Inseguridad pública

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo este hecho más que unificar divide a los diferentes órdenes de Gobierno.


Hechos

El 6 de agosto, el presidente Felipe Calderón hace un llamado a todos los gobiernos a colaborar en materia de seguridad pública y dedicarse a los problemas que afectan a la población “y no a actividades políticas que dividen a la sociedad”, en clara alusión a la consulta ciudadana realizada por el GDF sobre el tema del petróleo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard responde que un tema no tiene que ver con el otro, y que del tema de la inseguridad no debe “sacarse raja política”.
Al día siguiente, el Ejecutivo federal presenta un mensaje en el cual lamenta el secuestro y asesinato de Fernando Martí, y plantea la necesidad de purgar a todas las policías. Más tarde, envía una iniciativa en la que pide cadena perpetua para secuestradores, cuando pertenezcan a alguna corporación policiaca, cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima, cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. Por su parte, el jefe de Gobierno del DF rechaza que falte coordinación entre las dependencias federales y locales encargadas de la seguridad pública, e informa que el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, se encargará personalmente de los casos de secuestro en la ciudad.

El 9 de agosto, la SSP federal anuncia que la policía federal pondrá en operación unidades especiales (300 elementos que operarán 24 horas los 365 días del año, apoyados con vehículos terrestres y aeronaves) para combatir el secuestro en el país. El día 11 Marcelo Ebrard anuncia 20 acciones para combatir la inseguridad, entre las que destacan: una nueva policía investigadora que reemplaza a la Policía Judicial; una Red de Protección Ciudadana, conformada por vecinos; una fuerza Antisecuestro a cargo de la PGJDF; y un paquete de reformas legislativas.

El día 12, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo-Loza, considera que pueden contribuir las medidas tomadas por el Gobierno federal y por el Gobierno del DF para combatir la inseguridad, pero señala que es necesario acabar con la impunidad aprobando leyes en materia y justicia penal. También dice que son causas de la delincuencia la falta de crecimiento económico y la generación de empleos. Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, califica los niveles de inseguridad como “insostenibles”, y dice que el problema ha frenado las inversiones.

El día 13, Marcelo Ebrard envía una carta a la dirigente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, en la que propone la realización de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, y titulares de la PGR, SSP, Sedena, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conferencia de prensa, junto con el empresario Alejandro Martí, exigen que se reúnan el presidente Felipe Calderón con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los gobernadores, para escuchar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, responsabiliza al Congreso de la Unión de la inseguridad en el país; al conocer las declaraciones diputados del PRI y el PRD señalan al presidente Calderón como el responsable directo de la seguridad en el país. El día 14, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para reunirse el 21 de agosto y definir una estrategia integral para combatir a la delincuencia. Más tarde, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propone que sea la Conago, la que convoque a la cumbre nacional en seguridad pública que había propuesto. El día 15, Marcelo Ebrard confirma que asistirá a la reunión del CNSP. Finalmente, el día 18, AMLO dice que la pobreza y el desempleo son los detonantes de la inseguridad pública en el país, y que mientras continúe el predominio de una “mafia política” no se podrán solucionar.


Análisis

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. En esta quincena, se dieron las primeras reacciones de los tres órdenes de Gobierno, en este sentido, y en lo que aparenta ser una respuesta enérgica e inmediata el presidente Felipe Calderón envía una iniciativa de ley que contempla el castigo de cadena perpetua a secuestradores, pero que no contempla una profunda reorganización del sistema judicial ni garantiza la correcta impartición de justicia; además el Ejecutivo federal critica al GDF por la falta de coordinación y de depuración policiaca.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anuncia sus 20 acciones contra la inseguridad y ordena al procurador de Justicia del DF que atienda personalmente los casos de secuestro, de igual forma entra al enfrentamiento con el presidente Calderón, al querer organizar una reunión por encima del Ejecutivo federal y sus secretarios encargados de la seguridad. Parece complicado que la iniciativa presidencial y las acciones del GDF tengan resultados inmediatos, lo que aparentemente le da la razón a las críticas de la CNDH sobre la iniciativa presidencial; otro factor que interviene y opaca los resultados son los enfrentamientos entre ambas administraciones, principalmente el Gobierno federal y el del DF. Por si fuera poco, el deslinde de responsabilidades también se dio entre otros órdenes de Gobierno, la SCJN acusa a los legisladores de no actuar al respecto y hacerlo sólo cuando la presión de la sociedad es exhaustiva, y por su parte, el Legislativo señala como principal responsable al presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que se debe aclarar es la función de cada institución responsable de la seguridad en el Gobierno. Ante este vacío en asumir responsabilidades de nueva cuenta se suman las organizaciones sociales con propuestas y exigencias. Sin embargo, estos reclamos generalmente quedan en el papel ante la imposibilidad de realizarlos o de plano ante la indiferencia de las autoridades. Un primer logro de estas organizaciones es haber conseguido, al menos en la agenda, participar en la reunión con todos los niveles de Gobierno involucrados, y tener voz en dicho encuentro; sin embargo, aunque esto no garantiza tener resultados inmediatos, es importante para la democracia mexicana, la participación de los ciudadanos en un órgano tan importante como el CNSP, y que sean escuchados por los responsables de las instituciones de Gobierno.

Por último, otro punto que se manejó en el caso particular del joven Martí fueron las negociaciones que se sostuvieron con los secuestradores; resulta obvio que si la familia cuenta con los recursos haya optado por realizar negociaciones entre los delincuentes y un particular, y teniendo asumida una postura de que la labor policial podría entorpecer el rescate. Y no sólo eso, sino con plena desconfianza en las autoridades. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados y ahora sí se recurre a las autoridades para demandarles mejor respuesta, ante una intervención que no tuvieron, pero de la cual sí son responsables.

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Cemex Venezuela

En esta quincena se vence el plazo fijado por la ley para la nacionalización de la industria cementera. La Guardia Nacional de Venezuela toma control de una de la planta de la empresa Cemento de Mexicanos (Cemex) ubicada en la ciudad de Maracaibo como parte del proceso de expropiación (realizada desde abril) de la industria cementera, la Guardia es acompañada por cuatro jueces para la legalización empresa.


Hechos

En esta quincena se vence el plazo fijado por la ley para la nacionalización de la industria cementera. La Guardia Nacional de Venezuela toma control de una de la planta de la empresa Cemento de Mexicanos (Cemex) ubicada en la ciudad de Maracaibo como parte del proceso de expropiación (realizada desde abril) de la industria cementera, la Guardia es acompañada por cuatro jueces para la legalización empresa. Este hecho, se presenta al no llegar a un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la empresa mexicana. La diferencia es por la negativa de Cemex de aceptar la indemnización propuesta por el gobierno, por lo que las negociaciones se rompen. El conflicto es por el valor de la acciones, para la empresa sus acciones valen 1,300 millones de dólares, en cambio para el ministro de finanzas de Venezuela Alí Rodríguez las calcula en 400 mdd

En este contexto, el gobierno anuncia que por su parte, las empresas francesa Lafarge y la suiza Holcim aceptan la indemnización que ofrece el gobierno por sus acciones. Con la primera pacta una cantidad de 267 millones de dólares, que es la mayor cementera del mundo, y por la suiza 552 millones. Pero la mexicana es la mayor productora y exportadora de cemento en ese país, con tres plantas y una capacidad de 4,6 millones de toneladas anuales. Mientras que las otras dos empresas tiene una producción anual de 3,7.

Ante la acción del gobierno venezolano de marginar a Cemex, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México emite una nota diplomática en la que pide que se mantenga el diálogo, que continúen las negociaciones conforme al marco legal aplicable que todo sea favorable para ambas partes.

En estimaciones sobre este conflicto la correduría Morgan Stanley estima que Cemex podría recibir mil millones de dólares de indemnización por sus activos o en el peor escenario podría recibir 500 millones, esta última estimación es realizada por el monto que ofrece a las otras empresas.


Análisis


El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías desde que llegó al gobierno ha estado implementado lo que ha llamado el Socialismo del siglo XXI, parte de este nuevo socialismo, su actual estrategia consiste en la nacionalización de empresas consideradas estratégicas para el país, como son las industrias del petróleo, de comunicaciones, la electricidad, etc.

La “nacionalización” de las empresas por parte del gobierno chavista no ha sido total, sino únicamente obtener la mayoría de las acciones de las empresas y así tener el control financiero y de decisión, es decir, el 50% mas 1, y así conjuntamente trabajar con las empresas privadas, en una relación de contrato mixto donde la mayor parte la obtiene el Estado. De hecho para el caso de la industria cementera Chávez crea la Corporación de Cementos de Venezuela que estará adscrita a la vicepresidencia de la República.

Es en este contexto donde la empresa mexicana Cemex, quien es la tercera empresa cementera más grande el mundo se niega a recibir la indemnización que el gobierno venezolano le está proponiendo, esperando que el gobierno mexicano interceda por ella y logre obtener mayores recursos para la empresa.

Cabe señalar que la empresa mexicana, tiene una gran deuda fiscal con el Estado venezolano de 37.4 millones de dólares de impuestos sobre la renta en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007, además de que el porcentaje de ventas de Cemex en Venezuela es de apenas el 3% del total de la compañía.

La justificación del Presidente Hugo Chávez acerca de la compra “forzosa” de Cemex es que la empresa no ha reinvertido en acciones para proteger al ambiente, contaminando toda la vegetación, animales, playa, etc. de un “polvillo”, y sólo ha “saqueado las riquezas del país”.

Se planea la continuidad operacional de la compañía con el apoyo de los actuales trabajadores, que no serán afectados ya que previamente se negoció con los sindicatos de la empresa.

Aunque Cemex fue la primera empresa cementera en entrar en negociaciones sobre su compra, es la compañía con más dificultades para acceder a su compra, y esto debido en gran parte a los empresarios mexicanos que han sido prepotentes y retando en las conversaciones al gobierno venezolano.


Horizontes


La controversia entre Cemex y Venezuela puede generar una situación incomoda en el proceso de mejorar las relaciones bilaterales del gobierno mexicano con el gobierno de Hugo Chávez, aunque también existe la posibilidad de que no van a empeorar ni mejorar las relaciones bilaterales entre México y Venezuela, sino que se mantendrán en el mismo tono y sólo habrá por parte del gobierno mexicano una nota diplomática de “dialogo entre las partes como lo hizo Relaciones Exteriores”.

Por otro lado, la cementera mexicana va a aprovechar la situación para obtener el mayor beneficio a través de diversos medios como el gobierno mexicano o tribunales internacionales; no obstante s muy probable que no prospere.

A pesar del conflicto, la nacionalización de las cementeras y la creación den la Corporación de Cementos de Venezuela, el gobierno venezolano seguirá promoviendo el socialismo del siglo XXI, con el reimpulso al programa “fábrica adentro” que es la reindustrialización del país con empresas mixtas.

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El debate de la iniciativa Mérida

La discusión sobre la iniciativa Mérida entra en una nueva fase, en la cual la deliberación se vuelve indispensable para lograr un acuerdo que resuelva el problema del narcotráfico. El Congreso estadunidense no desea otorgar recursos a fondo perdido al Gobierno mexicano y éste se niega a aceptar sin debatir las condiciones impuestas para combatir el narcotráfico; en este vaivén de discusiones, el secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño, declara que la sobernía nacional no está a discusión.


Hechos

El día 29 de mayo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reúne con funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos y declara que las condiciones impuestas por el Senado de Estados Unidos para enviar dinero al gobierno mexicano son preocupantes y “tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”. Al día siguiente, el embajador de EU en México, Antonio Garza, aclara que los legisladores de su país no tienen la intención de que su gobierno “certifique” a México en su lucha contra el narcotráfico y que no es condición para aprobar la iniciativa Mérida.

El 2 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación mexicano rechaza los términos en los que el Congreso de Estados Unidos intenta condicionar la iniciativa Mérida, por considerar que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son “inaceptables para nuestro país”, y estas evaluaciones ajenas a la bilateralidad “son profundamente contrarias a su objetivo y espíritu”. Por su parte, el director de Política Nacional de Control de Drogas estadunidense, John Walters, dice que las condiciones que puso el Senado a la iniciativa son un “sabotaje” del plan para combatir el narcotráfico.

El día 6 el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, dice al Congreso norteamericano que condicionar la iniciativa amenaza con erosionar el “heroico” esfuerzo del presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico; en su visita a Guatemala el subsecretario de Estado estadunidense, John Negroponte, defiende la iniciativa y rechaza que se trate de una “imposición”. Por otro lado, legisladores de PAN, PRI y PRD acuerdan rechazar durante la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos los condicionamientos que EU pretende imponer a México mediante la iniciativa Mérida. Al día siguiente se lleva a cabo la Reunión Interparlamentaria en la ciudad de Monterrey, ahí el presidente del Senado norteamericano, Christopher Dodd, considera como desafortunado no haber consultado a los congresos de cada país, advierte que ninguna de las dos naciones “firmará cheques en blanco” y se pronuncia por una mayor rendición de cuentas. En la misma reunión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Santiago Creel, responde que México no está de acuerdo con la ayuda “asistencialista” que ha condicionado el Congreso de EU.

El 10 de junio, la Cámara de Representantes autoriza el presupuesto de mil 600 millones de dólares durante tres años para la iniciativa Mérida en lo que sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto antinarcóticos, los fondos para México contemplan 780 millones, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar programas que pretenden mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano, la aprobación de dicho proyecto no otorga fondos a México, sólo se “autoriza” el gasto, pero ese egreso se tiene que realizar a través de la “apropiación” de esos recursos en otro proyecto de ley para cada año de estos gastos.


Análisis

Si bien la llamada iniciativa Mérida lleva gestándose desde 2007 (como hicimos notar en un análisis anterior), ahora los legisladores de ambos países (México y Estados Unidos) están fijando su postura en torno a la iniciativa; por un lado, los legisladores norteamericanos endurecieron su postura al exigir a México varias condiciones para aprobarla, por el otro, los legisladores mexicanos rechazaron (también el gobierno) dicha propuesta por ser unilateral y afectar la soberanía del país, específicamente en dos temas: en lo relacionado a los derechos humanos y en la modificación de leyes.

En este sentido, la discusión en la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Monterrey, se da un contexto en que México está enfrentando al narcotráfico con saldos negativos que hacen necesaria la colaboración de EU para contar con mejores herramientas en esta lucha. Sin embargo, en EU tanto demócratas como republicanos se preparan para las elecciones presidenciales, por lo que dicho tema no parece ser una prioridad que deba ser atendida con urgencia, a esto se suma que el presidente George W. Bush se encuentra en los últimos meses al frente del Gobierno y al no poder ser reelecto existe poco interés de su administración en el tema. Asimismo, cabe señalar que el Senado legisló y aprobó el presupuesto de mil 600 millones de dólares, pero no autorizó el gasto, lo que nos lleva al mismo resultado, es decir, el reconocimiento de un problema en el cual ambos países son corresponsables pero que para su aprobación aún puede esperar más tiempo.

Por parte de México, tanto legisladores del PRD, como del PRI, han manifestado su rechazo contra cualquier “imposición” o “certificación” para otorgar el presupuesto que se pretende dar a la iniciativa, ya que son medidas unilaterales que afectan a ambos países y no están siendo discutidas por ambos gobiernos. Aunado a estos reclamos se suman las declaraciones el mismo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el mismo sentido de no aceptar imposiciones y primero revisar bien las condiciones o “imposiciones” que afectan la soberanía.

Los legisladores mexicanos saben que el problema del narcotráfico es muy complejo y que la ayuda que pretende dar EU es positiva, sin embargo, en estos momentos, al parecer existen otras prioridades en la agenda nacional, como la reforma energética o el problema del aumento de los precios en los alimentos, que provocan que la discusión se mantenga pendiente hasta que los legisladores de EU resuelvan sus diferencias y avancen en una nueva propuesta.

Si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas a los cárteles de la droga, México y Centroamérica ya no sólo son el paso obligado de producción y distribución de la droga que va hacia los EU; por el contrario, en las últimas décadas esta región se ha convertido en una zona de alto consumo. Por lo cual esta situación resulta preocupante, ya que el problema del narcotráfico se ha vuelto más complejo y no puede ser combatido por un solo país, sino que se necesita el apoyo de otros para resolverlo. Por lo tanto, se debe considerar que el narcotráfico es una actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, por lo cual surge la necesidad de llegar a acuerdos entre países que impliquen un compromiso real de combatir al narcotráfico en todos sus niveles.

Finalmente es necesario que haya una mayor deliberación entre los gobiernos de ambos países para llegar a un acuerdo que ayude a resolver un problema que involucra a las dos naciones.


Horizontes

Todo apunta a que la iniciativa Mérida, atravesará por un largo proceso de discusión en ambos países para su aprobación. Al parecer en México se espera una mejor propuesta de la de los legisladores de EU, por lo pronto en EU no parece haber una urgencia por avanzar en la iniciativa.

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Recrudecimiento de la violencia de narcotraficantes

La violencia asociada con la lucha al narcotráfico parece obedecer un patrón, lo que en parte sustenta las explicaciones gubernamentales sobre su recrudecimiento, aunque conduce a preguntarse si se están tomando medidas eficaces para controlar el flujo de dinero hacia los traficantes y su acceso al armamento. La respuesta favorable al llamado de unidad del presidente Calderón hace visible el límite del discurso de la división que se había introducido en el debate sobre la reforma petrolera, y ello también explica en parte la atención que ha recibido el tema de la lucha.


Hechos

Al concluir la quincena anterior, fue asesinado Edgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien era uno de los principales coordinadores de la lucha contra las bandas de narcotráfico. En un comunicado de prensa, la Presidencia de la República lamentó y condenó el hecho. Diferentes voces coincidieron en la reprobación del crimen, empezando por las de las cámaras e incluyendo la del embajador de Estados Unidos. El propio presidente Felipe Calderón, al pronunciar un discurso, declaró: “Ya basta!”. Dijo que, de esta manera, invitaba a todos los poderes y a toda la sociedad a unirse contra la violencia de los narcotraficantes.

Al iniciarse esta quincena, avanzan las investigaciones sobre el presunto autor material del asesinato, Alejandro Ramírez Báez, y las personas que aparentemente colaboraron directamente con él, detenidos en virtud de un arraigo concedido por el juez ocho de distrito de Procesos Penales. Aumentan las expresiones de indignación y alarma. El llamado del presidente recibe el apoyo de un número considerable de editorialistas, incluyendo el de algunos generalmente críticos de su gestión, como Ciro Gómez Leyva, si bien algunos otros, como Humberto Musacchio plantean refutaciones puntuales a las líneas del discurso presidencial.

El secretario de Gobernación repite la exhortación de F. Calderón y prevalece en el ámbito político y en los medios de comunicación el tono de condena a la delincuencia organizada, aunque algunos actores importantes, como Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, ponen en duda la estrategia gubernamental para combatirla.
Se publican estadísticas oficiales y elaboradas por periódicos como Milenio sobre las ejecuciones por narcotraficantes y las muertes en enfrentamientos entre ellos y de ellos con las fuerzas públicas. Difieren poco unas de otras y muestran que el promedio diario se ha duplicado en un año, de 7 a 14, en cifras redondeadas. Se informa también que en este mes el número ha aumentado aún más, y el domingo 18 ocurren 34 “ejecuciones”, es decir, asesinatos, además de 17 “levantamientos”, o secuestros entre bandas.

Ocupan espacios importantes noticias sobre algunos de los ejecutados, que han sido torturados, mutilados y decapitados. Los cadáveres son encontrados en vehículos abandonados en algunas carreteras o en cajas dejadas en lugares públicos, con notas que amenazan a algunos funcionarios y policías o atribuyen a otros ser cómplices de ciertas bandas.

Si bien reciben menos atención, se publican igualmente noticias sobre detenciones y decomisos. Entre éstas, destaca que son aprehendidas en Chihuahua 29 personas supuestamente ligadas a los grupos de “los zetas” y de “el Chapo”. Es notorio también que se incauta un arsenal en Baja California, que incluye granadas y bazucas, y que se aseguran grandes cantidades de drogas sintéticas en agencias aduanales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Al final de la quincena, el mayor espacio noticioso es ocupado por desplazamientos del ejército hacia Sinaloa, por discusiones acerca de la llamada “iniciativa Mérida” de cooperación ente México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y por reclamos a este país en relación con su actuación en este ámbito. La acción militar, similar a la que ocurrió en Michoacán cuando empezó la actual ofensiva del gobierno el año pasado y a la reciente en Chihuahua, parece augurar según algunos analistas, un aumento en la violencia en el noroeste y, según algunos funcionarios, una recomposición de los cárteles de la droga.

El tema central en torno al plan Mérida es la pretensión de Estados Unidos de imponer condiciones que son vistas por muchos como una ingerencia en asuntos propios de México. Los reclamos al vecino del norte, entre los que se encuentran algunos de F. Calderón, se centran en la falta de voluntad para combatir el consumo, para controlar la venta de armas a los narcotraficantes y para impedir el flujo del dinero que obtienen por la venta de las drogas.


Análisis

Es de considerarse, en primer lugar, el desplazamiento, entre los temas que reciben la atención pública, de la reforma petrolera por la violencia asociada con el narcotráfico (y por el aumento de los precios de los alimentos). Esta reubicación es muy significativa, porque el debate sobre la reforma se encuentra en el punto de mayor flujo de información y comparecen los expertos más reconocidos, además del premio Nóbel Mario Molina. El primer factor explicativo es, sin duda, ése: el carácter especializado de la discusión. En el espacio público hay limitaciones para procesar los asuntos complejos una vez que se profundiza en ellos. Hacen falta traductores que puedan plantear en términos accesibles al público general las observaciones técnicas y mecanismos para seleccionar y enfocar la diversidad de puntos que comprenden.

Hay otro factor quizá igualmente importante, aunque más difícil de analizar: la disposición a recibir o rechazar tipos de discursos. En ciertos momentos resulta redituable políticamente presentar a la sociedad como dividida fundamentalmente en dos grupos, y plantear que la arena política no es más que una expresión de esa división; quien lo hace tiene probabilidades altas de recibir el apoyo del grupo mayoriario. Esta no es una estrategia exclusiva de políticos con una orientación determinada, de izquierda o de derecha, liberal o conservadora, sino que puede ser utilizada para acceder al poder por políticos de distintas tendencias, aunque en sus discursos tiende a haber un factor común, el nacionalismo. La división fundamental estaba, por ejemplo, en el centro de la retórica de Nixon y tuvo también un papel primordial en el ascenso de Perón. Esta fue la concepción que promovió López Obrador durante su campaña presidencial y la que ha promovido durante su oposición a la reforma petrolera: de un lado están el verdadero pueblo y él; del otro lado, “ellos”, los traidores a la patria.

Ese tipo de estrategias discursivas, como todas probablemente, tiene límites temáticos y se agota con el tiempo. Se pueden enfocar en ciertos asuntos, como la moral que sustenta a la familia tradicional estadounidense, o extender parcialmente por décadas, como lo hicieron los republicanos hasta Bush. Pero no se puede ver a la sociedad como dividida en todos los asuntos, ni como dividida siempre en torno a un mismo asunto. En algún asunto o en algún momento empieza a ser más redituable hablar de unidad, e intentar ponerse por encima de las oposiciones que han sido tradicionales. Lo descubrió Perón, quien en varios periodos fincó su permanencia en puentes y alianzas multiclasistas. Lo sabe, no sólo Barack Obama, sino también John McCain; ambos están esforzándose por distinguirse uno del otro y diferenciar sus planes de política pública sin apelar a una división fundamental de la sociedad, y quedar como el candidato de todos.

En nuestro país, la retórica de la división tiene límites que han contribuido a la formación de un sistema de tres partidos grandes y varios pequeños, límites que parecen estrecharse ahora, a la vez que el discurso de la unidad cobra peso. Después del grave conflicto postelectoral, los ciudadanos han visto que pueden diferir en opciones de política y continuar con sus relaciones en diversos ámbitos, desde el comunitario hasta el económico. En ese tenor, hay diversos indicios de que en materia petrolera la mayoría aceptaría, y tal vez incluso preferiría, una solución que no fuera la del gobierno, que ha sido objetada fuertemente por los grupos cercanos a López Obrador; pero también se inclinaría por una que no fuera la de este excandidato. Es decir, alguna tercera vía que trascendiera la polarización sería bien acogida, como lo han sugerido algunas figuras del PRI y ciertos personajes del PRD.

La preponderancia esta quincena de un tema acerca del cual se puede concitar la unidad se explica en parte por el acotamiento de las posibilidades del discurso de la división. Esto no significa que el tema de la reforma petrolera no pueda volver pronto a ocupar uno de los primeros lugares en la atención pública. Si el presidente o el director de Pemex hacen declaraciones al respecto, casi seguramente volverá a ser foco de controversia, y probablemente en agosto o septiembre, cuando el frente que apoya a López Obrador intensifique sus movilizaciones contra la reforma, ciertos núcleos de seguidores subrayarán la idea de una división social fundamental. Inclusive, en tal caso, algunos activistas podrían considerar justificable, con base en tal división, tomar algunas medidas radicales. Pero no es de esperarse que la idea sea suscrita por proporciones grandes de los ciudadanos, ni siquiera en el caso de que los núcleos duros del PAN se esfuercen por excluir las terceras vías, después de que una discusión percibida como polarizante deja de atraer interés en su fase principal, a diferencia de la lucha contra el narcotráfico, que se ve, al menos por ahora, como potencialmente unificadora.

Son de considerarse a continuación los aspectos específicos de la lucha que se están destacando, así como el tono general de las notas. Como ha sido señalado en varias ocasiones desde que se inició la actual ofensiva contra los narcotraficantes, la seguridad de los habitantes es la primera de las responsabilidades del estado, comprende asuntos que son competencia de los diferentes poderes y la acción directa corresponde generalmente al poder ejecutivo. El recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico podría poner en duda la capacidad para cumplir con esa responsabilidad o la pertinencia de las medidas adoptadas, que es lo que probablemente buscan los traficantes, quienes no sólo “ajustan cuentas” entre sí y con la policía o el ejército, sino que adoptan tácticas propiamente terroristas, parece ser aprendidas por sus sicarios de grupos militares y paramilitares guatemaltecos, que a su vez las habrían adquirido de grupos que operaron en Argentina durante la última dictadura militar. Su mensaje es que el horror no se acaba con la muerte, sino que sigue y sigue.

Los acontecimientos no tienen, sin embargo, ese efecto, al menos por ahora, como se desprende del poco eco del cuestionamiento de Zavaleta. Más bien han subrayado la magnitud del problema, como lo indican las expresiones de rechazo a la violencia y las muestras de apoyo al gobierno. Esto en parte se debe al peso que tienen los juicios de intenciones en la comprensión de cualquier asunto, sobre todo desde las confrontaciones entre López Obrador y Fox. Los “complots” y el “sospechosismo”, dominan los análisis que más circulan en las conversaciones. En este contexto, lo que tiende a tematizarse es la voluntad del gobierno y de los funcionarios, no su capacidad; y nadie podría poner en duda la voluntad de Millán, quien fue atacado en una represalia por sus acciones decididas y, herido de muerte, atrapó a uno de sus agresores, de una manera que condujo a la aprehensión de todo un grupo de delincuentes.

Consideremos ahora los acontecimientos referidos. Como ha ocurrido desde el inicio de esta lucha contra el narcotráfico, en Michoacán, el desplazamiento del ejército a Sinaloa ocurre después de una serie de hechos violentos en la entidad, cuyo número va en aumento, y tiene el carácter de respuesta al incremento. Continuando con el paralelismo, con ese desplazamiento crece aún más la violencia, principalmente en Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, aunque empiezan a disminuir los enfrentamientos en el último estado en que se concentraron las acciones de las fuerzas armadas, Chihuahua, todavía tienen allí un nivel muy alto, sobre todo en Ciudad Juárez. La suma de los hechos de sangre en los dos estados, Sinaloa y Chihuahua, aunados a algunos menos numerosos en otros estados, sobre todo Baja California, Tamaulipas y Veracruz, da como resultado el altísimo índice del mes.

Los hechos parecen, entonces, confirmar un patrón, y confieren cierto apoyo a la tesis del gobierno: el aumento de la violencia es una respuesta de la delincuencia organizada al cerco de la fuerza pública y un síntoma de las consecuentes disputas de poder entre las organizaciones criminales y dentro de ellas. Pero al mismo tiempo subraya la necesidad de pasar a fases de control más eficaz en las dos áreas que el gobierno señala al criticar a Estados Unidos: el flujo de dinero y el contrabando de armas. Surgen naturalmente dos preguntas. La primera es si, en el ámbito diplomático y en la opinión pública de Estados Unidos, México puede actuar para propiciar que los órganos de decisión del país vecino asuman la responsabilidad que les corresponde. La segunda es si internamente México está haciendo lo suficiente para reducir el lavado de dinero y el tráfico de armas.


Horizontes

Si los patrones detectados se confirman y, sobre todo, si se logran avances en el control del dinero y las armas, probablemente la violencia empezará a disminuir, porque ya se han tomado acciones de gran envergadura en todos los estados donde ha sido notoria la presencia de narcotraficantes, exceptuando quizá a Jalisco. Sin embargo, para que ello sea notorio, pasará tiempo. Las rápidas reacciones del crimen organizado indican que su capacidad es todavía considerable.

En esas perspectivas, el éxito de la lucha actual sólo podrá plantearse en términos comparativos, es decir, como una reducción, más que como una eliminación de la violencia. Pero que esto sea aceptable para el público, dependerá de las posibilidades del gobierno para sumar a distintos actores y mostrar que la convocatoria a la unidad ha fructificado, es decir, de conservar el sentido que ha adquirido la lucha.

En el más largo plazo, siguen pendientes las interrogantes que se plantearon al principio de la lucha: ¿Después de las fases críticas, qué policías se harán cargo de las tareas que está asumiendo el ejército? ¿Qué deben hacer la sociedad y el estado para reducir el consumo de drogas?

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Iniciativa de reforma petrolera

La ocupación de las tribunas del Congreso por representantes del FAP hace evidente la complejidad del juego político en torno a la reforma energética, en el que cada actor sólo puede ganar lo que más le interesa si a cambio pierde algo importante también, en este escenario el PRI tiene condiciones más favorables que los otros. El debate planteado como salida a la ocupación es una necesidad de todo el sistema político, pero requerirá de participaciones imparciales, porque lo que se está poniendo en duda es la sinceridad de todos los actores.


Hechos

Esta quincena comienza con críticas al diagnóstico de la industria petrolera en el país que presentaron la quincena anterior la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes-Heroles, por parte de diputados y senadores de distintos partidos, sobre todo del PRI. Éstas se centran en las implicaciones que tendría la estimación de las reservas de crudo y ponen en duda la urgencia de iniciar exploraciones en suelos profundos del Golfo de México. Entre otros puntos que señalan, destaca la ausencia de un análisis sobre el déficit en la capacidad de la empresa paraestatal para refinar gasolina. Dan peso, también, al reclamo anterior de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano (CCS) que pedía al gobierno una propuesta de reforma que acompañara al diagnóstico, con el fin de iniciar la discusión sobre asuntos determinados.

Casi al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anuncia que las brigadas que ha estado organizando el Frente Amplio Progresista (FAP) se encuentran listas para iniciar “la resistencia civil pacífica” contra “la privatización de Pemex”. Claudia Sheinbaum, principal encargada de la movilización, da a conocer que se han planeado medidas diversas, entre las que se encontrarían bloquear los accesos a las cámaras de diputados y senadores e impedir el funcionamiento de aeropuertos.

Paralelamente, se discuten en páginas interiores de algunos periódicos los resultados de distintas encuestas sobre la posible reforma. El tema de la controversia principal es la interpretación de respuestas a preguntas parecidas, pero con redacciones que ponen el acento en diferentes supuestos. Quizá la más citada sea la de ISA levantada a mediados de febrero, en la que 61% dice estar de acuerdo “con que se permita legalmente la participación privada junto con Pemex en la explotación de las reservas”, si antes se le había informado que la paraestatal no podría hacerlo sola en aguas profundas del Golfo y, entonces, Estados Unidos sería el único que extraería el petróleo allí, proporción que contrasta con la de 50% que respondió afirmativamente si no había recibido esa información -el desacuerdo fue de 24% y 34%, respectivamente-. Al preguntar sobre la particpación en la exploración, los porcentajes de aprobación fueron mayores.

El martes 8, Kessel entrega al Congreso una iniciativa que comprende cambios acerca de cuatro puntos para otorgar mayor autonomía de gestión a Pemex: 1) ampliar su Consejo de Administración, constituido hasta ahora por seis representantes del Gobierno y cinco del sindicato, incluyendo cuatro consejeros profesionales, dos de ellos independientes; 2) dotarlo de un Comité de Transparencia y Auditoría; 3) conferirle autoridad para determinar su organización y crear organismos subsidiarios; 4) otorgarle mayor libertad para hacer adecuaciones a su presupuesto, utilizar sus excedentes y contratar deuda. También incluye la creación de bonos de deuda, como mecanismo para que los ciudadanos puedan invertir en la industria petrolera. Asimismo, plantea adecuar a las nuevas condiciones los procedimientos para que Pemex o sus subsidiarias contraten servicios privados. Además, propone que se permita la inversión privada en la construcción y operación de nuevas refinerías, conservando el estado la propiedad del petróleo y sus derivados.

Al día siguiente, AMLO afirma que la iniciativa es un claro intento de “privatizar la renta petrolera”. En contraste, varios congresistas del PRI, incluyendo a Manlio Beltrones, ofrecen indicios de que apoyarán los planteamientos básicos de la reforma, aunque dejan abierta la posibilidad de presentar una nueva propuesta que “mejore” la del Gobierno, además de declarar que un número de sus compañeros podría oponerse a la participación privada en la refinación de petróleo. En aparente alusión a este asunto, CCS considera que la iniciativa es “entreguista”; el PAN dice que la defenderá y se opondrá a que la decisión al respecto se tome en la calle, en lugar de en el Congreso; Senadores de distintos partidos critican los métodos de rechazo de AMLO y proponen que él participe en el debate sobre la iniciativa.

Algunos editorialistas que analizan la iniciativa, como J. Silva-Herzog Márquez, juzgan que la propuesta del Gobierno tiene en realidad poco alcance, pero consideran que es realista y, por esta razón, su opinión finalmente es favorable. Para otros, como Lorenzo Meyer, la iniciativa es una manera de revertir la expropiación del petróleo por Lázaro Cárdenas, que tuviera lugar hace 70 años.

El jueves 10, las brigadas de Sheinbaum bloquean parcialmente el acceso a las cámaras y dificultan la circulación en las áreas aledañas. Al mismo tiempo, senadores y diputados del FAP ocupan las tribunas de las cámaras para impedir su funcionamiento, acciones que son denominadas como “tomas” o como “clausuras”. Éstas reciben gran atención de los medios y son criticadas por la mayoría de los comentaristas y analistas que tratan el tema. Además, dos figuras de la oposición a AMLO dentro del PRD, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, consideran que beneficiarán al presidente Calderón. Por otra parte, tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores, inician sesiones en espacios distintos a sus salones de pleno donde se encuentran las tribunas ocupadas.

En los siguientes dias, se difunden varias encuestas que registran un aumento en la opinión favorable acerca de la reforma, como una nueva de ISA, al igual que una desaprobación de las tomas; y, en el informe de una de esas encuestas, María de las Heras concluye que, tanto quienes concuerdan con las posiciones de AMLO, como quienes están en su contra, le piden que discuta, más que bloquear. Él, por su parte, logra incrementar la movilización y declara que “se frenó el albazo”. Agrega que el FAP no planearía presentar un diferendo ante la Suprema Corte por la reforma, porque no confía en su imparcialidad, sino que buscaría impedir su aprobación por el Congreso.

En los últimos días de la quincena, se difunden noticias que sugieren que se llevan a cabo negociaciones entre las fracciones de los distintos partidos y dentro de ellos para acordar un debate con amplia participación de expertos y líderes de opinión, que podría estar organizado por la Comisión de Concertación Política del Senado o, más probablemente, por la Comisión de Energía de la misma Cámara, que ya se encontraba preparando foros de consulta sobre la materia, ambas presididas por priistas (Beltrones y Labastida). Queda claro, en declaraciones públicas de varios actores, que uno de los asuntos en disputa es el de la duración de ese debate, y parece que lo que unos buscarían y otros evitarían es que se empalme con el informe presidencial.

En un segundo plano queda una noticia que, al surgir, tiene el tratamiento de las que parecen muy importantes. Se refiere a una entrevista que hace el periodista Carlos Loret de Mola a López Obrador, en la que, según varios comentaristas, como Raúl Trejo, el ex-candidato presidencial no puede responder a cuestionamientos que muestran su posición actual como inconsistente con la línea que propuso en su campaña electoral.

Análisis

La disputa política en torno a la reforma petrolera ha adquirido, en parte, un carácter similar al de una contienda electoral, en la que se disputa sobre todo la jerarquía de los temas que tratan los actores, es decir, la atención que se les confiere, o la importancia que se les atribuye. En este tipo de disputa, es trascendente quién se asocia con cuáles temas, más que los contenidos específicos de sus planteamientos, porque el público general no sigue en detalle lo que argumenta cada quien, sino que se interesa principalmente en saber de qué hablan. Finalmente, para la mayoría de los votantes cuenta mucho que un candidato se preocupe más que otro de un tema que para ellos a llegado ha ser central, y cuenta poco quién de los dos tiene más razón en lo que dice. Por eso, fuera de los debates organizados ex-profeso, cada candidato trata de hablar de “sus” temas y darles imortancia, al mismo tiempo que evita en lo posible referirse a los temas de los otros, para no darles importancia.

Aquí, para la mayor parte de la población parece quedar en primer lugar la reforma misma, la idea de que es necesario hacer algo. A ello han contribuido todos, quienes apoyan la iniciativa del gobierno y quienes están en contra de ella. Cabe suponer que esta es la lectura del equipo del Presidente, que en los meses anteriores se dedicó precisamente a promover la valoración de la reforma como necesaria, y que al separar el diagnóstico de la iniciativa subrayó que ahora hay que discutir qué hacer. Ésta sería también la interpretación más plausible de las encuestas: mientras más se menciona la disputa en los medios acerca del tema, más importante es que haya una reforma, y más personas están de acuerdo con ella.

En parte, la disputa es también por determinar cómo ha de percibirse la reforma en terminos generales, cuál será el carácter que se le atribuya. Se trata de establecer si se le llamará “privatización” o no. Esta oposición binaria permitirá a muchos tomar una posición sobre la iniciativa en su conjunto, después de ponderar sus elementos por separado, o inclusive sin considerarlos; es un mecanismo de resumen al que se recurrirá frente a la complejidad de la materia y por razones de economía cognoscitiva, como ocurre comunmente con ciertas oposiciones de ese tipo en las contiendas electorales y, sobre todo, en los movimientos sociales. Es precisamente esta disputa por el significado global lo que explica que haya aumentado la movilización de AMLO contra la reforma, aunque la mayoría de la población vea favorablemente que haya una reforma: los núcleos de las brigadas no sólo dan importancia al tema de la reforma, sino que aceptan la caracterización que plantea el líder.

Ahora, como todos los actores que apoyan la reforma han asegurado que no se trata de una privatización y quienes están en contra afirman que sí, se abre la posibilidad de poner en duda la capacidad o la probidad de los contendientes. Todo indica que ése ha sido uno de los objetivos de López Obrador desde que decidió oponerse tajantemente a la reforma; parecería, por ejemplo, que haber acusado al secretario de Gobernación, J.C. Mouriño, de tráfico de influencias obedece a esa finalidad. En todo caso, por eso al principio la noticia sobre las contradicciones de López Obrador parecía ser de mayor trascendencia: cuestionaban su sinceridad.

En este contexto, para los senadores que llaman a un debate se vuelve evidente la necesidad de recurrir a terceros que puedan contribuir a aclarar el caso y a resolver el diferendo. Ellos ven también que entre esos terceros debería haber algunos imparciales. Parecen también percibir que, si la participación en la discusión es amplia y plural, se reducirán los riesgos de que la “resistencia” de AMLO se torne violenta: se podrá entonces reclamar a quien intervenga o esté representado que respete las normas que permiten la intervención y la representación. Sin embargo, precisamente por el valor que reconocen en el debate, el FAP tendrá ocasión de negociar la desocupación de las tribunas a un precio alto, casi con el mismo peso que tendrían el PRI y el PAN si se sumaran, y con uno mayor que el de cualquiera de los dos por separado.

Aquí hay otra especie de paradoja. Con el debate, el FAP tendrá espacio y atención para promover su caracterización de la reforma y también para intentar desacreditar a sus adversarios; pero, al mismo tiempo, se reducirá su posibilidad de tener la última palabra sobre la reforma, que es algo que ha buscado, convertirse en el principal agente en este terreno. Por eso ahora AMLO ataca a la Corte. Es posible que, con el debate, algunas de las disputas políticas se transformen en técnicas y jurídicas, y él preferiría que se quedaran en el terreno donde él puede influir más.

Hay, entonces, un juego muy complejo en el que, en una ponderación puramente estratégica, los movimientos de cada actor implican ganancias y pérdidas. Por ejemplo, al ganar la definición de los términos en los que ha de caracterizarse la reforma, el FAP contribuye a dar valor al hecho de que haya una reforma. Al ocupar las tribunas y ganar peso en el diseño del debate, pierde imagen. Al ganar opciones de ampliar su base de apoyo, pierde posibilidades de determinar la decisión final.

Análogamente, el Gobierno se hubiera expuesto menos a la crítica si sólo hubiera presentado el diagnóstico y las distintas fracciones parlamentarias hubieran elaborado conjuntamente la iniciativa de reforma, como lo hicieran en el caso de la reforma electoral. Pero, como no logró que la urgencia de la reforma los obligara a colaborar entre sí en esta etapa, se ha visto ahora en la necesidad de optar por posponer la reforma o presentar una propuesta que la inicie aunque, con ello, se exponga a la crítica.

Cabe preguntarse, entonces, si en este juego incluir la contratación de refinerías en la iniciativa entregada al Congreso es parte de una estrategia, la de tener algo importante qué negociar, o si el Gobierno efectivamente considera que es la mejor manera de reducir la importación de gasolina en el corto plazo. Esta pregunta lleva a otra, porque esa inclusión amplía el frente de discusión. Probablemente, quienes ya estaban convencidos de que el carácter de la iniciativa es el de la privatización verán reforzados sus argumentos; pero el público más amplio podría juzgar que el gobierno está poniendo todas las cartas sobre la mesa, y ver esto favorablemente, aunque después, en la reforma que resulte del concurso de todos los partidos, no se acepte ningún tipo de participación en la refinación. ¿Alcanza el equipo de Calderón a visualizar los escenarios que se pueden abrir y multiplicar como en un juego de ajedrez, o de forma más simple, sabe que de cualquier manera algo perderá y algo ganará?

Para el PRI tal vez el balance de sus opciones sea menos difícil de estimar. En el ámbito de polarización de posiciones del FAP frente al Gobierno de Calderón, una posición intermedia será bien vista por muchos; y una propuesta de modificación a la propuesta gubernamental será vista como una corrección. Podrá aprovechar estas posibilidades, junto con la ventaja de presidir las comisiones clave del Senado para convertirse en el factor de decisión, tanto ahora cuando se defina la duración del debate, como posteriormente cuando se configure el texto que se someta a votación. Recuérdese que ya supo aprovechar tales tipos de condiciones en los casos de las reformas electoral y fiscal, y quedó como uno de los principales protagonistas, aunque compartió parte del crédito, sobre todo con la Secretaría de Hacienda, en un caso, y con el PRD y el PAN, en el otro.

Desde el punto de vista del estudio de la democracia, éste es uno de los momentos más interesantes. Está en juego la posibilidad de reconocer de manera clara que en los procesos democráticos de decision se requiere la deliberación, no sólo porque ésta responde a los ideales democráticos de inclusión y libertad de pensamiento, sino también porque contribuye al funcionamiento del sistema político. Esa posibilidad es alta ahora, porque la ocupación de las tribunas parlamentarias, es decir, la cancelación de las condiciones mínimas para una deliberación amplia, hace visibles a los ojos de muchos las virtudes de la deliberación. Sin ella, las necesarias disputas por la jerarquía de los temas y por la caracterización sumaria de las propuestas conducen a confrontaciones que no se resuelven.

Horizontes

Es probable que se dé el debate amplio, porque todos tienen algo que ganar con esa “salida” a la ocupación de las tribunas; y con otras, alguno de los actores importantes perdería mucho. En tal caso, el rango de asuntos a discutir será grande, desde los significados de la palabra “privatizar” y la expresión “renta petrolera”, hasta el alcance jurídico de las leyes y los ordenamientos secundarios, pasando por precisiones geológicas y petroquímicas. Queda en duda, sin embargo, si las condiciones en que se dé el debate conducirán a profundizar la reflexión sobre las preguntas clave para relacionar la reforma con el diagnóstico, que empezaban a discutirse la quincena anterior y que por ahora quedan en espera, a saber: ¿Cuáles son las opciones reales para que PEMEX tenga acceso a la tecnología y al capital que requiere? ¿Hasta dónde es conveniente y deseable que se reserven al estado las actividades económicas que dependen de la extracción y la utilización del petróleo? Queda también por resolverse si esas condiciones harán que todos los actores queden obligados ante la ciudadanía a respetar las reglas de la democracia.

De cualquier modo, es casi seguro que en los próximos meses haya una reforma en materia petrolera. El costo de mostrar incapaccidad de decidir sería muy grande para el sistema político en su conjunto; dado que aún no se traduce en imagen de eficiencia el haber logrado las últimas reformas, y que la percepción de que los partidos gastan mucho se ha incrementado, no habría argumentos que justificaran no hacer nada cuando todos coinciden en que el tema es muy importante.

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