Inseguridad pública

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. Sin embargo este hecho más que unificar divide a los diferentes órdenes de Gobierno.


Hechos

El 6 de agosto, el presidente Felipe Calderón hace un llamado a todos los gobiernos a colaborar en materia de seguridad pública y dedicarse a los problemas que afectan a la población “y no a actividades políticas que dividen a la sociedad”, en clara alusión a la consulta ciudadana realizada por el GDF sobre el tema del petróleo. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard responde que un tema no tiene que ver con el otro, y que del tema de la inseguridad no debe “sacarse raja política”.
Al día siguiente, el Ejecutivo federal presenta un mensaje en el cual lamenta el secuestro y asesinato de Fernando Martí, y plantea la necesidad de purgar a todas las policías. Más tarde, envía una iniciativa en la que pide cadena perpetua para secuestradores, cuando pertenezcan a alguna corporación policiaca, cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima, cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. Por su parte, el jefe de Gobierno del DF rechaza que falte coordinación entre las dependencias federales y locales encargadas de la seguridad pública, e informa que el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, se encargará personalmente de los casos de secuestro en la ciudad.

El 9 de agosto, la SSP federal anuncia que la policía federal pondrá en operación unidades especiales (300 elementos que operarán 24 horas los 365 días del año, apoyados con vehículos terrestres y aeronaves) para combatir el secuestro en el país. El día 11 Marcelo Ebrard anuncia 20 acciones para combatir la inseguridad, entre las que destacan: una nueva policía investigadora que reemplaza a la Policía Judicial; una Red de Protección Ciudadana, conformada por vecinos; una fuerza Antisecuestro a cargo de la PGJDF; y un paquete de reformas legislativas.

El día 12, el presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo-Loza, considera que pueden contribuir las medidas tomadas por el Gobierno federal y por el Gobierno del DF para combatir la inseguridad, pero señala que es necesario acabar con la impunidad aprobando leyes en materia y justicia penal. También dice que son causas de la delincuencia la falta de crecimiento económico y la generación de empleos. Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, califica los niveles de inseguridad como “insostenibles”, y dice que el problema ha frenado las inversiones.

El día 13, Marcelo Ebrard envía una carta a la dirigente de la asociación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, en la que propone la realización de una cumbre sobre seguridad pública con los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, y titulares de la PGR, SSP, Sedena, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, en conferencia de prensa, junto con el empresario Alejandro Martí, exigen que se reúnan el presidente Felipe Calderón con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y los gobernadores, para escuchar los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otro lado, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, responsabiliza al Congreso de la Unión de la inseguridad en el país; al conocer las declaraciones diputados del PRI y el PRD señalan al presidente Calderón como el responsable directo de la seguridad en el país. El día 14, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para reunirse el 21 de agosto y definir una estrategia integral para combatir a la delincuencia. Más tarde, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, propone que sea la Conago, la que convoque a la cumbre nacional en seguridad pública que había propuesto. El día 15, Marcelo Ebrard confirma que asistirá a la reunión del CNSP. Finalmente, el día 18, AMLO dice que la pobreza y el desempleo son los detonantes de la inseguridad pública en el país, y que mientras continúe el predominio de una “mafia política” no se podrán solucionar.


Análisis

En las últimas semanas el problema de la inseguridad pública en nuestro país se ha visto fuertemente agravado por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, lo que ha provocado que varios sectores de la población mostraran su indignación y demandaran a las autoridades mayor seguridad y más eficacia en el combate contra el crimen organizado. En esta quincena, se dieron las primeras reacciones de los tres órdenes de Gobierno, en este sentido, y en lo que aparenta ser una respuesta enérgica e inmediata el presidente Felipe Calderón envía una iniciativa de ley que contempla el castigo de cadena perpetua a secuestradores, pero que no contempla una profunda reorganización del sistema judicial ni garantiza la correcta impartición de justicia; además el Ejecutivo federal critica al GDF por la falta de coordinación y de depuración policiaca.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anuncia sus 20 acciones contra la inseguridad y ordena al procurador de Justicia del DF que atienda personalmente los casos de secuestro, de igual forma entra al enfrentamiento con el presidente Calderón, al querer organizar una reunión por encima del Ejecutivo federal y sus secretarios encargados de la seguridad. Parece complicado que la iniciativa presidencial y las acciones del GDF tengan resultados inmediatos, lo que aparentemente le da la razón a las críticas de la CNDH sobre la iniciativa presidencial; otro factor que interviene y opaca los resultados son los enfrentamientos entre ambas administraciones, principalmente el Gobierno federal y el del DF. Por si fuera poco, el deslinde de responsabilidades también se dio entre otros órdenes de Gobierno, la SCJN acusa a los legisladores de no actuar al respecto y hacerlo sólo cuando la presión de la sociedad es exhaustiva, y por su parte, el Legislativo señala como principal responsable al presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que se debe aclarar es la función de cada institución responsable de la seguridad en el Gobierno. Ante este vacío en asumir responsabilidades de nueva cuenta se suman las organizaciones sociales con propuestas y exigencias. Sin embargo, estos reclamos generalmente quedan en el papel ante la imposibilidad de realizarlos o de plano ante la indiferencia de las autoridades. Un primer logro de estas organizaciones es haber conseguido, al menos en la agenda, participar en la reunión con todos los niveles de Gobierno involucrados, y tener voz en dicho encuentro; sin embargo, aunque esto no garantiza tener resultados inmediatos, es importante para la democracia mexicana, la participación de los ciudadanos en un órgano tan importante como el CNSP, y que sean escuchados por los responsables de las instituciones de Gobierno.

Por último, otro punto que se manejó en el caso particular del joven Martí fueron las negociaciones que se sostuvieron con los secuestradores; resulta obvio que si la familia cuenta con los recursos haya optado por realizar negociaciones entre los delincuentes y un particular, y teniendo asumida una postura de que la labor policial podría entorpecer el rescate. Y no sólo eso, sino con plena desconfianza en las autoridades. Lamentablemente los resultados no fueron los esperados y ahora sí se recurre a las autoridades para demandarles mejor respuesta, ante una intervención que no tuvieron, pero de la cual sí son responsables.

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El debate de la iniciativa Mérida

La discusión sobre la iniciativa Mérida entra en una nueva fase, en la cual la deliberación se vuelve indispensable para lograr un acuerdo que resuelva el problema del narcotráfico. El Congreso estadunidense no desea otorgar recursos a fondo perdido al Gobierno mexicano y éste se niega a aceptar sin debatir las condiciones impuestas para combatir el narcotráfico; en este vaivén de discusiones, el secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño, declara que la sobernía nacional no está a discusión.


Hechos

El día 29 de mayo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reúne con funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos y declara que las condiciones impuestas por el Senado de Estados Unidos para enviar dinero al gobierno mexicano son preocupantes y “tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”. Al día siguiente, el embajador de EU en México, Antonio Garza, aclara que los legisladores de su país no tienen la intención de que su gobierno “certifique” a México en su lucha contra el narcotráfico y que no es condición para aprobar la iniciativa Mérida.

El 2 de junio, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación mexicano rechaza los términos en los que el Congreso de Estados Unidos intenta condicionar la iniciativa Mérida, por considerar que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son “inaceptables para nuestro país”, y estas evaluaciones ajenas a la bilateralidad “son profundamente contrarias a su objetivo y espíritu”. Por su parte, el director de Política Nacional de Control de Drogas estadunidense, John Walters, dice que las condiciones que puso el Senado a la iniciativa son un “sabotaje” del plan para combatir el narcotráfico.

El día 6 el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, dice al Congreso norteamericano que condicionar la iniciativa amenaza con erosionar el “heroico” esfuerzo del presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico; en su visita a Guatemala el subsecretario de Estado estadunidense, John Negroponte, defiende la iniciativa y rechaza que se trate de una “imposición”. Por otro lado, legisladores de PAN, PRI y PRD acuerdan rechazar durante la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos los condicionamientos que EU pretende imponer a México mediante la iniciativa Mérida. Al día siguiente se lleva a cabo la Reunión Interparlamentaria en la ciudad de Monterrey, ahí el presidente del Senado norteamericano, Christopher Dodd, considera como desafortunado no haber consultado a los congresos de cada país, advierte que ninguna de las dos naciones “firmará cheques en blanco” y se pronuncia por una mayor rendición de cuentas. En la misma reunión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Santiago Creel, responde que México no está de acuerdo con la ayuda “asistencialista” que ha condicionado el Congreso de EU.

El 10 de junio, la Cámara de Representantes autoriza el presupuesto de mil 600 millones de dólares durante tres años para la iniciativa Mérida en lo que sólo es una etapa del proceso para la aprobación final de este proyecto antinarcóticos, los fondos para México contemplan 780 millones, incluyendo nueva tecnología y helicópteros, más otros 330 millones para financiar programas que pretenden mejorar el imperio de la ley y el sistema judicial mexicano, la aprobación de dicho proyecto no otorga fondos a México, sólo se “autoriza” el gasto, pero ese egreso se tiene que realizar a través de la “apropiación” de esos recursos en otro proyecto de ley para cada año de estos gastos.


Análisis

Si bien la llamada iniciativa Mérida lleva gestándose desde 2007 (como hicimos notar en un análisis anterior), ahora los legisladores de ambos países (México y Estados Unidos) están fijando su postura en torno a la iniciativa; por un lado, los legisladores norteamericanos endurecieron su postura al exigir a México varias condiciones para aprobarla, por el otro, los legisladores mexicanos rechazaron (también el gobierno) dicha propuesta por ser unilateral y afectar la soberanía del país, específicamente en dos temas: en lo relacionado a los derechos humanos y en la modificación de leyes.

En este sentido, la discusión en la 47ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos realizada en Monterrey, se da un contexto en que México está enfrentando al narcotráfico con saldos negativos que hacen necesaria la colaboración de EU para contar con mejores herramientas en esta lucha. Sin embargo, en EU tanto demócratas como republicanos se preparan para las elecciones presidenciales, por lo que dicho tema no parece ser una prioridad que deba ser atendida con urgencia, a esto se suma que el presidente George W. Bush se encuentra en los últimos meses al frente del Gobierno y al no poder ser reelecto existe poco interés de su administración en el tema. Asimismo, cabe señalar que el Senado legisló y aprobó el presupuesto de mil 600 millones de dólares, pero no autorizó el gasto, lo que nos lleva al mismo resultado, es decir, el reconocimiento de un problema en el cual ambos países son corresponsables pero que para su aprobación aún puede esperar más tiempo.

Por parte de México, tanto legisladores del PRD, como del PRI, han manifestado su rechazo contra cualquier “imposición” o “certificación” para otorgar el presupuesto que se pretende dar a la iniciativa, ya que son medidas unilaterales que afectan a ambos países y no están siendo discutidas por ambos gobiernos. Aunado a estos reclamos se suman las declaraciones el mismo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el mismo sentido de no aceptar imposiciones y primero revisar bien las condiciones o “imposiciones” que afectan la soberanía.

Los legisladores mexicanos saben que el problema del narcotráfico es muy complejo y que la ayuda que pretende dar EU es positiva, sin embargo, en estos momentos, al parecer existen otras prioridades en la agenda nacional, como la reforma energética o el problema del aumento de los precios en los alimentos, que provocan que la discusión se mantenga pendiente hasta que los legisladores de EU resuelvan sus diferencias y avancen en una nueva propuesta.

Si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas a los cárteles de la droga, México y Centroamérica ya no sólo son el paso obligado de producción y distribución de la droga que va hacia los EU; por el contrario, en las últimas décadas esta región se ha convertido en una zona de alto consumo. Por lo cual esta situación resulta preocupante, ya que el problema del narcotráfico se ha vuelto más complejo y no puede ser combatido por un solo país, sino que se necesita el apoyo de otros para resolverlo. Por lo tanto, se debe considerar que el narcotráfico es una actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, por lo cual surge la necesidad de llegar a acuerdos entre países que impliquen un compromiso real de combatir al narcotráfico en todos sus niveles.

Finalmente es necesario que haya una mayor deliberación entre los gobiernos de ambos países para llegar a un acuerdo que ayude a resolver un problema que involucra a las dos naciones.


Horizontes

Todo apunta a que la iniciativa Mérida, atravesará por un largo proceso de discusión en ambos países para su aprobación. Al parecer en México se espera una mejor propuesta de la de los legisladores de EU, por lo pronto en EU no parece haber una urgencia por avanzar en la iniciativa.

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Recrudecimiento de la violencia de narcotraficantes

La violencia asociada con la lucha al narcotráfico parece obedecer un patrón, lo que en parte sustenta las explicaciones gubernamentales sobre su recrudecimiento, aunque conduce a preguntarse si se están tomando medidas eficaces para controlar el flujo de dinero hacia los traficantes y su acceso al armamento. La respuesta favorable al llamado de unidad del presidente Calderón hace visible el límite del discurso de la división que se había introducido en el debate sobre la reforma petrolera, y ello también explica en parte la atención que ha recibido el tema de la lucha.


Hechos

Al concluir la quincena anterior, fue asesinado Edgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, quien era uno de los principales coordinadores de la lucha contra las bandas de narcotráfico. En un comunicado de prensa, la Presidencia de la República lamentó y condenó el hecho. Diferentes voces coincidieron en la reprobación del crimen, empezando por las de las cámaras e incluyendo la del embajador de Estados Unidos. El propio presidente Felipe Calderón, al pronunciar un discurso, declaró: “Ya basta!”. Dijo que, de esta manera, invitaba a todos los poderes y a toda la sociedad a unirse contra la violencia de los narcotraficantes.

Al iniciarse esta quincena, avanzan las investigaciones sobre el presunto autor material del asesinato, Alejandro Ramírez Báez, y las personas que aparentemente colaboraron directamente con él, detenidos en virtud de un arraigo concedido por el juez ocho de distrito de Procesos Penales. Aumentan las expresiones de indignación y alarma. El llamado del presidente recibe el apoyo de un número considerable de editorialistas, incluyendo el de algunos generalmente críticos de su gestión, como Ciro Gómez Leyva, si bien algunos otros, como Humberto Musacchio plantean refutaciones puntuales a las líneas del discurso presidencial.

El secretario de Gobernación repite la exhortación de F. Calderón y prevalece en el ámbito político y en los medios de comunicación el tono de condena a la delincuencia organizada, aunque algunos actores importantes, como Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, ponen en duda la estrategia gubernamental para combatirla.
Se publican estadísticas oficiales y elaboradas por periódicos como Milenio sobre las ejecuciones por narcotraficantes y las muertes en enfrentamientos entre ellos y de ellos con las fuerzas públicas. Difieren poco unas de otras y muestran que el promedio diario se ha duplicado en un año, de 7 a 14, en cifras redondeadas. Se informa también que en este mes el número ha aumentado aún más, y el domingo 18 ocurren 34 “ejecuciones”, es decir, asesinatos, además de 17 “levantamientos”, o secuestros entre bandas.

Ocupan espacios importantes noticias sobre algunos de los ejecutados, que han sido torturados, mutilados y decapitados. Los cadáveres son encontrados en vehículos abandonados en algunas carreteras o en cajas dejadas en lugares públicos, con notas que amenazan a algunos funcionarios y policías o atribuyen a otros ser cómplices de ciertas bandas.

Si bien reciben menos atención, se publican igualmente noticias sobre detenciones y decomisos. Entre éstas, destaca que son aprehendidas en Chihuahua 29 personas supuestamente ligadas a los grupos de “los zetas” y de “el Chapo”. Es notorio también que se incauta un arsenal en Baja California, que incluye granadas y bazucas, y que se aseguran grandes cantidades de drogas sintéticas en agencias aduanales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Al final de la quincena, el mayor espacio noticioso es ocupado por desplazamientos del ejército hacia Sinaloa, por discusiones acerca de la llamada “iniciativa Mérida” de cooperación ente México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y por reclamos a este país en relación con su actuación en este ámbito. La acción militar, similar a la que ocurrió en Michoacán cuando empezó la actual ofensiva del gobierno el año pasado y a la reciente en Chihuahua, parece augurar según algunos analistas, un aumento en la violencia en el noroeste y, según algunos funcionarios, una recomposición de los cárteles de la droga.

El tema central en torno al plan Mérida es la pretensión de Estados Unidos de imponer condiciones que son vistas por muchos como una ingerencia en asuntos propios de México. Los reclamos al vecino del norte, entre los que se encuentran algunos de F. Calderón, se centran en la falta de voluntad para combatir el consumo, para controlar la venta de armas a los narcotraficantes y para impedir el flujo del dinero que obtienen por la venta de las drogas.


Análisis

Es de considerarse, en primer lugar, el desplazamiento, entre los temas que reciben la atención pública, de la reforma petrolera por la violencia asociada con el narcotráfico (y por el aumento de los precios de los alimentos). Esta reubicación es muy significativa, porque el debate sobre la reforma se encuentra en el punto de mayor flujo de información y comparecen los expertos más reconocidos, además del premio Nóbel Mario Molina. El primer factor explicativo es, sin duda, ése: el carácter especializado de la discusión. En el espacio público hay limitaciones para procesar los asuntos complejos una vez que se profundiza en ellos. Hacen falta traductores que puedan plantear en términos accesibles al público general las observaciones técnicas y mecanismos para seleccionar y enfocar la diversidad de puntos que comprenden.

Hay otro factor quizá igualmente importante, aunque más difícil de analizar: la disposición a recibir o rechazar tipos de discursos. En ciertos momentos resulta redituable políticamente presentar a la sociedad como dividida fundamentalmente en dos grupos, y plantear que la arena política no es más que una expresión de esa división; quien lo hace tiene probabilidades altas de recibir el apoyo del grupo mayoriario. Esta no es una estrategia exclusiva de políticos con una orientación determinada, de izquierda o de derecha, liberal o conservadora, sino que puede ser utilizada para acceder al poder por políticos de distintas tendencias, aunque en sus discursos tiende a haber un factor común, el nacionalismo. La división fundamental estaba, por ejemplo, en el centro de la retórica de Nixon y tuvo también un papel primordial en el ascenso de Perón. Esta fue la concepción que promovió López Obrador durante su campaña presidencial y la que ha promovido durante su oposición a la reforma petrolera: de un lado están el verdadero pueblo y él; del otro lado, “ellos”, los traidores a la patria.

Ese tipo de estrategias discursivas, como todas probablemente, tiene límites temáticos y se agota con el tiempo. Se pueden enfocar en ciertos asuntos, como la moral que sustenta a la familia tradicional estadounidense, o extender parcialmente por décadas, como lo hicieron los republicanos hasta Bush. Pero no se puede ver a la sociedad como dividida en todos los asuntos, ni como dividida siempre en torno a un mismo asunto. En algún asunto o en algún momento empieza a ser más redituable hablar de unidad, e intentar ponerse por encima de las oposiciones que han sido tradicionales. Lo descubrió Perón, quien en varios periodos fincó su permanencia en puentes y alianzas multiclasistas. Lo sabe, no sólo Barack Obama, sino también John McCain; ambos están esforzándose por distinguirse uno del otro y diferenciar sus planes de política pública sin apelar a una división fundamental de la sociedad, y quedar como el candidato de todos.

En nuestro país, la retórica de la división tiene límites que han contribuido a la formación de un sistema de tres partidos grandes y varios pequeños, límites que parecen estrecharse ahora, a la vez que el discurso de la unidad cobra peso. Después del grave conflicto postelectoral, los ciudadanos han visto que pueden diferir en opciones de política y continuar con sus relaciones en diversos ámbitos, desde el comunitario hasta el económico. En ese tenor, hay diversos indicios de que en materia petrolera la mayoría aceptaría, y tal vez incluso preferiría, una solución que no fuera la del gobierno, que ha sido objetada fuertemente por los grupos cercanos a López Obrador; pero también se inclinaría por una que no fuera la de este excandidato. Es decir, alguna tercera vía que trascendiera la polarización sería bien acogida, como lo han sugerido algunas figuras del PRI y ciertos personajes del PRD.

La preponderancia esta quincena de un tema acerca del cual se puede concitar la unidad se explica en parte por el acotamiento de las posibilidades del discurso de la división. Esto no significa que el tema de la reforma petrolera no pueda volver pronto a ocupar uno de los primeros lugares en la atención pública. Si el presidente o el director de Pemex hacen declaraciones al respecto, casi seguramente volverá a ser foco de controversia, y probablemente en agosto o septiembre, cuando el frente que apoya a López Obrador intensifique sus movilizaciones contra la reforma, ciertos núcleos de seguidores subrayarán la idea de una división social fundamental. Inclusive, en tal caso, algunos activistas podrían considerar justificable, con base en tal división, tomar algunas medidas radicales. Pero no es de esperarse que la idea sea suscrita por proporciones grandes de los ciudadanos, ni siquiera en el caso de que los núcleos duros del PAN se esfuercen por excluir las terceras vías, después de que una discusión percibida como polarizante deja de atraer interés en su fase principal, a diferencia de la lucha contra el narcotráfico, que se ve, al menos por ahora, como potencialmente unificadora.

Son de considerarse a continuación los aspectos específicos de la lucha que se están destacando, así como el tono general de las notas. Como ha sido señalado en varias ocasiones desde que se inició la actual ofensiva contra los narcotraficantes, la seguridad de los habitantes es la primera de las responsabilidades del estado, comprende asuntos que son competencia de los diferentes poderes y la acción directa corresponde generalmente al poder ejecutivo. El recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico podría poner en duda la capacidad para cumplir con esa responsabilidad o la pertinencia de las medidas adoptadas, que es lo que probablemente buscan los traficantes, quienes no sólo “ajustan cuentas” entre sí y con la policía o el ejército, sino que adoptan tácticas propiamente terroristas, parece ser aprendidas por sus sicarios de grupos militares y paramilitares guatemaltecos, que a su vez las habrían adquirido de grupos que operaron en Argentina durante la última dictadura militar. Su mensaje es que el horror no se acaba con la muerte, sino que sigue y sigue.

Los acontecimientos no tienen, sin embargo, ese efecto, al menos por ahora, como se desprende del poco eco del cuestionamiento de Zavaleta. Más bien han subrayado la magnitud del problema, como lo indican las expresiones de rechazo a la violencia y las muestras de apoyo al gobierno. Esto en parte se debe al peso que tienen los juicios de intenciones en la comprensión de cualquier asunto, sobre todo desde las confrontaciones entre López Obrador y Fox. Los “complots” y el “sospechosismo”, dominan los análisis que más circulan en las conversaciones. En este contexto, lo que tiende a tematizarse es la voluntad del gobierno y de los funcionarios, no su capacidad; y nadie podría poner en duda la voluntad de Millán, quien fue atacado en una represalia por sus acciones decididas y, herido de muerte, atrapó a uno de sus agresores, de una manera que condujo a la aprehensión de todo un grupo de delincuentes.

Consideremos ahora los acontecimientos referidos. Como ha ocurrido desde el inicio de esta lucha contra el narcotráfico, en Michoacán, el desplazamiento del ejército a Sinaloa ocurre después de una serie de hechos violentos en la entidad, cuyo número va en aumento, y tiene el carácter de respuesta al incremento. Continuando con el paralelismo, con ese desplazamiento crece aún más la violencia, principalmente en Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, aunque empiezan a disminuir los enfrentamientos en el último estado en que se concentraron las acciones de las fuerzas armadas, Chihuahua, todavía tienen allí un nivel muy alto, sobre todo en Ciudad Juárez. La suma de los hechos de sangre en los dos estados, Sinaloa y Chihuahua, aunados a algunos menos numerosos en otros estados, sobre todo Baja California, Tamaulipas y Veracruz, da como resultado el altísimo índice del mes.

Los hechos parecen, entonces, confirmar un patrón, y confieren cierto apoyo a la tesis del gobierno: el aumento de la violencia es una respuesta de la delincuencia organizada al cerco de la fuerza pública y un síntoma de las consecuentes disputas de poder entre las organizaciones criminales y dentro de ellas. Pero al mismo tiempo subraya la necesidad de pasar a fases de control más eficaz en las dos áreas que el gobierno señala al criticar a Estados Unidos: el flujo de dinero y el contrabando de armas. Surgen naturalmente dos preguntas. La primera es si, en el ámbito diplomático y en la opinión pública de Estados Unidos, México puede actuar para propiciar que los órganos de decisión del país vecino asuman la responsabilidad que les corresponde. La segunda es si internamente México está haciendo lo suficiente para reducir el lavado de dinero y el tráfico de armas.


Horizontes

Si los patrones detectados se confirman y, sobre todo, si se logran avances en el control del dinero y las armas, probablemente la violencia empezará a disminuir, porque ya se han tomado acciones de gran envergadura en todos los estados donde ha sido notoria la presencia de narcotraficantes, exceptuando quizá a Jalisco. Sin embargo, para que ello sea notorio, pasará tiempo. Las rápidas reacciones del crimen organizado indican que su capacidad es todavía considerable.

En esas perspectivas, el éxito de la lucha actual sólo podrá plantearse en términos comparativos, es decir, como una reducción, más que como una eliminación de la violencia. Pero que esto sea aceptable para el público, dependerá de las posibilidades del gobierno para sumar a distintos actores y mostrar que la convocatoria a la unidad ha fructificado, es decir, de conservar el sentido que ha adquirido la lucha.

En el más largo plazo, siguen pendientes las interrogantes que se plantearon al principio de la lucha: ¿Después de las fases críticas, qué policías se harán cargo de las tareas que está asumiendo el ejército? ¿Qué deben hacer la sociedad y el estado para reducir el consumo de drogas?

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