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lunes, 8 de septiembre de 2008

Reforma energética

En la presente quincena continuó el debate en torno a la propuesta para la reforma energética. El PAN defendió la propuesta del Ejecutivo, el PRI presentó la suya y el PRD realizó la consulta petrolera. Hasta el fin de la quincena no se tomaron decisiones terminantes y más bien los actores centrales del debate perfilaron sus posiciones en distintos temas, delineando, muy pausadamente, los pisos y techos de negociación.



Hechos

El 24 de julio la diputada perredista Ruth Zavaleta asegura ante los medios que la consulta ciudadana del Distrito Federal es “para medir qué opina la gente” y parece estar inducida; aún así asegura que no es representativa para el país ni puede ser vinculante para la decisión que tome el Congreso de la Unión en la materia. Señala que aunque es posible que la reforma se discuta en el siguiente periodo de sesiones del Congreso, no hay que olvidar que “existe un grupo que amaga con no permitir absolutamente ninguna reforma en este tema”, refiriéndose claramente al grupo de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas señala que las preguntas de la consulta no resultan del todo claras y parecen estar mal planteadas, no obstante, se muestra optimista en que el Congreso apruebe una reforma que beneficie a Petróleos Mexicanos.

Por su parte, el PRI, a través de su coordinador en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, presenta su propia propuesta de Reforma Energética, que califica de modernizadora sin pretender privatizar ni abierta ni simuladamente y sin vulnerar la Constitución, principalmente contempla la autonomía fiscal de Pemex y el uso de petrobonos.

El proyecto de reforma energética del PRI permite la inversión privada, a través de contratos, para exploración en aguas profundas. Sin embargo estos están acotados en relación con la propuesta de Felipe Calderón, debido a que deberán ser registrados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y difundidos públicamente. De manera paralela a la propuesta del Ejecutivo, la propuesta del PRI permite contrataciones sin licitación mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa en casos de “innovaciones tecnológicas” u otras justificaciones técnicas. También, la propuesta determina que ante posibles controversias con las empresas extranjeras, Pemex se someterá a la jurisdicción de “tribunales arbitrales nacionales o internacionales”.

Una de las consideraciones más importantes en la propuesta del PRI es la modificación a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, correspondiente al ramo petrolero. La modificación facultaría al Ejecutivo Federal para formar, por decreto, “organismos descentralizados con carácter estratégico, filiales de Pemex”, que podrán subcontratar y terciarizar obras y servicios para la refinación de crudo, construcción de ductos y para el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados. En relación con la propuesta presidencial, para Beltrones, la propuesta del PRI “nada tiene de parecido; por el contrario, corrige en buena parte lo que él planteaba y llena las insuficiencias”.

Ante esta iniciativa, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, asegura que hay más coincidencias que divergencias en torno a la propuesta de Calderón. Mientras que el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, afirma estar “lleno de optimismo y de entusiasmo” al saber que el PRI presentó una propuesta que “enriquece la discusión”. Germán Martínez, presidente nacional del PAN, sostiene que existen coincidencias en la iniciativa del gobierno federal y la que presentó el PRI. En esta misma tesitura el Partido del Trabajo indica que ve con “buenos ojos” la iniciativa de reforma energética presentada por el PRI y que espera trabajar conjuntamente con ese partido con la finalidad de diseñar una iniciativa que beneficie a la nación. También, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, el perredista Graco Ramírez califica como no privatizadora “en lo esencial” la propuesta del PRI. Asimismo señala que en comparación con la propuesta panista, “sí le creo al PRI”.

Un día después de la presentación de la propuesta, el Senador perredista Pablo Gómez, afirma que no se puede “eximir a supuestos organismos nuevos que se crearían en materia de refinación y ductos del imperio del artículo 134 de la Constitución, que obliga a licitar las compras y los contratos de servicios; se propone que se ignore el texto constitucional” y manifiesta su “preocupación por la desintegración de la industria petrolera”. Para el Senador los temas del financiamiento (relativo a los bonos petroleros), así como del régimen de deuda, en la propuesta del PRI, son inconstitucionales. Finalmente remata sus críticas a la propuesta del PRI advirtiendo que “no es por la puerta de atrás, proponiendo cosas que lesionan la Constitución, como se puede avanzar en la reforma para Pemex. En todo caso que presenten iniciativas de reforma constitucional”.

Por su parte, desde Jalisco y en el marco de su gira para impulsar el movimiento en defensa del petróleo, el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, advierte que hay que estar alertas con vistas a “las bondades” de la propuesta del PRI, la cuál pretende rescatar la de la Presidencia. Afirma que con su propuesta, el PRI le hace el “trabajo sucio” a Felipe Calderón y que los miembros de ese partido solo son “alcahuetes” del PAN. También rechaza que las preguntas de la consulta estén mal orientadas y que sean una manipulación.

Otra voz contraria a la propuesta del PRI fue la del Obispo de Saltillo Raúl Vera, quien consideró que si los legisladores actúan con responsabilidad, ética, inteligencia y preparación deben rechazar las iniciativas de reforma energética tanto del Ejecutivo Federal, como la del “tricolor”, porque de lo contario México no sólo perderá un recurso natural estratégico, sino también su dignidad.

Entretanto, el 25 de julio los líderes del PRI, PAN y PRD, Beatriz Paredes, Germán Martínez y Guadalupe Acosta respectivamente, se reúnen y se comprometen a que no habrá albazos legislativos ni dictámenes unilaterales o procedimientos fast track durante el proceso de discusión de las diversas iniciativas de reforma energética.
En otro ámbito, AMLO y los partidos que integran el Frente Amplio Progresista acuerdan crear un comité de movilizaciones que tendrá la tarea de preparar la estrategia de la resistencia civil pacífica en “una nueva etapa” del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo.

El 28 de julio, en voz de Manuel Camacho, coordinador de la consulta ciudadana sobre la reforma energética, se dan a conocer los resultados de la misma y se califica el ejercicio como un “éxito”, toda vez que participaron, según sus datos, más de millón y medio de ciudadanos con un porcentaje muy superior a favor de la “no” privatización. Luego de conocer estos resultados, los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, llamaron al PRD a presentar su propuesta y amenazaron con comenzar el debate con las que ya se encuentran presentes. Sobre la consulta, la Secretaria de Energía, afirma que es sólo información adicional a la mucha con que se cuenta.

Por otra parte, Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, señala que un acuerdo con el PAN solo se puede cristalizar si éste pasa por revisar de fondo la corrupción en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirige el priísta Carlos Romero Deschamps.
Finalmente, el presidente Calderón, junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, defiende de nueva cuenta su propuesta de reforma energética y asevera que con las reformas que no se han podido hacer desde hace diez años, modernizar a Pemex “es el camino correcto”.


Análisis

El sinuoso camino que ha seguido la reforma energética continuó en la presente quincena dejando constancia de que todavía faltan varios episodios que culminen en la reforma del sector y en la modernización de Pemex.

El juego político de tres bandas, encabezado por los tres principales partidos políticos, complica cualquier acuerdo posible y alarga irremediablemente la toma de decisiones estratégicas que se deben tomar para el desarrollo del país. Si bien el inédito proceso de debate y deliberación que se ha dado en torno a la reforma energética es alentador en términos de nuevas prácticas parlamentarias en detrimento de viejos procedimientos como el albazo o el llamado fast track, es de llamar la atención la lentitud con la que se ha discutido el tema en cuestión. Sí hay premura por una reforma energética en la medida en que no hay posicionamientos claros de parte del gobierno mexicano con respecto a la explotación de pozos en las fronteras internacionales, particularmente con Cuba y los EUA. También hay premura debido a que la producción se mantiene baja y no se están aprovechando cabalmente los precios internacionales del petróleo actuales, que no necesariamente seguirán tan altos por mucho tiempo. Finalmente, también hay premura porque es insostenible e injustificable la precariedad financiera y técnica con la que opera Pemex el día de hoy.

Bajo estas condiciones, el Congreso de la Unión tiene la obligación de aprobar una reforma que dote a la paraestatal de los recursos y capacidades necesarias para modernizarse y ponerse a la altura de las grandes empresas petroleras del mundo. Sin embargo, esto no parece que vaya a ocurrir muy pronto (o simplemente que vaya ocurrir), en tanto no haya un acuerdo parlamentario entre los tres partidos y en tanto el PRD no presente su propuesta de reforma.

Probablemente lo que más ha entrampado la discusión y la toma de decisiones ha sido el hecho de que tanto el PAN como el PRI, no quieren pagar la factura político-electoral de una propuesta de modernización del sector que, prácticamente sea la que sea, será tildada de privatizadora y entreguista por AMLO y su grupo-movimiento. Sin embargo, hay voces en el PRD, como la del senador Graco Ramírez, que señalan que la propuesta priísta no es un intento de privatización. La división del PRD entre los grupos de Jesús Ortega y de AMLO, se hace evidente e impide que dicho partido político presente una postura unitaria en torno al tema energético o, al menos, que demoren mucho más tiempo para generar una postura de unidad.

Sin embargo, la cercanía de las propuestas de PRI (aunque este partido se ha tratado de desmarcar lo más posible de la propuesta del Ejecutivo Federal) y PAN no parece ser suficiente para que los dos partidos se aventuren en aprobar, con la mayoría que conforman en el Congreso, una reforma que permita la subcontratación de empresas para hacer servicios múltiples a Pemex. En este sentido, parece que sigue fresco el conflicto postelectoral del 2006 y el temor a un nuevo enfrentamiento que polarice a la sociedad. Ahora bien, ciertas o no, las acusaciones de AMLO sobre que la propuesta del PRI fue negociada con el PAN y de que sirvió para corregir los errores que la propuesta del Ejecutivo contenía, parce que han sido útiles al PRD para imponer el ritmo en las negociaciones.

Obligaron a todos los actores a esperar la realización de la consulta en materia energética organizada por el PRD y el Gobierno del Distrito Federal y los han forzado a esperar a que el equipo de especialistas de dicho partido trabaje en su propuesta de reforma, la cuál, a fines de la presente quincena todavía no ha sido dada a conocer.
Por otro lado, el escenario de la negociación y de la conformación de una propuesta única entre los tres partidos se abrió en esta quincena, pero no parece tener mucho futuro, debido a que el PRD ya señaló el piso mínimo: revisar la relación del Sindicato Petrolero con la empresa y los escándalos de corrupción en que se ha visto involucrada su dirigencia, en particular, su líder Carlos Romero Deschamps; con lo que el PAN podría estar de acuerdo pero a lo cuál el PRI se negará con toda fuerza.

El triángulo PRI-PAN-PRD tiene estancado (o semiparalizado) el debate de la reforma, el PAN está dispuesto a negociar con el PRI porque encuentra mayor cercanía ideológica, sin embargo este último se trata de distanciar del primero y del Gobierno Federal. Por su parte el PRD, divido en dos grupos, no parece tener prisa para presentar su propuesta de reforma aunque parece dispuesto a negociar con el PAN un acuerdo que contemple la revisión de los casos de corrupción del sindicato petrolero. No obstante, estaría por verse si el grupo de AMLO acepta un acuerdo como ese o si se va “por la libre” en la estrategia de movilización y presión política, con toma de tribuna del Congreso incluida. Si por el contrario, se avanza en el acuerdo político y se intenta la configuración de una propuesta única (recordemos que hay más de diez iniciativas en el Congreso), también se abre la posibilidad de una reforma sin pies ni cabeza similar a la última reforma fiscal. Con lo que, incluso en el escenario de negociación y acuerdo, tampoco está asegurada una “buena” reforma energética.

En todo caso, en cualquier escenario, lo que sí parce evidente, es que con el reconocimiento de algunos funcionarios del Gobierno Federal y de sectores panistas a la propuesta del PRI, la iniciativa de Felipe Calderón recibió una declaración de defunción anticipada. Es claro que no será aprobada por el Congreso, al menos en los términos en que fue presentada.


Horizontes

No es posible, con lo ocurrido en la presente quincena, determinar con claridad cuál será el final de un debate (y posible conflicto) en torno a uno de los puntos más importantes para el desarrollo del país: el tema energético. Hay varios escenarios posibles, pero casi ninguno alentador. Se percibe lejana la posibilidad de una reforma que modernice el sector energético del país debido a que los intereses de las distintas fuerzas políticas se contraponen con fuerza. Probablemente, lo único positivo en todo este largo debate es la apertura de espacios de deliberación en los que se vieron incluidos más actores sociales que los que tradicionalmente están vinculados con la toma de decisiones políticas.

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jueves, 26 de junio de 2008

Alianza Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps

En la actual democracia mexicana persisten herencias del autoritarismo que ponen en riesgo la construcción de una democracia de calidad. La alianza Gordillo-Romero Deschamps es un claro ejemplo de prácticas corporativas que sobreviven en un contexto democrático. En esta quincena se presentan acontecimientos que involucran a los sindicatos magisterial y petrolero a través de sus dirigentes, quienes buscan mediar entre ellos y el Gobierno federal para sobrellevar la actual crisis alimentaria y económica.


Hechos

El 30 de mayo, Fidel Samaniego del diario El Universal da a conocer la alianza a la que habrían llegado la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps. Los líderes sindicales pretenden organizar un frente, coalición o alguna otra modalidad que haga frente a la crisis alimentaría que “abiertamente atenta contra el interés de los trabajadores”; para esto convocan a organizaciones de trabajadores, expertos y grupos académicos; asimismo, advierten que ya se han sumado más de 30 sindicatos a la alianza y que en los próximos días podrían sumarse otros.

Otro aspecto que persigue este frente es la recuperación de espacios para el sindicalismo y, de esta manera, una participación directa en la toma de decisiones económicas, pues afirman que es necesario que México “retome el rumbo del crecimiento económico”. En resumen, pretenden constituir un foro de discusión y análisis sobre temas económicos y sociales y con todo ello, un sindicalismo fuerte y renovado. No obstante, señalan fuentes del mismo diario, no existiría una ruptura entre la lideresa del SNTE y el presidente Calderón; ni, por el otro lado, entre el gremio petrolero y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Trascendió también que el coordinador y vocero de esta alianza sería el dirigente de la Federación de Trabajadores de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, quien también ha sido cetemista y ex gobernador.

En respuesta a esta convocatoria, dirigentes de otros sindicatos, entre ellos del Frente Sindical Mexicano (FSM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), ponen en duda las verdaderas intenciones de la alianza Gordillo-Deschamps. Francisco Farina, vocero del FSM, expresa que “esa mancuerna tiene doble cara”, pues aparentemente los intereses de la alianza no buscan el beneficio de los trabajadores, sino de sus dirigentes, quienes podrían estar buscando darle “un empujoncito a la reforma a la Ley Federal del Trabajo”. Empero, el vocero del FSM reconoce que en las condiciones actuales urge una alianza que beneficie a los trabajadores y “si es necesario que sea con el diablo” habría que analizarlo.

Por su parte, Francisco Hernández, uno de los presidentes colegiados de la UNT, declara que es necesaria la “unificación del sindicalismo, independientemente de la filiación partidista” por lo que la alianza sindical le parece adecuada. Finalmente, fuentes de la CTM, advierten que la convocatoria es “un llamado a misa, el que quiere va” y sugieren que si es algo político hay que tomarlo con reservas; además aclaran que no existe una fractura en la CTM sólo porque el STPRM forme parte de ella, pues cada sindicato tiene autonomía.


Análisis

La alianza representa una forma de defender los intereses corporativos, lo que deja ver que a once años (1997) de instaurarse el gobierno dividido y a ocho (2000) de la alternancia política, en la democracia mexicana aún persisten herencias del régimen autoritario, encarnadas en grupos de poder; prácticas, estructuras, valores e identidades de carácter corporativo que permitieron al régimen anterior controlar a los diversos grupos, así como canalizar sus demandas mediante una estructura rígida. Lo anterior representa un desafío y un obstáculo para la construcción de una democracia de calidad porque el poder se concentra en unas cuantas manos y hacen falta mecanismos de rendición de cuentas que trasparenten las actividades sindicales.

La alianza sindical entre Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps es recibida con desconfianza entre líderes sindicales, analistas e investigadores, tal parece que obedece a la forma de control corporativo que han practicado en sus respectivos sindicatos. La interpretación de la alianza se ha dado, por un lado, para ayudar al gobierno de Felipe Calderón a sacar adelante la reforma laboral. Y por otro, responde —según Graciela Bensusán— a un acto defensivo contra la reforma educativa y energética que podrían minar la forma de sindicalismo que practican. Otra probable lectura sugiere que las intenciones de la lideresa con Romero Deschamps, a un año de las elecciones legislativas, apuntan a la posibilidad de que el Partido Nueva Alianza (Panal) vaya en coalición con el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional.

Para entender esta capacidad de negociación, sobre todo la de Elba Esther Gordillo, es necesario recurrir a ciertos momentos en la vida política de la lideresa; desde su ascenso ha intervenido en forma directa o indirecta para evitar que se concretaran reformas a la educación que afectaran los intereses y las redes corporativas del sindicato. Por ejemplo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se planteó el Programa de Modernización Educativa (1989) que contempló la descentralización a través de organismos para cada estado y el DF, de esta forma se entregó a los gobernadores la gestión administrativa; también se estableció la reforma al currículo académico, la creación de la carrera magisterial y el desarrollo de indicadores para medir la eficacia docente; al final solo se logró la descentralización.

De igual forma, Vicente Fox Quesada fundó, el 8 de agosto de 2002, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, órgano que se encargaría de evaluar el desempeño de los estudiantes dejando de lado la evaluación de los docentes lo que sin duda podría afectar la imagen de los maestros y por supuesto del SNTE. En este sentido, la quincena pasada se anunció la Alianza por la calidad de la educación, en la cual, a diferencia de las reformas anteriores, que fueron impulsadas por el ejecutivo, Elba Esther Gordillo asumió un papel protagónico y fue la principal hacedora de los lineamientos generales de esta reforma. No obstante, lo que resulta sospechoso es que el acuerdo se dio entre el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo mediante un proceso que nadie conoce, en consecuencia, no existe algún otro actor político que sirva como contrapeso al poder político de la profesora, como se puede notar con los gobernadores estatales, quienes no han proferido opiniones a favor o en contra de dicho documento, a pesar de que actualmente la educación se encuentra descentralizada.

En este contexto, el logro de un pacto con otro sindicato importante y numeroso de nuestro país no debería sorprender a nadie, lo que resulta ajeno a la sociedad y a los propios trabajadores de estos sindicatos son los verdaderos fines que persiguen los dirigentes de estos organismos. Asimismo, la carencia de documentos o declaraciones oficiales en torno a este pacto crea un vacío de información que da lugar a todas estas conjeturas y, de la misma forma, evidencia la falta de transparencia al formar sociedades entre particulares que representan a un amplio sector de la población.

Por último, las adhesiones y desmarcaciones de otros organismos similares han puesto de manifiesto la capacidad camaleónica del actual corporativismo mexicano, aspecto diferente al del antiguo régimen, en el cual había una clara línea política y las decisiones partidistas eran seguidas de igual forma por los trabajadores sindicalizados. En esta ocasión, hubo algunos que atendieron el llamado, bajo la consigna de proteger a los agremiados y hubo otros que abiertamente señalaron el desacuerdo de opiniones con Gordillo, pero que aún así manifiestan disposición dadas las condiciones actuales a pactar “con el diablo”. Aparentemente, es mejor tenerla de aliada que estar en la esquina contraria.


Horizontes

Ha transcurrido tiempo desde este análisis y hemos comprobado que el tema no se ha mantenido en la agenda nacional. Es probable que en unos meses, de lograrse el pacto, se den a conocer las medidas que pretenden tomar; asimismo, se prevé que las demandas se amplíen y pueda llegar a consolidarse como un peso político estratégico o en ese sentido, proporcionar mayores argumentos a sus creadores en busca de alguna oportunidad política a corto o largo plazo. Lo que no se ve posible es que la crítica sea muy férrea hacia el Ejecutivo federal dada la estrecha relación entre el presidente y Gordillo; un rompimiento afectaría mucho más a la lideresa del SNTE.

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