiento de esta naturaleza, pero se calcula que a lo largo del ciclo escolar 2008-2009 lleguen hasta 25 mil.
El 28 de Julio, en la entrega de los originales de los exámenes de oposición a los Talleres Gráficos de la Nación, están presentes Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación; y Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La Secretaria de Educación señala que la intención del examen de oposición es trasparentar el proceso de asignación en el otorgamiento de plazas. Por su parte, Gordillo considera que el examen de oposición representa el fin del “amiguismo”, “compadrazgos” y “situaciones vergonzosas” en la asignación de plazas y agrega: “que nadie piense que es por debilidad de una organización sindical que estamos perdiendo conquistas”.
Se informa que en los concursos de oposición, se evaluarán tres aspectos: “habilidades intelectuales específicas”, es decir, la capacidad de los docentes para redactar y comprender lo que leen; “dominio de contenidos programáticos” de los planes de estudio y “competencias didácticas”, además de un anexo por estado con reactivos específicos sobre temáticas locales. También se notifica que cuando estén los resultados de los exámenes, la SEP y el SNTE, de manera conjunta, entregarán los resultados a cada gobierno estatal y los resultados serán inapelables.
Se comunica que los exámenes de oposición se aplicarán entre el 7 y el 14 de agosto y se abre un periodo de registro de aspirantes previo a esa fecha, el cual tiene que ser ampliado el 1 de agosto por fallas técnicas en la página electrónica habilitada para tal efecto. También, el motivo del retraso se debió a la falta de acuerdo con varias de las representaciones sindicales estatales, en buena medida debido a que los representantes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán se negaron a ceder sus plazas al concurso de oposición.
En este contexto, la secretaria de Educación señala que la nueva forma de asignación de plazas podría generar desempleo en la base magisterial del país, pero a cambio, sostiene que es necesario que el mérito regrese a las aulas para promover un mejor desempeño educativo. De igual manera, afirma que con la líder del SNTE tiene una buena relación de respeto y que lo que hay entre la dependencia a su cargo y el sindicato de profesores son exclusivamente acuerdos para la educación, establece que la profesora no manda ni gobierna en la SEP. Con ello, aprovecha para desmentir al ex líder del PAN, Manuel Espino, quien recientemente ha señalado que en la SEP se hacen demasiadas concesiones a Elba Esther Gordillo: “Mientras se respeten las reglas institucionales tenemos que considerar acuerdos transparentes”.
Por su parte, Silvia Luna, coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, el 4 de agosto, señala que no se ha visto que Josefina Vázquez Mota tenga clara una planeación estratégica en el sector educativo: “Se requiere una visión de Estado para asumir que la educación debe tener esos compromisos. Sin ellos vamos a hacer que se transite como si fuera un barco a la deriva la educación en este país”. Señaló que es un problema la falta de planeación del ingreso a las Normales, ya que la SEP ha incumplido con la puesta en marcha de los cinco centros regionales de excelencia educativa. Advirtió que “lo que veremos es un desempleo terrible”.
Por otro lado, el día 29 de julio, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y Antonio Ortega Martínez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión, denuncian desviación de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) a pagos de empleados comisionados al SNTE en 20 entidades del país, a pesar de tener licencia con goce de sueldo.
Un día después, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentan un punto de acuerdo para crear un grupo de trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores que se encargue de dar seguimiento a la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto debido a que para ellos no queda clara la participación del SNTE en la definición de la política de infraestructura educativa que es una atribución exclusiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También durante la quincena las voces opositoras a la Alianza Educativa se expresaron: Por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria en el valle de México, consideró que este proyecto solo tiene como propósito “lavarle la cara a Elba Esther Gordillo e incluso a la propia SEP para decir que ahora ya no existen las corruptelas sino que de verdad” hay un proceso limpio para obtener una plaza. Sin embargo, atajó, “la maquinaria de corrupción, que se da en cadena, seguirá porque hay todo un negocio en torno a las plazas por jubilación, permisos sin goces de sueldo, defunción. Estas plazas se venden, se trafican y se utilizan para el chantaje”. En tanto, dirigentes del sindicato magisterial en entidades del norte y centro del país afirmaron que el acuerdo con los gobiernos estatales es que “lo único que estaría sujeto a concurso de oposición son las plazas de nueva creación, que en el mejor de los casos no llegan a 200 lugares por entidad”, por lo que calificaron de una “tomadura de pelo” el que se informe a la ciudadanía que “todas van a concurso”.
Por su parte, maestros de la sección 16 de Jalisco aseguraron que con la aplicación del examen, Gordillo “busca recuperar el poder total en la asignación de plazas, pues enfrenta una situación muy difícil en los comités seccionales en el país, donde los elbistas ya no son mayoría”.
Análisis
En el tema de la Alianza por la Educación impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública lo que originalmente parecía un proyecto plausible de modernización y ordenación del sector y mejor planeación de las políticas educativas en el nivel básico ha derivado en una compleja madeja de intereses, posiciones políticas y declaraciones que pudieran poner en entredicho no solo su éxito, sino la política educativa del gobierno de Felipe Calderón.
No es un secreto para nadie las históricamente irregulares condiciones de acceso a las plazas de enseñanza pública básica a nivel nacional. Producto y componente fundamental del régimen autoritario definido por el corporativismo y el clientelismo, el magisterio nacional formó parte de las estructuras de control priístas con una formidable clientela, erigiéndose como el sindicato más grande de América Latina. En este contexto, uno de los mecanismos de control más importantes del gremio fue la asignación de las plazas. Esto explica la importancia del proyecto de renovación de dicho mecanismo presentado con bombo y platillo por el Ejecutivo Federal como la Alianza por la Calidad de la Educación. Se trata, al menos en el proyecto, de la eliminación de uno de los elementos de control más importantes en el esquema de dominación corporativa que quedó como una herencia (y lastre) del ancient regime. En esencia, se trata de reemplazar mecanismos poco menos que discrecionales por procedimientos abiertos y públicos en los que la designación ya no depende, en ninguna fase, de los líderes sindicales ni de los funcionarios públicos, lo que ya de suyo, es plausible.
Sin embargo, varias situaciones en torno a la propuesta, nos hacen pensar que el éxito del proyecto no está para nada asegurado: Primero porque el proyecto se pone en marcha en un contexto de franca división y creciente enfrentamiento entre las autoridades responsables del sector educativo y el sindicato que representa al Magisterio Nacional, ambos, actores fundamentales para su correcta operación. En este sentido, toma importancia analítica la fuerza y poder que ha acumulado Elba Esther Gordillo en los últimos años, como líder del SNTE. La “profesora” ha sabido colocarse como un actor en el sistema político con un buen margen de maniobra, sobre todo después del apoyo fundamental que dio al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón, en la parte final de la cerrada contienda presidencial del 2006. Así, para el gobierno de Calderón, la relación con la polémica líder vitalicia del SNTE, es una necesidad, digamos, un mal necesario. Y en este contexto, la Secretaria de Educación, Vázquez Mota, media entre la lógica de la necesidad y la lógica de la legitimidad que por momentos parecen contraponerse en este caso.
Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si bien la buena relación con un sindicato como el SNTE es políticamente conveniente (o para decirlo mejor, obligatoria), esto no deja de acarrear ciertos problemas de legitimidad: En general, el movimiento sindical en el país se ha visto cuestionado en los últimos años debido a que no ha conseguido dejar atrás prácticas corporativas aún cuando en el país el desarrollo de la democracia a nivel electoral ha tenido avances muy significativos. En ese contexto, el SNTE es uno de los sindicatos más cuestionados en la medida en que, para muchos (inclusive al interior del propio sindicato), es manejado como un botín político más que como una agrupación encargada de velar por los intereses del gremio de profesores a nivel nacional. Incluso aunque la relación del Gobierno Federal con el sindicato es funcional y necesaria, algunas voces en el PAN como la del Senador Fernando Elizondo, señalan que en realidad éste ya no es un sindicato sino un partido político. Así, el hecho de que el SNTE sea uno de los dos actores centrales en la aplicación y operación del programa puede ser (y ya lo está siendo) cuestionable por diversos sectores de la sociedad.
En tercer lugar creemos que conviene discutir las diversas lecturas que se pueden hacer del propio proyecto y ya no sólo señalar que ha generado polémica. Para unos sectores, en especial el Gobierno Federal (que lo ha impulsado institucionalmente), algunos grupos empresariales, la cúpula del SNTE, el PAN y otros sectores cercanos a la elite gobernante, la Alianza es un paso adelante para hacer más transparente la asignación de plazas y, más en general, una iniciativa para mejorar el sector educativo nacional. Del otro lado, actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos sectores del PRD (en particular la corriente que encabeza López Obrador), entre otros, han señalado que la iniciativa tiene como objetivo fundamental recuperar el control de la asignación de plazas por parte del grupo de Elba Esther Gordillo, quien, según algunos grupos disidentes al interior del SNTE ha perdido la hegemonía en numerosas secciones. Por lo que en términos del avance de la educación en México, la propuesta no tiene ningún significado. Lo importante, creemos, es que en todo caso, entre ambas posiciones hay un espectro en el que los diversos actores del sistema político se van posicionando.
Horizontes
Si bien hoy no hay posiciones ni grupos que nos hagan pensar que la Alianza por la Educación esté en peligro y que eventualmente pudiera abortar, sí es necesario considerar que a su alrededor hay una serie de posiciones que cuestionan las motivaciones y nuevos procedimientos que se pretenden echar a andar en la asignación de plazas para el Magisterio Nacional. Esto genera “ruidos” y “cortos” en un programa que, en principio, no debería ocasionar mayor controversia, puesto que, al menos en el discurso oficial, descansa en la idea del mejoramiento del aparato educativo nacional; sin embargo, la polémica puede incrementarse y las posiciones opositoras fortalecerse en la medida en que no se controlen o disminuyan los efectos secundarios que un proyecto así puede ocasionar, como por ejemplo el aumento del desempleo entre los profesores.
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Hechos
En esta quincena como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer los lineamientos de la convocatoria para presentar el examen de oposición para “ocupar” las plazas “nuevas y vacantes” de profesores en el nivel básico a nivel nacional. Mediante este proceso, por primera vez en México, se otorgarán algo menos de 7 mil plazas docentes a través de un procedimiento de esta naturaleza, pero se calcula que a lo largo del ciclo escolar 2008-2009 lleguen hasta 25 mil.
El 28 de Julio, en la entrega de los originales de los exámenes de oposición a los Talleres Gráficos de la Nación, están presentes Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación; y Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La Secretaria de Educación señala que la intención del examen de oposición es trasparentar el proceso de asignación en el otorgamiento de plazas. Por su parte, Gordillo considera que el examen de oposición representa el fin del “amiguismo”, “compadrazgos” y “situaciones vergonzosas” en la asignación de plazas y agrega: “que nadie piense que es por debilidad de una organización sindical que estamos perdiendo conquistas”.
Se informa que en los concursos de oposición, se evaluarán tres aspectos: “habilidades intelectuales específicas”, es decir, la capacidad de los docentes para redactar y comprender lo que leen; “dominio de contenidos programáticos” de los planes de estudio y “competencias didácticas”, además de un anexo por estado con reactivos específicos sobre temáticas locales. También se notifica que cuando estén los resultados de los exámenes, la SEP y el SNTE, de manera conjunta, entregarán los resultados a cada gobierno estatal y los resultados serán inapelables.
Se comunica que los exámenes de oposición se aplicarán entre el 7 y el 14 de agosto y se abre un periodo de registro de aspirantes previo a esa fecha, el cual tiene que ser ampliado el 1 de agosto por fallas técnicas en la página electrónica habilitada para tal efecto. También, el motivo del retraso se debió a la falta de acuerdo con varias de las representaciones sindicales estatales, en buena medida debido a que los representantes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán se negaron a ceder sus plazas al concurso de oposición.
En este contexto, la secretaria de Educación señala que la nueva forma de asignación de plazas podría generar desempleo en la base magisterial del país, pero a cambio, sostiene que es necesario que el mérito regrese a las aulas para promover un mejor desempeño educativo. De igual manera, afirma que con la líder del SNTE tiene una buena relación de respeto y que lo que hay entre la dependencia a su cargo y el sindicato de profesores son exclusivamente acuerdos para la educación, establece que la profesora no manda ni gobierna en la SEP. Con ello, aprovecha para desmentir al ex líder del PAN, Manuel Espino, quien recientemente ha señalado que en la SEP se hacen demasiadas concesiones a Elba Esther Gordillo: “Mientras se respeten las reglas institucionales tenemos que considerar acuerdos transparentes”.
Por su parte, Silvia Luna, coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, el 4 de agosto, señala que no se ha visto que Josefina Vázquez Mota tenga clara una planeación estratégica en el sector educativo: “Se requiere una visión de Estado para asumir que la educación debe tener esos compromisos. Sin ellos vamos a hacer que se transite como si fuera un barco a la deriva la educación en este país”. Señaló que es un problema la falta de planeación del ingreso a las Normales, ya que la SEP ha incumplido con la puesta en marcha de los cinco centros regionales de excelencia educativa. Advirtió que “lo que veremos es un desempleo terrible”.
Por otro lado, el día 29 de julio, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y Antonio Ortega Martínez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión, denuncian desviación de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) a pagos de empleados comisionados al SNTE en 20 entidades del país, a pesar de tener licencia con goce de sueldo.
Un día después, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentan un punto de acuerdo para crear un grupo de trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores que se encargue de dar seguimiento a la Alianza por la Calidad de la Educación. Esto debido a que para ellos no queda clara la participación del SNTE en la definición de la política de infraestructura educativa que es una atribución exclusiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
También durante la quincena las voces opositoras a la Alianza Educativa se expresaron: Por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria en el valle de México, consideró que este proyecto solo tiene como propósito “lavarle la cara a Elba Esther Gordillo e incluso a la propia SEP para decir que ahora ya no existen las corruptelas sino que de verdad” hay un proceso limpio para obtener una plaza. Sin embargo, atajó, “la maquinaria de corrupción, que se da en cadena, seguirá porque hay todo un negocio en torno a las plazas por jubilación, permisos sin goces de sueldo, defunción. Estas plazas se venden, se trafican y se utilizan para el chantaje”. En tanto, dirigentes del sindicato magisterial en entidades del norte y centro del país afirmaron que el acuerdo con los gobiernos estatales es que “lo único que estaría sujeto a concurso de oposición son las plazas de nueva creación, que en el mejor de los casos no llegan a 200 lugares por entidad”, por lo que calificaron de una “tomadura de pelo” el que se informe a la ciudadanía que “todas van a concurso”.
Por su parte, maestros de la sección 16 de Jalisco aseguraron que con la aplicación del examen, Gordillo “busca recuperar el poder total en la asignación de plazas, pues enfrenta una situación muy difícil en los comités seccionales en el país, donde los elbistas ya no son mayoría”.
Análisis
En el tema de la Alianza por la Educación impulsada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública lo que originalmente parecía un proyecto plausible de modernización y ordenación del sector y mejor planeación de las políticas educativas en el nivel básico ha derivado en una compleja madeja de intereses, posiciones políticas y declaraciones que pudieran poner en entredicho no solo su éxito, sino la política educativa del gobierno de Felipe Calderón.
No es un secreto para nadie las históricamente irregulares condiciones de acceso a las plazas de enseñanza pública básica a nivel nacional. Producto y componente fundamental del régimen autoritario definido por el corporativismo y el clientelismo, el magisterio nacional formó parte de las estructuras de control priístas con una formidable clientela, erigiéndose como el sindicato más grande de América Latina. En este contexto, uno de los mecanismos de control más importantes del gremio fue la asignación de las plazas. Esto explica la importancia del proyecto de renovación de dicho mecanismo presentado con bombo y platillo por el Ejecutivo Federal como la Alianza por la Calidad de la Educación. Se trata, al menos en el proyecto, de la eliminación de uno de los elementos de control más importantes en el esquema de dominación corporativa que quedó como una herencia (y lastre) del ancient regime. En esencia, se trata de reemplazar mecanismos poco menos que discrecionales por procedimientos abiertos y públicos en los que la designación ya no depende, en ninguna fase, de los líderes sindicales ni de los funcionarios públicos, lo que ya de suyo, es plausible.
Sin embargo, varias situaciones en torno a la propuesta, nos hacen pensar que el éxito del proyecto no está para nada asegurado: Primero porque el proyecto se pone en marcha en un contexto de franca división y creciente enfrentamiento entre las autoridades responsables del sector educativo y el sindicato que representa al Magisterio Nacional, ambos, actores fundamentales para su correcta operación. En este sentido, toma importancia analítica la fuerza y poder que ha acumulado Elba Esther Gordillo en los últimos años, como líder del SNTE. La “profesora” ha sabido colocarse como un actor en el sistema político con un buen margen de maniobra, sobre todo después del apoyo fundamental que dio al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón, en la parte final de la cerrada contienda presidencial del 2006. Así, para el gobierno de Calderón, la relación con la polémica líder vitalicia del SNTE, es una necesidad, digamos, un mal necesario. Y en este contexto, la Secretaria de Educación, Vázquez Mota, media entre la lógica de la necesidad y la lógica de la legitimidad que por momentos parecen contraponerse en este caso.
Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si bien la buena relación con un sindicato como el SNTE es políticamente conveniente (o para decirlo mejor, obligatoria), esto no deja de acarrear ciertos problemas de legitimidad: En general, el movimiento sindical en el país se ha visto cuestionado en los últimos años debido a que no ha conseguido dejar atrás prácticas corporativas aún cuando en el país el desarrollo de la democracia a nivel electoral ha tenido avances muy significativos. En ese contexto, el SNTE es uno de los sindicatos más cuestionados en la medida en que, para muchos (inclusive al interior del propio sindicato), es manejado como un botín político más que como una agrupación encargada de velar por los intereses del gremio de profesores a nivel nacional. Incluso aunque la relación del Gobierno Federal con el sindicato es funcional y necesaria, algunas voces en el PAN como la del Senador Fernando Elizondo, señalan que en realidad éste ya no es un sindicato sino un partido político. Así, el hecho de que el SNTE sea uno de los dos actores centrales en la aplicación y operación del programa puede ser (y ya lo está siendo) cuestionable por diversos sectores de la sociedad.
En tercer lugar creemos que conviene discutir las diversas lecturas que se pueden hacer del propio proyecto y ya no sólo señalar que ha generado polémica. Para unos sectores, en especial el Gobierno Federal (que lo ha impulsado institucionalmente), algunos grupos empresariales, la cúpula del SNTE, el PAN y otros sectores cercanos a la elite gobernante, la Alianza es un paso adelante para hacer más transparente la asignación de plazas y, más en general, una iniciativa para mejorar el sector educativo nacional. Del otro lado, actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos sectores del PRD (en particular la corriente que encabeza López Obrador), entre otros, han señalado que la iniciativa tiene como objetivo fundamental recuperar el control de la asignación de plazas por parte del grupo de Elba Esther Gordillo, quien, según algunos grupos disidentes al interior del SNTE ha perdido la hegemonía en numerosas secciones. Por lo que en términos del avance de la educación en México, la propuesta no tiene ningún significado. Lo importante, creemos, es que en todo caso, entre ambas posiciones hay un espectro en el que los diversos actores del sistema político se van posicionando.
Horizontes
Si bien hoy no hay posiciones ni grupos que nos hagan pensar que la Alianza por la Educación esté en peligro y que eventualmente pudiera abortar, sí es necesario considerar que a su alrededor hay una serie de posiciones que cuestionan las motivaciones y nuevos procedimientos que se pretenden echar a andar en la asignación de plazas para el Magisterio Nacional. Esto genera “ruidos” y “cortos” en un programa que, en principio, no debería ocasionar mayor controversia, puesto que, al menos en el discurso oficial, descansa en la idea del mejoramiento del aparato educativo nacional; sin embargo, la polémica puede incrementarse y las posiciones opositoras fortalecerse en la medida en que no se controlen o disminuyan los efectos secundarios que un proyecto así puede ocasionar, como por ejemplo el aumento del desempleo entre los profesores.
