Inseguridad pública

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo este hecho más que unificar divide a los diferentes órdenes de Gobierno.


Hechos

El 6 de agosto, el presidente Felipe Calderón hace un llamado a todos los gobiernos a colaborar en materia de seguridad pública y dedicarse a los problemas que afectan a la población “y no a actividades políticas que dividen a la sociedad”, en clara alusión a la consulta ciudadana realizada por el GDF sobre el tema del petróleo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard responde que un tema no tiene que ver con el otro, y que del tema de la inseguridad no debe “sacarse raja política”.
Al día siguiente, el Ejecutivo federal presenta un mensaje en el cual lamenta el secuestro y asesinato de Fernando Martí, y plantea la necesidad de purgar a todas las policías. Más tarde, envía una iniciativa en la que pide cadena perpetua para secuestradores, cuando pertenezcan a alguna corporación policiaca, cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima, cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. Por su parte, el jefe de Gobierno del DF rechaza que falte coordinación entre las dependencias federales y locales encargadas de la seguridad pública, e informa que el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, se encargará personalmente de los casos de secuestro en la ciudad.

El 9 de agosto, la SSP federal anuncia que la policía federal pondrá en operación unidades especiales (300 elementos que operarán 24 horas los 365 días del año, apoyados con vehículos terrestres y aeronaves) para combatir el secuestro en el país. El día 11 Marcelo Ebrard anuncia 20 acciones para combatir la inseguridad, entre las que destacan: una nueva policía investigadora que reemplaza a la Policía Judicial; una Red de Protección Ciudadana, conformada por vecinos; una fuerza Antisecuestro a cargo de la PGJDF; y un paquete de reformas legislativas.

El día 12, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo-Loza, considera que pueden contribuir las medidas tomadas por el Gobierno federal y por el Gobierno del DF para combatir la inseguridad, pero señala que es necesario acabar con la impunidad aprobando leyes en materia y justicia penal. También dice que son causas de la delincuencia la falta de crecimiento económico y la generación de empleos. Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, califica los niveles de inseguridad como “insostenibles”, y dice que el problema ha frenado las inversiones.

El día 13, Marcelo Ebrard envía una carta a la dirigente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, en la que propone la realización de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, y titulares de la PGR, SSP, Sedena, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conferencia de prensa, junto con el empresario Alejandro Martí, exigen que se reúnan el presidente Felipe Calderón con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los gobernadores, para escuchar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, responsabiliza al Congreso de la Unión de la inseguridad en el país; al conocer las declaraciones diputados del PRI y el PRD señalan al presidente Calderón como el responsable directo de la seguridad en el país. El día 14, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para reunirse el 21 de agosto y definir una estrategia integral para combatir a la delincuencia. Más tarde, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propone que sea la Conago, la que convoque a la cumbre nacional en seguridad pública que había propuesto. El día 15, Marcelo Ebrard confirma que asistirá a la reunión del CNSP. Finalmente, el día 18, AMLO dice que la pobreza y el desempleo son los detonantes de la inseguridad pública en el país, y que mientras continúe el predominio de una “mafia política” no se podrán solucionar.


Análisis

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. En esta quincena, se dieron las primeras reacciones de los tres órdenes de Gobierno, en este sentido, y en lo que aparenta ser una respuesta enérgica e inmediata el presidente Felipe Calderón envía una iniciativa de ley que contempla el castigo de cadena perpetua a secuestradores, pero que no contempla una profunda reorganización del sistema judicial ni garantiza la correcta impartición de justicia; además el Ejecutivo federal critica al GDF por la falta de coordinación y de depuración policiaca.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anuncia sus 20 acciones contra la inseguridad y ordena al procurador de Justicia del DF que atienda personalmente los casos de secuestro, de igual forma entra al enfrentamiento con el presidente Calderón, al querer organizar una reunión por encima del Ejecutivo federal y sus secretarios encargados de la seguridad. Parece complicado que la iniciativa presidencial y las acciones del GDF tengan resultados inmediatos, lo que aparentemente le da la razón a las críticas de la CNDH sobre la iniciativa presidencial; otro factor que interviene y opaca los resultados son los enfrentamientos entre ambas administraciones, principalmente el Gobierno federal y el del DF. Por si fuera poco, el deslinde de responsabilidades también se dio entre otros órdenes de Gobierno, la SCJN acusa a los legisladores de no actuar al respecto y hacerlo sólo cuando la presión de la sociedad es exhaustiva, y por su parte, el Legislativo señala como principal responsable al presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que se debe aclarar es la función de cada institución responsable de la seguridad en el Gobierno. Ante este vacío en asumir responsabilidades de nueva cuenta se suman las organizaciones sociales con propuestas y exigencias. Sin embargo, estos reclamos generalmente quedan en el papel ante la imposibilidad de realizarlos o de plano ante la indiferencia de las autoridades. Un primer logro de estas organizaciones es haber conseguido, al menos en la agenda, participar en la reunión con todos los niveles de Gobierno involucrados, y tener voz en dicho encuentro; sin embargo, aunque esto no garantiza tener resultados inmediatos, es importante para la democracia mexicana, la participación de los ciudadanos en un órgano tan importante como el CNSP, y que sean escuchados por los responsables de las instituciones de Gobierno.

Por último, otro punto que se manejó en el caso particular del joven Martí fueron las negociaciones que se sostuvieron con los secuestradores; resulta obvio que si la familia cuenta con los recursos haya optado por realizar negociaciones entre los delincuentes y un particular, y teniendo asumida una postura de que la labor policial podría entorpecer el rescate. Y no sólo eso, sino con plena desconfianza en las autoridades. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados y ahora sí se recurre a las autoridades para demandarles mejor respuesta, ante una intervención que no tuvieron, pero de la cual sí son responsables.

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Renuncia del Comité Electoral del PRD

Las renuncias de A. Núñez y E. Cancino al Comité Técnico Electoral del partido, CTE, reflejan una debilidad en el marco institucional del partido: la estructura de sus órganos y la definición de sus procesos electorales implican la injerencia de la política en asuntos técnicos y legales.


Hechos

Después de dos semanas de haberse llevado a cabo la votación para elegir al presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el proceso de cómputo global de los votos continúa estancado. Por tal razón, a principios de esta quincena el actual presidente del partido, Leonel Cota, y el presidente de la Comisión Técnica Electoral del mismo (CTE) Arturo Núñez, declaran que no hay certidumbre de que el proceso termine en el plazo previsto, por lo que, al terminar el periodo presente, puede ser necesario nombrar un presidente interino.

Se da a conocer que, en el cómputo parcial, Alejandro Encinas aventaja a Jesús Ortega y que estos dos candidatos se encuentran muy adelante de los otros. Trasciende que el grupo del primero ha planteado que el cómputo no debe incluir los resultados de varios estados, y para sostener esa posición ha argumentado que allí las irregularidades fueron muy grandes. El grupo de Ortega declara que sí deben incluirse esos resultados y que, al hacerlo, resultará vencedor su candidato. Además presenta una demanda a los órganos internos del partido y otra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se reanude y concluya el cómputo.

A. Núñez anuncia en dos ocasiones que se está obstaculizando el proceso y posteriormente, el miércoles 9, declara que no aceptará presiones para proceder de manera distinta a lo que marcan las normas del partido y que dejará la CTE. Después de ello, se filtra que L. Cota y los integrantes de la Comisión de Garantías del partido (CG) hablan con Núñez y lo convencen de que espere, además de ofrecerle que buscarán mediar entre las partes en conflicto para proporcionar a la CTE condiciones para que pueda continuar su tarea.

Casi una semana después, el martes 15, en una entrevista, Núñez dice que la presidenta de la CG, Ernestina Godoy, pretende alargar el conflicto, para agotar los tiempos en que los candidatos puedan recurrir legalmente al TEPJF. Al día siguiente, el 16, Núñez y otro integrante del CTE, Edmundo Cancino, renuncian a sus cargos. Declaran que han tomado la decisión para “facilitar a otras instancia partidistas encontrar la solución adecuada a la crisis post electoral del PRD”, aunque también afirman que los procedimientos para concluir el cómputo están agotados.

En cartas enviadas a L. Cota y al presidente del Consejo Nacional del partido, Camilo Valenzuela, Núñez expresa que la CG no ha asumido su responsabilidad de interpretar la normatividad electoral del partido y ha “generado más confusión”. Asimismo, en una entrevista dice: “Que vean el reglamento y me digan dónde habla de dos cómputos... Si Garantías me ordena que aplique el reglamento, ya no hay casillas atípicas, no hay casillas no instaladas, ya no hay casillas con más votos, solamente las que dice el reglamento y no me van a enviar a los delegados encinistas.”

Al enterarse, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, opina que Cota se ha “apejado”, lo que algunos periodistas interpretan, por referencia a formas de decidir que atribuyen a López Obrador, como un reclamo al presidente por intentar excluir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que tendrá que avalar la decisión que tome el CTE.

Cuando los periodistas interrogan a Cota sobre el asunto, él responde: “El CEN es una caja de resonancia de los dos candidatos”. Entonces, le preguntan si él puede actuar y tomar decisiones solo, para buscar la conclusion del proceso electoral. A ello, él contesta: “Sí, el estatuto me faculta”.


Análisis

En cualquier elección es probable que algún candidato denuncie irregularidades, si considera que de ser corregidas podrán modificarse los resultados en su favor. Es posible también, aunque no ocurre con mucha fecuencia, que las denuncie quien no prevea que tengan un resultado significativo en los resultados, si piensa que ayudará posteriormente a su causa poner en duda la limpieza de sus adversarios. En las condiciones en que normalmente se desarrollan muchas elecciones, las denuncias, ya sea que obedezcan a la primera o a la segunda de esas motivaciones, ocurren inclusive cuando se basan en supuestos inciertos; los actores no pueden esperar a tener evidencias y argumentos contundentes, porque los plazos para presentar inconformidades son cortos -y deben serlo-. Desafortunadamente, no puede entonces descartarse que uno de los contendientes haga acusaciones difamatorias, es decir, sabiendo que son falsas.

En atención a lo anterior, las reglas electorales establecen procedimientos y criterios para resolver las impuganciones. Así, generalmente ellas determinan que un órgano encargado exclusivamente de ello pronunciará el último fallo, y definen esta decisión como expresamente como inapelable -o “inatacable”- como es el caso en la legislación electoral federal de nuestro país. Hay dos razones de fondo para que la reglamentación tienda a tener estas características. La primera es que la motivación social para instaurar un orden de derecho, en el ámbito electoral, como en cualquier otro, es la necesidad de certeza procedimental. La segunda es que, para ser legítima la decisión, el órgano calificador debe ser imparcial, o acercarse a la imparcialidad lo más posible.

En consecuencia, cuando distintos candidatos deciden presentar demandas, lo hacen de manera similar y ante los mismos órganos, según corresponda en la etapa del proceso en que las presenten. Y, una vez agotados los recursos que permite el marco reglamentario, casi siempre acatan el resultado y declaran que lo aceptan, aún si les es adverso. Ocurre de tal manera porque, cuando el orden de derecho se ha consolidado, los votantes y, de forma más general, los militantes del partido, o los ciudadanos, en el caso de elecciones de gobernantes, retiran su apoyo a quien rechace el fallo: refrendan los procedimientos que los constituyen como partido, o como comunidad política.

La renuncia de Núñez y Cancino a la CTE significa que, para ellos, el PRD carece de formas para resolver la controversia actual. Todo indica que para los candidatos tampoco hay una manera de concluir el diferendo, pues han denunciado ante distintos órganos del partido anomalías similares en las mismas etapas del proceso: la citada CTE, la Comisión de Garantías, el CEN, la Secretaría General y la Presidencia del partido. Aunado a ello, la actuación de dichos órganos ha distado de ser la que se esperaría de entidades imparciales en un proceso electoral; por ejemplo, sus integrantes han hecho afirmaciones acerca de los atributos personales o las orientaciones políticas de los candidatos, como si pretendieran apoyarlos o hacer campaña en su contra, en lugar de restringirse a evaluar sus acusaciones.

La falta de procedimientos internos –o, al menos, la falta de procedimientos internos suficientemente acreditados para una proporción suficiente de los perredistas– queda subrayada al recurrir uno de los candidatos a un órgano del estado, externo al partido, el TEPJF. Es menester, entonces, enfocar el análisis en la lógica del conteo de votos y en la naturaleza de los órganos del partido, y preguntarse dónde radica su insuficiencia, que ha conducido a la incertidumbre actual y proyecta un posible déficit de legitimidad sobre quien finalmente resulte triunfador.

Empecemos por el segundo punto, porque ello facilitará la exposición. Los órganos que intervienen han sido integrados en primer lugar en función de su filiación a los grupos que integran el PRD, las llamadas “tribus”, y por las maneras en que han sido nombrados, deben responder sobre todo a los mismos grupos, y no a la membresía del partido en su conjunto. Ello ha sido funcional a la toma de decisiones en el partido en ciertos momentos importantes, cuando los órganos han tenido que abocarse a negociaciones políticas; pero ha impedido resolver el conflicto electoral actual, pues los integrantes de los órganos han de rendir cuentas en referencia a la defensa de los intereses de los grupos, antes que en función de la calidad técnica de la eleccion o de la validez normativa de sus propios actos. Esto se vuelve evidente si uno repara que cada uno de los principales candidatos ha buscado que intervengan más los órganos donde su grupo tiene más presencia: Encinas, la Comisión de Garantías y la Presidencia del Partido; Ortega, el CEN y la Secretaría General.

La propia Comisión Técnica Electoral ha tenido también una composición contraria a la toma de decisiones técnicas e imparciales. Uno de sus dos principales integrantes se ha inclinado por uno de los dos candidatos con posibilidades de ganar; el otro, por el segundo contendiente real. Además, las áreas clave para el trabajo de esa comisión han estado encabezadas por representantes de alguna de las dos corrientes en pugna. Como consecuencia, los candidatos han presentado demandas a la Comisión cuando han previsto que serían consideradas en una primera instancia por un área que les sea desfavorable, pero muchas veces han preferido presentarlas a los otros órganos.

Vayamos ahora al primer punto. La CTE debe sumar los resultados que están consignados en las actas de las casillas que ha recibido de todo el país, y registrar las impugnaciones que puedan presentar los candidatos con base en sus copias de las actas o en denuncias de hechos irregulares durante la votación, que les hayan hecho llegar sus representantes en las casillas. Asimismo, debe solicitar a los otros órganos del partido, sobre todo a la CG, lineamientos para abrir paquetes electorales y corregir inconsistencias o, en su caso, anular la votacion de alguna casilla. Es decir, no tiene facultades para ir resolviendo todas las posibles demandas de los contendientes. Pero la CG debe esperar a que termine el cómputo global y que le sea entregada toda la documentación de la jornada electoral y de las demandas, antes de indicar a la CTE como proceder con respecto a las impugnaciones y las anomalías que se pudieran haber detectado.

Lo que ocurre ahora es que la CTE se ve sujeta a presiones de los equipos de los candidatos, sobre todo del de A. Encinas, para que resuelva impugnaciones antes de concluir el cómputo y entregar la documentación completa a la CG. Además se le ha pedido que presente resultados de manera que les permitan declararse ganadores, aunque, si la CG determina que deban corregirse o anularse votaciones de casillas, entonces los resultados pudieran cambiar. Aunado a todo ello, la CTE deberá entregar el acta del cómputo global al CEN, el cual, en su caso, declarará válidos la elección y los resultados, es decir, éste órgano tiene las funciones que corresponden a la calificación última del proceso; sin embargo, una vez declarada la validez, los candidatos podrían impugnar todavía el acta ante la CG, y ésta pedir al CEN que reconsidere su decisión. No queda claro, entonces, si es plenamente el órgano calificador.

Por el grado de incertidumbre institucional, algunos de los principales actores del PRD, incluída la propia CTE, han considerado en varios momentos que se requiere de acuerdos políticos entre las partes durante el proceso electoral mismo, y no antes o después, como ocurre normalmente en otras elecciones. Han buscado propiciarlos y han solicitado que los otros órganos contribuyeran, sobre todo la Presidencia del partido. Pero estas iniciativas resultaron contraproducentes: confundieron aún más la ruta para llegar a la decisión e introdujeron nuevas sospechas sobre la imparcialidad del proceso. En este contexto, Núñez y Cancino consideran que su encomienda es imposible.

La situación es delicada para la democracia. Si el principal partido de izquierda no está propiamente constituido, la ciudadanía no podrá contar realmente con las opciones que debería ofrecerle el sistema de partidos. Además, se debilita la imagen del sistema político en su conjunto, es decir, el sistema de la sociedad encargado de tomar las decisiones trascendentes para el estado, puesto que en México los partidos son entidades de interés público y su actividad es sufragada con fondos públicos. Recuérdese que, en virtud de tales consideraciones, los tribunales han determinado que los partidos políticos deben conducir su vida interna de acuerdo con normas democráticas.


Horizontes

Para el PRD es deseable que se haga una pausa en la confrontación política, se reconstituyan sus órganos y se les confiera el espacio para resolver la elección con criterios técnicos y con el mayor apego posible a su legalidad interna. Pero, si se considera que hay una insuficiencia estructural en sus marcos, es casi imposible que ello suceda; con gran seguridad, el desenlace dependerá de intervenciones del TEPJF.

Para la izquierda y para el sistema político en general, es deseaable que, después de la elección haya un pacto político entre los principales grupos del PRD, para reformar al partido y dotarlo (entre otros marcos procedimentales) de una reglamentación interna que deje fuera de los procesos electorales a los órganos políticos, como la Presidencia o el CEN. Ésa es, después de todo, una de las funciones principales de la política: despolitizar los procesos técnicos y legales. Pero, si se hacen inferencias a partir del comportamiento de los grupos y los caudillos del partido, si se toma en cuenta que la legitimidad del vencedor estará cuestionada desde el inicio y, sobre todo, si se observa que para los militantes el partido se habrá vuelto más incierto, es poco probable que se pueda convocar con éxito a ese pacto en un plazo corto o mediano.

En tales condiciones, es muy probable que el PRD llegue a las elecciones de 2009 sin suficiente cohesión para lograr una votación comparable a las últimas que ha tenido. En tal caso, se reducirán los recursos que reciba del estado, y aumentarán las razones que han alimentado los rumores de una posible escisión, sobre todo si el ganador es finalmente Ortega. Entonces, los perdedores podrían verse tentados a separarse y formar un nuevo partido en torno al FAP.

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